23F: mareas ciudadanas contra los golpes de Estado. Hoy los golpistas son los mercados y la clase política.

                                                                   


El día 23 de este mes hará 32 años de la intentona de golpe de Estado. Aquél fue un golpe militar que pretendía acabar con la democracia y el Estado de derecho, con las libertades; es decir, un golpe ilegal mediante la violencia. Hoy, sin embargo, lo que nos encontramos son diferentes golpes a los derechos ciudadanos, a los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que se encuentran también recogidos en la Constitución española; son golpes llevados a cabo desde el poder y con apariencia de legalidad. Lo que estamos viviendo es un golpe al derecho universal y gratuito a la sanidad, un golpe al derecho a la vivienda, al sistema público educativo, a la pensión digna, a lo salarios, a la irretroactividad de derechos adquiridos, a la propia Constitución (con su modificación expres).

Estos golpes de Estado tiene hoy como protagonista público al Gobierno y al partido en que basa su dominio, el Partido Popular. Pero fueron iniciados por el PSOE en la legislatura anterior. Este partido, en consecuencia, ahora propone pactos, en Andalucía –global- y en el Estado –sobre temas específicos, por ahora-, para hacer creíble una oposición para la que están deslegitimados. En la sombra, los mercados manejados por las élites económicas y financieras, bien ejecutados por la troika. Mientras el sistema se deteriora y los capitales huyen hacia la especulación financiera o los paraísos fiscales, los partidos se desangran por unas venas articuladas con el nepotismo y la corrupción que retroalimentaba al sistema.

La ciudadanía lo advierte, se indigna y se rebela. Lo hizo con el movimiento 15-M y el 25-S. Izquierda Unida participó de la rebeldía ciudadana y consiguió cierto reconocimiento electoral. Pero la iniciativa sigue estando en la ciudadanía y en sus movimientos. El Frente Cívico Somos Mayoría se ha lanzado como un reto espectacular de aglutinamiento ciudadano para conseguir que el poder quede en manos del pueblo. Julio Anguita, sabio, ha entendido el sentido pragmático del lenguaje. Discursos teóricos de gran capacidad heurística han perdido significativas referencias semánticas que estaban haciéndose ininteligibles. Y la rebeldía ciudadana reclama, sin más, poder del pueblo frente a los mercados, frente a los golpistas de la democracia y los derechos ciudadanos.

Por ello, la indignada ciudadanía, que ha constituido diversa mareas, se coordina para rechazar, como en aquel 23F de 1981 y días posteriores, el golpe a la democracia. Y esta marea seguirá con fuerza, a pesar de que los meapilas fieles de las iglesias partidarias continúen creyéndose en posesión de la verdad revelada por algún profeta y se opongan a esas iniciativas que escapan a su control. Ignoran que ese, o esos profetas, interpretaron y comprendieron una realidad social que no es la misma de nuestros días, por más que se acepte la explicación causal que ciertamente responde a los problemas económicos que vivimos. Ignoran también que, tal vez, como buen o buenos científicos sociales que eran, hubieran estado impulsando y acompañando a la marea ciudadana 23F para detener los golpes de Estado, para defender la democracia frente a la tiranía, para superar la degradación del ser humano a mera mercancía puesta a merced de los mercados. Lo que siempre se ha defendido desde la tradición republicana: la democracia  frente a la tiranía.

El 30 de enero, fecha del aniversario del asesinato de Gandhi, se celebra el día escolar de la no violencia y la paz.

                                                                                        

                                                                                     

                                                  

                                                     Manifiesto leído en el IES Guadalentín.

Una vez más se celebra el aniversario de la muerte de Mohatmas Gandhi. En este homenaje queremos recordar y aprender de quien supo ver, con más claridad que ninguna otra persona, que la solución a los inevitables conflictos que surgen de la multiplicidad y complejidad de las relaciones humanas, si se pretende salvaguardar la dignidad humana, pasa inevitablemente por el respeto a la vida, a la vida humana; por lo que no cabe más alternativa para solucionar dichos conflictos que la búsqueda incansable de mecanismos que permitan una solución pacífica de los mismos.

En efecto, si decimos que el momento más elevado de la moralidad  se produce cuando un ser humano es capaz de entregar su vida por salvar la de otro y que la acción moral más repudiable, el momento más bajo de la moralidad, es aquél en el que alguien es capaz de quitar la vida a otro ser humano, nos encontramos que nuestra historia parece estar jalonada de muchos más momentos de este segundo caso que del primero. El siglo XX, con las guerras mundiales, el Gulag soviético, los campos de exterminio nazis, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, la muerte por hambruna en países empobrecidos, pobreza extrema, etc., que parecen prolongarse en este siglo XXI con un sombrío panorama, cuando menos, nos invita a la reflexión. ¿Qué ha pasado? ¿No hemos aprendido nada de las enseñanzas de Gandhi? 

Hemos dicho que el conflicto es inevitable. La ambición humana, la lucha por el poder, la defensa de intereses económicos, la satisfacción de deseos y también, por qué no, la exigencia de derechos, pueden acabar en situaciones conflictivas, colisionando entre sí desde perspectivas que se presentan a sí mismas como legítimas o justificadas. En la defensa de ellas, el recurso a la fuerza es inevitable. Hemos dicho la fuerza, sí la fuerza, pero la fuerza de la razón, la de la palabra, no la razón de la fuerza.

La fuerza de la razón es, en primer lugar, reconocer al otro, al oponente, como un igual, como un ser racional al que se está dispuesto a escuchar, con el que se pretende dialogar; pero también, y en segundo lugar, es hablar con veracidad y con honestidad; por último hacerlo sin coacciones y tratando de que nos entienda. El acuerdo podrá ser posible o no serlo. Pero ese debe ser el camino. La dificultad no debe desesperarnos y dejarnos abandonar al recurso fácil de buscar la superioridad y vencer, el recurso de la violencia. Existen más instrumentos. No sólo los tribunales de justicia propios del Estado de derecho.

En nuestros conflictos cotidianos también puede imponerse la sensatez, la razón. Se pueden arbitrar sistemas de mediación, grupos y personas neutrales ante los que nos comprometemos para acatar las decisiones que establezcan. Ya funcionan en diferentes ámbitos como los profesionales, de la actividad comercial y también empiezan a funcionar en ámbitos escolares; pero tienen que extenderse a todos los ámbitos de la vida social. Se trata de superar la violencia desde los niveles micro, los pequeños, los conflictos que nos surgen a diario, hasta aquellos otros en los que, ya desbordándonos, intervienen grupos sociales o sectores de población, hasta llegar a los propios países o diferentes culturas. Incluso las civilizaciones. Se trata, decíamos, de avanzar hacia la paz perpetua de la que nos hablaba el filósofo ilustrado I. Kant. Es verdad que hablar de relaciones pacíficas en un mundo que parece en guerra permanente puede sonar algo ilusorio, pero el camino de la utopía que nos indicó el filósofo y el propio Gandhi, nos señala el horizonte hacia el que tenemos que avanzar.

El avance hacia ese horizonte serán pasos graduales en la disminución de la violencia y más específicamente de la violencia política, tanto a nivel interno, en la de cada Estado, como en el de las relaciones internacionales. En primer lugar, en nuestro propio país, como en cualquier país, debemos construir una sociedad justa, respetuosa con la multiculturalidad y administrada por un Estado social y democrático de derecho.

Pero la violencia va más allá de las pretensiones en nuestras propias sociedades. No se puede hablar de paz si las necesidades básicas no están cubiertas. Si la distribución de la riqueza impide que haya seres humanos, en cualquier lugar del mundo, que puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus capacidades, ello es otro tipo de violencia, la violencia estructural. Superar la violencia, también en este nivel, significa un reparto de la riqueza tal que, para cualquier persona, en cualquier país, nadie se vea impedido de tener los recursos que le permitan la misma esperanza de vida que en  los países más desarrollados y gozar de las mismas oportunidades que les permitan la puesta en práctica de las propias capacidades.

Por último, también se necesitaría una federación de pueblos libremente constituida y a la que se subordinaran los diferentes estados nacionales a fin de mediar en las diferencias que entre ellos pudieran surgir. Esta federación y sus tribunales, democráticamente constituidos, estarían dotados de poder, en el terreno jurídico, económico y político, suficiente como para dirimir los conflictos interestatales, corrigiendo y superando la actual estructura y funcionamiento de la ONU.

Para solucionar cualquier conflicto, por tanto, es necesaria la fuerza, la fuerza de la razón, que no es pasividad, como decía Gandhi, sino invitando a la palabra, al diálogo, o, llegado el caso, recurriendo a las instancias que arbitren soluciones que obliguen a las partes en conflicto. Pero también, frente a la injusta agresión, estructural o directa, racista o de género, ideológica o de clase, cuando las palabras ya no sirven, es resistencia pacífica, no violenta, resistencia en la denuncia, en difundir la situación, en concitar apoyos, en dar una respuesta colectiva y solidaria, en conseguir que el derecho esté con el débil, con el agredido. Ese fue el mensaje de Gandhi, esa fue su lucha y su vida. Por eso, hoy –y terminamos- lo decimos con él, “no hay caminos para la paz, la paz es el camino”. 

¿Quién teme al derecho de autodeterminación? El miedo a la libertad y el derecho de los pueblos.

La Cámara catalana aprobó por amplia mayoría, con 85 votos a favor (CiU, ER, IpC y un diputado de CUP), 41 en contra (PSC, PP, Ciudadans) y dos abstenciones (de CUP), el texto que proclama la "soberanía jurídica y política del pueblo catalán". La resolución es el inicio para una posible consulta sobre la autodeterminación, fijada para 2014. Empieza la resolución sosteniendo:

“El pueblo de Cataluña, a lo largo de su historia, ha manifestado democráticamente la voluntad de autogobernarse, con el objetivo de mejorar el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, y para reforzar la cultura propia y su identidad colectiva”.

Las reacciones del establishment centralista, asumida por gran parte de la ciudadanía considerada españolista, han sido extremadamente virulentas ante dicha resolución. Hasta dónde llegarán las amenazas es todavía una incógnita, pero en nada contribuyen para una mejor comprensión de lo aprobado por abrumadora mayoría en el parlamento catalán. Asimismo, no sería descartable que en un futuro próximo otros pueblos, como el vasco, prosiguieran la misma senda. Por tanto, es un modelo de Estado lo que se está cuestionando, y si no se hacen los esfuerzos dialógicos para entender los derechos que se reclaman y consensuar las vías de superación de los antagonismos abiertos, el escenario político y de enfrentamiento social puede ser terrible.  

En situaciones de crisis del sistema económico-social, como la que vivimos hoy, los consensos sobre los que habían fluctuado las relaciones sociales y políticas se quiebran apareciendo tendencias que larvadamente se mantenían silenciadas. El nacionalismo españolista había acallado la voluntad de los pueblos del Estado que durante la II República reclamaron el reconocimiento de su identidad y el derecho de autodeterminación. Posteriormente, la Constitución monárquica salida del consenso de la transición y la LOAPA, aprobada tras el intento de golpe de Estado del 23-F, acabaron configurando un modelo de Estado en el que el nacionalismo españolista continuaba su hegemonía bajo el Estado de las autonomías frente a las invocaciones al derecho de autodeterminación esgrimidos por partidos de Cataluña y Euskadi principalmente.

No obstante, el derecho de autodeterminación y el reconocimiento de la identidad no dejó de estar presente, aunque ello no tuviera ninguna traducción política, ni tan siquiera, salvo en Euskadi, consiguiera movilizaciones masivas. Pero era cuestión de tiempo. Bastaba que el impulso centralista se debilitase, disminuyera su autoridad y aumentara el desprestigio de la clase política al no dar respuesta a los problemas económicos-sociales, así como que se perdiese el temor a los poderes fácticos, para que esa fuerza subyacente emergiese en un nuevo escenario: las voces que reclaman su identidad y el derecho de autodeterminación, especialmente en Euskadi y en Cataluña, son mayoritarias y se han expresado masivamente entre la población y los representantes institucionales de cada comunidad. Y no hay marcha atrás.

Con toda lógica, un Estado, cualquier Estado, si quiere poseer legitimidad, tiene que ser el resultado del pacto entre los pueblos que quieran así estar organizados. En la tradición ilustrada, desde Hobbes a Rouseau, los filósofos contractualistas entendieron la legitimidad basada en el contrato entre la ciudadanía y los gobernantes. Un modelo de Estado basado en la imposición por las clases dominantes, que ha sido la práctica histórica del mismo, podrá perdurar en el tiempo, pero nunca gozará de la legitimidad que le otorga el consentimiento de los a él, ciudadano/as y pueblos, sometidos.

Pueblos con identidad cultural diferente podrán apostar por un modelo unitario, federal o confederarse. Como también adoptar una andadura propia proclamándose independientes. Pero cualquier opción siempre será el resultado de la decisión de cada pueblo y del pacto resultante. Ese pacto nunca se hizo en el Estado español, y ahora se reclama. Y la reacción del nacionalismo españolista, de derechas o de unas supuestas izquierdas, ocultando la historia real bajo la que ha discurrido la vida de los pueblos, ocultando el legítimo derecho que poseen a la autodeterminación, ha sido la de propagar el miedo entre la población, propagar el temor a un incierto futuro ante lo que esos pueblos puedan decidir; en el fondo, azuzar el miedo a la libertad. Esa reacción tiene consecuencias, y los dirigente de la fuerzas políticas partidarias del nacionalismo español lo saben. 

A principios de los 40 del siglo pasado, el filósofo y psicólogo social frankfurtiano, Erich Fromm,  estudió y publicó la obra “El miedo a la libertad" donde explicaba cómo el ascenso del fascismo (el nazismo hitleriano, en concreto) se producía apoyándose en el temor que sienten sectores de población a verse desprotegidos de sus tradicionales asideros ideológico-políticos, de las seguridades que de pronto aparecen quebrantadas, de encontrarse solos en el nuevo espacio de libertad. Una crisis del sistema como la que padecemos, bien azuzada por el fantasma de la descomposición territorial, son el caldo de cultivo para que surja el temor en quienes se sienten desamparados de la autoridad y de los símbolos que hasta ahora proporcionaban seguridad y orientaba el sentido colectivo de una tranquila existencia. La reacción entonces se vuelve hacia la figura del líder, a quien se invoca en una transferencia de libido, un deseo de fundirse en nuevos vínculos, sometiéndose a ese poder que canalice los impulsos de destrucción hacia “los otros”, los que amenazan la frágil inseguridad que ha resultado la vida cotidiana. El mecanismo de evasión es una llamada al fascismo. El Gobierno, los medios afines y otras magistraturas del Estado parecen emprender esa deriva al autoritarismo, espoleados por dirigentes como el expresidente Aznar, entre otros.

¿Qué población se dejará arrastrar por el miedo a la libertad, incluida la resultante del ejercicio del derecho de autodeterminación, y caerá en la seducción del líder, del poder autoritario? Sin duda aquella que no comprenda que el ejercicio de la propia libertad tiene como límite la libertad de los demás, la igual dignidad que cada ser humano posee. Los derechos humanos son una barrera infranqueable que desde cada cultura y desde cada pueblo del Estado (y desde cada Estado) se tiene que proteger. Da igual el status político que alcance y pacte cada pueblo. Cada individuo tendrá más motivos, y más seguridad, para gozar de las libertades individuales, como es el sentido positivo de libertad, como libertad real “para” (hacer posible lo que se propone), si el espacio de la libertad es además libertad colectiva y permite que cada pueblo pueda ejercer el derecho de autodeterminación y decidir democráticamente las formas de gobierno. 

Las iglesias invaden competencias del Estado y se niegan a perder los privilegios.

                                                                       

Un amigo me envía una información que aunque no es reciente, al menos a mi me resultaba desconocida. Cuenta, en concreto, que en 2006 la Iglesia católica inscribió la Mezquita de Córdoba en el registro de propiedad. Ello fue posible porque el Gobierno Aznar cambió la ley hipotecaria para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, para lo que sólo bastaba que el obispo diese fe y certificara que pertenecen a la Iglesia. De este modo, el obispado dispone de este edificio de 23.400 metros en el centro de Córdoba, no paga IBI ni gastos de conservación y restauración, y de los beneficios que reportan las visitas anuales de un millón de personas, ignoramos si pagan impuestos. Y no es el único caso de edificios que la Iglesia ha inscrito a su nombre. Se calcula que el Estado deja de ingresar uno 3.000 millones por esos privilegios que otorga a la Iglesia católica eximiéndole del pago del IBI. El privilegio que tiene con esta ley, que no cambiaron los Gobiernos del PSOE ni parece que vaya a hacerlo el actual, sólo pudiera tener algún remedio si la Unión Europea actuara como lo hizo con Italia: anulando las exenciones del IBI a la Iglesia.

No es este el único privilegio de la Iglesia católica en el Estado español, como tampoco es el único que ésta y otras religiones gozan en otros países. Y aunque desde la Ilustración parecía que, en los países occidentales, los privilegios de las religiones y la separación Iglesia-Estado entraban en un proceso, lento, pero irreversible, las resistencias por las autoridades eclesiásticas a abandonar el espacio público competencia del Estado y de gozar de privilegios sigue sigue siendo importante. En el Estado español alcanza una de sus mayores cotas con la firma del Concordato y la presencia de la Iglesia en el ámbito educativo.

Es cierto que las religiones cumplen un papel fundamental en las personas creyentes. Todas las dimensiones posibles de su vida tienen sentido a la luz de las esperanzas que las religiones suscitan. Por eso, los grupos humanos que comparten sentimientos religiosos, tienen esa propensión a que la sociedad se organice y viva en conformidad a ellos y, en consecuencia, que el Estado también legisle de acuerdo a su doctrina.

Pero olvidan la base irracional que supone la confusión entre creencias y normas de obligado cumplimiento, las leyes, que tienen que operar para el conjunto de la sociedad al margen de las creencias personales. Las creencias pueden ser muy diferentes o mayoritariamente las mismas, pero no dejan de ser creencias. A participar de ellas se puede invitar a cualquier persona, pero no se puede obligar a nadie. Como tampoco, los poderes públicos pueden impedir la libertad de culto y la expresión de esos sentimientos. Es más, tienen que velar por que cualquier ciudadano/a puedan ejercitar su derecho al culto (y eso vale para los musulmanes puedan ejercitarlo en el caso de la Mezquita, aunque sea la Iglesia católica quien esté ahora gestionándola); exceptuando sólo aquellas situaciones en las que puedan vulnerarse los derechos de otras personas.

Ahora bien, si se produce la pretensión de organizar la sociedad en función de las creencias religiosas, entonces el conflicto está servido. No sólo porque las creencias pueden ser diferentes, sino porque también puede haber personas que no quieran organizar su vida en función de ninguna de ellas. Para que la convivencia sea posible, es necesario que la sociedad se articule sobre la base de unas instituciones y normas que faciliten y puedan promocionar el pluralismo moral y religioso, un pluralismo de modos de vida que permita después a cada cual escoger aquél considere más apropiado. Salvaguardada la libertad para la propia concepción moral y religiosa, el espacio normativamente compartido tiene que ser un espacio en el que sólo predominen criterios universales de justicia, criterios válidos para cualquier ser humano. Este es el único modelo que asume los sentimientos religiosos en su auténtica y profunda dimensión.

2013: un año de desesperanza si los pueblos no consiguen doblegar la voluntad de los gobernantes.

                                                                    

ASÍ ES COMO SE CONSIGUE SER LA TERCERA PERSONA MÁS RICA DEL MUNDO. Adquirir una prenda de ropa de las marcas del grupo Inditex que se haya confeccionado en Marruecos supone refrendar un sistema de producción en el que las trabajadoras acumulan hasta 65 horas a la semana detrás de una máquina para cobrar un salario de 178,72 euros mensuales, condiciones laborales que las mantienen «viviendo en situación de pobreza» mientras el fundador del imperio textil, Amancio Ortega, se consolida como la mayor fortuna de España.

A pesar de que el Gobierno anuncia que en el último trimestre podría detenerse la caída de la actividad económica, la realidad es que en  este año que comienza no habrá brotes verdes por ningún lado, al menos no para los pueblos del Estado.  Y lo digo bien claro: pueblos del Estado. Porque no me cabe duda que el sector financiero y el económico ligado a la exportación podrán ver incrementados sus beneficios, pero no son pueblo. No son pueblo porque el capital no se identifica con ninguna cultura, con ningún ser humano habite donde habite, pertenezca al país que pertenezca. Para el capital, todo ser humano es potencial fuerza de trabajo a la que poder explotar, aquí, allá y acullá. El Estado nacional es un instrumento a su servicio, un instrumento para la defensa de sus intereses donde estos se encuentren. Así ha sido desde la constitución de los Estados nacionales. Lo sectores hegemónicos de la burguesía han podido replantear, en ocasiones, el modelo de Estado en función de las conveniencias que como sector social más le interesaba y apoyándose, para conseguir sus objetivos, en supuestas ventajas para los pueblos que pretendían aglutinar en la estructura de ese Estado. En rigor, para el capital, la patria no es más que el Estado que mejor defiende la generación continua de plusvalías que incrementen su poder económico. Así, sus capitales circularán por todo el mundo, invertirán en aquellos países donde más fácil resulte la explotación de trabajadores/as, especularán con activos financieros procedan de donde procedan, pagarán impuestos donde más ventajas le proporcionen y evadirán sus capitales hacia paraísos fiscales de cualquier continente. El modelo de Estado que sostendrán será siempre aquél que mantenga esos intereses y esa situación privilegiada como clase social.

Sin embargo, la realidad para la clases populares ha sido y es otra diferente. Marx dijo que los obreros no tienen patria. En efecto, quien nada posee salvo su fuerza de trabajo, ¿qué puede decir que es suyo? En tanto que poseedor de su fuerza de trabajo, necesita venderla al capitalista a cambio del salario que le proporcione los medios de subsistencia. Y tal cosa hará independientemente del país que se trate. Pero lo que no se puede negar, ni Marx negó, es la defensa de la cultura, de la tierra y los elementos simbólicos bajo los que ese trabajador/a ha adquirido la identidad como persona. Esa es la raíz necesaria de la que se nutre cualquier ser humano. Y la identidad social compartida por el grupo es lo que configura lo que denominamos pueblo.

Frente a quien quiere hacer del ser humano una mercancía más, una mercancía productora de riqueza, surge el derecho del pueblo a constituirse como tal, a dotarse de los instrumentos políticos que salvaguarden su condición de personas y de pueblo, a exigir el derecho de autodeterminación. Por eso, en la actualidad, cuando el capital ha franqueado todas las barreras humanas, sociales y nacionales, sumiendo en el paro y la pobreza a millones de ciudadanos/as del Estado español, la reclamación del derecho de autodeterminación y de otro modelo de Estado, es la reclamación de un patriotismo humano.

Las soflamas sobre la unidad nacional y patrañas similares que los patrioteros alientan, y cuyo papel tan bien representa la Monarquía, esconden los intereses de los sectores económicos dominantes que necesitan de una estructura estatal que mantenga su dominio, su poder de explotación por los pueblos del Estado, a la vez que defiende sus intereses económicos y privilegios en cualquier país del mundo. Para ellos no hay más patria que sus negocios. Y que lo brotes verdes continúen instalados en ellos. Así sucederá en este 2013… si los pueblos no lo impiden.