El frente cívico Somos Mayoría es una esperanza para el empoderamiento de la ciudadanía.

                                                                                  

Desde que J. Anguita lanzara la propuesta de constituir un foro cívico que aglutinase a la ciudadanía indignada, allá por el mes de julio, su crecimiento ha sido impresionante en prácticamente todas las provincias, constituyéndose numerosas asambleas en localidades y comarcas. Hay, sin duda, varios elementos que más allá de la personalidad, de los valores y honestidad moral del promotor, hacen atractivo el proyecto.

El llamamiento de Anguita y la extensión del movimiento se ha producido sobre la base de un clima social y una opinión pública que se siente indignada con la clase política y las élites económicas en general. En este sentido, esa misma opinión pública es la que ha apoyado o mostrado su acuerdo con las movilizaciones del 15M o el 25S Rodea el Congreso. Estrictamente hablando, no es una opinión pública identificada con ninguna opción política; incluida el sector de ella que ha participado en las movilizaciones contra las políticas de austeridad de los gobiernos PSOE y PP. De entre este sector, y también de  personas más proclives a posiciones de izquierda que hoy no se sienten representadas por ninguna de las opciones que se reivindican como tales, han surgido en buena medida las afiliaciones al frente cívico, 

Pero la propuesta del frente cívico no se circunscribe sólo a quienes ya de entrada se etiquetan de izquierdas. Es una llamada a ese 70 % de personas que empiezan a comprender que la mayoría de la población es considerada como mera mercancía en manos del capital (financieros y empresarios) y la clase política. Es decir, que ha comprendido que la sociedad civil es sólo un instrumento de los poderes económicos y del Estado. Y ese llamamiento no lo es para reclamar una ideología, un pensamiento político determinado, ni tampoco espera ningún privilegiado destinatario del mensaje al que la historia reservaría el papel de ponerlo  en práctica. Se trata de esa amplia mayoría social que, independientemente de sus identificaciones políticas, quiere la dignidad del ser humano por encima de los intereses económicos y políticos de las clases dominantes; que la economía y la política se pongan al servicio de las necesidades del ser humano, de su dignidad y de su bienestar. Ese discurso puede parecer más próximo a unas fuerzas políticas que a otras, pero a todas las supera. Porque no se define de ningún color político, sino que trata de buscar el acuerdo ciudadano en torno a los puntos básicos que puedan hacer realidad esas demandas.

Observamos hoy con estupor cómo sectores minoritarios de la población pueden imponer criterios e intereses a través de sus organizaciones y lobbies: banqueros, empresarios, obispos, etc. negocian directamente las políticas que los gobiernos deben seguir. ¿Por qué la mayoría social, por qué la ciudadanía no puede contar con los instrumentos de intervención política para imponer sus propios criterios? Ese es, precisamente, el empoderamiento ciudadano que desde el foro cívico se construye. Por tanto, aunque no es un partido político, sí se trata de una organización para intervenir en política, para que la democracia sea autogobierno del pueblo y sea el pueblo quien decida su futuro.

En Latinoamérica, varios países han mostrado que el empoderamiento ciudadano es posible, que la democracia puede representar a la mayoría frente a los poderes fácticos, que el pueblo puede alcanzar el poder y tomar sus propias decisiones sin neocolonialismos ni fuerzas extranjeras que lo impidan. Y ha sido un proceso en el que los programas políticos se han situado por encima de doctrinas y etiquetas ideológicas. El objetivo: superar el capitalismo, acabar con la explotación del ser humano, recuperar la cultura y dignidad como pueblo.

Este proceso también es posible en el Estado español.  Antes que nada, se exige prescindir de cualquier prejuicio ideológico y definir las propuestas programáticas que conduzcan a tal liberación. La estructura organizativa del foro cívico también tendrá que ser radicalmente democrática, de manera que no sea posible la reproducción endogámica de los aparatos, como sucede en los partidos políticos (causa de la persistencia de la llamada clase política). Yendo aun más lejos, el foro cívico Somos Mayoría está llamado a ser la estructura organizativa que aglutine a cualquier fuerza social o política que aspire a otro modelo de sociedad. Con el incremento de su fuerza, los partidos políticos y las fuerzas sociales, desprestigiadas y carentes de credibilidad ante buena parte de la ciudadanía, si quieren apostar aún por que sea la ciudadanía la protagonista de su futuro, tendrán que aceptar las propuestas aglutinadoras del foro.

Anguita lanzó la idea y es un referente conocido. De otros personajes públicos, de indudable talla moral, también se espera que den ese paso. Algunos ya lo están haciendo y, por supuesto, también muchos hombres y mujeres, aquellos para quienes el interés propio o el poder no representan nada ante el objetivo de una nueva sociedad, una sociedad que acabe con el dominio de las élites económicas y sociales, con el capitalismo, con el modelo desarrollista, y abra por fin una nueva época de hombres y mujeres libres, dueños de sí y de su futuro.

Las élites económico-políticas e ideológicas, y el ministro Wert como paladín, pretenden debilitar los saberes filosóficos de la enseñanza para impedir cualquier atisbo crítico en la ciudadanía.

No es el primer intento de normativizar el pensamiento único. Con Gobiernos anteriores también se intentó. Pero forzados por la contestación, el anterior secretario de Educación en el primer Gobierno presidido por Zapatero, Alejandro Tiana, tuvo que ceder y mantener la presencia de los saberes filosóficos en la enseñanza. Ahora, el Gobierno del PP y su ministro I. Wert vuelven a intentar reducir la presencia de dichos saberes en un 66 %, eliminando la Educación ético-cívica de 4º de ESO y dejando como optativa la Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato. En el borrador de la LOMCE, el saber filosófico como materia común, queda reducido a Filosofía y ciudadanía de 1º de bachillerato.

En un artículo anterior (véase 11-6-12) explicaba cómo la Educación en Europa y en el Estado español, tras los Acuerdos de Lisboa del año 2000 y el plan de Bolonia, se estaba diseñando para cubrir las actuales necesidades del sistema productivo. Pero en el caso español, además, tenemos que sufrir la excepcionalidad de una Ilustración insuficiente que no consiguió superar la presencia de la Iglesia católica en el ámbito del Estado. Al dominio del nacional-catolicismo durante la dictadura, le ha seguido un período marcado por el Concordato que le otorga a la Iglesia católica situaciones de privilegio invadiendo competencias del ámbito público, de los derechos y obligaciones necesarios para regular la vida en común y que son compartidos por toda la ciudadanía. Este ámbito excluye, necesariamente, lo que responde a creencias personales, como son las religiones.

Ambas cuestiones se complementan en la Educación, y más en el borrador de la LOMCE, para conseguir disminuir el sujeto moralmente autónomo que pueda observar la realidad desde la perspectiva crítica que en consecuencia le corresponde. Lo que persigue la LOMCE es seres particulares, microsubjetividades, moralmente heterónomas y alienadas que funcionen como meras mercancías, fuerza de trabajo, al servicio del capital, de los intereses de la oligarquía financiero-empresarial y política. Para ello se fortalece la presencia de la Religión, con su pretensión de colocar fuera del propio ser humano los fines morales (heteronomía), ubicando su realización en un supuesto más allá, a la vez que se hacen desaparecer las asignaturas relacionadas con la dimensión más propiamente humana, aquellas en las que la humanidad es tomada como fin en sí mismo. Nos referimos a la música, a los saberes filosóficos y, también, a los mayores logros que en el terreno del saber científico el ser humano ha podido alcanzar en estos últimos siglos, aunque no siempre con el uso moral adecuado a los fines esenciales del ser humano. Además de las asignaturas de Filosofía y de la Música, también Ciencias del Mundo Contemporáneo desaparece del currículum del bachillerato.

El saber filosófico, desde que surge en la Grecia clásica, estuvo alimentado por dos grandes objetivos: pasión por la verdad y la búsqueda de la felicidad. El análisis y la reflexión teórico-práctica que desde él se formulaba se han enfrentado a una realidad mixtificada a la que, inevitablemente, tenía que interrogar. Frente a esa realidad que se impone y cosifica diluyendo al individuo como mera particularidad heterónoma, el lema kantiano de ¡sapere aude! (¡ten valor de servirte de tu propio entendimiento!) ha sido una incomodidad para el poder establecido, para las élites que han ocupado el lugar privilegiado en las estructuras económicos-sociales y políticas que la sociedad ha configurado en nuestra contemporaneidad. Situar hoy la centralidad del ser humano, de su dignidad, frente al dominio tecnológico y del sistema productivo y el hombre unidimensional resultante (como denunciara Marcuse en los 60 del siglo pasado) conlleva recuperar en un primer plano las preguntas que de él brotan y a él se dirigen en última instancia. Ese es el peligro que las autoridades políticas quieren evitar: que se empiece desde la adolescencia a estimular la reflexión y el interrogante sobre lo que somos o lo que queremos ser, el peligro de ser autónomos, individuos críticos que puedan pensar por sí mismo utilizando la razón.

La ideología de las oportunidades y la incorporación al mercado laboral esconde una realidad más profunda: el capital absorbe fuerza de trabajo, la que necesita; y cuando no le hace falta, la expulsa.

                                                                              

El paro sigue aumentando a la par que la crisis continúa. Y si no hay una reacción social que imponga cambios radicales (salida de la eurozona, empoderamiento de la ciudadanía  supeditando la economía a sus necesidades, formas de democracia directa y deliberativa…), superaremos con creces los 6 millones de parados, y en Andalucía más del 35 % de la población activa en paro. Entre los colectivos más castigados se encuentran los jóvenes, mujeres, inmigrantes y las clásicas minorías marginadas.

En las últimas décadas la ideología dominante ha venido insistiendo en que el sistema garantizaba la igualdad de oportunidades y que el acceso al mercado laboral dependía de la formación adecuada de quien a él optaba. Aún hoy día se insiste en ello. Sin duda, tratan de presentar un criterio de justicia que no deslegitime el sistema, ya ampliamente cuestionado. Pero la realidad es muy diferente a como pretenden hacernos ver.

El capital absorbe fuerza de trabajo para sus necesidades de producción de plusvalor. Y en las fases ascendentes del ciclo económico, el sistema productivo explota la fuerza de trabajo que necesita independientemente de la condición de la misma: mujer u hombre, tenga la piel blanca o negra, sea joven o mayor. Lo único que le interesa es que se adapte a las necesidades funcionales del sector de que se trate y que las condiciones de trabajo sean las más favorables para que la tasa de explotación sea mayor. Por su parte, el trabajador/a asalariado, aprovechando las necesidades de fuerza de trabajo por el capital, presionará para que esas condiciones sean lo más elevadas posibles y se inclinarán hacia los trabajos mejor pagados. Si la presión es elevada y la fuerza de trabajo disponible es renuente a someterse a salarios y jornada de trabajo en determinadas condiciones de explotación, entonces la demanda se vuelve hacia donde esta abunda y pueda aceptar esas condiciones: inmigrantes, jóvenes y mujeres. Pero cuando llega la fase descendentes del ciclo, situación que vivimos desde el 2008, y las necesidades de fuerza de trabajo caen en picado, se expulsa la fuerza de trabajo independientemente de quien sea la persona agraviada y la situación social, familiar o psicológica en que se encuentra.

El poder político que gestiona los intereses del capital toma las medidas adecuadas para facilitar el proceso. Las reformas del mercado laboral, las tomadas por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, tienden a facilitar el despido abaratando costes y precarizando el empleo para que se acomode mejor a las fluctuaciones en el sistema productivo. De esta forma, las empresas capitalistas expulsan la fuerza de trabajo que no necesitan, sustituyen por otra más barata y en condiciones de tal precariedad que estos trabajadores/as no puedan exigir una relación laboral más digna. Este proceso en marcha ha llevado a que, por ejemplo, los denominados “costes laborales” hayan caído un 10 % mientras que la productividad ha aumentado un 4 % desde que empezó la crisis, lo cual se traduce en el incremento de los beneficios empresariales; beneficios que ya han superado a los ingresos salariales en la distribución de la renta. Sólo en el último año, los asalariados habrían perdido 26.000 millones de euros mientras que los empresarios se han incrementado en 12.000 millones de euros. Y todo ello, colocando al 30 % de la población ocupada en trabajadores en situación de pobreza (tras Rumanía y Grecia, somos el tercer país con el mayor índice de trabajadores en hogares pobres).

Para esta ofensiva del capital (financiero y productivo) contra la población trabajadora (y que ha contado con la colaboración de la clase política que los representa y a la que pertenecen) la patronal de los empresarios, la CEOE, y su anterior presidente como paradigma (hoy en la cárcel), con su maquinaria de 35.000 liberados (8,5 más de los que tiene los sindicatos) y los medios de información y persuasión que propagan el discurso neoliberal en el que se apoyan, han tratado de arrastrar al conjunto empresarial en esta ofensiva, insistiendo en la conveniencia de abaratar el despido, precarizar las condiciones de contratación y prolongar la jornada de trabajo. Es decir, que el lucro y la avaricia personal no encuentren obstáculo legal alguno (moral no lo han tenido nunca) en el incremento de la tasa de explotación. El resultado es que el monstruo acaba devorando a sus hijos. Porque si disminuye la población con trabajo y la capacidad adquisitiva de los salarios, cae la demanda. Y con ella, las propias empresas.

Y todavía hay quien dice que Marx ha muerto.