La dirección de IU consigue que la mayoría de la afiliación apruebe el pacto con el PSOE. Pero, ¿es ese realmente el sentir de las bases y del electorado?, ¿es ese el papel de una fuerza política que tiene que anticipar una salida a la crisis del capitalismo diferente a la propuesta neoliberal del PP y del PSOE?

En los medios de comunicación se ha divulgado la información ofrecida por la dirección de IU de que el 84 % de la afiliación se ha pronunciado por el pacto alcanzado con el PSOE. Pero omiten otros datos que pueden llevar a la confusión. Por ejemplo, que ese 84, 93% lo es de los que han votado "sí", no del total de votantes; es decir, que no han contemplado el porcentaje sobre la suma de votos “no”, blancos o los que han dado por nulos, los procedentes del referéndum alternativo. Inexplicablemente y contra toda lógica, no lo han hecho así. Hubieran ganado de todas formas. Pero ya no sería el 84, 83 %, sino el 60,8 % y, además, con una abstención del 20 % . Ello nos indica que entre la propia afiliación, a pesar de los deseos de la fuerza mayoritaria, la del PCA, que tiene aproximadamente el 50 % de la afiliación de IU, y de la consigna lanzada a tal fin, la opinión estaría dividida, aunque siendo superior la que se pronunciaría por el pacto de gobierno.

Pero las bases de IU no son sólo esos 7.636 militantes censados. También entre el electorado (437.445 votos) se encuentran personas que participan en los movimientos sociales y grupos organizados que han contestado a las políticas neoliberales impulsadas desde los gobiernos central y autonómico. Evidentemente, es difícil saber cuál hubiera sido su respuesta, aunque se podían haber arbitrado mecanismos de consulta. Como tampoco podemos saber el deseo de el electorado en general. Pero lo que sí era una demanda reflejada en la encuesta del CIS era el deseo de cambio de gobierno entre la mayoría (75 %) de la población andaluza. Tendremos que suponer que entre ese mayoritario sector de población se encuentra el electorado de IU (como el del PP) y el 20% de abstención.

Aún así, lo más preocupante es que IU deje de presentarse ante la opinión pública como la alternativa para superar la crisis del capitalismo apostando por un modelo diferente de sociedad. No se trata tanto de que IU reproduzca esquemas propios de la relación vanguardia-masas, sino de que opere como fuerza que dinamice y contribuya a la hegemonía cultural de otros valores, de otro modelo de sociedad antagónico con la actual sacralización de los mercados, la subordinación a los intereses de la oligarquía financiera y al desarrollismo depredador. Ese objetivo se tornará imposible con su presencia como gestor, por muy honrada y bien que lo haga, del sistema que se asienta y preserva el individualismo posesivo del modelo neoliberal. En la práctica se abandonan unos criterios éticos y políticos para colaborar en el establecimiento de otros, y ello aunque en teoría aún se siga propugnando lo contrario. Lo que se visualiza de esa esquizofrénica estrategia, y quedará en la retina, es una enfermiza quiebra del proyecto, que no podrá generar en el futuro más que desconfianza. 

Las bases de IU deben votar que "no" a lo que no es más que una entrega al gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía.

Los equipos negociadores del PSOE e IU llegaron a un acuerdo político que será sometido a referéndum entre las bases de IU. El acuerdo, como tal, no es malo (Véase en http://iuandalucia.org/sites/default/files/ACUERDO%20DEFINITIVO%20COMPLETO.pdf). Pero como sucede con la mayoría de los acuerdos programáticos es un cúmulo de buenas intenciones. Apenas aparecen concreciones, períodos de tiempo para ser desarrollados, alcance de la implementación, partidas presupuestarias, etc. Tampoco se mencionan las medidas impulsadas y en vigor por la Junta estos años atrás y que habrá que cortar de raíz por su manifiesta incompatibilidad con los principios sustentados en el acuerdo. También llama la atención ausencias de medidas que han estado presentes en las reivindicaciones de IU y que se derivarían del art. 3 del contrato con el pueblo andaluz y firmado ante notario  (como la que permita que cooperativas de agricultores exploten fincas de titularidad públicas o privada que se encuentren abandonadas o infrautilizadas).  El desarrollo de este acuerdo, como es lógico, va a depender de la fuerza que se tenga para imponerlo. Y no nos engañemos: el PSOE impondrá su política porque sería la fuerza mayoritaria en un hipotético acuerdo de gobierno o de legislatura.

Además de todo esto hay que tener en cuenta que las políticas a desarrollar vienen condicionadas por decisiones impuestas por el Gobierno central y compartidas por el PSOE en materia de control del déficit y otras (jubilación, pensiones, reforma laboral…). El resultado de todo ello es que IU puede convertirse en agente ejecutor de las propuestas neoliberales para salir de la crisis. De nada sirve el que las áreas que gestionen estén presididas por la honradez, la honestidad y la eficiencia. No dudamos de ello. Pero eso no basta para justificar el cogobierno. De IU aspiramos a que sea un proyecto estratégico para superar el  capitalismo y no sólo el buen gestor de medidas impuestas y decididas en otros ámbitos. Eso lo puede hacer cualquier persona de intachable integridad moral. Es verdad que es difícil que tales personas puedan encontrarse en su hipotético socio de gobierno. No está en su cultura política, como se ha puesto de manifiesto en estos más de 30 años del gobiernos PSOE. Da igual la institución que hayan gestionado. En todas, el clientelismo, el nepotismo y las corruptelas han estado presentes. Y esa cultura política no desaparece de la noche a la mañana, ni se ha producido una renovación de personas que indique otro talante, otras actitudes. Pero tampoco  IU puede olvidar lo que la mayoría de los votantes (según el análisis efectuado en la entrada del día 11-4) y los movimientos sociales emergentes aspiran. Ni lo que hasta ahora ha venido preconizando IU, aunque no cuente aún con respaldo popular suficiente. Pero  IU tiene que ser ese referente en las instituciones que permita a las clases populares andaluzas visualizar otra alternativa a los modelos que PP y PSOE propugnan. La necesidad de otra salida a la crisis puede demandarla el pueblo si ve que existe esa alternativa.

El pacto de gobierno o de legislatura es una harakiri absurdo al que IU se entregará con un claro perjudicado: Andalucía dejará de tener un referente político para otra forma organizar y de gestionar políticamente la comunidad andaluza. A veces el corto plazo pierde de vista lo que estratégicamente interesa. Estar en la oposición sabiendo que el Gobierno no tiene mayoría, permite presentarse ante el pueblo con otro proyecto. Diluirse en el seno de una mayoría es acabar fagocitado por quien impondrá sus políticas. El PA y Los Verdes cometieron el mismo error -precisamente cuando apuntaban como referentes necesarios para cada vez más sectores de la ciudadanía-, y hoy están condenados a la nada. ¿De qué les sirvió a Los Verdes contar con diputados o haber introducido ciertos principios de su proyecto en los programas del PSOE cuando formaron coalición preelectoral? A pesar de la refundación en EQUO, su presencia es insignificante (y no por ello deja de ser necesaria). Y lo mismo podemos decir del PA. La práctica del PSOE nos indica que prescindirá de todas las muletas en las que se apoya cuando ya pueda andar por sí solo. Y esto lo hará antes de que termine la legislatura. Cuando las encuestas le otorguen esa situación de hegemonía. U otro escenario más que posible: cuando entrevean que la posibilidad de un pacto con el PP les garantizaría la aplicación de las políticas en las que creen.  Todo es cuestión de paciencia.

La crisis con Argentina por la nacionalización YPF-REPSOL es una defensa compartida por PP y PSOE de los mismos intereses capitalistas y del entramado político-financiero.

Algunas cosas cuestan trabajo entender. Me refiero al cinismo que muestran nuestros dirigentes políticos. Veamos. No hace muchos años, en el Estado español, había un buen número de empresas públicas que fueron privatizadas cuando el ardor neoliberal alcanzó a los gobiernos del PSOE en la década de los 80. Siendo ministro Solchaga fue privatizada la empresa pública REPSOL, conservando capital público que, más tarde, y ya con Aznar de presidente, se liquidó definitivamente. Su accionariado quedo repartido pero  con un 50% de capital extranjero; por tanto, había dejado de ser una empresa pública y había dejado de ser estrictamente española.

Esta empresa se lanzó a hacer negocios en Latinoamérica, entre ellos las explotaciones petrolíferas en Argentina. Se hizo con el control de YPF, que previamente había sido privatizada en Argentina por los gobiernos que asumieron el mismo credo neoliberal. En la actualidad, el Gobierno Kirchner ha decidido gestionar parte de los recursos petrolíferos del país, por lo que ha procedido a renacionalizar YPF haciéndose con el control del 25 % de acciones que REPSOL poseía.

La respuesta del Gobierno español y del PSOE ha sido salir en defensa de los intereses de la empresa REPSOL, anunciando medidas contra Argentina. Nada es de extrañar que ambos partidos salgan en defensa de los capitalistas privados, en buena medida capital extranjero,  y de sus negocios con la explotación de los recursos argentinos. En su derecho están. Pero que lo hagan en nombre del país, es de una cara dura impresionante. Para hablar en nombre del conjunto de la ciudadanía, en primer lugar tendría que nacionalizar al menos el 51 % de REPSOL, y luego actuar en función de los intereses ciudadanos. Para ello los impuestos tendría que pagarse en su totalidad en nuestro país y no refugiarse en los paraísos fiscales, como las Islas Caimán, donde en la actualidad tienen filiales que escapan al control del fisco español. Una vez que la empresa sea española, entonces es cuando habrá que negociar en pie de igualdad con la representación del pueblo argentino, con su Gobierno, paras establecer las condiciones, si les interesa, de la explotación de los recursos naturales de Argentina.

Cuando capitales transnacionales deciden el rumbo de la economía española exigiendo recortes que afectan a la ciudadanía, cuando políticos de otros países como la primer ministro alemana A. Merkel imponen las medidas a adoptar por el Gobierno español, cuando es más que presumible el rescate financiero; es decir, que los inspectores enviados por las instituciones europeos intervengan el Estado y tomen directamente las decisiones que van a gravar las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, es un esperpento que nos hablen de daño a la ciudadanía, a los intereses españoles, por la nacionalización de YPF por Argentina.

¿A qué se debe ese inusitado interés y esa defensa de una empresa, que no es española, por parte del Gobierno y los dos partidos mayoritarios, el PP y PSOE? La respuesta hay que buscarla en el entramado político y financiero existente, donde los actores intercambian papeles indistintamente. No en vano, entre los directivos de REPSOL encontramos a L. Carlos Croissier, ministro socialista después de haber presidido el INI cuando planificaba y ejecutaba la privatización de empresas. Y podemos seguir escudriñando en las empresas del sector energético, como denunciábamos en el artículo del día 16 de marzo (Elena Salgado, Aznar, Roca….) para percatarnos de cuáles son sus intereses y poder medir en su verdadera dimensión el porqué de esta crisis con Argentina. Si a ello le añadimos la complicidad de los medios de comunicación por la sustanciosas cantidades que de REPSOL reciben, entenderemos el consenso establecido. En definitiva, son los intereses del mismo sector financiero y político lo que está en juego. Mientras, la ciudadanía se encuentra sometida al sector financiero y especulativo del capital transnacional, viendo cómo se degradan sus condiciones de vida y cómo se queda sin futuro prácticamente toda una generación.

Ni por principios ni por las consecuencias, IU debe entregarse a un pacto de gobierno.

Es clásica la distinción weberiana entre éticas de la convicción y éticas de la responsabilidad. Según el autor de “El político y el científico”, las éticas de la convicción son las éticas que priorizan por encima de cualquier otra circunstancia la aplicación de los principios o criterios que orientan el comportamiento moral de los seres humanos. Por el contrario, serían éticas de la responsabilidad aquellas otras que insistirían siempre en considerar las consecuencias de lo que se pretende hacer, y actuar en función de ello; es decir, si las previsibles consecuencias, una vez evaluadas,  pueden ser deseadas por beneficiosas o, por el contrario, rechazadas por sus efectos negativos.

Sin entrar a valorar lo que Max Weber proponía para los tiempos convulsos y agitados de la segunda década del siglo pasado, tendré en cuenta ambos criterios para el caso que nos ocupa, el hipotético pacto de IU con el PSOE que sus dirigentes parecen explorar.

Pongamos por caso que alguien, más presto o solícito a atender los principios éticos, analizase si un pacto con el PSOE (u otra fuerza política) se ajustaría a los criterios de igualdad y justicia social, libertad y solidaridad así como la interacción equilibrada entre el ser humano y naturaleza, tal como son concebidos por IU. Sin duda encontraría reparos por cuanto las políticas neoliberales aplicadas por el PSOE distan mucho de las preconizadas por IU; y dado que, aunque producto de la negociación, el PSOE se viera obligado a atemperar alguna de las medidas más antagónicamente incompatibles, ni por la posición mayoritaria que ejerce en el parlamento y que haría valer, ni por ser medidas políticas anteriormente aprobadas o compromisos asumidos y de los que no puede desentenderse ahora, dejaría de continuar gestionando la res pública de manera significativamente diferente a como lo hizo en la legislatura anterior. Es decir, políticas que mantendrían la estructura desigual de la sociedad y, por tanto, de injusticia social. Del mismo modo, el modelo desarrollista aplicado por PSOE así como el escaso ejercicio de la solidaridad, sufrirían cambios meramente cosméticos en la  negociación conducente al pacto.

Pero entre los argumentos que suelen esgrimirse por los partidarios de llegar a algún tipo de acuerdo con el PSOE, se encuentran aquellos que entienden que las consecuencias de no suscribirlo serían peores para el proyecto que significa IU y, en consecuencia, para el pueblo andaluz.  Por tanto, por responsabilidad, acogiéndonos a la terminología utilizada por Weber, habría que aceptar el hipotético acuerdo. Entre ellas suelen citarse, especialmente, tres razones por cuyas consecuencias se contemplaría como más beneficioso el llegar al un pacto de gobierno: la primera, especialmente asentada en los dirigentes que IU tenía y tiene desde los años 90, se refiere a lo que interpretan como deseo del electorado y que se puso de manifiesto tras la pinza en la legislatura del 94. Pero, en segundo lugar, se plantean las consecuencias derivadas del proceso global de crisis del capitalismo y la necesidad de articular formas de resistencia, que, entenderían, perdería una oportunidad histórica si el Gobierno de Andalucía no fuese un instrumento institucional pionero que frenara las tendencias del capitalismo e impulsara los nuevos modelos que se demandan. Por último, se señala, habría una mejor gestión de las consejerías de las que se hicieran cargo que si estas quedaran en manos del PSOE u otra fuerza política.

Respecto a los deseos del electorado, no me cabe ninguna duda de que entre las bases del PSOE sea así. Siempre quieren que IU, cuando no tienen mayoría absoluta, los apoye. Y quien dice IU, también puede decir PA. Cualquier fuerza minoritaria que pueda garantizarles el mantenimiento en el poder es buena. Nunca se van a cuestionar para qué contenidos. Como nunca lo plantean a priori como una necesidad o deseo para aplicar una determinada política. Esto, creo, que es evidente y casi nadie lo pone en duda. Pero donde sí es dudoso, es por parte del electorado de IU. Pero, ¿cómo saberlo? Disponemos de la encuesta del CIS previa a las elecciones. Según ella, el 74 % del electorado quería un cambio en la Junta de Andalucía. Suponemos que de entre el 26 % que quería mantener la situación como estaba, surgirían los votantes del PSOE, es decir, el 40 % de votos que obtuvo de entre los que participaron en las elecciones. ¿Y el resto, el 74 %? Pues suponemos que apostaron por el cambio votando indistintamente a las demás fuerzas políticas o se abstuvieron. Por tanto, también entre el electorado de IU. Es verdad que en la encuesta no se preguntaba qué le gustaría al votante de IU si este no alcanzaba mayoría para gobernar. Pero me inclino a pensar que el electorado de IU no es favorable a que se mantenga el PSOE en el poder con el apoyo de IU, y menos aún formando parte del Gobierno. No obstante, hay una fórmula muy sencilla para saber la opinión de la afiliación: consultarles previamente y con todas las hipótesis abiertas.

En cuanto al supuesto correctivo de la ciudadanía por no haber pactado con el PSOE, como suele interpretarse lo sucedido tras la pinza, en donde IU pasó de 20 a 12 diputados, habría que señalar que, según el análisis anterior, no parece esa la intención del electorado; antes al contrario, el correctivo vendría a darse en sentido contrario, en el hipotético caso de que se produjera el apoyo al PSOE. Porque si, en efecto, el voto a IU ha sido un voto contra el neoliberalismo, las corruptelas y práctica nepotistas, no se entendería que se apoyase a quien las ha ejercido despóticamente durante varias legislaturas y con especial dureza en esta última. Es incluso probable que, entre la abstención, se haya encontrado un sector de la población que no se haya atrevido a votar IU por temor a que finalmente este apoyara un gobierno del PSOE.

En segundo lugar, en efecto, podría ser una experiencia formidable si desde Andalucía se ensayara un frente de resistencia entre el pueblo y sus instituciones al acoso del neoliberalismo, de los mercados, de la troika y los dirigentes políticos que gestionan los intereses de la oligarquía financiera. Pero para el referente institucional tendrían que existir esas fuerzas políticas. Y ese papel no lo va representar el PSOE. No está en su cultura ni en su práctica política. No lo ha sido en esta legislatura ni sus representantes políticos asumen tal posibilidad. Quien piense lo contrario, no ha despertado del sueño de los deseos. Simplemente tiene que recurrir a la hemeroteca y a los movimientos sociales para saber lo acontecido, para conocer la realidad de lo que ha sido y es la hegemonía del PSOE en Andalucía.

Por último, se señala la posibilidad de una buena gestión en las parcelas de poder que a IU le corresponda. Pero en un análisis sobre las consecuencias, todo no consiste en una “buena gestión”. Hay más: ¿qué se gestiona, lo contenido en el propio programa o lo que el Gobierno andaluz decida?, ¿se gestiona de acuerdo con los criterios políticos propios o se subordinan a los del Gobierno?, ¿se podrán rectificar políticas anteriores del PSOE?, etc. Estas interrogantes ofrecen respuestas que habrá que evaluar antes de considerar las supuestas consecuencias beneficiosas de una gestión pretendidamente buena, eficiente y honrada.

Pero de entre las consecuencias que habría que evaluar, también deben tenerse en cuenta las de las propuestas alternativas. Es decir, qué pasaría si IU decidiese mantenerse en la oposición, con apoyo a Griñán en la investidura o sin darlo. ¿Entendería el electorado de IU esa posición y, además, que sus diputados/as sólo aprobasen aquellas medidas que no fuesen incompatibles con su programa? A mi no me cabe la menor duda de que ese es el deseo mayoritario entre las bases y los movimientos sociales emergentes. Como tampoco me cabe ninguna duda de que lo que se espera desde la mayoría de grupos y movimientos sociales (excluidos los dos sindicatos mayoritarios) y lo que entiendo que debe corresponder a IU, es erigirse en la parte (y soporte) institucional de la respuesta al neoliberalismo. Tendría que canalizar la resistencia frente al Gobierno central y al andaluz a las políticas de ajuste que obedecerán siguiendo los dictados provenientes de la troika y los poderes financieros. La posibilidad de que el Estado español entre en una situación de rescate financiero y que la economía sea intervenida se incrementa conforme pasan las semanas. Una situación como la vivida y sufrida en Grecia y Portugal pende sobre la población trabajadora.  Izquierda Unida debe hacer oídos sordos a los cantos de sirena que desde el poder le llegan. No puede ser motivo de seducción el escaso margen de maniobra que la gestión de unas cuantas consejerías le permitirían y, a cambio, corresponsabilizarse de la salida neoliberal de la crisis, una salida impuesta por el PP y PSOE.

No hay razones que puedan justificar el pacto de gobierno ni el apoyo de legislatura. Ni es posible desde los principios que inspiran el ideario de IU, ni por las previsibles consecuencias que se derivarían de ello. Antes al contrario, IU abandonaría la oportunidad histórica de presentarse ante la sociedad, ante el pueblo andaluz, como lo que ha venido propugnando: la única fuerza política que apuesta por un modelo de sociedad en la que el pueblo es soberano y decide su propio destino.

El pueblo andaluz necesita una fuerza política que lo represente, una fuerza capaz de ser alternativa y promover un nuevo modelo de sociedad. IU podría asumir esa función sin entregarse a ser mero apoyo de los partidos mayoritarios.

Las recientes elecciones  andaluzas han puesto de manifiesto que existe una amplia conciencia de la necesidad de un giro radical en la forma de gestionar la vida pública, principalmente llevada a cabo por los dos grandes partidos (PSOE, PP). Ello se ha evidenciado en el aumento de votos obtenido por IU y en la elevada abstención.  No quiero decir que toda la abstención se deba al desencanto con las actuales formas de hacer política, pero sí que gran parte de ella no espera nada positivo de las propuestas de las principales fuerzas políticas. Y son precisamente, ese sector de la población y el electorado de IU, la base sobre la que se puede fraguar en el futuro la ruptura con las formas capitalistas de dominación, con el modelo desarrollista y neoliberal, cuyo ciclo parece agotarse. O se mantiene, sí, pero a expensas de empobrecer aún más a la población trabajadora,  de incrementar la dependencia de Andalucía  y continuar con el modelo depredador de recursos, ambientalmente insostenible.

Las políticas que interesan a las oligarquías y mercados financieros se encuentran fuertemente respaldadas por los mandatarios europeos, que son quienes verdaderamente toman las decisiones políticas que luego los gobiernos central y andaluz aplican disciplinadamente. Esas decisiones políticas, hemos dicho, serán las que interesen a esa minoría con poder y cuyos capitales aspiran a mantener el juego de los mercados para incrementar sus beneficios. Pero las consecuencias en el Estado español de la aplicación de estas medidas van a suponer que la economía española prolongue la recensión entrando en barrena, como sucediera en Grecia.

Ante este panorama no valen propuestas que se conformen con repartos de cargos. Un acuerdo de IU con otra fuerza política que no suponga una real alternativa de gobierno, sobre la base del programa suscrito ante el pueblo andaluz, es una traición a esa parte de la población que aspira a la superación de la crisis con otra gestión en la que prevalezcan  los intereses del pueblo. La izquierda real tiene que prepararse para dar la respuesta que impida retrotraer la situación social, las condiciones de vida y trabajo, a la existente en el  período predemocrático.

La historia de luchas obreras y sindicales, en los años anteriores a la dictadura, bajo ella y en la transición, obligan moralmente a una resistencia sin ambigüedades. El nivel de bienestar material obtenido estos años atrás se ha conseguido con el sufrimiento y la muerte de personas, de trabajadores y trabajadoras que aspiraban a un mundo y a una Andalucía en lo que cualquier ser humano pudiera vivir con dignidad. Resistir hoy es una deuda, una obligación moral con estas víctimas de nuestra historia reciente.

Las tendencias nos muestran que nos precipitamos al rescate financiero y la continuada imposición de medidas, aún más duras, de ajuste económico con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida y trabajo y el empobrecimiento de amplios sectores de la población. Frente a ellas, Izquierda Unida puede presentarse como la alternativa que impulse las movilizaciones y represente al pueblo que quiere una salida diferente a la crisis. IU tiene que postularse como la fuerza política que gestione los asuntos públicos sin dependencia de los mercados financieros, de Bruselas o Merkel. Por ello, cogobernar en Andalucía aceptando las medidas contra el déficit y los criterios políticos de la fuerza con la que se alíe, sería tirar por la borda el trabajo político realizado estos años y las esperanzas depositadas en ella como alternativa posible, sentido por cada vez más sectores de la población y por los movimientos emergentes.

El gobierno posible de IU, al que aspiramos, sería aplicando su programa a las condiciones de Andalucía. O es así o, inevitablemente, tendría que pasar a la oposición. Puede iniciar negociaciones, como está haciendo en la actualidad con el PSOE, pero de ellas no saldrán más que principios sin concreción, el apoyo a la investidura de Griñán y un discutible cambio de cromos (consejerías). Si se exige el cumplimiento de las medidas suscritas ante el pueblo andaluz y firmadas ante notario, con compromiso concreto, el PSOE dará marcha atrás. Porque no me alberga ninguna duda de que el PSOE no aprobará medidas tales como la reforma de la ley electoral, banca pública, renta básica, reforma fiscal justa, acabar con el nepotismo y corrupción en las administraciones de la Junta, etc.

Ante esta situación, IU tiene que votar en contra de la investidura de Arenas y de Griñán, postulándose como alternativa. A los partidos mayoritarios no les quedará más remedio, si no quieren ir a elecciones anticipadas, ponerse de acuerdo para facilitar el gobierno entre ellos o  volver a negociar con IU el apoyo a la investidura, sin entrar en el gobierno, a cambio de determinadas concesiones.

En las negociaciones en curso, una de las opciones que se baraja es precisamente el apoyo a la investidura sin entrar en el gobierno. Pero sería un error hacerlo sin fuertes contraprestaciones. Para asegurar su cumplimiento, el apoyo no puede ser para toda la legislatura. La reforma de la ley electoral, la renta básica y medidas contra la corrupción, por ejemplo, tienen que ser moneda de cambio para la investidura. Luego, desde la oposición, IU puede apoyar aquellas medidas que sean compatibles con su programa y votar en contra de las que no lo sean, al igual que con los presupuestos de la Junta. Es decir, un tipo de control como el que se denominó la pinza. En mi opinión, contra el PP o contra el PSOE (o contra los dos llegado el caso): ese debe ser el posicionamiento político de IU. Ese es el que espera buena parte de su electorado.