miércoles, 25 de febrero de 2015

Legal e ilegal, moral e inmoral. ¿Vale todo contra Monedero? La doble vara de medir.



Las acusaciones sobre la ilegalidad de numerosas medidas tomadas por representantes públicos han sido frecuentes y han alcanzado a prácticamente a todas las instituciones del Estado, desde la Monarquía a los ayuntamientos, y a casi todas las fuerzas políticas que tienen presencia institucional. Como resultado, numerosas denuncias han acabado en los tribunales de justicia con imputados y condenados por delitos (como malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, apropiación indebida, etc.) además de la exigencia de responsabilidades políticas a los autores directos y a los dirigentes que los nombraron para los diferentes cargos desde los que actuaron.

En general, con las sentencias judiciales y, en menor medida, con el señalamiento de las responsabilidades políticas, acompañadas de algunas que otras dimisiones, se han cerrado estos casos. Pero en política siempre hay un más difícil todavía. Sobre todo cuando se trata del linchamiento de alguien que señala el agotamiento de un régimen, el régimen del 78, y la casta que lo ha gestionado. En este caso, los medios de comunicación, todos, adalides de ese régimen que se agota, salen en defensa de la casta y reproducen sistemáticamente el mismo mensaje (repetirlo muchas veces no lo hace verdadero) tratando de desprestigiar a la persona que cuestiona sus privilegios. Ya no se trata de un cargo público ni de alguien cuya actividad haya estado relacionada con las administraciones públicas. La ilegalidad buscada ha girado en torno a la vida profesional del ciudadano y dirigente político de Podemos, Juan Carlos Monedero. Sin embargo, todas ellas han sido desmontadas por él mismo. Ni ocultó dinero en paraísos fiscales ni en cuentas opacas al fisco: los ingresos de su empresa tributaron a hacienda como permite la ley.

En el escarnio que se pretende, se exige el contrato y el contenido del informe elaborado por el que la empresa de Monedero recibió los 425.000 euros. Petición un tanto extraña, pues esos informes, sujetos a confidencialidad, a quien compete hacerlos públicos si consideran que esa información puede ser divulgada es al ALBA, la alianza de varios países latinoamericanos que fue quien los encargó y pagó (que es lo mismo que sucedería con los informes que el asesor P. Arriola elabora para el presidente M. Rajoy -que nadie ha visto ni pedido ver-).

Pero para sorpresa, hemos oído algo hasta ahora desconocido. Ya no se insiste en la ilegalidad, sino en una supuesta inmoralidad. Se achaca que sería inmoral realizar cobros desde una empresa unipersonal y tributar como empresa en vez de hacerlo como rendimientos del trabajo. Se dice (cuestión que Monedero niega) que haciéndolo de esa manera habrá pagado a hacienda una cantidad inferior, y eso sería una inmoralidad. Una ministra señala que incluso esa forma de tributar, si se generalizase, pondría en riesgo los servicios públicos. Increíble. Parecen estar sosteniendo que hay leyes que son inmorales, leyes a las que cualquier ciudadano puede acogerse, como han hecho muchos profesionales, sin que nadie diga nada acerca de cambiarlas. Se ha utilizado, en este caso, para acusar solo al dirigente de Podemos, no a las decenas de miles que tributan a través de empresas unipersonales.

Para evaluar si una acción es inmoral, hay que hacerla desde unos principios o criterios morales. Si el criterio que se utiliza es la contribución a la hacienda pública en función de las rentas para mantener los servicios básicos al conjunto de la población, (el cual se deduciría del principio de la consideración del ser humano como un fin en sí mismo, de la necesidad de preservar su dignidad) el sistema legal impositivo es una gran farsa inmoral; y quienes lo mantienen están obrando, en consecuencia, de forma inmoral. Peor aun, al contribuyente, particulares y empresas, se le ofrecen multitud de posibilidades fiscales a la hora de cumplir sus obligaciones ante la hacienda pública. La inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad, se acoge a las que le son más favorables, y hasta ahora, nadie lo ha considerado una práctica inmoral.

¿Qué es lo decisivo desde el punto de vista moral a la hora de efectuar los pagos a hacienda? La moral pública puede ser positivizada y, entonces, como cualquier otra norma jurídica, es de obligado cumplimiento. Pero si una vez positivizada permite un abanico de posibilidades al contribuyente, entonces es el criterio moral del contribuyente quien tiene que orientarle en la elección. Hay contribuyentes que invierten en una SICAV para apenas pagar impuestos (es legal) y quienes se aplican todas las deducciones posibles. Es de suponer que el Estado puede mantener los servicios públicos con una recaudación sobre ese escenario, escenario que es el que realmente se produce. La inmoralidad del sistema recaudatorio se incrementaría pidiéndole un mayor esfuerzo fiscal, una mayor generosidad llamando a acogerse al tipo de declaración menos favorable al contribuyente de rentas medias (y así mantener el nivel esperado en la recaudación), mientras a las rentas altas se les permiten las medidas de ingeniería fiscal para apenas contribuir. Si el ciudadano Monedero tributa sus trabajos para el ALBA a través de una empresa (y es dudoso que pague menos de esa forma, una vez que haya tributado por los dividendos obtenidos) y los ingresos obtenidos no los dedica a incrementar su patrimonio o al lucro personal, no solo es legal y legítimo, sino acorde a deseables criterios de moralidad pública (la supuesta inmoralidad solo reside en las hipócritas personas que ocultan sus verdaderas intenciones cuando lo acusan). Si a esto le añadimos que los ingresos obtenidos por Monedero tenían como función la participación en un proyecto mediático alternativo al oligopolio informativo existente, no solo no fue inmoral su declaración a Hacienda, sino que la gestión económica de los ingresos que había obtenido tiene un valor añadido: que contribuye positivamente al pluralismo y la libertad, a mejorar la calidad de nuestra democracia.