“Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión
sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del
pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…”
(Infante, 1915)1. Esto
fue escrito por Blas Infante hace casi un siglo. Desde entonces el desarrollo
del capitalismo y las circunstancias históricas han transformado el panorama
andaluz. Pero, a pesar de los cambios económico sociales, la estructura de la
propiedad de la tierra sigue siendo la misma, permaneciendo como causa de la
miseria y exclusión de importantes sectores de población en muchos lugares de Andalucía.
No olvidemos que el 55 % de las tierras andaluzas continúan en manos de
terratenientes (menos de 6.000 latifundios) que, además, reciben el 80 % de las
subvenciones de la Unión Europea, mientras se condena a la población jornalera a
vivir de los subsidios agrarios, la emigración o a desplazarse a otros
sectores productivos lejos de sus lugares de origen; situaciones que hoy, para mayor gravedad, ya no
son posibles por la caída de la construcción y la crisis generalizada en los
demás sectores. También, por otro lado, el patrimonio territorial andaluz se ha
visto sometido a un desaforado desarrollo urbanístico esquilmador de nuestros
recursos, dejando buena parte de él en manos de rentistas y capitalistas
interesados en la especulación. Las plusvalías generadas no han repercutido en el
desarrollo social y ecológico de Andalucía, y el escaso tejido industrial
continúa su declive, así como la agricultura tradicional, sin que las
administraciones central y andaluza hayan tomado las iniciativas que
revertieran -y reviertan- el proceso de desarrollo del capitalismo. Andalucía
sigue teniendo el papel subsidiario de antaño.
En la actualidad, con la crisis sobrevenida por la acumulación de
riqueza en un minoritario grupo de población, los muy ricos, que invierten sus
capitales en la especulación financiera y en los paraísos fiscales, y la inoperancia
de los gobiernos al no aplicar medidas de estímulo a la economía fortaleciendo
la demanda y el sector público de la economía, están provocando una alarmante disminución de la actividad
productiva. Para compensar la falta de ingresos por la caída de la actividad
económica, antes que gravar las rentas más altas y perseguir el fraude fiscal, el Gobierno se propone el ahorro en el gasto desmantelando el Estado del bienestar (salud,
educación, dependencia, pensiones…) y reduciendo la protección de los sectores
desfavorecidos de la población. Todo ello va dejando tras sí un rastro de empobrecimiento
de trabajadores/as, autónomos y pequeños agricultores, con una alarmante
situación de paro y de la pobreza (un 22 % en el Estado español), que en
Andalucía se está soportando aún más severamente. En el primer trimestre de
2012, uno de cada tres andaluces se encontraba en paro, los desahucios y las
situaciones de falta de protección y hambre física continúan multiplicándose
conforme pasan las semanas. Y la errática política del Gobierno persiste y anuncia nuevas medidas de austeridad en la senda que le marcan las instituciones
financieras europeas, dominadas por un pequeño sector de población constituido
por la oligarquía financiera.
El pueblo andaluz no puede permanecer impasible mientras se degradan
sus condiciones de vida y trabajo. En democracia, el pueblo es el soberano. Por
tanto, si nuestro sistema lo es, el pueblo está legitimado moralmente para advertir al Gobierno de que no aceptará las decisiones que sólo interesan a los poderes económicos. Y el
Gobierno tiene la obligación de respetar y de escuchar. Se le demanda que
respete los derechos adquiridos por la población trabajadora y que ponga la
economía al servicio del ser humano. Aceptar el memorándum, las condiciones que
las instituciones financieras imponen, sin consultar con la ciudadanía y contra
la voluntad de los andaluces, es violentar la democracia. Desde que Blas
Infante alzara su voz para que el pueblo pudiera disponer de sus recursos, de
sus tierras, de su riqueza, para el progreso de Andalucía y de la identidad
como pueblo, habrán cambiado algunas cosas, pero en esencia, todavía la
explotación, alienación y despojo de nuestros recursos sigue siendo una
constante. Por eso, la valiente iniciativa emprendida por sindicalistas del
SAT, Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y vecinos y vecinas llegados de otros
pueblos andaluces, es un grito de rebeldía que tiene que extenderse por todas
las provincias andaluzas reclamando la dignidad, nuestra identidad como pueblo.
1. El Ideal Andaluz Ed. Fundación Blas Infante, p.. 80
