La dignidad del pueblo andaluz está en juego: las acciones simbólicas emprendidas por Gordillo, Cañamero, el SAT y los andaluces que participan en las marchas por Andalucía son moralmente legítimas y necesitan nuestra solidaridad.

“Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…” (Infante, 1915)1. Esto fue escrito por Blas Infante hace casi un siglo. Desde entonces el desarrollo del capitalismo y las circunstancias históricas han transformado el panorama andaluz. Pero, a pesar de los cambios económico sociales, la estructura de la propiedad de la tierra sigue siendo la misma, permaneciendo como causa de la miseria y exclusión de importantes sectores de población en muchos lugares de Andalucía. No olvidemos que el 55 % de las tierras andaluzas continúan en manos de terratenientes (menos de 6.000 latifundios) que, además, reciben el 80 % de las subvenciones de la Unión Europea, mientras se condena a la población jornalera a vivir de los subsidios agrarios, la emigración o a desplazarse a otros sectores productivos lejos de sus lugares de origen; situaciones que hoy, para mayor gravedad, ya no son posibles por la caída de la construcción y la crisis generalizada en los demás sectores. También, por otro lado, el patrimonio territorial andaluz se ha visto sometido a un desaforado desarrollo urbanístico esquilmador de nuestros recursos, dejando buena parte de él en manos de rentistas y capitalistas interesados en la especulación. Las plusvalías generadas no han repercutido en el desarrollo social y ecológico de Andalucía, y el escaso tejido industrial continúa su declive, así como la agricultura tradicional, sin que las administraciones central y andaluza hayan tomado las iniciativas que revertieran -y reviertan- el proceso de desarrollo del capitalismo. Andalucía sigue teniendo el papel subsidiario de antaño.

En la actualidad, con la crisis sobrevenida por la acumulación de riqueza en un minoritario grupo de población, los muy ricos, que invierten sus capitales en la especulación financiera y en los paraísos fiscales, y la inoperancia de los gobiernos al no aplicar medidas de estímulo a la economía fortaleciendo la demanda y el sector público de la economía, están provocando una alarmante disminución de la actividad productiva. Para compensar la falta de ingresos por la caída de la actividad económica, antes que gravar las rentas más altas y perseguir el fraude fiscal, el Gobierno se propone el ahorro en el gasto desmantelando el Estado del bienestar (salud, educación, dependencia, pensiones…) y reduciendo la protección de los sectores desfavorecidos de la población. Todo ello va dejando tras sí un rastro de empobrecimiento de trabajadores/as, autónomos y pequeños agricultores, con una alarmante situación de paro y de la pobreza (un 22 % en el Estado español), que en Andalucía se está soportando aún más severamente. En el primer trimestre de 2012, uno de cada tres andaluces se encontraba en paro, los desahucios y las situaciones de falta de protección y hambre física continúan multiplicándose conforme pasan las semanas. Y la errática política del Gobierno persiste y anuncia nuevas medidas de austeridad en la senda que le marcan las instituciones financieras europeas, dominadas por un pequeño sector de población constituido por la oligarquía financiera.  

El pueblo andaluz no puede permanecer impasible mientras se degradan sus condiciones de vida y trabajo. En democracia, el pueblo es el soberano. Por tanto, si nuestro sistema lo es, el pueblo está legitimado moralmente para advertir al Gobierno de que no aceptará las decisiones que sólo interesan a los poderes económicos. Y el Gobierno tiene la obligación de respetar y de escuchar. Se le demanda que respete los derechos adquiridos por la población trabajadora y que ponga la economía al servicio del ser humano. Aceptar el memorándum, las condiciones que las instituciones financieras imponen, sin consultar con la ciudadanía y contra la voluntad de los andaluces, es violentar la democracia. Desde que Blas Infante alzara su voz para que el pueblo pudiera disponer de sus recursos, de sus tierras, de su riqueza, para el progreso de Andalucía y de la identidad como pueblo, habrán cambiado algunas cosas, pero en esencia, todavía la explotación, alienación y despojo de nuestros recursos sigue siendo una constante. Por eso, la valiente iniciativa emprendida por sindicalistas del SAT, Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y vecinos y vecinas llegados de otros pueblos andaluces, es un grito de rebeldía que tiene que extenderse por todas las provincias andaluzas reclamando la dignidad, nuestra identidad como pueblo.

1. El Ideal Andaluz Ed. Fundación Blas Infante, p.. 80