Antes que cualquier imperativo legal está el imperativo moral, el que sostiene que no podemos colaborar en la aplicación de medidas que empeoren las condiciones materiales de vida de la población.

Diferenciando entre la actividad propia del funcionariado y la de quienes ejercen  responsabilidades políticas, podemos decir que el funcionariado no puede  tomar decisiones políticas; se limita a ejecutar unas tareas al servicio de una administración pública y se encuentra organizado en una gradación jerarquizada, opera siempre dentro de un marco normativo-legal y está supeditado a instancias políticas, en las que reside la capacidad decisoria. Eso es lo que le corresponde hacer a cualquier persona en tanto que funcionaria. Pudiera suceder que le generase problemas de conciencia el tener que ejecutar determinadas medidas que afectaran a la dignidad o que repercutiesen negativamente en las condiciones de vida de usuarios/as de dicha administración. Esta situación conflictiva, la de tener que aplicar algo con lo que no se está de acuerdo, es difícil, por no decir que imposible, el que pueda resolverla esa persona en tanto que funcionaria. Pero nada le impide que, en calidad de ciudadana, haga todo lo posible por cambiar el marco legal en el que tiene que desenvolverse su actividad como funcionaria. De esta forma podría encontrar una salida satisfactoria a los problemas de conciencia que le ocasiona el ejercicio de su actividad laboral. En condiciones extremas de vulneración grave de la dignidad humana, bien es cierto que también cabe, y a veces es una necesidad moral, el hacer dejación de la función; es decir, el negarse a ejecutar las medidas a las que le obligan, y atenerse a las consecuencias que ello conlleva.

Pero en el ámbito de lo político, el de la participación pública, es una actividad voluntaria que tiene por objetivo la toma de decisiones en los órganos de poder para la gestión del espacio de lo público, y que afectan al conjunto de la comunidad. En última instancia, de las decisiones políticas que cada representante político tome, no hay más responsable moral que la persona de cada cual, y es ante su conciencia ante quien tiene que rendir cuentas. Bien es cierto que, en el ejercicio de la actividad política, se pueden tomar decisiones de consecuencias, a veces, no fáciles de discernir desde el punto de vista moral. Pero no hay duda de otras muchas de ellas. Cuando se anuncian medidas de recortes presupuestarios que van a afectar gravemente a los sectores más desfavorecidos de la población, las decisiones que toman los representantes políticos pueden no acarrearle ningún problema de conciencia, incluso pueden producirle cierta malévola alegría su aprobación; respondiendo con un “¡qué se jodan!” o aplaudiendo de forma complacida y sonriente. Algún político, sin duda mostrando mayor sensibilidad, no puede evitar dejar caer unas lágrimas (o sollozar abiertamente) mientras anuncia dichas medidas. En cualquier caso, tampoco estaba obligada (y me refiero a la ministra italiana) a aprobarlas y antepuso otros criterios ajenos a los que su conciencia parecía dictarle.

Cierto es que, en la presentación parlamentaria de las últimas medidas de ajuste, no podíamos esperar algo diferente de los representantes políticos que lo visualizado a través de las cámaras televisivas. A nadie ha sorprendido el sádico exabrupto de la pija niña de papá, ni la reacción de sus compañeros y compañeras de bancada, unidos todos por los mismos intereses. Tampoco nos sorprende las cambiantes actitudes de la mayoría de muchos de estos representantes políticos según se esté en el gobierno o en la oposición. Ahora en esta última situación, mostraban caras serias mientras se anunciaban las medidas de recorte que hace un año, cuando gobernaban, aprobaron disciplinadamente. En cualquier caso, la función autocrítica de la conciencia, o remordimiento, no parece por ahora estar presente en ellos cuando nadie ha evidenciado el más mínimo sentimiento de culpabilidad ni ha mostrado público arrepentimiento. Tanta homogeneidad no deja de causar extrañeza.

Por otro lado, era lógico, porque está contenido en los principios teóricos que sustentan la fuerzas políticas de la izquierda real, que fuese visible el enfado de los diputados/as pertenecientes a ellas (pertenecientes al grupo de Izquierda Plural) y, en consecuencia, votaran en contra o se ausentaran de la votación. Esa actitud es éticamente irreprochable, por cuanto se han negado a participar o colaborar en la aprobación de medidas contrarias a derechos básicos que afectan a las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Pero diputados de fuerzas políticas que en el Congreso se opusieron a los recortes, han tenido una postura diferente en el parlamento andaluz.

A veces no resolvemos con claridad qué es lo que debemos hacer; es decir, el sentido positivo del imperativo moral. Por ejemplo, el dilema que se le presentó a los diputados y diputadas de IU en Andalucía acerca de si debían apoyar y entrar en un gobierno de coalición con el PSOE. Puedo admitir que obrando de buena fe creyeran que, en términos políticos, era lo más aceptable para lo que esta fuerza política defiende para Andalucía. Sin embargo esto es más dudoso desde una perspectiva moral. Y una política que no se fundamente en criterios morales es una mera técnica de dominio. Pero admito las dudas respecto a la respuesta que podría darse sobre el acuerdo con el PSOE: alguien podría ingenuamente suponer que este partido abandonaría el neoliberalismo en el que estaba instalado o, también, que tuviera un insuficiente juicio político acerca de las consecuencias de ese acuerdo. Pero si no siempre es fácil encontrar la respuesta acerca de lo que se debe hacer, de lo que sea lo justo, es menos difícil comprender qué se tiene por injusto, qué no debemos hacer. Es lo que el filósofo Javier Muguerza denominara el imperativo de la disidencia: decir que no a cualquier acto que suponga una  agresión, una degradación de la dignidad humana, de los derechos en la que esta se expresa. Y resulta bastante comprensible que entendamos por injusto el que sean los sectores desfavorecidos, los salarios directos o diferidos en forma de servicios públicos (sanidad, enseñanza, dependencia, paro, pensiones…) de la población quienes tengan que pagar los desequilibrios producidos entre los ingresos y gastos del Estado. En consecuencia, la actitud de quien se espera que se comporte de manera éticamente irreprochable, es la de negarse a dar su aprobación a las medidas de recorte, el plan de ajuste, que conlleva las consecuencias antedichas.

Antes explicaba la sustancial diferencia entre el funcionariado y los representantes políticos. El funcionariado tiene que actuar por imperativo legal en el ejercicio de su función, aunque no en tanto que ciudadano/a (la distinción kantiana entre uso privado y uso público de la razón). Pero no es el caso del representante político. Este no está sometido a ningún imperativo legal que le obligue a dar su aprobación a una ley u otra. El recorte presupuestario para Andalucía vendrá decidido por el Gobierno central, pero el acatamiento y aprobación del mismo es responsabilidad de cada parlamentario/a de Andalucía. Excusarse con que se aceptan los recortes por “imperativo legal” es renunciar a la condición de representante político para asumir la de funcionario. Significa limitarse a ejecutar las decisiones que en otras instancias se toman, sean de Madrid o de Bruselas. Pero no es sólo su deserción como político, tarea para la que fue democráticamente elegido, sino que, y es lo más grave, pretende dimitir de su condición como sujeto moral. Por encima de cualquier ley, está la conciencia de cada cual, de su capacidad para decidir acerca acciones morales, de poder decir que no a la aprobación de medidas que atentan a la dignidad humana. Ese es el representante político al que aspirábamos y… esperamos. 

Las clases trabajadoras necesitan una coalición de fuerzas de resistencia antineoliberal. En Andalucía tiene que producirse la clarificación de las fuerzas políticas que pueden conformar la coalición.

El Gobierno central está decidido a aplicar las medidas de política neoliberal que Bruselas impone al dictado de los mercados financieros. Por ello viene asumiendo las instrucciones que recibe de la troika para facilitar el acceso a los fondos de rescate y cumplir con los objetivos del déficit señalados. Estas medidas, en síntesis, consisten en la reducción del Estado del bienestar; es decir, la disminución del peso de los servicios públicos y su progresiva privatización, la liberalización del mercado laboral y el aumento de la imposición indirecta (subidas del IVA) que grava el consumo de la población. Los mercados, los bancos alemanes y franceses, los fondos que operan a través de ellos, y también los bancos españoles, exigen estas medidas para garantizarse el retorno de sus beneficios y capitales resultado de las inversiones financieras durante la burbuja inmobiliaria y en la especulación con la deuda. Además, aprovechando la sumisión y complicidad del Gobierno imponen una vieja aspiración de las élites económicas: la introducción de medidas económicas y políticas tendentes a la reducción del valor de la fuerza de trabajo que mantenga en el tiempo la tasa de plusvalor, los beneficios, a pesar de la disminución de la actividad económica.

El argumento falazmente utilizado es “que no hay dinero en las arcas públicas”, ocultando el hecho de que el fraude fiscal de los grandes capitalistas es suficiente para equilibrar las cuentas sin recurrir a los recortes del gasto  (para ello sólo tienen que aplicar el plan propuesto por el sindicato de subinspectores de hacienda, comentado en la entrada del día 11-7). También se niegan a aumentar los ingresos con una recaudación directa y progresiva sobre los rendimientos del capital, las grandes fortunas y las rentas elevadas. O lo que debería hacerse por imperativo moral: negarse al pago de la deuda ilegítima, o dejar caer las cajas y bancos a los que se inyecta dinero público. ¿Por qué no lo hacen? Porque entonces actuarían contra los intereses de los sectores pudientes de la población, sectores a los que pertenecen y a los que representan. Ese, y no otro, es el motivo de la amnistía fiscal que premia a los evasores fiscales y refuerza el fraude. Pero también podrían los gobernantes aumentar la recaudación con políticas de estímulo al crecimiento y, no se olvide, la deuda del Estado está aún en mejores condiciones que en la mayoría de los países europeos.

A las oleadas de recortes, desde los aplicados por el Gobierno del PSOE y los dos sucesivos del Gobierno del PP, nuevas exigencias llegan desde las instituciones financieras y empresariales: se piden recortes millonarios en las pensiones, y el Círculo de Empresarios plantea la privatización de la sanidad y la educación; unos apetitosos sectores con los que hacer nuevos negocios, de enriquecerse a costa de la salud y la formación de las clases populares. En definitiva, son las clases trabajadoras las que están pagando con sus salarios (directo y diferido, a través de los servicios públicos) e impuestos al sector financiero de la economía la crisis de crecimiento que ellos ocasionaron al acaparar el valor de la riqueza generada y, también como producto de la especulación de un reducido sector de población constituido por la oligarquía financiera.

Pero esta apuesta por el empobrecimiento generalizado para que las élites puedan continuar acumulando riqueza, tiene un punto débil para la economía en su conjunto y para sus propósitos: la economía no puede crecer porque no hay demanda por la caída progresiva del consumo de las clases trabajadoras, tanto por la disminución salarial como por el aumento del paro y el empleo precario. Sin crecimiento, los beneficios empresariales y financieros no podrán mantenerse exclusivamente con la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ya que esta tiene un límite: el que supone la resistencia a reducir el nivel de lo que se consideran las necesidades básicas socialmente establecidas. Y esta barrera se ha tocado.

Lo que puede esperarse desde el momento que se alcanza el límite de las necesidades humanas, es la indignación y la protesta generalizada. Y las fuerzas políticas que se sitúen al lado del sufrimiento de los pueblos, contra las políticas neoliberales, tendrán que ofrecer alternativas de resistencia y de gobierno. Tiene que constituirse una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales donde IU tendría que asumir el papel dinamizador. Pero antes es necesario que clarifique su relación con otras fuerzas que están fuera de la resistencia antineoliberal; es decir, su vacilante atadura con el PSOE. Tiene que hacerlo en Andalucía y sus dirigentes andaluces y estatales asumir el error de haber prestado apoyo al gobierno del PSOE en la Junta.

IULV-CA se ha visto arrastrada en la aplicación de políticas de ajuste desde el Gobierno de la Junta. Con justificaciones inverosímiles sobre imperativos legales, ha facilitado la introducción de los recortes entre la población trabajadora andaluza. Pero tras el último recorte del Gobierno, sostiene IULV-CA que ya no son necesarias esas medidas de la Junta, planteando una parcial marcha atrás. ¿Desapareció el imperativo legal? ¿Es que la eliminación de la paga extraordinaria de los empleados/as públicos va a computar entre los 2.500 millones que la Junta tenía que recortar? Esas dudas aún no han sido despejadas. En cualquier caso, la resistencia antineoliberal no tiene que asumir ningún plan de ajuste, sea impuesto por Bruselas o por Madrid. Y si desde el gobierno de la Junta hay que tener lealtad institucional sin ofrecer resistencia, entonces ese no es el lugar natural de IU y tendría que abandonar el pacto de gobierno. Cada día que pase en esa esquizofrénica situación, irá a peor para la formación. En unos meses, en cuanto las encuestas le sean favorables, el PSOE adelantará las elecciones e IULV-CA no podrá presentarse de nuevo ante los andaluces/as con un programa de nítido enfrentamiento a la política neoliberal.

Aún no es tarde si se produce el cambio de orientación que tanto demandan sus propias bases: IULV-CA tiene que estar impulsando y ampliando la resistencia del pueblo andaluz, practicando la insumisión en las instituciones y movilizando en la calle y los centros de trabajo. Hay signos de que la dirección podría reconsiderar la situación. Esperamos que, por el bien del pueblo andaluz, porque lo necesita, IULV-CA sea la fuerza política que contribuya a la construcción de otro modelo de sociedad. 

Los gobiernos se empeñan en eludir la responsabilidad de de los grandes capitalistas y el sector financiero de la economía culpando al gasto público. Estas erráticas políticas de austeridad, profundizadas por el Gobierno de Rajoy, nos hundirán aún más en la recesión.

  

Los gobiernos utilizan a los trabajadores/as de las administraciones públicas, desempleado/as, dependientes y pensionistas como coartada para eludir las responsabilidades adquiridas por el sector financiero de la economía y de los grandes capitalistas que, en los años de crecimiento económico y de la burbuja inmobiliaria, incrementaron sus fortunas notablemente Repiten machaconamente que el Estado no tiene dinero para sostener el gasto y que el cumplimiento de los objetivos del déficit les impide endeudarse.  O sea, en primer lugar, culpan a los objetivos del déficit que ellos mismo han negociado y fijado con las instituciones de la UE, objetivos que podrían no haber establecido desarrollando en su lugar políticas económicas orientadas al crecimiento económico que, a su vez, permitieran aumentar la recaudación impositiva, equilibrando por esa vía las cuentas del Estado.

En segundo lugar, se culpa al Estado del bienestar, a los servicios públicos, de un gasto insostenible. Lo dicen argumentando que su excesivo peso se incrementó alegremente en el pasado y, hoy, no se disponen de los recursos para su mantenimiento. Tampoco es verdad, porque el desarrollo del Estado de bienestar en nuestro país es muy inferior, en términos de PIB por habitante, a la media de la UE-15. Por tanto, no está sobredimensionado, antes al contrario, aún habría que extenderlo bastante más para alcanzar las cotas de los países más avanzados, como es el caso de los países nórdicos. Pero además se olvida que en los años de crecimiento económico, los sectores más pudientes de la población aumentaron espectacularmente sus ganancias; especialmente los muy ricos. El sector financiero de la economía, la banca, los fondos de inversión, las promotoras inmobiliarias y grandes constructoras se enriquecieron especulando con el ladrillo. Los profesionales de la política (del PP, PSOE, CiU y PNV principalmente) y de los negocios, se intercambiaron papeles en un continuo trasvase desde la política a la banca y a las empresas del sector energético, y a la inversa, con sueldos de escándalo. Si alguien vivió por encima del crecimiento real de la economía fueron las personas que se enriquecieron brutalmente y las pertenecientes a ese entramado político y financiero. Por tanto, si las cuentas no cuadran porque los ingresos son insuficientes, es a ese sector al que hay que pedirle responsabilidades, exigirles el esfuerzo impositivo para mantener el gasto público.

En tercer lugar, nos anuncia el Gobierno un recorte de 65.000 millones de euros, que más los 30.000 anteriores, se acercan a la cuantía de los fondos solicitados para el rescate a la banca. Eso es exactamente lo que la troika ha impuesto como condición para otorgar el dinero del rescate: que esa cantidad se reduzca del gasto público. ¿Por qué? Porque además de liberar paulatinamente lo que hasta ahora era espacio público para que la iniciativa privada pueda introducirse (ampliando sectores para hacer negocio, como la sanidad, educación, dependencia…), gracias a esos recortes, el Estado podrá cumplir con los compromisos de pago de intereses de la deuda, de la anterior y de la ahora comprometida con el rescate a la banca. Pero, además, no se olvide, el organismo que finalmente se responsabilizará del dinero prestado a la banca, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), se nutre de aportaciones de diferentes países. El Estado español tendrá que avalar a este fondo la cantidad de 83.325,9 millones. Esto quiere decir que, finalmente, lo que la banca necesita, saldrá de la reducción de los salarios públicos, desempleados/as, dependientes, pensionistas, usuario/as de los servicios públicos y ciudadanía en general por la subida del IVA.

Se quedaron atrás otras medidas: se procedió a la amnistía fiscal, de manera que los evasores fiscales han podido blanquear el dinero, en bastantes casos obtenido por negocios ilícitos, sin pagar a Hacienda como el resto de los mortales. Pero aún más, sigue defraudándose una cifra de alrededor de 60.000 millones de euros al año. El sindicato de subinspectores de Hacienda elaboró un plan según el cual podría aflorar ese dinero con resultados desde este mismo año (Véase cuadro de arriba). Pero la intencionalidad del Gobierno no parece ser la de que el Estado sea mantenido con los impuestos de todas la personas con ingresos. El mensaje implícito es el  de defrauda, que luego llega la amnistía fiscal. ¿Quiénes se encontrarán entre los que defraudan, entre los que se llevan el dinero a los paraísos fiscales. Seguro que no las personas que viven de su salario.

Los resultados de estas erráticas políticas de austeridad, iniciadas por Zapatero y continuadas empecinadamente por el Gobierno de Rajoy nos hundirán aún más en la crisis. Porque reduciendo la capacidad adquisitiva de las familias por el aumento del IVA, por la reducción salarial de trabajadore/as que cobran del Estado, pensionistas y parados, el consumo caerá drásticamente. Y sin consumo no hay producción. Los ingresos del Estado disminuirán en consecuencia. ¿Y entonces? Vuelta a empezar… y la recesión cada vez será más profunda.

Otras políticas podrían aplicarse si la voluntad de quienes ocupan el poder político fuese otra, si no actuaran en función de los intereses inmediatos de la oligarquía financiera, de las instituciones que, a su servicio, dirigen los destinos europeos.

Para los interesados, cuelgo el enlace del libro “Hay alternativas” de los profesores A. Garzón, J. Torres y V. Navarro.

http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2011/10/hayalternativas.pdf

Un ejercicio de democracia directa sería que el pueblo andaluz decidiera en referéndum si acepta el plan de ajuste. IULV-CA tendría que consultar a sus bases, además, sobre la idoneidad de continuar con el pacto de gobierno.

El movimiento 15-M surgió desde la sociedad civil, fundamentalmente, por la indignación que produce el que las grandes decisiones políticas se tomen siguiendo los designios de fuerzas ajenas a la democracia. Entre ellas se encuentran los mercados financieros y la troika (CE, BCE, FMI). Pero desde las primeras protestas, la degradación de la calidad de la democracia ha ido en aumento.  A la reforma de la Constitución le han seguido la firma de acuerdos como el MEDE o la petición del rescate financiero que, entre otros aspectos, deja que importantes decisiones en materia de política económica sean tomadas por poderes financieros sin legitimidad democrática. Esa cesión de soberanía del Estado español hacia instituciones europeas aumenta, aun más, el alejamiento de la población respecto a los representantes políticos que lo han permitido. Por ello, junto a la exigencia de no ser tratados como mercancías, la demanda de la calidad de la democracia sigue estando presente en la mayoría de la población.

Los gobiernos están tomando decisiones que, según ellos, les vienen impuestas. En el caso del Gobierno central, por Bruselas; el Gobierno andaluz, porque le obliga el Gobierno central. Y a todos, los mercados financieros. ¿Y cuándo se le pregunta al pueblo acerca de lo que quiere? Se aplican políticas de austeridad que afectan a las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población, se reduce el gasto público disminuyendo la calidad de los servicios público a la par que se inyectan fuertes sumas de dinero a la banca, y ningún representante político plantea qué opina el pueblo que lo eligió y al que dice representar.

En Andalucía se abrió un camino de esperanza con el ascenso de IULV-CA y su conversión en fuerza determinante para el ejercicio de gobierno. En su programa contemplaba la introducción de diversas medidas conducentes a la mejora de la calidad de la democracia. Evidentemente, al no ser fuerza mayoritaria, no se le puede exigir que todas y cada una de ellas se implanten en los primeros cien días de gobierno. Pero cuando las medidas que se toman son del calado como el plan de ajuste aprobado por el Gobierno andaluz, la consulta al pueblo  tiene que hacerse. Una fuerza política que presuma de integridad moral, de coherencia y honestidad, debe promover un referéndum para que sean los andaluces y andaluzas quienes decidan si aceptan ese plan de ajuste, los recortes a sus condiciones de trabajo y la calidad de los servicios públicos.

No esperamos gran cosa del resto de las fuerzas políticas, pero sí de IULV-CA. El ejercicio de democracia deliberativa y directa, como ha venido defendiendo el movimiento 15-M y que IULV-CA tiene asumido, tiene que convertirse en práctica habitual; empezando por las propias decisiones internas. Las bases tendría que contar con canales permanentes de participación y decisión. Hoy en día, las sedes de la organización y la extensión de internet, pueden facilitar enormemente la participación de las bases. La democracia digital, por tanto, puede empezar a ejercitarse en el seno de la organización; sin que tampoco tenga por qué ir en detrimento de la estructura organizativa, que sigue siendo necesaria. Pero lo cierto es que aquellas decisiones políticas que afectan a toda la ciudadanía en aspectos básicos, no deben quedar en manos de poderes extraños a la democracia y ser asumidas, exclusivamente, por un puñado de representantes. Por ello, pienso que IULV-CA tiene la obligación moral de plantear, con carácter inmediato, una consulta en la que las bases decidan sobre el plan de ajuste y sobre la conveniencia de seguir con el pacto de gobierno. Asimismo, siendo consecuente con los principios defendidos y asumidos programáticamente, debe promover que el pueblo andaluz sea consultado, mediante referéndum, acerca del plan de ajuste. Ambas consultas, ante las bases y ante el pueblo, marcarían el camino para avanzar en la calidad de nuestra democracia, para construir   una fuerza política con la que aspirar a otro modelo de sociedad.