El movimiento 15-M surgió desde
la sociedad civil, fundamentalmente, por la indignación que produce el que las
grandes decisiones políticas se tomen siguiendo los designios de fuerzas ajenas
a la democracia. Entre ellas se encuentran los mercados financieros y la troika
(CE, BCE, FMI). Pero desde las primeras protestas, la degradación de la calidad
de la democracia ha ido en aumento. A la
reforma de la Constitución le han seguido la firma de acuerdos como el MEDE o
la petición del rescate financiero que, entre otros aspectos, deja que
importantes decisiones en materia de política económica sean tomadas por
poderes financieros sin legitimidad democrática. Esa cesión de soberanía del
Estado español hacia instituciones europeas aumenta, aun más, el alejamiento de
la población respecto a los representantes políticos que lo han permitido. Por
ello, junto a la exigencia de no ser tratados como mercancías, la demanda de la
calidad de la democracia sigue estando presente en la mayoría de la población.
Los gobiernos están tomando
decisiones que, según ellos, les vienen impuestas. En el caso del Gobierno
central, por Bruselas; el Gobierno andaluz, porque le obliga el Gobierno
central. Y a todos, los mercados financieros. ¿Y cuándo se le pregunta al
pueblo acerca de lo que quiere? Se aplican políticas de austeridad que afectan
a las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población, se reduce el
gasto público disminuyendo la calidad de los servicios público a la par que se
inyectan fuertes sumas de dinero a la banca, y ningún representante político
plantea qué opina el pueblo que lo eligió y al que dice representar.
En Andalucía se abrió un camino
de esperanza con el ascenso de IULV-CA y su conversión en fuerza determinante
para el ejercicio de gobierno. En su programa contemplaba la introducción de
diversas medidas conducentes a la mejora de la calidad de la democracia.
Evidentemente, al no ser fuerza mayoritaria, no se le puede exigir que todas y
cada una de ellas se implanten en los primeros cien días de gobierno. Pero
cuando las medidas que se toman son del calado como el plan de ajuste aprobado
por el Gobierno andaluz, la consulta al pueblo tiene que hacerse. Una fuerza política que
presuma de integridad moral, de coherencia y honestidad, debe promover un referéndum
para que sean los andaluces y andaluzas quienes decidan si aceptan ese plan de
ajuste, los recortes a sus condiciones de trabajo y la calidad de los servicios
públicos.
No esperamos gran cosa del resto
de las fuerzas políticas, pero sí de IULV-CA. El ejercicio de democracia
deliberativa y directa, como ha venido defendiendo el movimiento 15-M y que
IULV-CA tiene asumido, tiene que convertirse en práctica habitual; empezando
por las propias decisiones internas. Las bases tendría que contar con canales
permanentes de participación y decisión. Hoy en día, las sedes de la organización
y la extensión de internet, pueden facilitar enormemente la participación de
las bases. La democracia digital, por tanto, puede empezar a ejercitarse en el
seno de la organización; sin que tampoco tenga por qué ir en detrimento de la
estructura organizativa, que sigue siendo necesaria. Pero lo cierto es que
aquellas decisiones políticas que afectan a toda la ciudadanía en aspectos
básicos, no deben quedar en manos de poderes extraños a la democracia y ser
asumidas, exclusivamente, por un puñado de representantes. Por ello, pienso que
IULV-CA tiene la obligación moral de plantear, con carácter inmediato, una
consulta en la que las bases decidan sobre el plan de ajuste y sobre la
conveniencia de seguir con el pacto de gobierno. Asimismo, siendo consecuente
con los principios defendidos y asumidos programáticamente, debe promover que
el pueblo andaluz sea consultado, mediante referéndum, acerca del plan de
ajuste. Ambas consultas, ante las bases y ante el pueblo, marcarían el camino para avanzar en la calidad de nuestra
democracia, para construir una fuerza política con la que aspirar
a otro modelo de sociedad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario