Los gobiernos utilizan a los
trabajadores/as de las administraciones públicas, desempleado/as, dependientes y
pensionistas como coartada para eludir las responsabilidades adquiridas por el
sector financiero de la economía y de los grandes capitalistas que, en los años
de crecimiento económico y de la burbuja inmobiliaria, incrementaron sus
fortunas notablemente Repiten machaconamente que el Estado no tiene dinero para
sostener el gasto y que el cumplimiento de los objetivos del déficit les impide
endeudarse. O sea, en primer lugar, culpan a
los objetivos del déficit que ellos mismo han negociado y fijado con las instituciones
de la UE, objetivos que podrían no haber
establecido desarrollando en su lugar políticas económicas orientadas al
crecimiento económico que, a su vez, permitieran aumentar la recaudación
impositiva, equilibrando por esa vía las cuentas del Estado.
En segundo lugar, se culpa al
Estado del bienestar, a los servicios públicos, de un gasto insostenible. Lo
dicen argumentando que su excesivo peso se incrementó alegremente en el pasado
y, hoy, no se disponen de los recursos para su mantenimiento. Tampoco es verdad,
porque el desarrollo del Estado de bienestar en nuestro país es muy inferior,
en términos de PIB por habitante, a la media de la UE-15. Por tanto, no está
sobredimensionado, antes al contrario, aún habría que extenderlo bastante más
para alcanzar las cotas de los países más avanzados, como es el caso de los
países nórdicos. Pero además se olvida que en los años de crecimiento
económico, los sectores más pudientes de la población aumentaron espectacularmente
sus ganancias; especialmente los muy ricos. El sector financiero de la
economía, la banca, los fondos de inversión, las promotoras inmobiliarias y
grandes constructoras se enriquecieron especulando con el ladrillo. Los
profesionales de la política (del PP, PSOE, CiU y PNV principalmente) y de los
negocios, se intercambiaron papeles en un continuo trasvase desde la política a
la banca y a las empresas del sector energético, y a la inversa, con sueldos de
escándalo. Si alguien vivió por encima del crecimiento real de la economía fueron
las personas que se enriquecieron brutalmente y las pertenecientes a ese entramado
político y financiero. Por tanto, si las cuentas no cuadran porque los ingresos
son insuficientes, es a ese sector al que hay que pedirle responsabilidades,
exigirles el esfuerzo impositivo para mantener el gasto público.
En tercer lugar, nos anuncia el
Gobierno un recorte de 65.000 millones de euros, que más los 30.000 anteriores, se acercan a la cuantía de los fondos solicitados para el rescate a la banca. Eso
es exactamente lo que la troika ha impuesto como condición para otorgar el
dinero del rescate: que esa cantidad se reduzca del gasto público. ¿Por qué?
Porque además de liberar paulatinamente lo que hasta ahora era espacio público
para que la iniciativa privada pueda introducirse (ampliando sectores para
hacer negocio, como la sanidad, educación, dependencia…), gracias a esos
recortes, el Estado podrá cumplir con los compromisos de pago de intereses de
la deuda, de la anterior y de la ahora comprometida con el rescate a la banca.
Pero, además, no se olvide, el organismo que finalmente se responsabilizará del
dinero prestado a la banca, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), se
nutre de aportaciones de diferentes países. El Estado español tendrá que avalar a este fondo la cantidad de 83.325,9 millones. Esto quiere decir que, finalmente, lo que la banca necesita, saldrá
de la reducción de los salarios públicos, desempleados/as, dependientes,
pensionistas, usuario/as de los servicios públicos y ciudadanía en general por
la subida del IVA.
Se quedaron atrás otras medidas:
se procedió a la amnistía fiscal, de manera que los evasores fiscales han
podido blanquear el dinero, en bastantes casos obtenido por negocios ilícitos,
sin pagar a Hacienda como el resto de los mortales. Pero aún más, sigue
defraudándose una cifra de alrededor de 60.000 millones de euros al año. El sindicato
de subinspectores de Hacienda elaboró un plan según el cual podría aflorar ese
dinero con resultados desde este mismo año (Véase cuadro de arriba). Pero la intencionalidad del
Gobierno no parece ser la de que el Estado sea mantenido con los impuestos de
todas la personas con ingresos. El mensaje implícito es el de defrauda, que luego
llega la amnistía fiscal. ¿Quiénes se encontrarán entre los que defraudan,
entre los que se llevan el dinero a los paraísos fiscales. Seguro que no las
personas que viven de su salario.
Los resultados de estas erráticas
políticas de austeridad, iniciadas por Zapatero y continuadas empecinadamente
por el Gobierno de Rajoy nos hundirán aún más en la crisis. Porque reduciendo
la capacidad adquisitiva de las familias por el aumento del IVA, por la
reducción salarial de trabajadore/as que cobran del Estado, pensionistas y
parados, el consumo caerá drásticamente. Y sin consumo no hay producción. Los
ingresos del Estado disminuirán en consecuencia. ¿Y entonces? Vuelta a empezar…
y la recesión cada vez será más profunda.
Otras políticas podrían aplicarse
si la voluntad de quienes ocupan el poder político fuese otra, si no actuaran
en función de los intereses inmediatos de la oligarquía financiera, de las
instituciones que, a su servicio, dirigen los destinos europeos.
Para los interesados, cuelgo el
enlace del libro “Hay alternativas” de los profesores A. Garzón, J. Torres y V.
Navarro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario