Las clases trabajadoras necesitan una coalición de fuerzas de resistencia antineoliberal. En Andalucía tiene que producirse la clarificación de las fuerzas políticas que pueden conformar la coalición.

El Gobierno central está decidido a aplicar las medidas de política neoliberal que Bruselas impone al dictado de los mercados financieros. Por ello viene asumiendo las instrucciones que recibe de la troika para facilitar el acceso a los fondos de rescate y cumplir con los objetivos del déficit señalados. Estas medidas, en síntesis, consisten en la reducción del Estado del bienestar; es decir, la disminución del peso de los servicios públicos y su progresiva privatización, la liberalización del mercado laboral y el aumento de la imposición indirecta (subidas del IVA) que grava el consumo de la población. Los mercados, los bancos alemanes y franceses, los fondos que operan a través de ellos, y también los bancos españoles, exigen estas medidas para garantizarse el retorno de sus beneficios y capitales resultado de las inversiones financieras durante la burbuja inmobiliaria y en la especulación con la deuda. Además, aprovechando la sumisión y complicidad del Gobierno imponen una vieja aspiración de las élites económicas: la introducción de medidas económicas y políticas tendentes a la reducción del valor de la fuerza de trabajo que mantenga en el tiempo la tasa de plusvalor, los beneficios, a pesar de la disminución de la actividad económica.

El argumento falazmente utilizado es “que no hay dinero en las arcas públicas”, ocultando el hecho de que el fraude fiscal de los grandes capitalistas es suficiente para equilibrar las cuentas sin recurrir a los recortes del gasto  (para ello sólo tienen que aplicar el plan propuesto por el sindicato de subinspectores de hacienda, comentado en la entrada del día 11-7). También se niegan a aumentar los ingresos con una recaudación directa y progresiva sobre los rendimientos del capital, las grandes fortunas y las rentas elevadas. O lo que debería hacerse por imperativo moral: negarse al pago de la deuda ilegítima, o dejar caer las cajas y bancos a los que se inyecta dinero público. ¿Por qué no lo hacen? Porque entonces actuarían contra los intereses de los sectores pudientes de la población, sectores a los que pertenecen y a los que representan. Ese, y no otro, es el motivo de la amnistía fiscal que premia a los evasores fiscales y refuerza el fraude. Pero también podrían los gobernantes aumentar la recaudación con políticas de estímulo al crecimiento y, no se olvide, la deuda del Estado está aún en mejores condiciones que en la mayoría de los países europeos.

A las oleadas de recortes, desde los aplicados por el Gobierno del PSOE y los dos sucesivos del Gobierno del PP, nuevas exigencias llegan desde las instituciones financieras y empresariales: se piden recortes millonarios en las pensiones, y el Círculo de Empresarios plantea la privatización de la sanidad y la educación; unos apetitosos sectores con los que hacer nuevos negocios, de enriquecerse a costa de la salud y la formación de las clases populares. En definitiva, son las clases trabajadoras las que están pagando con sus salarios (directo y diferido, a través de los servicios públicos) e impuestos al sector financiero de la economía la crisis de crecimiento que ellos ocasionaron al acaparar el valor de la riqueza generada y, también como producto de la especulación de un reducido sector de población constituido por la oligarquía financiera.

Pero esta apuesta por el empobrecimiento generalizado para que las élites puedan continuar acumulando riqueza, tiene un punto débil para la economía en su conjunto y para sus propósitos: la economía no puede crecer porque no hay demanda por la caída progresiva del consumo de las clases trabajadoras, tanto por la disminución salarial como por el aumento del paro y el empleo precario. Sin crecimiento, los beneficios empresariales y financieros no podrán mantenerse exclusivamente con la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ya que esta tiene un límite: el que supone la resistencia a reducir el nivel de lo que se consideran las necesidades básicas socialmente establecidas. Y esta barrera se ha tocado.

Lo que puede esperarse desde el momento que se alcanza el límite de las necesidades humanas, es la indignación y la protesta generalizada. Y las fuerzas políticas que se sitúen al lado del sufrimiento de los pueblos, contra las políticas neoliberales, tendrán que ofrecer alternativas de resistencia y de gobierno. Tiene que constituirse una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales donde IU tendría que asumir el papel dinamizador. Pero antes es necesario que clarifique su relación con otras fuerzas que están fuera de la resistencia antineoliberal; es decir, su vacilante atadura con el PSOE. Tiene que hacerlo en Andalucía y sus dirigentes andaluces y estatales asumir el error de haber prestado apoyo al gobierno del PSOE en la Junta.

IULV-CA se ha visto arrastrada en la aplicación de políticas de ajuste desde el Gobierno de la Junta. Con justificaciones inverosímiles sobre imperativos legales, ha facilitado la introducción de los recortes entre la población trabajadora andaluza. Pero tras el último recorte del Gobierno, sostiene IULV-CA que ya no son necesarias esas medidas de la Junta, planteando una parcial marcha atrás. ¿Desapareció el imperativo legal? ¿Es que la eliminación de la paga extraordinaria de los empleados/as públicos va a computar entre los 2.500 millones que la Junta tenía que recortar? Esas dudas aún no han sido despejadas. En cualquier caso, la resistencia antineoliberal no tiene que asumir ningún plan de ajuste, sea impuesto por Bruselas o por Madrid. Y si desde el gobierno de la Junta hay que tener lealtad institucional sin ofrecer resistencia, entonces ese no es el lugar natural de IU y tendría que abandonar el pacto de gobierno. Cada día que pase en esa esquizofrénica situación, irá a peor para la formación. En unos meses, en cuanto las encuestas le sean favorables, el PSOE adelantará las elecciones e IULV-CA no podrá presentarse de nuevo ante los andaluces/as con un programa de nítido enfrentamiento a la política neoliberal.

Aún no es tarde si se produce el cambio de orientación que tanto demandan sus propias bases: IULV-CA tiene que estar impulsando y ampliando la resistencia del pueblo andaluz, practicando la insumisión en las instituciones y movilizando en la calle y los centros de trabajo. Hay signos de que la dirección podría reconsiderar la situación. Esperamos que, por el bien del pueblo andaluz, porque lo necesita, IULV-CA sea la fuerza política que contribuya a la construcción de otro modelo de sociedad.