“Cada vez que dicen patria, pienso en el pueblo y me pongo a temblar...” (Carlos Cano).

Hace algunos años, cantaba Carlos Cano el inolvidable tango dedicado a las madres de la plaza de Mayo, aquel grupo de mujeres que se enfrentó a la dictadura argentina reclamando saber qué había pasado con sus hijo/as desaparecidos durante esos años de terror. En nombre de la patria, los militares dieron un golpe de Estado, acabaron con las libertades, reprimieron, torturaron e hicieron desaparecer a miles de personas. La gestión económica del país fue encomendada a economistas neoliberales o monetaristas (los Chicago Boys, discípulos de M. Friedman) que privatizaron empresas del sector público y favorecieron el control de capital extranjero sobre amplios sectores de la economía nacional. Cinco años después, el país, se encontraba en una profunda crisis económico-financiera y social. Esa era política que se hacía en nombre de la patria, esa patria que decían orgullosamente defender.

Por nuestras cercanas tierras no es que suceda algo parecido. No hay una dictadura militar, ni un régimen de terror como el impuesto en Argentina. Pero sí hay aspectos que nos son comunes. Hay patrioteros a los que se les llena la boca de España, himno y bandera. Y también se encuentran en el poder. Acusan, por ejemplo, a aquél que proteste contra el himno, de no ser “español bien nacido” (Morenés, ministro de Defensa) o incluso proponen que no se juegue un partido de fútbol, la final de copa, porque era previsible que se produjeran silbidos cuando sonara el himno (Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid).

Sin embargo, estos mismos políticos, tan preocupados por los símbolos nacional-españoles, no han objetado el más mínimo reparo a la entrega del poder decisorio del Estado en cuestiones económicas a las instituciones europeas. La troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) está tomando las decisiones en la intervención de facto que pesa sobre el país. Son estas instituciones las que deciden qué hacer en materia económica y, pronto, sus inspectores supervisarán que las políticas se ajusten a esos dictados. Los pueblos del Estado, por tanto, quedarán a merced de unas instituciones que representan los intereses del capital financiero, del sector de la oligarquía que tienen en la presidenta alemana, A. Merkel, su mejor valedora.

El pregonado patrioterismo de estos dirigentes políticos no es obstáculo para preservar sus intereses político-financieros aunque sea al precio de hundir aún más la difícil situación financiera del país. Se hicieron fuertes en el grupo bancario Bankia (amigos y familiares, correligionarios todos -¿cómo van a aceptar una comisión de investigación?-), se enriquecieron y especularon con los recursos del grupo hasta dejarlo con un agujero de 24.000 millones de euros, en lo que es la mayor quiebra financiera de la historia de este país. Las consecuencias se han disparado: la prima de riesgo por encima de los 540 puntos y se multiplica exponencialmente la carga de la deuda. ¿Quién va a pagar este desaguisado? Pues desde las instituciones europeas ya han dado las órdenes al Gobierno. Como la privatización de empresas (AENA, RENFE, Loterías...) no les pareció suficiente, si ahora se aspira a una relajación del déficit o alguna fórmula para inyectar dinero a Bankia, el Gobierno tendrá que subir el IVA y proseguir en la reforma de las pensiones, adelantando la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años, recortes en su cuantía y en el seguro de paro. Otra vez el pueblo.

En unos días, mientras los inspectores de la troika supervisen las cuentas y vigilen el cumplimiento de las órdenes, nuestros patrioteros políticos presidirán los encuentros de fútbol de la Eurocopa; sonará el himno y las banderas se agitarán al grito de España. Pensaré en el pueblo… y me pondré a temblar.

Carta abierta de un indignado andaluz a Mikis Theodorakis.

Estimado y admirado Theodorakis:

Hace unas semanas leí emocionado el artículo que firmaban Manolis Glezos y usted. En él hacían un llamamiento a la resistencia de los pueblos europeos frente al poder dictatorial del capital financiero.  Para mí, este artículo, tenía una especial importancia por varios motivos. En primer lugar, por la procedencia del llamamiento: nada menos que desde la cuna de nuestra cultura y de nuestra cultura política, desde donde surgió la democracia como forma de vida. Democráticos se definen nuestros sistemas políticos; pero, hoy, las democracias en Europa no dejan de ser más que mecanismos de representación, en los que se decide quién va a gestionar los intereses de la oligarquía financiera, el auténtico poder que hasta ahora actuaba en la sombra o a través de los miles de lobbys instalados en Bruselas pero que, en la actualidad, sin pudor, opera públicamente  imponiendo criterios y nombrando los tecnócratas que directamente dirigen las políticas gubernamentales en una obscena transferencia entre bancos, gobiernos y compañías del sector energético. Incluso las reuniones del selecto club de Bildelberg han dejado, en la práctica, de ser secretas. A veces eufemísticamente llamamos mercados financieros a los intereses de ese pequeño sector de la población que ostenta el poder financiero, lo que el movimiento Occupy Wall Street  denomina el 1%. La realidad nos muestra que la degradación de la democracia ha devenido en una plutocracia. Por eso, uno de los movimientos sociales emergentes, el movimiento 15-M y el de la indignación mundial, ha colocado en el centro de sus exigencias el logro de una democracia participativa, una democracia deliberativa y directa que entronca con la democracia ateniense de la Grecia clásica. Aquellos principios como isonomía (igualdad ante la ley), isegoría (igualdad en el uso de la palabra) y koinonía (comunidad de cooperación para alcanzar el bien público), que regían la participación y organizaban la democracia en las polis y que tuvieron cierta continuidad en la tradición republicana, son fuente de inspiración en el modelo de democracia que el movimiento reclama.

Me alegró también, en segundo lugar, porque el pueblo griego nos esté dando un ejemplo de resistencia frente a los poderes de la troika (UE, BCE, FMI) y a unos partidos (ND y PASOK) que se plegaron a sus políticas. Con el dinero de los continuos rescates y la condición de cumplir con el Memorándum de Entendimiento, se garantizaba el retorno de la deuda y sus intereses; pero al precio de tener que adoptar unos ajustes y unas medidas de austeridad que condenan al pueblo griego a un retroceso sin retorno. Hasta hace bien poco trataban de convencer de que esa era la única política posible, que negarse al pago de la deuda significaría la salida del euro y una situación aún peor con el masivo empobrecimiento de la población griega. A pesar de que la clase política europea y los medios de información y persuasión bombardeaban continuamente con el mismo discurso sobre esa futurible catástrofe, el pueblo ha dado una respuesta admirable. Una respuesta  continuada entre movilizaciones y también en las elecciones pasadas, donde los partidarios del memorándum sólo alcanzaron un tercio de los votos emitidos. A pesar de las presiones recibidas, Cyriza, KKE y DIMAR supieron continuar representando las aspiraciones mayoritarias del pueblo.

Habiendo hecho todo lo posible, incluso dar directrices al gobierno transitorio (A. Mrekel), para evitarlo,  los dirigentes europeos ven bastante probable que estas fuerzas que se oponen al memorándum puedan vencer en la próximas elecciones de junio. Y el discurso cambia de repente. Ya no se habla de lo que le pueda suceder al pueblo griego sino de lo que perdería Europa. Es otra forma de presión, o mejor, de chantaje, pretendiendo utilizar a la ciudadanía europea contra el pueblo griego. Está incluso cuantificado por países. Dicen que al Estado español le costaría 39.500 millones. Algo así como “si Grecia no paga su deuda, tendremos que pagarla nosotros”. De repente, hemos sabido que tenemos que asumir las deudas que adquiere el BCE, el Fondo Europeo de Estabilidad y la plataforma de pagos TAGERT2. Estos organismos y los bancos alemanes y franceses especulan con la deuda del Estado y los bancos griegos, y pretenden hacernos creer que otros tenemos que actuar de avales en esas operaciones. Esas y otras argucias  (hay que estar preparado para todo), que sólo intentan generar confusión, utilizarán para doblegar vuestra resistencia, para hacer que esa deuda ilegítimamente contraída por el Estado griego y alimentada por las instituciones financieras europeas para su propio beneficio hipoteque el futuro del pueblo griego.

Pero la señal que desde vuestras fuerzas políticas y movimientos sociales nos llega, no puede ser más esperanzadora: ni se realizarán devoluciones de deuda ilegítimamente contraída ni se mantendrán las políticas de austeridad. Ese es el camino para vuestra soberanía y que el futuro esté en vuestras manos. Vendrán tiempos difíciles, pero igual que Argentina pudo sobreponerse (aunque no sean exactamente las mismas situaciones), también podréis conseguirlo. Será también el momento en que la banca griega sea una banca pública al servicio del pueblo. No podemos saber cuándo se iniciará la senda del “crecimiento”, término que no me gusta cómo está cuantificado por la economía academicista, pero sin duda, otra política económica y sostenible será posible con la participación directa de la ciudadanía, iniciando el fin de las políticas de desigualdad que están en el origen de esta crisis sistémica.

Grecia puede ser el espejo de los pueblos europeos y, especialmente, de los pueblos mediterráneos. Y este es el último motivo por el que me producía dicha emoción su artículo. En nuestras castigadas tierras andaluzas sufrimos la crisis sobre unos anteriores déficits estructurales que nos sitúa en condiciones de paro y pobreza miserables y a la cola de Europa. También hemos intentado resistir y en esa senda estamos. Pero las fuerzas políticas depositarias de nuestras aspiraciones no han sabido -o querido- salir del argumento falaz que el pueblo griego habéis roto. Los dirigentes europeos sostienen que las políticas neoliberales y de contención del déficit reduciendo el gasto público son las únicas políticas razonables para salir de la crisis. De lo contrario, auguran un panorama peor, con el desmantelamiento de la propia Unión Monetaria. Los Gobiernos centrales de nuestro país, el actual y el anterior, aplican las políticas de ajuste reduciendo los servicios públicos y las conquistas que han dado lugar al Estado de bienestar (sanidad, educación, pensiones, dependencia, derechos laborales, etc.). Si no se llevan a cabo, amenazan con el rescate por las instituciones europeas, que sería aún peor. El Gobierno autónomo de nuestra comunidad andaluza acaba de aprobar la mayor reducción salarial de los empleados/as públicos en los años que llevamos de democracia, además de otras medidas que atentan a derechos conseguidos y a la calidad de los servicios públicos. Dicen que el recorte presupuestario les viene impuesto por el Gobierno central y que si no cumplen con él, serán intervenidas las cuentas de la comunidad y, entonces, los ajustes nos afectarán aún más negativamente. Como vemos, se repite siempre el mismo argumento. Habíamos pensado que la fuerza política que se oponía decididamente a las políticas neoliberales, Izquierda Unida, al igual que las fuerzas de izquierda en Grecia, contribuiría a la resistencia también desde las instituciones. Por ello, alcanzó un notable ascenso en las recientes elecciones andaluzas. Pero para nuestra sorpresa, llegó a un acuerdo con el PSOE y forma parte del Gobierno andaluz. El ejemplo que ofrecían DIRMA, KKE y Syriza negándose a pactar con el PASOK, por su apoyo a las políticas de austeridad impuestas por las instituciones europeas, no sirvió para que IU no se entregara a un gobierno con el partido que hasta ahora lo venía ejerciendo en el Estado y que asumía las políticas neoliberales, llegando al extremo de reformar la Constitución conjuntamente con el partido conservador, el PP, y a firmar el Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), así como adoptar las decisiones tomadas por la troika.

Como consecuencia, IU está embarcada en la aplicación de las políticas de ajuste, las mismas políticas que han fracasado en Grecia y que tampoco aquí nos conducirán a otro sitio que a degradar las condiciones materiales de vida, a aumentar el paro y la pobreza. Pero el electorado de IU y los movimientos sociales no van a abandonar la resistencia por esa traición. Todos los pueblos tienen la posibilidad de girar su rumbo. Depende de muchas variables, pero la constatación del fracaso de las políticas neoliberales, de la creciente desigualdad y la pérdida de calidad de nuestras democracias, del imposible modelo de crecimiento, tienen tanta evidencia que es difícil abstraerse de ello. En consecuencia, el movimiento de la indignación y fuerzas políticas que en diferente países surgen con más o menos fuerza, ofrecen claras señales de esperanza. Andalucía no olvida al pueblo griego en su horizonte intelectual. Ambos pueblos tenemos el Mediterráneo como espacio compartido y la historia y cultura griega han dejado su huella, no sólo en momentos singularmente brillantes, como el período de intercambio entre los pueblos griegos y Tartessos, o con la introducción del aristotelismo en Occidente a través de la obra del cordobés Averroes en la época de mayor esplendor andalusí. También, como Blas Infante, andalucista libertario, afirmaba “el espíritu de Grecia es el genio andaluz”. En el fondo del genio andaluz, Blas Infante descubre el orgullo de vivir, ese ser un pueblo amante de la vida, hermosamente pagano, es la “herencia de griegos y de ancestrales de griegos; y, sobre todo, don permanente de su cielo y de su luz”, el mismo de la “cuna de la Civilización y patria del Arte”. Voluntad de vivir que “aún en circunstancias difíciles afirma la gloria de la vida, que quiere poner, en la vida, con la Belleza y el Poder, la alegría de una gloria”. Y si el pueblo griego estáis admirablemente siendo el referente para superar el capitalismo a pesar de las poderosas fuerzas a las que tiene que enfrentarse,  si en esas circunstancias difíciles,  ese orgullo de vivir de la que hablaba Blas Infante ayuda a superarlas, ese mismo espíritu nos empujará desde Andalucía. Los decepcionantes imprevistos, la actitud de IU, no serán un obstáculo permanente. Provocará cierta dilación, pero estamos persuadidos que la dirección podrá reconducirse. Porque ese es un deseo de las bases que apostaron por esa fuerza política.

Asumiremos esa propuesta de avanzar en la unidad de los pueblos en ese frente de resistencia al neoliberalismo para liberar a los pueblos de Europa del rapto que ahora sufrimos en manos de los poderes financieros.

Espero no haber sido demasiado insidioso y/o reiterativo. Yo, ahora, disfruto con esa muestra del espíritu griego, acompañando a Neruda, que es el “Canto General”. Reciba un cordial saludo.

El Gobierno del PSOE-IU reduce los salarios del funcionariado andaluz, como hacen los buenos gestores de las políticas neoliberales impuestas por los mercados, la troika y el Gobierno central.

Sabíamos que el Gobierno central imponía a la comunidad autónoma andaluza un recorte de 2.500 millones de euros en el presupuesto, con el objetivo de que la Junta cumpliera con el déficit del 1,5 % del PIB. El Gobierno de la Junta ya había anunciado que estaba dispuesto a acatar dicho recorte, toda vez que este se establece en continuidad con las políticas de ajuste iniciadas por el Gobierno anterior, profundizadas ahora por el actual Gobierno del PP, cumpliendo con las exigencias provenientes de las instituciones europeas. Quedaba por saber cuál sería la posición del socio de Gobierno del PSOE en Andalucía y si ello podía suponer una posición de resistencia y la búsqueda de otras alternativas que no dañaran el gasto público. Pero el vicepresidente del Gobierno de la Junta y coordinador de IU en Andalucía, D. Valderas, ya se encargó de anunciar que aceptarían los recortes que pedía el Gobierno central por imperativo legal. Entonces se desmoronó cualquier creencia en una estrategia de resistencia frente al Gobierno sustentado por el PP.

Estaba clara que la apuesta de IU iba ser la de meros gestores, y no dudamos de su voluntad por ser eficientes y honrados, de decisiones que se tomaban en otros ámbitos, central y europeo. Pero albergábamos la esperanza de que esos recortes, al menos, se aplicaran como corresponde a una sensibilidad de izquierdas más preocupada por los sectores desfavorecidos de la población. Pues está claro que no. Ha sucedido que se han efectuado con los mismos criterios que aplican los gobiernos del PP: el grueso del recorte recae sobre el salario y las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas del sector público. En concreto se baraja una reducción salarial de hasta el 6 % y de las pagas extraordinarias de entre el 30 y el 40 %. Además se amplía jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Al profesorado se le amplía la jornada en dos horas lectivas más. Como esta ampliación supondrá menos personal interino, para “evitar los despidos” -se dice-, a este se le reduce la jornada laboral y el sueldo en un 15 %. Y no olvidemos que estos recortes salariales se efectúan sobre un sector que ha sufrido años de congelación salarial y un recorte de hasta el 7 % introducido por el Gobierno presidido por Zapatero.

Se han anunciado además otras medidas de recorte de gasto. Entre ellas en inversión pública, que quedará congelada, por lo que entonces entendemos que el PSOE entregara a IU la consejería de Obras Públicas: total, sin Ordenación del Territorio y sin dinero para nueva inversión, sólo servirá para colocar algunos carguillos. Reducciones menores (habrá que dar ejemplo) también se producirán en otros gastos de altos cargos y consejeros. Su sueldo bajará un 5 % y contarán con menos coches para sus desplazamientos. Sobre el sueldo de los parlamentarios/as no hay ninguna propuesta y se deja expensas de los que decida el parlamento.

Por el lado de los ingresos, también se anuncian algunas medidas como los exiguos 25 millones de euros que esperan obtener de la subida de tramo autonómico del IRPF o 9 millones por aumento de la tarifa del patrimonio. Además prevén subidas de otras tasas sobre carburantes, actos jurídicos o máquinas de juego.

Hasta aquí parece que llega lo que se supone que iba a ser un gobierno que mostraría que otra política es posible, o lo que algunos ingenuamente esperaban: que fuese de resistencia al neoliberalismo marcando una senda que iniciara el despertar de los pueblos de Europa. La realidad nos señala otra cosa bien diferente: que la resistencia, hoy, no se encuentra en las instituciones.  

A dios rogando y con el mazo dando: el incomprensible papel de Izquierda Unida en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Constituido el Gobierno de la Junta de Andalucía, con nueve carteras el PSOE y tres IU, lo primero que llama la atención es lo escasamente relevante de las consejerías que IU tendrá que administrar. En concreto, Administración Local y Relaciones Institucionales la ostentará Diego Valderas a la vez que ejerce como vicepresidente primero; Fomento y Obras Públicas será responsabilidad de Elena Cortés y, por último, Turismo y Comercio  tendrá por consejero a Rafael Rodríguez. El peso de las tres queda muy lejos de las áreas desde donde se puede influir en la política andaluza, como es el caso de Economía, Hacienda y Administración Pública, Sanidad, Educación o Medio Ambiente. Esta última, además, tendrá las competencias de Ordenación del Territorio, que antes estaban en la misma consejería de Obras Públicas, con lo que ahora esta consejería, que esta se encuentra en manos de IU, quedará mermada de esta importante competencia.

Hace unos días criticábamos la inconcreción del acuerdo programático suscrito por ambas formaciones políticas así como la sumisión general del mismo a las políticas emprendidas  por el PSOE, tanto a nivel central como andaluz, en la legislatura pasada. Y no olvidemos que estas políticas, en gran parte, tenían su origen en la aceptación por parte del PSOE de los dictados procedentes de la troika (UE, BCE, FMI) siguiendo las exigencias de los mercados financieros. Frente a todo ello, ¿qué políticas alternativas o de resistencia podría adoptar IU desde un gobierno dominado por el PSOE en Andalucía? Prácticamente ninguna. Ni el PSOE va  a permitir que se cuestionen las políticas que ha suscrito estos años atrás, ni la propia IU ha mostrado interés en ello. Además, IU ya ha señalado su disposición a aceptar “por imperativo legal” los objetivos del déficit.

Se podrá objetar  que la Junta de Andalucía no es competente para revertir las reducciones salariales entre los empleados públicos  o el retraso en la edad de jubilación, por poner algunos ejemplos, que en su día aprobó el Gobierno del PSOE con el ferviente apoyo del hoy presidente de la Junta. Pero no hay en el acuerdo firmado entre ambas fuerzas políticas (PSOE, IU) ninguna alusión crítica a dichas políticas, ni algún planteamiento para minimizar su impacto. Como tampoco, y esto es más grave, se  hace alguna referencia a la infame reforma de la Constitución o a la firma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que en la práctica supone dejar en manos de este organismo intergubernamental creado al efecto decisiones hasta ahora competencia del Estado. Se puede decir que el Estado, y las comunidades autónomas como parte de él, queda atrapado en su deuda (gestionada por el MEDE) y gobernada desde el exterior, que la deuda tendrá y tiene prioridad de pago sobre cualquier otro gasto y que su única misión es servir a los intereses de la oligarquía financiera. El Gobierno andaluz, como el Gobierno central, tendrá que aplicar estas reglas y tratados. Y ello será a expensas de las reducciones en gasto social, pensiones y salarios. ¿Tiene algún sentido la colaboración de IU en la aplicación de estas políticas a las que firmemente se opuso en el pasado y que, hoy, aún mantiene en teoría? Con la aplicación de las reglas y tratados, sin revisión de las políticas aplicadas por el PSOE andaluz en las legislaturas pasadas y diluido en la mayoría que este partido representa en el Gobierno andaluz, la tan cacareada transversalidad quedará reducida a una gestión, quizá más honrada, pero gestión al fin y al cabo de las mismas políticas puestas en práctica hasta ahora y que responden al diseño neoliberal impuesto por la troika siguiendo los intereses de la oligarquía financiera.

También se ha argumentado que IU podría, dentro de los límites presupuestarios y del margen que sus socios de gobierno permitan, aplicar en las áreas de su responsabilidad políticas más acordes a la sensibilidad ecológica y social de la izquierda. Pero la realidad es que las áreas que van a gestionar y con las competencias que le han dejado, eso es una quimera.  Sorpresivamente han desaparecido de las consejerías de IU la gestión de puertos, la estación de esquí de Sierra Nevada, el urbanismo y las agencias públicas. La capacidad de intervención de IU no tendrá ninguna trascendencia social y ecológica, no supondrá ningún giro que responda a las aspiraciones de su electorado. Y todo ello, además, quedando diluida en el seno de un Gobierno que le impedirá aparecer como referente para una salida de la crisis diferente a la propuesta neoliberal. 

De las mentiras respecto al dinero de las pensiones, o de la excusa para el sector financiero de la economía.

Desde los años 80 del siglo pasado en los que el neoliberalismo como ideología dominante se extendió por Europa, irradiado desde la Gran Bretaña de M. Tatcher, es recurrente entre la clase política la advertencia de que el sistema público de pensiones se encuentra en situación insostenible. Y ello ha servido para que se realicen diferentes reformas tendentes a disminuir las cantidades que se perciben, bien porque se reduce la cuantía, bien porque se amplían los períodos para su cómputo. O como en esta última reforma, también, dando un salto atrás en tiempo, prolongando la edad de jubilación.

Pero tras el argumento de encontrarnos en un sistema descompensado, según el cual la relación entre personas trabajando y pensionistas paulatinamente se desplazaría a favor de estas últimas, lo que se ha interpretado como que, proporcionalmente, una menor cantidad de cotizantes y, por tanto, de dinero, tendría que pagar a una cada vez mayor parte de personas beneficiarias. Esta situación haría imposible el mantenimiento del sistema así configurado.

Aparte de las mediadas anteriormente expuestas, a saber, reducción de cuantías y prolongación de la edad de jubilación, vienen aconsejando insistentemente el que cada ciudadano complemente su futura pensión suscribiendo pólizas de pensiones con las aseguradoras privadas. Esta recomendación ha sido ampliamente difundida desde los centros de poder, económico, financiero y político, con el beneplácito seguimiento de los medios de comunicación.

Pero tras ella se esconden enormes falacias que no pretenden más que ocultar la verdad. En primer lugar, noes verdad que sean los trabajadores y trabajadoras cotizantes quienes mantienen el sistema de pensiones. La pensión es un derecho que percibe el o la pensionista tras haber cotizado a lo largo de su vida laboral. Por tanto, nadie mantiene su pensión. Ese derecho lo recibe como si hubiera estado cotizando a una aseguradora privada. Pero en este caso lo hace al Estado. Caso diferente es el de las pensiones no contributivas. Estas pensiones no contributivas que otorga el Estado pueden tener como fuente de financiación los impuestos de los que el Estado se nutre para el sostenimiento de los gasto. Es un gasto social que la ciudadanía admite por solidaridad con las personas que no pudieron cotizar a lo largo de su vida por carecer de un trabajo remunerado. Nadie negaría, por ejemplo, esa posibilidad a las numerosas amas de casa que se encuentran en esa situación al llegar a la edad de jubilación.

Hay quienes argumentan que el Estado puede estar utilizando esos fondos destinados a las pensiones para otros gastos y que, llegado el caso, no pudiera hacer frente a sus obligaciones de pago. Pero para estas situaciones, el Estado, dispone de mecanismos para obtener el ingreso necesario, vía impuestos o reducción de otros gastos, antes que hacer dejación de esa obligación previamente asumida con todas la personas que han estado cotizando hasta ese momento. Y es responsabilidad del Estado procurar que la disponibilidad de tesorería sea la adecuada para el número de pensionistas existente en cada momento. Incluso atendiendo a las posibles desviaciones.

Y mayor falacia es aún pensar que un fondo privado de pensiones sí que puede garantizar ese derecho a la jubilación digna. Si es imposible que, por esencia, un Estado quiebre, no lo es en el caso de un fondo privado. El Estado no tiene por función especular con el dinero recibido para aumentar las plusvalías, objetivo de los fondos privados de pensiones. Por eso, estos fondos, en tiempos de crisis, sí pueden entrar en situación de pérdidas y no poder hacer frente a las obligaciones contraídas con las personas que suscribieron las pólizas de seguros. Ese riesgo, y las condiciones elevadas que imponen las aseguradoras privadas que aspiran a la obtención de beneficios con ellas, se lo podrán permitir las personas de mayor poder adquisitivo, pero no la mayoría de la población. El Estado, por su contra, ni busca la obtención de beneficios ni la especulación con los fondos, sino garantizar el derecho a la jubilación de toda la población.  Por eso el sistema público es un sistema justo y solidario. El ataque contra él por parte de los voceros de la gestión neoliberal al que asistimos estos días, responde únicamente a los intereses y voracidad de la oligarquía financiera, que ve en la gestión de ese ahorro una oportunidad para continuar con sus negocios especulativos, aumentando así el control y poder global de la economía y los mercados.