El Gobierno del PSOE-IU reduce los salarios del funcionariado andaluz, como hacen los buenos gestores de las políticas neoliberales impuestas por los mercados, la troika y el Gobierno central.

Sabíamos que el Gobierno central imponía a la comunidad autónoma andaluza un recorte de 2.500 millones de euros en el presupuesto, con el objetivo de que la Junta cumpliera con el déficit del 1,5 % del PIB. El Gobierno de la Junta ya había anunciado que estaba dispuesto a acatar dicho recorte, toda vez que este se establece en continuidad con las políticas de ajuste iniciadas por el Gobierno anterior, profundizadas ahora por el actual Gobierno del PP, cumpliendo con las exigencias provenientes de las instituciones europeas. Quedaba por saber cuál sería la posición del socio de Gobierno del PSOE en Andalucía y si ello podía suponer una posición de resistencia y la búsqueda de otras alternativas que no dañaran el gasto público. Pero el vicepresidente del Gobierno de la Junta y coordinador de IU en Andalucía, D. Valderas, ya se encargó de anunciar que aceptarían los recortes que pedía el Gobierno central por imperativo legal. Entonces se desmoronó cualquier creencia en una estrategia de resistencia frente al Gobierno sustentado por el PP.

Estaba clara que la apuesta de IU iba ser la de meros gestores, y no dudamos de su voluntad por ser eficientes y honrados, de decisiones que se tomaban en otros ámbitos, central y europeo. Pero albergábamos la esperanza de que esos recortes, al menos, se aplicaran como corresponde a una sensibilidad de izquierdas más preocupada por los sectores desfavorecidos de la población. Pues está claro que no. Ha sucedido que se han efectuado con los mismos criterios que aplican los gobiernos del PP: el grueso del recorte recae sobre el salario y las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas del sector público. En concreto se baraja una reducción salarial de hasta el 6 % y de las pagas extraordinarias de entre el 30 y el 40 %. Además se amplía jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Al profesorado se le amplía la jornada en dos horas lectivas más. Como esta ampliación supondrá menos personal interino, para “evitar los despidos” -se dice-, a este se le reduce la jornada laboral y el sueldo en un 15 %. Y no olvidemos que estos recortes salariales se efectúan sobre un sector que ha sufrido años de congelación salarial y un recorte de hasta el 7 % introducido por el Gobierno presidido por Zapatero.

Se han anunciado además otras medidas de recorte de gasto. Entre ellas en inversión pública, que quedará congelada, por lo que entonces entendemos que el PSOE entregara a IU la consejería de Obras Públicas: total, sin Ordenación del Territorio y sin dinero para nueva inversión, sólo servirá para colocar algunos carguillos. Reducciones menores (habrá que dar ejemplo) también se producirán en otros gastos de altos cargos y consejeros. Su sueldo bajará un 5 % y contarán con menos coches para sus desplazamientos. Sobre el sueldo de los parlamentarios/as no hay ninguna propuesta y se deja expensas de los que decida el parlamento.

Por el lado de los ingresos, también se anuncian algunas medidas como los exiguos 25 millones de euros que esperan obtener de la subida de tramo autonómico del IRPF o 9 millones por aumento de la tarifa del patrimonio. Además prevén subidas de otras tasas sobre carburantes, actos jurídicos o máquinas de juego.

Hasta aquí parece que llega lo que se supone que iba a ser un gobierno que mostraría que otra política es posible, o lo que algunos ingenuamente esperaban: que fuese de resistencia al neoliberalismo marcando una senda que iniciara el despertar de los pueblos de Europa. La realidad nos señala otra cosa bien diferente: que la resistencia, hoy, no se encuentra en las instituciones.