A dios rogando y con el mazo dando: el incomprensible papel de Izquierda Unida en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Constituido el Gobierno de la Junta de Andalucía, con nueve carteras el PSOE y tres IU, lo primero que llama la atención es lo escasamente relevante de las consejerías que IU tendrá que administrar. En concreto, Administración Local y Relaciones Institucionales la ostentará Diego Valderas a la vez que ejerce como vicepresidente primero; Fomento y Obras Públicas será responsabilidad de Elena Cortés y, por último, Turismo y Comercio  tendrá por consejero a Rafael Rodríguez. El peso de las tres queda muy lejos de las áreas desde donde se puede influir en la política andaluza, como es el caso de Economía, Hacienda y Administración Pública, Sanidad, Educación o Medio Ambiente. Esta última, además, tendrá las competencias de Ordenación del Territorio, que antes estaban en la misma consejería de Obras Públicas, con lo que ahora esta consejería, que esta se encuentra en manos de IU, quedará mermada de esta importante competencia.

Hace unos días criticábamos la inconcreción del acuerdo programático suscrito por ambas formaciones políticas así como la sumisión general del mismo a las políticas emprendidas  por el PSOE, tanto a nivel central como andaluz, en la legislatura pasada. Y no olvidemos que estas políticas, en gran parte, tenían su origen en la aceptación por parte del PSOE de los dictados procedentes de la troika (UE, BCE, FMI) siguiendo las exigencias de los mercados financieros. Frente a todo ello, ¿qué políticas alternativas o de resistencia podría adoptar IU desde un gobierno dominado por el PSOE en Andalucía? Prácticamente ninguna. Ni el PSOE va  a permitir que se cuestionen las políticas que ha suscrito estos años atrás, ni la propia IU ha mostrado interés en ello. Además, IU ya ha señalado su disposición a aceptar “por imperativo legal” los objetivos del déficit.

Se podrá objetar  que la Junta de Andalucía no es competente para revertir las reducciones salariales entre los empleados públicos  o el retraso en la edad de jubilación, por poner algunos ejemplos, que en su día aprobó el Gobierno del PSOE con el ferviente apoyo del hoy presidente de la Junta. Pero no hay en el acuerdo firmado entre ambas fuerzas políticas (PSOE, IU) ninguna alusión crítica a dichas políticas, ni algún planteamiento para minimizar su impacto. Como tampoco, y esto es más grave, se  hace alguna referencia a la infame reforma de la Constitución o a la firma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que en la práctica supone dejar en manos de este organismo intergubernamental creado al efecto decisiones hasta ahora competencia del Estado. Se puede decir que el Estado, y las comunidades autónomas como parte de él, queda atrapado en su deuda (gestionada por el MEDE) y gobernada desde el exterior, que la deuda tendrá y tiene prioridad de pago sobre cualquier otro gasto y que su única misión es servir a los intereses de la oligarquía financiera. El Gobierno andaluz, como el Gobierno central, tendrá que aplicar estas reglas y tratados. Y ello será a expensas de las reducciones en gasto social, pensiones y salarios. ¿Tiene algún sentido la colaboración de IU en la aplicación de estas políticas a las que firmemente se opuso en el pasado y que, hoy, aún mantiene en teoría? Con la aplicación de las reglas y tratados, sin revisión de las políticas aplicadas por el PSOE andaluz en las legislaturas pasadas y diluido en la mayoría que este partido representa en el Gobierno andaluz, la tan cacareada transversalidad quedará reducida a una gestión, quizá más honrada, pero gestión al fin y al cabo de las mismas políticas puestas en práctica hasta ahora y que responden al diseño neoliberal impuesto por la troika siguiendo los intereses de la oligarquía financiera.

También se ha argumentado que IU podría, dentro de los límites presupuestarios y del margen que sus socios de gobierno permitan, aplicar en las áreas de su responsabilidad políticas más acordes a la sensibilidad ecológica y social de la izquierda. Pero la realidad es que las áreas que van a gestionar y con las competencias que le han dejado, eso es una quimera.  Sorpresivamente han desaparecido de las consejerías de IU la gestión de puertos, la estación de esquí de Sierra Nevada, el urbanismo y las agencias públicas. La capacidad de intervención de IU no tendrá ninguna trascendencia social y ecológica, no supondrá ningún giro que responda a las aspiraciones de su electorado. Y todo ello, además, quedando diluida en el seno de un Gobierno que le impedirá aparecer como referente para una salida de la crisis diferente a la propuesta neoliberal.