Con la renuncia de Griñán a repetir como candidato de la Junta de Andalucía, ¿se trataría de facilitar el camino a la gran coalición PP-PSOE?

No se esperaba que el presidente de la Junta de Andalucía renunciara públicamente a la posibilidad de acceder a un tercer mandato. Pero más sorpresa ha sido la celeridad con la que se han tomado el proceso que desembocará en la nominación del candidato a la presidencia de la Junta. Será mediante unas elecciones primarias que concluirán a finales de julio. Y ya es público el nombre de la candidata oficialista: la consejera Susana Díaz.

¿Tiene alguna repercusión realmente importante para el pueblo andaluz este hecho?  En principio, este relevo carecería de importancia si nada cambia hasta las próximas elecciones dentro de casi tres años. Pero las prisas en la nominación parecen indicar que sí habrá cambios que afectarán al Gobierno andaluz. Algunos analistas, sin embargo, consideran que la decisión obedecería al interés en adelantarse al resto de las fuerzas políticas con líderes desacreditados (Zoido, PP), poco conocidos (Maillo, IU) o aún por designar (las fuerzas sin representación parlamentaria: UPyD, EQUO…). Pero ¿por qué concederle el plazo de tres años para que preparen y fortalezcan sus respectivos lideratos? Tampoco parce creíble que la renuncia pueda deberse a las consecuencias que podrían derivarse de la investigación judicial de los EREs. No, aquí hay una jugada más de fondo y que sí va tener repercusiones en la gobernanza.

No hace muchos días, el presidente de ATTAC Andalucía, Carlos Martínez, advertía en un artículo publicado en la página de Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista (ver enlace abajo) de la gran coalición que se gestaba entre PP y PSOE. El reciente acuerdo para una posición común ante las instancias europeas, que da continuidad al acuerdo anterior para la reforma de la Constitución, conformaría la fáctica mayoría parlamentaria en política económica y que, plausiblemente, podría producir nuevos consensos en el futuro inmediato. El alcance de los mismos se dilucidará en las próximas semanas/meses.

Aún con ello, todavía sigue en el aire la pregunta de cómo podría afectarle esto a Andalucía. No significaría ningún problema si el gobierno andaluz fuese un colaborador fiel de Madrid. Pero eso no es posible mientras IU sea socio de gobierno del PSOE. Y en ese nuevo escenario que se está consolidando, lo que se precisa es colaboración y obediencia institucional. ¿Qué mejor momento que ahora que al PSOE las encuestas le dan como ganador ante unas hipotéticas elecciones para desprenderse de un incómodo socio? ¿Bastaría un desacuerdo con los presupuestos del 14 para tener la excusa para un adelanto de las elecciones?

Evidentemente, una operación así le supondría un enorme desgaste público y personal al presidente Griñán, que apostó fervientemente por el pacto con IU. Ante ese  panorama, lo más inteligente es retirarse a un segundo plano y que sea otra la persona que dirija los destinos del PSOE.

Por tanto, lo que podría estar gestándose es una vía para desembarazarse de IU del Gobierno andaluz. De esta forma, la contención en la aplicación de las medidas de corte neoliberal que la presencia de IU le obliga, y las otras medidas de cariz progresista que podría demandarle, se verían por fin liberadas.

El problema, entonces, se le plantearía a IU, que, al haber dulcificado algunas políticas (ley sobre la vivienda, contra la exclusión social…) y frenado en buena medida la contestación popular contra el Gobierno de la Junta, sobre todo en el terreno sindical, ha conseguido indirectamente que el PSOE andaluz no reciba la desafección, y consiguiente descenso en intención de voto, que tiene en general en el Estado español. Asimismo, IU habría detenido su propio ascenso electoral, toda vez que buena parte del electorado que podría haberse inclinado hacia la coalición, ahora continuaría mostrando su apoyo al PSOE, a quien identificaría como un partido con políticas netamente diferentes de las aplicadas por el PP  

La tarea que tendrá que acometer el nuevo coordinador de IU es ciertamente compleja. Y veremos con qué margen puede maniobrar en las próximas semanas mientras Valderas mantiene en su discurso la gestión realizada y apostando por la continuidad.

http://cli-as.org/2013/06/16/el-pacto-pp-psoe-o-el-inicio-de-la-gran-coalicion/

Con la reforma de los requisitos para obtener beca, las familias económicamente peor situadas no sólo no tendrán más difícil el acceso a los estudios universitarios, sino que contribuirán a sostener los estudios de las más pudientes.

En el Estado español, desde los años setenta, ha sido una constante la progresiva incorporación a los estudios universitarios de hombres y mujeres pertenecientes a las clases populares. Con mucho esfuerzo por parte de estas familias, conseguían que sus hijos/as obtuviesen títulos universitarios que les permitían competir para casi todo tipo de profesiones. La política de becas ha venido jugando también un papel esencial para facilitar la incorporación de jóvenes de las familias más desfavorecidas.

Hasta que llegó la ofensiva neoliberal. Los sectores dominantes de la población, grandes empresarios, banqueros y políticos conservadores, decidieron reducir las conquistas sociales; y el momento actual, con la crisis como excusa, era el idóneo. No han dejado sin tocar nada del Estado del bienestar. Todos los servicios públicos han visto disminuir su peso. Ahora le ha tocado también el turno al sistema educativo. Para ello se proponen aprobar una nueva reforma que pretende hacer más elitista la Educación y favorecer la enseñanza privada frente a la pública: la LOMCE.

Otro de los elementos con los que juegan es dificultar el acceso a las becas y la expulsión del sistema educativo de miles de jóvenes. Algunas cifras hablan de que durante el curso 2012-13, fueron 35.000 los estudiantes universitarios que habrían perdido la beca. Eso ha sido la consecuencia de subir del 5 al 5,5 la nota media como condición para obtener la beca. Ahora, en un nuevo giro de tuerca, se pretende subir la nota media al 6,5. De conseguirlo, la expulsión del sistema educativo de jóvenes de clases trabajadoras será dramático. Y tremendamente injusto.

El ministro de Educación, Wert, trata de justificar esa medida afirmando que será un estímulo al esfuerzo, a la consecución de un mayor rendimiento académico. Pero eso no es más que un pretexto para incrementar y perpetuar un sistema educativo elitista acorde con el modelo social que propugnan los poderes económicos y políticos. Veamos qué es lo que sucederá en la práctica: el 80% del gasto universitario se sufraga a través de los presupuestos del Estado, cuyos ingresos proceden de los impuestos que pagan todos los ciudadanos/as. Si los estudiantes que no alcancen la media del 6,5 pierden la beca y pertenecen a familias económicamente peor situadas, se verán obligados a abandonar los estudios. En la actual situación de paro y bajos salarios, serán decenas de miles. Y proseguirán en ellos quienes económicamente puedan costeárselos. Pero el 80% de ese gasto seguirá cargándose en los impuestos de las familias cuyos hijos/as tuvieron que abandonar. Es decir, tendrán que seguir económicamente alimentando un sistema que, en la práctica, les impide el acceso.

De un plumazo hacen desaparecer la igualdad de oportunidades. Los estudiantes de las clases altas podrán acceder a todo tipo de titulaciones, a las profesiones mejor remuneradas, a las de mayor relevancia social, y a copar los ámbitos de decisión. A las clases trabajadoras que aspiraban a que sus hijos e hijas accedieran a los estudios universitarios, en buena medida, no les irá quedando más oportunidad que la inserción laboral en sectores peor retribuidos. Y además, sosteniendo económicamente el reparto desigual del sistema. Esto podrán justificarlo como quieran, pero las conquistas de años atrás que fueron reconocidas en la Constitución; es decir, el pomposamente proclamado Estado social y democrático de derecho, no será más que una quimera.

“Presupuestos participativos. Herramientas de democracia real. La experiencia de Peligros”

                                                                       

En el seno de los Seminarios “Miradas al mundo” que organiza el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, van a tener lugar las siguientes sesiones, que serán actos públicos, abiertos a cualquier persona interesada:

“Presupuestos participativos. Herramientas de democracia real. La experiencia de Peligros”. 

Ponentes: Roberto García Jiménez, Alcalde de Peligros y José Antonio Paniagua Guzmán, Concejal de Desarrollo Local, Juventud, Participación y Comunicación.

Miércoles, 19 de junio, 19 h.

Salón de Actos del Centro de Documentación Científica, calle Rector López Argüeta sn (edificio situado junto a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología).

Esta sesión está coorganizada con el Grupo Contenidos UGR-15M.

Cuando se ponen los zorros a guardar las gallinas… el dinero de las pensiones se sirve en bandeja al sector financiero, a las aseguradoras privadas.

                                           

                                                                   

De los doce "expertos", ocho tienen algún tipo de ligazón con los bancos y las entidades aseguradoras.

 

Desde los años 80 del siglo pasado en los que el neoliberalismo como ideología dominante se extendió por Europa, irradiado desde la Gran Bretaña de M. Tatcher, es recurrente entre el sector financiero y la clase política la advertencia de que el sistema público de pensiones se encuentra en situación insostenible. Y ello ha servido para que se realicen diferentes reformas tendentes a disminuir las cantidades que se perciben, bien porque se reduce la cuantía, bien porque se amplían los períodos para su cómputo. O como en la última reforma propiciada por el Gobierno del PSOE, también, dando un salto atrás en tiempo, prolongando la edad de jubilación.

Ahora le tocaba el turno al Gobierno del PP. Y una nueva reforma se cierne sobre la población española. Para ello han reunido a doce “expertos” que les preparen técnicamente la justificación para el nuevo tijeretazo.

El informe que han elaborado tendrá que pasar el trámite parlamentario. Será el pacto de Toledo quien tenga la última palabra. Pero dado el juego de mayorías, no son previsibles cambios sustanciales. Desaparece el IPC como referente para el cálculo de las pensiones e incluirán los ingresos en el sistema y el aumento de la esperanza de vida como una variable computable en el cálculo.

Pero tras el argumento de encontrarnos en un sistema descompensado, según el cual la relación entre personas trabajando (contribuyentes del sistema) y pensionistas con una cada vez mayor esperanza de vida[i], que se estaría desplazando a favor de estas últimas, se ha interpretado como que, proporcionalmente, una menor cantidad de cotizantes y, por tanto, de dinero, tendrían que pagar a un progresivo aumento de personas beneficiarias. Según estos “expertos”, esta situación haría imposible el mantenimiento del sistema así configurado.

Los doce “expertos” convocados ad hoc para emitir el informe que se esperaba, han sido reclutados del entorno de la banca y las entidades aseguradoras. Sólo 4 de ellos no tenían algún tipo de ligazón. De esta forma las conclusiones del informe no podían ser diferentes a las perseguidas.

Con las medidas anteriormente expuestas, el mensaje que se intenta transmitir insistentemente es que cada ciudadano/a complemente su futura pensión suscribiendo pólizas de pensiones con las aseguradoras privadas. Esta recomendación ha sido ampliamente difundida desde los centros de poder, económico, financiero y político, con el beneplácito seguimiento de los medios de comunicación. El bocado de los miles de millones del fondo de pensiones es muy apetitoso para seguir especulando y obteniendo jugosas plusvalías.

Pero tras ella se esconden enormes falacias que no pretenden más que ocultar la verdad. En primer lugar, no es verdad que sean los trabajadores y trabajadoras cotizantes quienes mantienen el sistema de pensiones. La pensión es un derecho que percibe el o la pensionista tras haber cotizado a lo largo de su vida laboral. Por tanto, nadie mantiene su pensión. Ese derecho lo recibe como si hubiera estado cotizando a una aseguradora privada. Pero en este caso lo hace al Estado. Caso diferente es el de las pensiones no contributivas. Estas pensiones no contributivas que otorga el Estado pueden tener como fuente de financiación los impuestos de los que el Estado se nutre para el sostenimiento de los gastos. Es un gasto social que la ciudadanía admite por solidaridad con las personas que no pudieron cotizar a lo largo de su vida por carecer de un trabajo remunerado. Nadie negaría, por ejemplo, esa posibilidad a las numerosas amas de casa que se encuentran en esa situación al llegar a la edad de jubilación.

Hay quienes argumentan que el Estado puede estar utilizando esos fondos destinados a las pensiones para otros gastos y que, llegado el caso, no pudiera hacer frente a sus obligaciones de pago. Pero para estas situaciones, el Estado, dispone de mecanismos para obtener el ingreso necesario, vía impuestos o reducción de otros gastos, antes que hacer dejación de esa obligación previamente asumida con todas la personas que han estado cotizando hasta ese momento. Y es responsabilidad del Estado procurar que la disponibilidad de tesorería sea la adecuada para el número de pensionistas existente en cada momento. Incluso atendiendo a las posibles desviaciones.

Con todo, resulta inadmisible que no haya una política orientada al aumento de las rentas del trabajo. Si estas son las que financian la seguridad social, la mejor política para la buena salud financiera del sistema, sería que aumentaran sus aportaciones. Sin embargo, las políticas  económicas de los últimos años han venido suponiendo un retroceso de la masa salarial respecto a la renta nacional en favor de los excedentes empresariales.

Y mayor falacia es aún pensar que un fondo privado de pensiones sí que puede garantizar ese derecho a la jubilación digna. Si es imposible que, por esencia, un Estado quiebre, no lo es en el caso de un fondo privado. El Estado no tiene por función especular con el dinero recibido para aumentar las plusvalías, objetivo de los fondos privados de pensiones. Por eso, estos fondos, en tiempos de crisis, sí pueden entrar en situación de pérdidas y no poder hacer frente a las obligaciones contraídas con las personas que suscribieron las pólizas de seguros. Ese riesgo, y las condiciones elevadas que imponen las aseguradoras privadas que aspiran a la obtención de beneficios con ellas, se lo podrán permitir las personas de mayor poder adquisitivo, pero no la mayoría de la población. El Estado, por su contra, ni busca la obtención de beneficios ni la especulación con los fondos, sino garantizar el derecho a la jubilación de toda la población.  Por eso el sistema público es un sistema justo y solidario. El ataque contra él por parte de los voceros de la gestión neoliberal al que asistimos estos días, responde únicamente a los intereses y voracidad de la oligarquía financiera, que ve en la gestión de ese ahorro una oportunidad para continuar con sus negocios especulativos, aumentando así el control y poder global de la economía y los mercados.

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[i] El aumento de la esperanza de vida es muy reducido. Pero lo que sí ha sucedido es que al disminuir la tasa de mortalidad infantil, la media de la esperanza de vida del total de la población sí es más alta.