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| De los doce "expertos", ocho tienen algún tipo de ligazón con los bancos y las entidades aseguradoras. |
Desde
los años 80 del siglo pasado en los que el neoliberalismo como ideología
dominante se extendió por Europa, irradiado desde la Gran Bretaña de M. Tatcher, es recurrente entre el
sector financiero y la clase política la advertencia de que el sistema público
de pensiones se encuentra en situación insostenible. Y ello ha servido para que
se realicen diferentes reformas tendentes a disminuir las cantidades que se
perciben, bien porque se reduce la cuantía, bien porque se amplían los períodos
para su cómputo. O como en la última reforma propiciada por el Gobierno del
PSOE, también, dando un salto atrás en tiempo, prolongando la edad de
jubilación.
Ahora
le tocaba el turno al Gobierno del PP. Y una nueva reforma se cierne sobre la
población española. Para ello han reunido a doce “expertos” que les preparen
técnicamente la justificación para el nuevo tijeretazo.
El
informe que han elaborado tendrá que pasar el trámite parlamentario. Será el
pacto de Toledo quien tenga la última palabra. Pero dado el juego de mayorías,
no son previsibles cambios sustanciales. Desaparece el IPC como referente para
el cálculo de las pensiones e incluirán los ingresos en el sistema y el aumento
de la esperanza de vida como una variable computable en el cálculo.
Pero
tras el argumento de encontrarnos en un sistema descompensado, según el cual la
relación entre personas trabajando (contribuyentes del sistema) y pensionistas
con una cada vez mayor esperanza de vida[i], que
se estaría desplazando a favor de estas últimas, se ha interpretado como que,
proporcionalmente, una menor cantidad de cotizantes y, por tanto, de dinero,
tendrían que pagar a un progresivo aumento de personas beneficiarias. Según
estos “expertos”, esta situación haría imposible el mantenimiento del sistema
así configurado.
Los doce “expertos” convocados ad hoc para
emitir el informe que se esperaba, han sido reclutados del entorno de la banca
y las entidades aseguradoras. Sólo 4 de ellos no tenían algún tipo de ligazón.
De esta forma las conclusiones del informe no podían ser diferentes a las
perseguidas.
Con las medidas
anteriormente expuestas, el mensaje que se intenta transmitir insistentemente
es que cada ciudadano/a complemente su futura pensión suscribiendo pólizas de pensiones
con las aseguradoras privadas. Esta recomendación ha sido ampliamente difundida
desde los centros de poder, económico, financiero y político, con el
beneplácito seguimiento de los medios de comunicación. El bocado de los miles
de millones del fondo de pensiones es muy apetitoso para seguir especulando y
obteniendo jugosas plusvalías.
Pero
tras ella se esconden enormes falacias que no pretenden más que ocultar la
verdad. En primer lugar, no es verdad que sean los trabajadores y trabajadoras
cotizantes quienes mantienen el sistema de pensiones. La pensión es un derecho
que percibe el o la pensionista tras haber cotizado a lo largo de su vida
laboral. Por tanto, nadie mantiene su pensión. Ese derecho lo recibe como si
hubiera estado cotizando a una aseguradora privada. Pero en este caso lo hace
al Estado. Caso diferente es el de las pensiones no contributivas. Estas
pensiones no contributivas que otorga el Estado pueden tener como fuente de
financiación los impuestos de los que el Estado se nutre para el sostenimiento
de los gastos. Es un gasto social que la ciudadanía admite por solidaridad con
las personas que no pudieron cotizar a lo largo de su vida por carecer de un
trabajo remunerado. Nadie negaría, por ejemplo, esa posibilidad a las numerosas
amas de casa que se encuentran en esa situación al llegar a la edad de
jubilación.
Hay
quienes argumentan que el Estado puede estar utilizando esos fondos destinados
a las pensiones para otros gastos y que, llegado el caso, no pudiera hacer
frente a sus obligaciones de pago. Pero para estas situaciones, el Estado,
dispone de mecanismos para obtener el ingreso necesario, vía impuestos o reducción
de otros gastos, antes que hacer dejación de esa obligación previamente asumida
con todas la personas que han estado cotizando hasta ese momento. Y es
responsabilidad del Estado procurar que la disponibilidad de tesorería sea la
adecuada para el número de pensionistas existente en cada momento. Incluso
atendiendo a las posibles desviaciones.
Con
todo, resulta inadmisible que no haya una política orientada al aumento de las
rentas del trabajo. Si estas son las que financian la seguridad social, la
mejor política para la buena salud financiera del sistema, sería que aumentaran
sus aportaciones. Sin embargo, las políticas
económicas de los últimos años han venido suponiendo un retroceso de la
masa salarial respecto a la renta nacional en favor de los excedentes
empresariales.
Y
mayor falacia es aún pensar que un fondo privado de pensiones sí que puede
garantizar ese derecho a la jubilación digna. Si es imposible que, por esencia,
un Estado quiebre, no lo es en el caso de un fondo privado. El Estado no tiene
por función especular con el dinero recibido para aumentar las plusvalías,
objetivo de los fondos privados de pensiones. Por eso, estos fondos, en tiempos
de crisis, sí pueden entrar en situación de pérdidas y no poder hacer frente a
las obligaciones contraídas con las personas que suscribieron las pólizas de
seguros. Ese riesgo, y las condiciones elevadas que imponen las aseguradoras
privadas que aspiran a la obtención de beneficios con ellas, se lo podrán
permitir las personas de mayor poder adquisitivo, pero no la mayoría de la
población. El Estado, por su contra, ni busca la obtención de beneficios ni la
especulación con los fondos, sino garantizar el derecho a la jubilación de toda
la población. Por eso el sistema público es un sistema justo y solidario.
El ataque contra él por parte de los voceros de la gestión neoliberal al que
asistimos estos días, responde únicamente a los intereses y voracidad de la
oligarquía financiera, que ve en la gestión de ese ahorro una oportunidad para
continuar con sus negocios especulativos, aumentando así el control y poder
global de la economía y los mercados.
[i] El aumento
de la esperanza de vida es muy reducido. Pero lo que sí ha sucedido es que al
disminuir la tasa de mortalidad infantil, la media de la esperanza de vida del
total de la población sí es más alta.
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