Con la reforma de los requisitos para obtener beca, las familias económicamente peor situadas no sólo no tendrán más difícil el acceso a los estudios universitarios, sino que contribuirán a sostener los estudios de las más pudientes.

En el Estado español, desde los años setenta, ha sido una constante la progresiva incorporación a los estudios universitarios de hombres y mujeres pertenecientes a las clases populares. Con mucho esfuerzo por parte de estas familias, conseguían que sus hijos/as obtuviesen títulos universitarios que les permitían competir para casi todo tipo de profesiones. La política de becas ha venido jugando también un papel esencial para facilitar la incorporación de jóvenes de las familias más desfavorecidas.

Hasta que llegó la ofensiva neoliberal. Los sectores dominantes de la población, grandes empresarios, banqueros y políticos conservadores, decidieron reducir las conquistas sociales; y el momento actual, con la crisis como excusa, era el idóneo. No han dejado sin tocar nada del Estado del bienestar. Todos los servicios públicos han visto disminuir su peso. Ahora le ha tocado también el turno al sistema educativo. Para ello se proponen aprobar una nueva reforma que pretende hacer más elitista la Educación y favorecer la enseñanza privada frente a la pública: la LOMCE.

Otro de los elementos con los que juegan es dificultar el acceso a las becas y la expulsión del sistema educativo de miles de jóvenes. Algunas cifras hablan de que durante el curso 2012-13, fueron 35.000 los estudiantes universitarios que habrían perdido la beca. Eso ha sido la consecuencia de subir del 5 al 5,5 la nota media como condición para obtener la beca. Ahora, en un nuevo giro de tuerca, se pretende subir la nota media al 6,5. De conseguirlo, la expulsión del sistema educativo de jóvenes de clases trabajadoras será dramático. Y tremendamente injusto.

El ministro de Educación, Wert, trata de justificar esa medida afirmando que será un estímulo al esfuerzo, a la consecución de un mayor rendimiento académico. Pero eso no es más que un pretexto para incrementar y perpetuar un sistema educativo elitista acorde con el modelo social que propugnan los poderes económicos y políticos. Veamos qué es lo que sucederá en la práctica: el 80% del gasto universitario se sufraga a través de los presupuestos del Estado, cuyos ingresos proceden de los impuestos que pagan todos los ciudadanos/as. Si los estudiantes que no alcancen la media del 6,5 pierden la beca y pertenecen a familias económicamente peor situadas, se verán obligados a abandonar los estudios. En la actual situación de paro y bajos salarios, serán decenas de miles. Y proseguirán en ellos quienes económicamente puedan costeárselos. Pero el 80% de ese gasto seguirá cargándose en los impuestos de las familias cuyos hijos/as tuvieron que abandonar. Es decir, tendrán que seguir económicamente alimentando un sistema que, en la práctica, les impide el acceso.

De un plumazo hacen desaparecer la igualdad de oportunidades. Los estudiantes de las clases altas podrán acceder a todo tipo de titulaciones, a las profesiones mejor remuneradas, a las de mayor relevancia social, y a copar los ámbitos de decisión. A las clases trabajadoras que aspiraban a que sus hijos e hijas accedieran a los estudios universitarios, en buena medida, no les irá quedando más oportunidad que la inserción laboral en sectores peor retribuidos. Y además, sosteniendo económicamente el reparto desigual del sistema. Esto podrán justificarlo como quieran, pero las conquistas de años atrás que fueron reconocidas en la Constitución; es decir, el pomposamente proclamado Estado social y democrático de derecho, no será más que una quimera.