El pacto de gobierno suscrito
entre PSOE e IU en Andalucía no fue bien recibido por un buen sector de las
bases de la coalición de izquierdas. No obstante, se esperaba que la presencia
de IU y el compromiso que esta fuerza había suscrito ante el pueblo andaluz,
daría como resultado un giro de izquierdas en las políticas que se
desarrollarían en la comunidad andaluza.
Pero la decepción empezó bien
pronto con los recortes en el gasto público que la Junta tuvo que acometer, en
buen medida consecuencia de las políticas dictadas desde el Gobierno central.
Se asumieron por un más que dudoso imperativo legal y se renunció a la
posibilidad de encontrar otras fórmulas que evitaran los despidos en el sector
público. Los recortes se proyectaron en los presupuestos de 2013, yendo aún más
lejos con la supresión de los complementos en las pagas extraordinarias de los
funcionarios.
Se esperaba que hubieran tomado
medidas de resistencia institucional que forzara a los poderes centrales a
conceder mayor poder de decisión y margen de maniobra a la Junta de Andalucía. Teníamos precedentes de
otras comunidades como la vasca y la catalana, por más que siempre estuviera
pendiendo sobre cualquier medida el posible el recurso ante el Constitucional.
Nada de ello se hizo. Se acataron dócilmente las medidas del Gobierno central y
se implantaron sin apenas resistencia por parte de una población que, en buena
medida, había perdido un catalizador de las protestas al estar implicado en la
acción del gobierno. Inauditamente, la región más castigada por el paro y de
las más empobrecidas de Europa era de las
que menos resistencia presentaba a las políticas de la troika. Mientras Grecia
arde, en Andalucía se toman superfluas medias como la reestructuración
presupuestaria para presentar 140 millones de euros como la panacea de la lucha
contra la exclusión. Quien tenía que haber sido la vanguardia en las protestas,
se limita a políticas de gestos caritativos.
La Junta de Andalucía probó lo más decente que en
materia de protección del derecho a la vivienda que se ha hecho en el Estado,
continuado con diferentes matices por otras comunidades como la canaria o
catalana (CC y CiU respectivamente), similar o menos avanzada a la existente en
otros países europeos gobernados por conservadores (Alemania, Holanda...), como si
aquí en Andalucía se avanzara hacia ese
modelo de sociedad en el cual no puede haber viviendas desocupadas mientras
haya familias que las necesiten. O que dé lugar a que se pierda un derecho, que
según la DUDH es inalienable e intransferible, porque se carezca de recursos
para pagar la hipoteca. ¿Podía haber hecho más la Junta? ¿Puede la Junta
imponer más medidas sobre los bancos que impida que se ejecuten los deshaucios?
Es posible que se haya tocado lo máximo que la Constitución permite en materia
de expropiación temporal del uso o el establecimiento de tasas impositivas a
las viviendas vacías en manos de la banca para preservar el fin social de la
vivienda. Pero en cualquier caso, es una medida insuficiente y que no resolverá
la gran mayoría de los deshaucios, alentados por la reforma de 2009 que la
ministra Chacón (la que apoyaba el presidente Griñán para la secretaría del partido) presentó en el Parlamento
en la última legislatura del PSOE.
Podría haberse ampliado con
medidas adicionales si previamente se hubiesen
hecho realidad otras promesas electorales como la Reforma fiscal justa, el
refuerzo de la Agencia tributaria para combatir el fraude fiscal, o la banca
pública. Propuestas que estaban contempladas en el pacto con el pueblo andaluz firmado
ante notario. Estas, como las demás,
siguen sin aplicarse. ¿Es pronto un solo año? Para todas sí. Pero algunas, como
las anteriormente expuestas, eran
necesarias para el desarrollo de las otras, y se encuentran en estado de
hibernación hipotecando, en consecuencia,
el resto del pacto ante el pueblo andaluz.
Por otro lado, se demandaba
socialmente la revisión de políticas adoptadas por gobiernos anteriores y el
esclarecimiento de las irregularidades del caso de los ERES. No se hizo lo primero, manteniendo, por ejemplo, el llamado Programa de Calidad (o ley del
soborno), con una dotación que hubiera sido suficiente para impedir que los
4.500 interinos docentes se hubieran quedado sin trabajo este año. En
Educación, como en Sanidad, han proseguido las mismas políticas de antaño incrementadas
con algún giro de tuerca más (AGAEVE, ente que ha consumido 20 millones de
euros para realizar unas inservibles pruebas de diagnóstico), fusión de
hospitales, conciertos y externalización de servicios…). Como tampoco se ha
modificado el galimatías de las administraciones paralelas o el esperpento
televisivo de Canal Sur. Ni la comisión de los ERES ha resuelto la trama y las responsabilidades políticas, siendo un completo fiasco. La única institución que gozaba de un merecido
reconocimiento por la población, el Defensor del Pueblo Andaluz, sin embargo,
ha sido cuestionada por los tres grupos políticos del arco parlamentario
destituyendo a su presidente, José Chamizo, una de las pocas voces honestas en
el ámbito de las administraciones y que ha ejercido en todo momento una encomiable
labor en defensa de los sectores de población más desprotegidos.
En el horizonte no se vislumbra
un panorama de resistencia antineoliberal. Hoy, a pesar de las declaraciones de
banqueros y políticos del PP, las directrices políticas continúan en la misma
senda de lo que ha sido la gestión del PSOE en la comunidad andaluza. Y las
aspiraciones de quienes pretendían otro modelo de sociedad confiando en que IU
podría imprimir su marchamo en la política andaluza, pueden desinflarse. IU no
fue apoyada para que se corresponsabilizara de la gestión neoliberal. En esas
condiciones, su lugar tendría que estar en el otro lado de la barricada.
