La ruptura entre la ciudadanía y la clase política es una realidad que alterará el sistema político instituido desde la transición.

                                                                   

Como ha sucedido en varios países latinoamericanos y europeos, también en el seno de la sociedad española han surgido diferentes  movimientos ciudadanos al margen de los partidos políticos tradicionales, reivindicando una mayor calidad de la democracia y exigiendo que la economía se ponga al servicio del ser humano.

Pero la necesidad de profundizar en los cambios que se demandan entre los movimientos implicados sitúa, hoy, el debate en la posible conveniencia de alcanzar las instituciones representativas del poder político. No hay duda de que la ciudadanía tiene que ser el grupo de presión mayoritario que frene y se imponga sobre el poder de la banca, de los poderes económicos y políticos, sino que, además, como hizo, por otra parte el propio poder financiero, se trataría de asumir directamente el ejercicio del poder político a partir de la concurrencia en el juego electoral. Y en este contexto, los partidos políticos van quedando al margen.

¿Es una revuelta de la sociedad civil frente al Estado? No responde con exactitud a lo que clásicamente se ha entendido por ambas esferas del espacio público y la relación que entre ellas debía establecerse. En primer lugar, porque si aceptamos que la sociedad civil es el conjunto de mecanismos de coordinación social no dependientes del sistema administrativo estatal, entonces, pueden incluir los pertenecientes a la actividad económica. En la tradición liberal clásica, con A. Smith, primaba la consideración de la sociedad civil como sociedad comercial, en la que los individuos se relacionan persiguiendo su propio interés y el mercado, como lugar de libre intercambio de bienes y servicios (dirigido por la mano invisible), actuaría fomentando el mutuo beneficio. También, desde Hegel, la sociedad civil se ha considerado como la esfera en que los individuos actúan y para satisfacer sus necesidades utilizando a los demás como medios para sus propios fines, integrando la economía, las relaciones laborales, asociaciones gremiales, etc. Si en el primer caso (Smith), el Estado debía preservar el libre funcionamiento de la sociedad civil (basado en la propiedad privada y la economía de mercado), en el segundo (Hegel), el Estado debía intervenir a fin de asegurar las necesidades y el funcionamiento de una sociedad incapaz de organizarse por sí misma y proporcionar el progreso  social. Como vemos, a tenor de estas tradiciones acerca de la sociedad civil, hoy no podría entenderse el enfrentamiento de los movimientos ciudadanos estrictamente como una rebelión de la sociedad civil frente al Estado.

Pero, en segundo lugar, también se ha interpretado la sociedad civil como ámbito diferente de la actividad económica y del Estado, formando un sistema de mediaciones regulado por principios de solidaridad. Ha sido el filósofo alemán J. Habermas uno de los que más ha insistido en considerar la sociedad civil como la trama de relaciones y asociaciones sustentadas por lazos afectivos, identitarios o proyectos comunes (como la familia, las religiones, asociaciones culturales, vecinales, ONGs, etc.), un espacio de cooperación diferente del poder económico y del poder estatal.

Aceptando este sentido, entonces, a lo que asistimos es a una revuelta, no de la sociedad civil, sino desde ella misma. Es en ese espacio público, libre de la coerción estatal y los intereses económicos, donde se está generando una opinión pública independiente basada en la deliberación y participación, y desde la que se trata de controlar el poder político  cuestionando su legitimidad.

Los partidos políticos tradicionales (y los sindicatos oficiales), en la medida que su actividad está fuertemente profesionalizada y sus aparatos forman parte de la clase política institucionalizada, quedan fuera del movimiento emergente de la ciudadanía. Y las fricciones con aquellas fuerzas políticas que asumen en gran parte las reivindicaciones ciudadanas, fundamentalmente las de izquierdas (y ecologistas que han asumido la estructura vertical y burocratizada, previa a la aspirada profesionalización), son inevitables.

Por tanto, rigurosamente, no es la sociedad civil la que se rebela, pero sí desde ella. Desde ella surgen asociaciones, plataformas, mareas, etc., que asumen que el poder económico y político (y la puerta giratoria que lleva de uno a otro) son los causantes de la debilitación de la democracia y el empobrecimiento de la ciudadanía. En estos movimientos, que piden poner fin al modelo democrático surgido en la transición, la configuración de un amplio frente cívico como alternativa de poder, que empieza a gestarse y sentirse como una necesidad, puede ser una realidad en próximas contiendas electorales.