El día 23 de este mes hará 32 años
de la intentona de golpe de Estado. Aquél fue un golpe militar que pretendía
acabar con la democracia y el Estado de derecho, con las libertades; es decir,
un golpe ilegal utilizando la violencia directa contra las instituciones. Hoy,
sin embargo, lo que nos encontramos son diferentes golpes a la democracia y a
los derechos ciudadanos, llevados a cabo desde el poder y salvando la
legalidad, al menos en apariencia. Nos encontramos con un golpe al derecho
universal y gratuito a la sanidad, a la educación, un golpe al derecho a la
vivienda, a las pensiones y a todo el sistema de protección social
Pero la ciudadanía, en los dos
últimos años, ha incrementado su indignación expresándose en multitud de
movilizaciones protagonizadas por movimientos como el 15M, 25S, stop
desahucios, y diversas plataformas o grupos que han ido gestándose por
problemas concretos (corralas, afectados por las preferentes, etc.) o al calor
de los mismos, como el mismo Frente Cívico Somos Mayoría, en lo que es un
constante proceso de empoderamiento de la ciudadanía. También organizaciones
sociales y sindicales alejadas del control de los aparatos de los partidos y conectadas con la indignación
de los de abajo, han apoyado y continúan demandando la dignidad del ser humano
frente a la reducción como mera mercancía que el capital y los mercados imponen,
exigiendo la subordinación de la economía a las necesidades del ser humano y su
medio natural.
Y todos los movimientos, todas las
mareas ciudadanas, han conseguido confluir en esta significativa fecha para
manifestarse en todo el territorio rechazando los golpes de Estado a la
democracia, a la soberanía popular y a los derechos ciudadanos. Resumiendo y
generalizando las exigencias principales:
1º.- La dignidad del ser humano como
fundamento inalienable y la democracia como expresión de su soberanía. Esto
necesariamente tiene como consecuencia la apertura de un proceso constituyente,
el replanteamiento de la forma de Estado y el modelo territorial, y la modificación de la ley electoral.
2º.- El rechazo de las políticas
impuestas por los mercados y la troika (CE, FMI, BCE), y el control democrático
de las decisiones en materia económica. Impago de la deuda ilegítima.
3º.- La defensa del Estado del
bienestar y los servicios públicos y de calidad frente a la privatización y su
control por los mercados. Incremento de las políticas de protección social,
incluyendo el derecho a la vivienda, incorporando medidas como la dación por
pago.
4º.- Una banca pública de contenido
ético y social. La ciudadanía no tiene que hacerse cargo del saneamiento de los
bancos con inyecciones de fondos públicos.
5º.- La democratización del poder
político y de los partidos políticos. El fin de los privilegios de la clase
política, la corrupción y el tráfico de influencias entre banca, empresas y
política.
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