El auto del juez Pedraz, por el
que se archiva la denuncia contra los acusados del “25-S Rodea el Congreso”,
ha puesto de manifiesto la homogeneidad y conjunción de intereses entre la clase
política y, también, de los medios de comunicación (casi todos) que defienden su status y el sistema establecido. Todos al unísono
han criticado que el juez haya argumentado, en defensa de la libertad de
expresión de las personas concentradas en los alrededores del Congreso, que la protesta se basaba en la “convenida decadencia de la clase política”. Casi nadie, sin embargo, ha
entrado en el hecho de la inexistencia de delito alguno como pretendía la
policía en su informe. No olvidemos que a las personas citadas se les acusaba
de pretender ocupar una de las instituciones del Estado; una falsedad más de
las muchas que se han vertido contra el movimiento 25-S.
Ya desde este verano se lanzaron
insinuaciones acerca de una supuesta extrema derecha que se encontraría tras
los promotores de la iniciativa. El bulo se fue extendiendo con el beneplácito
de todas la fuerzas políticas, que veían cómo el apoyo y simpatía que
generaba la convocatoria de rodear el Congreso atentaba contra los privilegios
que como clase política compartían. Ese bulo, como las acusaciones de golpismo comparando con el 23-F, sembraron confusión entre algunas personas que podían
compartir los objetivos del movimiento. No obstante, la convocatoria siguió
adelante y ya nadie duda, a pesar de los intentos por minimizar su impacto real, de que fue un éxito.
En efecto, gran parte de la
ciudadanía del Estado es consciente de que la clase política, el orden
constitucional, la forma de Estado y el modelo de democracia es el resultado de
la transición pactada con los sectores aperturistas del franquismo para darle
continuidad al Estado autoritario y preservar los intereses de la oligarquía. Pero además, con el
desmantelamiento del incipiente y poco desarrollado Estado del bienestar que
se está produciendo, al amparo de políticas neoliberales, para financiar la deuda
generada por el descomunal negocio ligado al ladrillo y al sector financiero de
la economía, se han agudizado las alarmas en la población. El sentimiento de
ser considerados una mercancía en manos del capital y de no encontrarse
representados por la clase política ha ido en aumento.
Por ello, el llamamiento a la
apertura de un proceso constituyente estaba y está destinado a ser ampliamente
compartido. Así lo entendieron también los poderes establecidos y así
reaccionaron ante el previsible éxito de la convocatoria. No bastó con la infiltración policial entre los
movilizados para provocar la excusa de la brutal represión a la que fueron
sometidos. Querían más. Querían también que el poder judicial actuara al amparo
del poder político con sentencias que desanimaran cualquier movilización en marcha.
Pero no pudo ser. Esperaban del juez de turno que fuese fiel a los intereses del
régimen y de la clase a la que presumían que representaba.
Y el juez, para sorpresa de muchos, se atiene
a los hechos: una concentración pacífica, legal, que se limita a expresar su
protesta alrededor de la institución que representa el poder político. Y para
sorpresa de la clase política, entiende que esa protesta es consecuencia de un
clamor que está en la calle, el de que la clase política no está al servicio
del pueblo, que está “en decadencia”. Por tanto, ni hay ningún tipo de delito
en lo acontecido en esa concentración y, además, parecen tener motivos sobrados
para ella.
El arco parlamentario y las
poderes fácticos se sienten dolidos. El pueblo se rebela y el juez entiende los
motivos de la protesta. Desde la ultraderecha del sindicato “Manos limpias” (¿No
estaba promovida la movilización por la extrema derecha?) a la izquierda,
pasando por casi todas las opciones políticas, critican el juicio expresado en
el auto. El portavoz del PP en el Congreso, desorientado, no entiende tamaña
afrenta de quien consideraba de los suyos, de su clase social, y le reprocha
ser un “pijo ácrata”. Curiosamente ningún representante político recuerda que los autos
judiciales suelen estar motivados por consideraciones contextuales. Esa es la
práctica habitual. Claro que hasta ahora ninguno había señalado a la clase
política como causa de la protesta, de la movilización que esperaban que
hubiese sido constitutiva de un delito. Y son sus privilegios los que están en
juego.
Ladran, luego cabalgamos.
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