El Gobierno pretende la asimilación cultural de Cataluña, su españolización. Pero, ¿depende la identidad de un pueblo de los poderes políticos? ¿Es éticamente aceptable el asimilismo?

                                                                     

Los grados de identificación de cada ser humano pueden oscilar desde la identidad personal, que es única e irrepetible, a niveles socialmente superiores, simplemente reconociéndose como miembro de la humanidad. Incluso, yendo más lejos, habrá quien se identifique como un ser vivo más entre otros. Pero hablando de esa peculiar condición, la de considerarse ser humano y, en consecuencia, con la exigencia de reconocimiento de la misma dignidad para cada uno de ellos, no se puede olvidar que todos somos socializados en una cultura que nos proporciona una determinada visión del mundo, una eficaz forma de adaptación a nuestro entorno, y una apertura de posibilidades más o menos limitadas para desarrollar nuestra forma y proyecto de vida.

Estos vínculos identitarios compartidos socialmente pueden ser los propios de la comunidad local, o de la comunidad en la que se ha estado integrado a lo largo de generaciones, formando parte de un pueblo con una común historia y experiencias vitales compartidas, generando una identidad social diferente de la sentida en otros pueblos de cultura e historia propias; y ello, incluso, a pesar de haber mantenido estrechas relaciones a lo largo del tiempo. Esa identidad social también puede quedar debilitada en el seno del Estado o los Estados que política y administrativamente organizan la sociedad en la que discurre la vida de los propios pueblos, convirtiéndose el Estado, de la misma forma, en identidad sentida. Así, hay quienes se sienten, más que de tal o cual comunidad cultural, españoles y, también, quienes se sienten europeos.

Nadie podrá objetar el derecho que cada cual posee a la defensa de su identidad personal, sea en sus componentes socio-culturales, socio-políticos y morales o religiosos. ¿Pero qué sucede cuando la identidad social (también la personal) no se corresponde con el aparato del poder político, con el Estado, que ejerce la fuerza hegemonizadora en la sociedad. El conflicto está servido. Pero lo que no puede alegarse es que no se tenga derecho al reconocimiento de esa identidad social, al reconocimiento de la misma frente a la que goza de la protección del aparato de poder.

Pero lo que es más gravemente inadmisible, desde una perspectiva ético-política, es la planificada asimilación de otras culturas para disolver la identidad de esos pueblos. Esos intentos, de los que la etnocentrista historia está plagada de ejemplos y que, particularmente, Andalucía sufrió desde el siglo XIII por la expansión colonizadora europeo-castellana, continuaron para todos los pueblos del Estado desde la Guerra Civil. Con las elecciones de 1977 y la instauración de la democracia, los pueblos en los que no habían desaparecido aún los vínculos con los que se identificaban los miembros de esa comunidad, exigieron el reconocimiento como tales. Y esa exigencia de reconocimiento ha ido en general, aunque desigualmente, en aumento. Pero el poder político ha reaccionado frente a ellos tratando de preservar por encima de todo su particular visión acerca de la identidad nacional (igual a Estado español), extendida también entre amplios sectores de la ciudadanía, la misma que se impuso de forma violenta en la Guerra Civil. En definitiva, aquella que mejor se adaptaba a los intereses de la clase social que resultó triunfadora en aquella contienda.

Para ello nos vuelven estos días, según palabras del ministro de Educación José Ignacio Wert, con la pretensión de españolizar Cataluña, como también lo harán con los demás pueblos que hoy administra el Estado español. Esta operación asimilista, como toda operación fascista, anuladora de la diversidad cultural y el derecho a la emancipación de los pueblos, nos plantea un conflicto que es un paso atrás en lo que hasta ahora ha sido una larga marcha en el reconocimiento de los derechos humanos. En la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce que la “voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”; por tanto, no es la autoridad del Estado, por importantes que sean los apoyos en que este se sustente, quien tiene la capacidad legitimadora para decidir las formas de organización y gobierno del propio pueblo. También la misma declaración reconoce la obligación del Estado a satisfacer los derechos culturales (entre otros) indispensables a la dignidad y libre desarrollo de la personalidad de cada miembro de la sociedad. Así, desde esta perspectiva, cualquier intento asimilista, cualquier intento por debilitar la cultura de un pueblo, se sitúa fuera del marco de la declaración de derechos humanos.

Esta operación impositiva por parte del Estado, del brazo ejecutor del mismo, carece de legitimidad moral y está condenada al enfrentamiento con los pueblos, que como las personas, tienen derecho a no renunciar a aquello que "son", a su identidad. La preservación de la identidad cultural y el derecho de autodeterminación, es un derecho que toda cultura y todo pueblo posee, y en el ejercicio de tales reside la capacidad de ese pueblo, de los individuos que lo componen como miembros de esa sociedad, de organizar la convivencia entre ellos y con los demás pueblos.