Una política orientada a la banca, a los muy ricos, en detrimento de las clases populares.

Las noticias sobre medidas tomadas por el Gobierno que afectan a derechos y a las condiciones materiales de vida de las clases populares, se suceden con un ritmo de vértigo. No habíamos asimilado la fuerte subida del IVA porque su entrada en vigor no se ha producido hasta hoy, 1 de septiembre, y ya nos llegan nuevas y descorazonadoras noticias.

El IVA grava todos los productos independientemente del poder de compra que se posea. Lo mismo da que sea un banquero con ingresos de cientos de millones de euros que un inmigrante de los denominados “irregulares” o “sin papeles”: el producto objeto de compra vale lo mismo para ambos, y ambos pagan los mismos impuestos. Y ya que me he referido al “sin papeles”, comentaré la otra noticia que también hoy entra en vigor y que le afecta directamente: el Gobierno ha decidido excluirlos de la asistencia sanitaria gratuita. Por eso decíamos al principio que también nos llegan noticias sobre recortes de derechos. ¿No era la salud un derecho universal reconocido en la carta de derechos humanos? ¿No está en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, entre otros estatutos de comunidades autónomas? Pues sí; pero además, si la asistencia sanitaria se sufraga con los impuestos de todos, incluidos los que paga el “sin papeles”, es una flagrante discriminación y una agresión a los derechos humanos (y a los derechos fundamentales, los reconocidos en la Constitución) la que se produce con este colectivo de trabajadores/as. Y no olvidemos la generación de riqueza que producen en nuestro país, y no olvidemos la sobreexplotación a la que están expuestos, y no olvidemos lo necesario que son los trabajos que realizan: tareas penosas en la agricultura y en épocas de campaña, chapuzas por horas, cuidados de anciano/as a jornada completa, etc. Sin embargo, los mismos que necesitan de ellos/as, que se aprovechan y explotan, aplauden ahora el que se les niegue el derecho a la asistencia gratuita.

Este tratamiento con los inmigrantes “irregulares” o “sin papeles” contrasta con el otorgado a los bancos y que cada día nos ofrece una sorpresa más. Ayer mismo se acordó la creación de un banco “malo” para que compre los activos tóxicos (viviendas) a los bancos que las poseen. ¿Qué se pretende con ello? Veamos cómo se ha producido la secuencia de hechos que ha llevado al Gobierno a ponerse al servicio de los bancos.

1.- En plena burbuja del ladrillo, los bancos prestan dinero (con su correspondiente interés) a las constructoras. Ganan mucho dinero.

2.- Estalla la crisis, y las constructoras que no han vendido buena parte de las viviendas, entran en quiebra.

3,. El banco que ha prestado a la constructora en quiebra, se queda con las viviendas; pero estas llegan a perder la mitad del valor inicialmente estipulado.

4.-Para que los bancos no sufran pérdidas, el Gobierno crea un banco “malo” con dinero público y compra esas viviendas a un precio razonable.

5.- Ese dinero público es un préstamo que tendremos que pagar la ciudadanía con nuestros impuestos. Lo haremos todos: con más ingresos o con menos, en activo o en paro, con vivienda o los propios desahuciados, con nuestros impuestos.

Los bancos ganaban mucho dinero, y a los que quedaron afectados por la crisis, el Gobierno los ayuda para que continúen ganándolo. El banco “malo”, a su vez, puede vender esos pisos pasado un tiempo y obtener beneficios. Las clases populares, sin embargo, permanecerán con sus condiciones de vida deterioradas.

Esta no ha sido tampoco la última noticia que favorece los intereses de la banca. También hemos sabido este viernes (hay que ponerse a temblar cada vez que llega ese día de la semana, como con los viernes de consejo de ministros de “carácter decisorio” en la época de Franco). El FROB, organismo dependiente del Estado, inyectará 4.500 millones de euros más a Bankia. El Estado, por tanto, es el responsable de ese préstamo. Y tras el Estado, la ciudadanía y nuestros impuestos. Pues ya vamos viendo hacia dónde va el sacrificio (reducción) de nuestros mermados salarios y de la subida del IVA. Y en otro giro de tuerca, la amenaza al pueblo andaluz: los bancos se niegan a suscribir deuda con la Junta de Andalucía y la obligarán a acudir al fondo de liquidez de las comunidades autónomas. A este fondo le prestan los bancos para que él, a su vez, lo preste a las comunidades autónomas. La condición que el Gobierno impondrá para otorgar el préstamo del fondo será que apliquen nuevos ajustes para cumplir escrupulosamente con el arbitrario 1,5 % de déficit acordado también por el Gobierno. Estos ajustes conllevarán nuevas reducciones del gasto público (sanidad, educación, etc.). Otra vez el pueblo andaluz pagará las consecuencias. Mientras, la banca se frota las manos.

La pregunta que se hace necesaria es, entonces, ¿cuándo tendremos en Andalucía una banca pública al servicio de la ciudadanía?, ¿cuándo podremos romper esa tiranía ejercida al unísono entre banca y Gobierno? Otro día comentaré esa propuesta que iba incluida en el programa de IULV-CA, socio en el Gobierno andaluz.