Hay que abrir un proceso constituyente porque la sociedad, diferente de la que vivió la transición, tiene el derecho a opinar y decidir sobre el futuro.

                                                                              

Durante los últimos años de la dictadura se fue gestando una paulatina pérdida de apoyos, por parte de la clase dominante, al moribundo régimen a la vez que se intensificaba la oposición popular en favor de las libertades y la democracia. Una parte de la burguesía, el sector social en el que se había basado la dictadura de Franco, entendió que, para perpetuar una situación acorde a sus intereses económicos y socialmente estable, era necesario pactar con la oposición un modelo de democracia que estuviese homologado en Europa. La oposición democrática, por su parte, aunque iba paulatinamente ganando implantación en la sociedad, no conseguía la presencia mayoritaria necesaria para imponer el modelo rupturista que algunas fuerzas políticas propugnaban.

En aquel contexto, la negociación fue hábilmente dirigida por los aperturistas del régimen negociando con fuerzas políticas de la oposición y anteponiéndose a que las fuerzas populares y representativas de las clases trabajadoras adquiriesen mayor protagonismo e impusieran las tesis de la ruptura democrática con la dictadura. Finalmente, los partidos de izquierda entraron en la negociación y aceptaron el modelo de transición, que no era más que el resultado de la correlación de fuerzas existentes en ese momento. La hegemonía social de la burguesía y de las fuerzas provenientes del franquismo dio lugar, con la vigilante tutela del ejército, a la imposición de la monarquía, al modelo territorial basado en las Autonomías, el Parlamento, la ley de Amnistía y la ley Electoral, la Constitución y el incipiente Estado del bienestar.

Las generaciones que vivieron y pudieron participar en aquellos acontecimientos, fueron las generaciones nacidas antes de los años 60. De esta manera podemos decir que la población española nacida después del 60, así como la nacionalizada procedente de otros países, son generaciones ajenas a aquel proceso de transición. Y esta población, a 2012, supone la mayoría del Estado español.

Ahora bien, la pregunta que nos hacemos hoy, es si lo que nació en una determinada relación de fuerzas y con una población que es minoritaria en la actualidad, conserva la legitimidad para mantenerse en el futuro. Esto es lo que precisamente se está cuestionando desde movimientos tan diversos como el movimiento 15-M, los nacionalismos periféricos, movimientos cívicos, sindicales y otros. Especialmente significativo han sido en las movilizaciones de jornaleros andaluces, del soberanismo catalán o las protestas sindicales en Madrid. En todas ellas podemos encontrar la insuficiencia del marco constitucional para dar la respuesta adecuada a las demandas sociales. Ni el modelo territorial que se reclama, ni el desarrollo del Estado de bienestar, la democracia participativa y el sistema electoral o la autonomía para tomar decisiones en materia económica, están debidamente garantizados en la Constitución; y ni el Estado ni los representantes de la soberanía popular muestran capacidad para ofrecer respuestas válidas a la población.

La monarquía, surgida desde el franquismo para darle continuidad al Estado, no fue sometida a referéndum popular, de manera que el pueblo no ha podido decidir entre otras formas de Estado. Así, por el carácter antidemocrático de la institución, por legitimarse en el propio franquismo y por los privilegios de que goza, también está siendo cuestionada por nuevas generaciones de ciudadanos/as y quienes ya no aceptan la imposición efectuada en el pasado.

Pero también la revisión de este pasado reciente se encuentra con obstáculos producto de la transición. Ni se puede recuperar la memoria de las víctimas del franquismo ni juzgar a los responsables de los delitos cometidos. La historia continúa siendo la historia de los vencedores de la Guerra Civil.

En este contexto, la apertura de un proceso constituyente se torna en una necesidad cada vez más sentida por la población. Así, diversos movimientos ciudadanos tienen convocados para el día 25 de septiembre diversas movilizaciones con este fin, pero que, sin duda, lo más llamativo es la concentración alrededor del Congreso para exigir el nuevo proceso constituyente. En definitiva, se trata de liberar la democracia de las limitaciones con las que nació y de las que ha ido adquiriendo a la sombra de lo poderes fácticos y las instituciones financieras de Europa.