El PSOE sufrió en Andalucía su primera derrota electoral desde
que se constituyó la comunidad autónoma el pasado mes de marzo. La pérdida de
electorado, tanto a derecha (PP) como a izquierda (IULV-CA) o, incluso, la
abstención, fue producto de la reacción ante las políticas neoliberales, emprendidas por el Gobierno central presidido
por Zapatero (recortes en el sector
público, disminución de salarios, reforma laboral, ampliación de la edad de
jubilación, etc.) y, también, por hartazgo de la población a los más de 30 años
de gobiernos del PSOE, por el excesivo poder acumulado, las redes clientelares,
el enchufismo y las corruptelas instaladas en las administraciones de la Junta.
Se esperaba que con la derrota de este partido se iniciaría
una limpieza democrática en las instituciones de manera que se depurasen responsabilidades
por los abusos cometidos, y una nueva gestión, transparente y democrática,
imparcial y competente garantizase la igualdad de oportunidades y recuperase la
confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas. Sin embargo, el
PSOE no fue desalojado del poder por el pacto que alcanzó con IULV-CA.
Critiqué en su momento la posibilidad de alcanzar dicho
acuerdo de gobierno argumentando, principalmente, que la política que se
desarrollaría desde el Gobierno de la Junta, no iba a ser sustancialmente
diferente al que hasta ahora se venía ejerciendo: es decir, la aplicación de
medidas de corte neoliberal. No han pasado muchas semanas para que los efectos
puedan observarse: el plan económico y financiero aprobado va en la misma línea
de recortes del sector público que los puestos en marcha por los gobiernos
centrales del PSOE y del PP. Esto ha provocado la indignación de las bases de
IULV-CA que han pedido, y ha sido todo un clamor, el voto en contra a la
convalidación parlamentaria y que se reconsidere el pacto de gobierno suscrito
con el PSOE.
Pero el otro gran aspecto que preocupaba mayoritariamente a
la población andaluza era la depuración de responsabilidades y recuperar la
gestión honesta y transparente en las administraciones, acabando con todo tipo
de nepotismo, clientelarismo y nido de corrupción en que se habían convertido
buena parte de ellas. En este sentido, la puesta en marcha de la comisión de
investigación sobre los ERES va en esa línea. Está por ver si en su desarrollo
se consiguen aclarar y depurar las responsabilidades finales.
Siendo ello una buena noticia, aún no sabemos nada (o poco)
de lo que sucederá con la contestada reordenación del sector público, donde las
competencias otorgadas a consorcios y agencias han dado lugar a una
administración paralela dirigida por afines al partido gobernante. Tampoco se saben
las medidas que se tomarán respecto a otros planes que la Junta tenía en marcha
y que también fueron objeto de protestas sindicales, tanto en el sector
sanitario (repleto de cargos nombrados por fidelidad política) como en Educación. Llama la atención que en este última
administración, la consejería implantó dos medidas en contra de la voluntad
mayoritaria del profesorado: el ROC (que otorgaba excesivos poderes la los
directores/as de los centros, considerados como representantes de la Administración), y el plan de Calidad (conocido como ley del
soborno, al otorgar dinero al profesorado a cambio de aumentar el número de aprobados, entre
otros aspectos, y cuyo presupuesto era de 187 millones de euros en 4 años).
Ambos se mantienen.
Por último, quiero señalar como muestra de las
irregularidades de las que se rodeó la gestión de la Junta, y de una especial
gravedad, es el bloqueo de los fondos europeos (FEDER, FSE) por parte de la
Comisión Europea al haber detectado, el Tribunal de Cuentas, numerosas
irregularidades como modificaciones presupuestarias en contratos de obras
públicas, que podrían haber dado lugar a la comisión de abusos en el uso de
dinero público, o incumplimiento de los plazos de mantenimiento del empleo (4
años) de trabajadores contratados con ayudas comunitarias.
Esta suspensión en la entrega de fondos, si no se negocia
alguna solución, puede tener una consecuencias graves en la situación actual de
crisis financiera, pues son 2.000 millones de euros los adelantados y
ejecutados por la Junta que Bruselas tendría que abonar a Andalucía. Una parte
de ellos están ya previstos como ingresos para este año. No sólo es un problema
por la difícil coyuntura para obtener los recursos, sino porque de estos fondos
depende una parte importante de la actividad económica de Andalucía. Por ello,
el esclarecimiento de lo sucedido, tiene que abordarse por el nuevo parlamento con
celeridad y por imperativo moral del electorado andaluz.
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