Tras el excesivo poder acumulado en los más de 30 años de gobiernos por el PSOE, el Parlamento Andaluz tiene que proceder a la limpieza en las administraciones de la Junta y depurar responsabilidades.

El PSOE sufrió en Andalucía su primera derrota electoral desde que se constituyó la comunidad autónoma el pasado mes de marzo. La pérdida de electorado, tanto a derecha (PP) como a izquierda (IULV-CA) o, incluso, la abstención, fue producto de la reacción ante las políticas neoliberales,  emprendidas por el Gobierno central presidido por Zapatero  (recortes en el sector público, disminución de salarios, reforma laboral, ampliación de la edad de jubilación, etc.) y, también, por hartazgo de la población a los más de 30 años de gobiernos del PSOE, por el excesivo poder acumulado, las redes clientelares, el enchufismo y las corruptelas instaladas en las administraciones de la Junta.

Se esperaba que con la derrota de este partido se iniciaría una limpieza democrática en las instituciones de manera que se depurasen responsabilidades por los abusos cometidos, y una nueva gestión, transparente y democrática, imparcial y competente garantizase la igualdad de oportunidades y recuperase la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas. Sin embargo, el PSOE no fue desalojado del poder por el pacto que alcanzó con IULV-CA.

Critiqué en su momento la posibilidad de alcanzar dicho acuerdo de gobierno argumentando, principalmente, que la política que se desarrollaría desde el Gobierno de la Junta, no iba a ser sustancialmente diferente al que hasta ahora se venía ejerciendo: es decir, la aplicación de medidas de corte neoliberal. No han pasado muchas semanas para que los efectos puedan observarse: el plan económico y financiero aprobado va en la misma línea de recortes del sector público que los puestos en marcha por los gobiernos centrales del PSOE y del PP. Esto ha provocado la indignación de las bases de IULV-CA que han pedido, y ha sido todo un clamor, el voto en contra a la convalidación parlamentaria y que se reconsidere el pacto de gobierno suscrito con el PSOE.

Pero el otro gran aspecto que preocupaba mayoritariamente a la población andaluza era la depuración de responsabilidades y recuperar la gestión honesta y transparente en las administraciones, acabando con todo tipo de nepotismo, clientelarismo y nido de corrupción en que se habían convertido buena parte de ellas. En este sentido, la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre los ERES va en esa línea. Está por ver si en su desarrollo se consiguen aclarar y depurar las responsabilidades finales.

Siendo ello una buena noticia, aún no sabemos nada (o poco) de lo que sucederá con la contestada reordenación del sector público, donde las competencias otorgadas a consorcios y agencias han dado lugar a una administración paralela dirigida por afines al partido gobernante. Tampoco se saben las medidas que se tomarán respecto a otros planes que la Junta tenía en marcha y que también fueron objeto de protestas sindicales, tanto en el sector sanitario (repleto de cargos nombrados por fidelidad política) como en Educación. Llama la atención que en este última administración, la consejería implantó dos medidas en contra de la voluntad mayoritaria del profesorado: el ROC (que otorgaba excesivos poderes la los directores/as de los centros, considerados como representantes de la Administración), y el plan de Calidad (conocido como ley del soborno, al otorgar dinero al profesorado a cambio de aumentar el número de aprobados, entre otros aspectos, y cuyo presupuesto era de 187 millones de euros en 4 años). Ambos se mantienen.

Por último, quiero señalar como muestra de las irregularidades de las que se rodeó la gestión de la Junta, y de una especial gravedad, es el bloqueo de los fondos europeos (FEDER, FSE) por parte de la Comisión Europea al haber detectado, el Tribunal de Cuentas, numerosas irregularidades como modificaciones presupuestarias en contratos de obras públicas, que podrían haber dado lugar a la comisión de abusos en el uso de dinero público, o incumplimiento de los plazos de mantenimiento del empleo (4 años) de trabajadores contratados con ayudas comunitarias.

Esta suspensión en la entrega de fondos, si no se negocia alguna solución, puede tener una consecuencias graves en la situación actual de crisis financiera, pues son 2.000 millones de euros los adelantados y ejecutados por la Junta que Bruselas tendría que abonar a Andalucía. Una parte de ellos están ya previstos como ingresos para este año. No sólo es un problema por la difícil coyuntura para obtener los recursos, sino porque de estos fondos depende una parte importante de la actividad económica de Andalucía. Por ello, el esclarecimiento de lo sucedido, tiene que abordarse por el nuevo parlamento con celeridad y por imperativo moral del electorado andaluz.

Syriza no consiguió ganar las elecciones griegas, pero sí abrió un camino de esperanza para los pueblos de Europa. IULV-CA tiene un referente del que aprender y corregir la deriva emprendida en Andalucía.

El entusiasmo que despertó la posibilidad real de que Syriza ganara las elecciones, de que por primera vez una fuerza política contraria a las políticas impulsadas por la troika (CE, BCE, FMI) y a las que se adhieren la mayoría de los Estados europeos en un servilismo sin precedentes al sector financiero de la economía, se transformó pronto en decepción al no haber conseguido el objetivo por los 2,77 puntos en que fue superada por los conservadores de ND. Esta fuerza política y el PASOK (tildada de socioliberal), ambas partidarias del memorándum firmado con las instituciones europeas, podrían formar gobierno al obtener la mayoría absoluta. Pero que nadie se lleve a engaño: esta mayoría (162 escaños de 300 de los que tiene el parlamento heleno) se debe al plus (bonus) de 50 diputados que se le otorga a la fuerza más votada, lo cual no quiere decir que entre ambas hayan conseguido mayoría de votos. El 55 % de los votos se han destinado a fuerzas que se oponen al memorándum. A pesar de ser fuerzas políticas muy heterogéneas -y algunas diametralmente opuestas-, parecen mostrar que la sociedad griega está mayormente inclinada al rechazo de las imposiciones de Bruselas.

Las medidas contempladas en el “memorándum de entendimiento”, como todas las decisiones tomadas por la troika, están en la misma vía del intento de salir de la crisis del capitalismo devaluando la fuerza de trabajo, tanto directamente como indirectamente a través del desmantelamiento del Estado del bienestar (salario diferido), liberando en consecuencia los recursos financieros para iniciar un nuevo ciclo del capital. Pero esto no deja de ser más que un espejismo, porque la precariedad y el empobrecimiento de las clases trabajadoras impedirá la capacidad adquisitiva necesaria para que el consumo de bienes permita la expansión del capital. En esas condiciones, cualesquiera de los brotes verdes que pudieran vislumbrarse en un futuro, se secarán más pronto que tarde, dejando tras sí un panorama desolador para los pueblos europeos. Evidentemente, todo ello se producirá si no hay un radical cambio de orientación en el diseño económico político de lo que debe ser la Europa de los pueblos.

Por ello, el rechazo al neoliberalismo y las políticas de austeridad que se impulsan desde las instituciones europeas ha sido y es la decidida apuesta de Syriza. Y no es una apuesta que se dilucidaba únicamente en estas elecciones. Esto explica la diferente actitud mostrada por el joven dirigente de Syriza, Tsipras, con la manifestada decepción sufrida por quienes esperaban el triunfo electoral. También otras voces, que han estado activamente presentes en las movilizaciones de las clases trabajadoras griegas, habían advertido que el calado de los que se está dilucidando es tan profundo que afecta a la estructuración social impuesta por la oligarquía financiera; y que conseguir una mayoría de votos no es suficiente para los cambios que se reclaman. Las elecciones son un paso más, y necesario. Pero no es suficiente si no va fortalecido por el movimiento de base que puede operar estos cambios y darle consistencia. El triunfo electoral podrá llegar en las próximas elecciones, pero desde Syriza como desde Antartsia, el KKE o el movimiento libertario griego, se sabe que el cambio social se articula en la sociedad civil, canalizando de manera constante y sostenida las protestas contra los recortes, empobrecimiento y pérdida de derechos, fortaleciendo el movimiento asociativo y formas alternativas de intercambio y comunicación; en definitiva, construyendo la hegemonía cultural y política contra el neoliberalismo que pueda plasmarse, también, en las instituciones políticas.

Este escenario abierto por Syriza puede señalar el camino a fuerzas políticas  que, aunque hermanadas en el parlamento europeo en el mismo grupo parlamentario, el PIE, viven hoy una deriva que mal se compadece con lo que ha sido su trayectoria. Nos referimos a IULV-CA. Izquierda Unida en Andalucía alcanzó un notable ascenso porque en ella se veía la fuerza política que podría frenar la ofensiva neoliberal que el PSOE y el PP (como PASOK y ND)  aplicaban y aplican en el conjunto del Estado. En buena lógica, ese camino emprendido y la apertura de la coalición a otras fuerzas y movimientos (como hizo Syriza), proyectaría a la coalición a consolidarse como la alternativa que el pueblo andaluz necesita para romper el dominio neoliberal impuesto por estos partidos (y CiU, PNV en sus respectivas comunidades). Sin embargo, inexplicablemente, alcanzaron un acuerdo de gobierno con el PSOE y se disponen a continuar aplicando las recetas que tanto combatieron y contra las que se pronunció un importante sector de la población andaluza. No entendieron lo que precisamente ha sido la clave del éxito de Syriza. Como recuerda en el diario digital Püblico el profesor de Sociología en la U. Autónoma de Barcelona, J. Antentas: “La clave de su éxito es que aparece como una formación “distinta” e inmaculada frente a los recortes a la que no se le puede reprochar haber colaborado con el infame PASOK ni gobernar con él en regiones o municipios aplicando políticas de recortes”. Eso es lo que buena parte del pueblo andaluz y de las bases de IU esperaban de ella. Aún están a tiempo de rectificar y recoger la antorcha de esperanza que Syriza y el pueblo griego han levantado contra la Europa de los mercaderes, de la especulación financiera.

Elecciones en Grecia: Syriza es un soplo de esperanza para los pueblos de Europa.

El domingo 17 se celebran las elecciones griegas. Según los sondeos, estas podrían ser ganadas por la coalición Syriza, una coalición de fuerzas de izquierda  que se opone al “memorándum” acordado entre la troika (CE, BCE y FMI) y los partidos hasta ahora gobernantes en Grecia: Nueva Democracia y PASOK (equivalentes al PP y al PSOE). Decimos “podrían” de lo que estábamos bastante seguros hace unas semanas, porque la presión desde los gobiernos europeos, los poderes oligárquicos y las instituciones financieras sobre el pueblo griego está siendo intensa y tremenda.  Con el apoyo de la práctica totalidad de los medios de información, tratan de demonizar a la coalición de izquierdas con todo tipo de acusaciones y se pronostica una situación de caos en caso de que triunfe. Al pueblo griego le desventuran la bancarrota y el empobrecimiento generalizado. Unido esto al reagrupamiento que se producirá del voto favorable al memorándum en los dos partidos más representativos, incluido con parte del voto nazi de Amanecer Dorado, y a la fragmentación de las opciones de izquierda entre Cyriza, KKE, DIRMA y otros grupos minoritarios, como los que dudan de la operatividad de la participación electoral, el escenario que se preveía hasta hace poco podría decantarse a favor de los partidarios del memorándum, ND y PASOK.

Pero también cabe la posibilidad de que, sabiamente, los empobrecidos sectores de población, como consecuencia de los sucesivos rescates, desconfíen de las palabras de quienes hasta ahora no les ha importado nada su situación y que, de repente, muestran tanta consideración hacia ellos. Entonces podría ser una realidad el que otra Europa pueda volver a construirse: una Europa de los pueblos. Grecia, su pueblo, puede ser el inicio de la rebelión frente a la actual Europa de los mercaderes. Y la antorcha griega podría continuar su marcha por los países meridionales hasta alcanzar los centros financieros que hoy nos dirigen. Syriza debe ganar las elecciones en Grecia no sólo por el bien del pueblo, de las clases trabajadoras griegas, sino por el bien de los pueblos de Europa, por los sufrientes pueblos del Estado español, por Andalucía. 

La educación: un sistema al servicio del gran capital y una forma más de hacer negocio.

En los acuerdos de Lisboa del año 2000 se diseñó, entre otros objetivos, el futuro de la educación en Europa. El Consejo Europeo, institución integrada por los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE, asumió las tesis liberales según las cuales el sistema educativo tenía que formar el modelo de ser humano que interesaba en esta fase de desarrollo del capitalismo. Entre los objetivos estratégicos proponía la creación de “infraestructuras del conocimiento, de aumento de la innovación y de la reforma económica y de modernización del bienestar social y de los sistemas educativos”.

Los sistemas educativos se reformaron de manera que los estudios no universitarios fomentaran una formación orientada hacia la adquisición de nuevas competencias básicas, en particular en las tecnologías de la información; competencias que permitieran una adecuada inserción en el mercado laboral y que evitaran el fracaso adaptativo de los jóvenes en la vida social. Específicamente se trata de un modelo formativo dirigido a que la fuerza de trabajo que se necesita, fundamentalmente en el sector servicios, estuviese expresamente cualificada para sus necesidades.

En cuanto a las titulaciones universitarias, un año antes se había iniciado el conocido plan Bolonia, un proceso de convergencia europeo de los estudios universitarios que daría lugar a un marco global de títulos, al Espacio Europeo de Educación Superior. Las titulaciones universitarias tendrían que hacerse en función de las demandas sociales, o lo que es lo mismo, de las necesidades del mercado o sistema productivo.

La Conferencia de Ministros con competencias en Educación Superior, celebrada en Berlín en 19 de septiembre del 2003, desarrolla las conclusiones de los Consejos Europeos celebrados en Lisboa (2000) y Barcelona (2002) con el objetivo de hacer de Europa “la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, capaz de crecer de manera sostenible con más empleo de mayor calidad y un nivel más alto de cohesión social”, reclamando más acción y mayor cooperación en el contexto del plan de Bolonia. La aceptación de los nuevos títulos se llevaría a cabo tras un proceso de diálogo dentro de las instituciones y con las empresas y empresarios. En la práctica esto iba a suponer la desaparición de aquellas titulaciones con escasas salidas profesionales.

Esta forma de concebir el sistema educativo, de adaptarlo a las necesidades del sistema productivo, sin duda, genera cierta -no entusiasta, pero sí cierta-aceptación entre algunos sectores de población. No tanto porque se piense que ese debe ser el modelo educativo, sino porque no se desea que la Universidad se convierta en una expendeduría de titulados en paro. Y otro tanto sucede con los estudios no universitarios si estos no garantizan un acceso al mercado laboral en mejores condiciones que si no se poseyeran.

Pero este planteamiento sólo deja al descubierto una parte de todos los argumentos que deberían sopesarse en el debate. Para que la evaluación por parte de la ciudadanía fuese la adecuada, tendría que haberse planteado con toda claridad cuáles pueden ser los objetivos del sistema educativo y si entre ellos no habría que establecer el conocimiento de los más altos logros de la cultura en todas sus dimensiones. Si la cultura, en tanto que medio eficaz de adaptación material y espiritual, ha tenido esa función al servicio de las potencialidades humanas, reducirla a las necesidades que se operan en el sistema productivo, es una mutilación que dará lugar a un modelo de ser humano limitado en el ejercicio de sus potencialidades. Es verdad que el viejo ideal aristotélico del saber teórico o contemplativo, como la actividad más propia del ser humano y que con plenitud permite la autorrealización y la universal aspiración a la felicidad, hoy se nos torna algo imposible. Pero el propio Aristóteles proponía el ejercicio de la virtud como actividad que nos aproxima a la felicidad si la anterior se convertía en una meta difícil de alcanzar. Es decir, que la integridad personal, la práctica de la virtud y una ciudad justa que la haga posible, desde entonces, han estado presentes en el debate de hacia dónde conducir y orientar la formación del ser humano.

Es más que posible que hoy esas orientaciones tengan que ser complementadas con otras necesidades que han ido surgiendo. Entre ellas, la adaptación al sistema económico-social. Pero adaptación no es subordinación, sino complementariedad de las necesidades con los irrenunciables objetivos de una formación integral del ser humano, contemplando críticamente el presente y abriéndose a los interrogantes del futuro. La ciudadanía tendrá que decidir, pero no se pueden mutilar u ocultar los argumentos sobre los que establecer el debate.

Aquellas políticas, que se iniciaron hace 10 años, han encontrado en la actual crisis del sistema que se vive en el viejo continente la excusa para su implementación de manera acelerada. La ofensiva del capital por aumentar su presencia en las instituciones educativas no se reduce sólo al diseño de las carreras universitarias, sino directamente a la gestión. La Educación pública va perdiendo presencia a favor de los modelos privados y además va encareciéndose y disminuyendo en calidad. Para los objetivos del neoliberalismo, la formación de profesionales de alta cualificación técnica, no necesita de una Universidad accesible a cualquier persona que quiera formarse. Por ello, es un gasto prescindible. Las necesidades de ese personal pueden muy bien ser satisfechas en centros elitistas y directamente gestionados por  empresas o instituciones que representan sus intereses. Por tanto, la política de austeridad y de recortes en el gasto público, ha encontrado el filón en el sistema educativo. La reducción de becas, la subida de las tasas de matriculación, el encarecimiento de los másteres, la reducción de plantillas y aumento de las cargas horarias del profesorado, apunta hacia un modelo de Universidad dirigido a minorías y al desmantelamiento progresivo del sistema público.

Si no hay una respuesta adecuada y a tiempo, la Educación, considerada un derecho, y como tal así está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no será más que un sistema de formación de  fuerza de trabajo especializada en función de los intereses del sistema productivo y, considerado como un negocio, directamente gestionado por instituciones financieras y empresariales.