La educación: un sistema al servicio del gran capital y una forma más de hacer negocio.

En los acuerdos de Lisboa del año 2000 se diseñó, entre otros objetivos, el futuro de la educación en Europa. El Consejo Europeo, institución integrada por los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE, asumió las tesis liberales según las cuales el sistema educativo tenía que formar el modelo de ser humano que interesaba en esta fase de desarrollo del capitalismo. Entre los objetivos estratégicos proponía la creación de “infraestructuras del conocimiento, de aumento de la innovación y de la reforma económica y de modernización del bienestar social y de los sistemas educativos”.

Los sistemas educativos se reformaron de manera que los estudios no universitarios fomentaran una formación orientada hacia la adquisición de nuevas competencias básicas, en particular en las tecnologías de la información; competencias que permitieran una adecuada inserción en el mercado laboral y que evitaran el fracaso adaptativo de los jóvenes en la vida social. Específicamente se trata de un modelo formativo dirigido a que la fuerza de trabajo que se necesita, fundamentalmente en el sector servicios, estuviese expresamente cualificada para sus necesidades.

En cuanto a las titulaciones universitarias, un año antes se había iniciado el conocido plan Bolonia, un proceso de convergencia europeo de los estudios universitarios que daría lugar a un marco global de títulos, al Espacio Europeo de Educación Superior. Las titulaciones universitarias tendrían que hacerse en función de las demandas sociales, o lo que es lo mismo, de las necesidades del mercado o sistema productivo.

La Conferencia de Ministros con competencias en Educación Superior, celebrada en Berlín en 19 de septiembre del 2003, desarrolla las conclusiones de los Consejos Europeos celebrados en Lisboa (2000) y Barcelona (2002) con el objetivo de hacer de Europa “la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, capaz de crecer de manera sostenible con más empleo de mayor calidad y un nivel más alto de cohesión social”, reclamando más acción y mayor cooperación en el contexto del plan de Bolonia. La aceptación de los nuevos títulos se llevaría a cabo tras un proceso de diálogo dentro de las instituciones y con las empresas y empresarios. En la práctica esto iba a suponer la desaparición de aquellas titulaciones con escasas salidas profesionales.

Esta forma de concebir el sistema educativo, de adaptarlo a las necesidades del sistema productivo, sin duda, genera cierta -no entusiasta, pero sí cierta-aceptación entre algunos sectores de población. No tanto porque se piense que ese debe ser el modelo educativo, sino porque no se desea que la Universidad se convierta en una expendeduría de titulados en paro. Y otro tanto sucede con los estudios no universitarios si estos no garantizan un acceso al mercado laboral en mejores condiciones que si no se poseyeran.

Pero este planteamiento sólo deja al descubierto una parte de todos los argumentos que deberían sopesarse en el debate. Para que la evaluación por parte de la ciudadanía fuese la adecuada, tendría que haberse planteado con toda claridad cuáles pueden ser los objetivos del sistema educativo y si entre ellos no habría que establecer el conocimiento de los más altos logros de la cultura en todas sus dimensiones. Si la cultura, en tanto que medio eficaz de adaptación material y espiritual, ha tenido esa función al servicio de las potencialidades humanas, reducirla a las necesidades que se operan en el sistema productivo, es una mutilación que dará lugar a un modelo de ser humano limitado en el ejercicio de sus potencialidades. Es verdad que el viejo ideal aristotélico del saber teórico o contemplativo, como la actividad más propia del ser humano y que con plenitud permite la autorrealización y la universal aspiración a la felicidad, hoy se nos torna algo imposible. Pero el propio Aristóteles proponía el ejercicio de la virtud como actividad que nos aproxima a la felicidad si la anterior se convertía en una meta difícil de alcanzar. Es decir, que la integridad personal, la práctica de la virtud y una ciudad justa que la haga posible, desde entonces, han estado presentes en el debate de hacia dónde conducir y orientar la formación del ser humano.

Es más que posible que hoy esas orientaciones tengan que ser complementadas con otras necesidades que han ido surgiendo. Entre ellas, la adaptación al sistema económico-social. Pero adaptación no es subordinación, sino complementariedad de las necesidades con los irrenunciables objetivos de una formación integral del ser humano, contemplando críticamente el presente y abriéndose a los interrogantes del futuro. La ciudadanía tendrá que decidir, pero no se pueden mutilar u ocultar los argumentos sobre los que establecer el debate.

Aquellas políticas, que se iniciaron hace 10 años, han encontrado en la actual crisis del sistema que se vive en el viejo continente la excusa para su implementación de manera acelerada. La ofensiva del capital por aumentar su presencia en las instituciones educativas no se reduce sólo al diseño de las carreras universitarias, sino directamente a la gestión. La Educación pública va perdiendo presencia a favor de los modelos privados y además va encareciéndose y disminuyendo en calidad. Para los objetivos del neoliberalismo, la formación de profesionales de alta cualificación técnica, no necesita de una Universidad accesible a cualquier persona que quiera formarse. Por ello, es un gasto prescindible. Las necesidades de ese personal pueden muy bien ser satisfechas en centros elitistas y directamente gestionados por  empresas o instituciones que representan sus intereses. Por tanto, la política de austeridad y de recortes en el gasto público, ha encontrado el filón en el sistema educativo. La reducción de becas, la subida de las tasas de matriculación, el encarecimiento de los másteres, la reducción de plantillas y aumento de las cargas horarias del profesorado, apunta hacia un modelo de Universidad dirigido a minorías y al desmantelamiento progresivo del sistema público.

Si no hay una respuesta adecuada y a tiempo, la Educación, considerada un derecho, y como tal así está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no será más que un sistema de formación de  fuerza de trabajo especializada en función de los intereses del sistema productivo y, considerado como un negocio, directamente gestionado por instituciones financieras y empresariales.