miércoles, 18 de abril de 2012

La crisis con Argentina por la nacionalización YPF-REPSOL es una defensa compartida por PP y PSOE de los mismos intereses capitalistas y del entramado político-financiero.




Algunas cosas cuestan trabajo entender. Me refiero al cinismo que muestran nuestros dirigentes políticos. Veamos. No hace muchos años, en el Estado español, había un buen número de empresas públicas que fueron privatizadas cuando el ardor neoliberal alcanzó a los gobiernos del PSOE en la década de los 80. Siendo ministro Solchaga fue privatizada la empresa pública REPSOL, conservando capital público que, más tarde, y ya con Aznar de presidente, se liquidó definitivamente. Su accionariado quedo repartido pero  con un 50% de capital extranjero; por tanto, había dejado de ser una empresa pública y había dejado de ser estrictamente española.

Esta empresa se lanzó a hacer negocios en Latinoamérica, entre ellos las explotaciones petrolíferas en Argentina. Se hizo con el control de YPF, que previamente había sido privatizada en Argentina por los gobiernos que asumieron el mismo credo neoliberal. En la actualidad, el Gobierno Kirchner ha decidido gestionar parte de los recursos petrolíferos del país, por lo que ha procedido a renacionalizar YPF haciéndose con el control del 25 % de acciones que REPSOL poseía.

La respuesta del Gobierno español y del PSOE ha sido salir en defensa de los intereses de la empresa REPSOL, anunciando medidas contra Argentina. Nada es de extrañar que ambos partidos salgan en defensa de los capitalistas privados, en buena medida capital extranjero,  y de sus negocios con la explotación de los recursos argentinos. En su derecho están. Pero que lo hagan en nombre del país, es de una cara dura impresionante. Para hablar en nombre del conjunto de la ciudadanía, en primer lugar tendría que nacionalizar al menos el 51 % de REPSOL, y luego actuar en función de los intereses ciudadanos. Para ello los impuestos tendría que pagarse en su totalidad en nuestro país y no refugiarse en los paraísos fiscales, como las Islas Caimán, donde en la actualidad tienen filiales que escapan al control del fisco español. Una vez que la empresa sea española, entonces es cuando habrá que negociar en pie de igualdad con la representación del pueblo argentino, con su Gobierno, paras establecer las condiciones, si les interesa, de la explotación de los recursos naturales de Argentina.

Cuando capitales transnacionales deciden el rumbo de la economía española exigiendo recortes que afectan a la ciudadanía, cuando políticos de otros países como la primer ministro alemana A. Merkel imponen las medidas a adoptar por el Gobierno español, cuando es más que presumible el rescate financiero; es decir, que los inspectores enviados por las instituciones europeos intervengan el Estado y tomen directamente las decisiones que van a gravar las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, es un esperpento que nos hablen de daño a la ciudadanía, a los intereses españoles, por la nacionalización de YPF por Argentina.

¿A qué se debe ese inusitado interés y esa defensa de una empresa, que no es española, por parte del Gobierno y los dos partidos mayoritarios, el PP y PSOE? La respuesta hay que buscarla en el entramado político y financiero existente, donde los actores intercambian papeles indistintamente. No en vano, entre los directivos de REPSOL encontramos a L. Carlos Croissier, ministro socialista después de haber presidido el INI cuando planificaba y ejecutaba la privatización de empresas. Y podemos seguir escudriñando en las empresas del sector energético, como denunciábamos en el artículo del día 16 de marzo (Elena Salgado, Aznar, Roca….) para percatarnos de cuáles son sus intereses y poder medir en su verdadera dimensión el porqué de esta crisis con Argentina. Si a ello le añadimos la complicidad de los medios de comunicación por la sustanciosas cantidades que de REPSOL reciben, entenderemos el consenso establecido. En definitiva, son los intereses del mismo sector financiero y político lo que está en juego. Mientras, la ciudadanía se encuentra sometida al sector financiero y especulativo del capital transnacional, viendo cómo se degradan sus condiciones de vida y cómo se queda sin futuro prácticamente toda una generación.

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