Las recientes elecciones andaluzas han puesto de manifiesto que existe
una amplia conciencia de la necesidad de un giro radical en la forma de
gestionar la vida pública, principalmente llevada a cabo por los dos grandes
partidos (PSOE, PP). Ello se ha evidenciado en el aumento de votos obtenido por
IU y en la elevada abstención. No quiero
decir que toda la abstención se deba al desencanto con las actuales formas de
hacer política, pero sí que gran parte de ella no espera nada positivo de las
propuestas de las principales fuerzas políticas. Y son precisamente, ese sector
de la población y el electorado de IU, la base sobre la que se puede fraguar en
el futuro la ruptura con las formas capitalistas de dominación, con el modelo
desarrollista y neoliberal, cuyo ciclo parece agotarse. O se mantiene, sí, pero
a expensas de empobrecer aún más a la población trabajadora, de incrementar la dependencia de
Andalucía y continuar con el modelo
depredador de recursos, ambientalmente insostenible.
Las políticas que interesan a las
oligarquías y mercados financieros se encuentran fuertemente respaldadas por
los mandatarios europeos, que son quienes verdaderamente toman las decisiones
políticas que luego los gobiernos central y andaluz aplican disciplinadamente.
Esas decisiones políticas, hemos dicho, serán las que interesen a esa minoría
con poder y cuyos capitales aspiran a mantener el juego de los mercados para
incrementar sus beneficios. Pero las consecuencias en el Estado español de la
aplicación de estas medidas van a suponer que la economía española prolongue la
recensión entrando en barrena, como sucediera en Grecia.
Ante este panorama no valen
propuestas que se conformen con repartos de cargos. Un acuerdo de IU con otra
fuerza política que no suponga una real alternativa de gobierno, sobre la base del programa suscrito ante el pueblo andaluz, es una traición a esa parte de la
población que aspira a la superación de la crisis con otra gestión en la que
prevalezcan los intereses del pueblo. La
izquierda real tiene que prepararse para dar la respuesta que impida retrotraer
la situación social, las condiciones de vida y trabajo, a la existente en
el período predemocrático.
La historia de luchas obreras y
sindicales, en los años anteriores a la dictadura, bajo ella y en la
transición, obligan moralmente a una resistencia sin ambigüedades. El nivel de
bienestar material obtenido estos años atrás se ha conseguido con el
sufrimiento y la muerte de personas, de trabajadores y trabajadoras que
aspiraban a un mundo y a una Andalucía en lo que cualquier ser humano pudiera
vivir con dignidad. Resistir hoy es una deuda, una obligación moral con estas
víctimas de nuestra historia reciente.
Las tendencias nos muestran que
nos precipitamos al rescate financiero y la continuada imposición de medidas,
aún más duras, de ajuste económico con el consiguiente deterioro de las
condiciones de vida y trabajo y el empobrecimiento de amplios sectores de la
población. Frente a ellas, Izquierda Unida puede presentarse como la
alternativa que impulse las movilizaciones y represente al pueblo que quiere una
salida diferente a la crisis. IU tiene que postularse como la fuerza política
que gestione los asuntos públicos sin dependencia de los mercados financieros,
de Bruselas o Merkel. Por ello, cogobernar en Andalucía aceptando las medidas contra
el déficit y los criterios políticos de la fuerza con la que se alíe, sería tirar
por la borda el trabajo político realizado estos años y las esperanzas
depositadas en ella como alternativa posible, sentido por cada vez más sectores
de la población y por los movimientos emergentes.
El gobierno posible de IU, al que
aspiramos, sería aplicando su programa a las condiciones de Andalucía. O es así
o, inevitablemente, tendría que pasar a la oposición. Puede iniciar
negociaciones, como está haciendo en la actualidad con el PSOE, pero de ellas
no saldrán más que principios sin concreción, el apoyo a la investidura de
Griñán y un discutible cambio de cromos (consejerías). Si se exige el
cumplimiento de las medidas suscritas ante el pueblo andaluz y firmadas ante
notario, con compromiso concreto, el PSOE dará marcha atrás. Porque no me
alberga ninguna duda de que el PSOE no aprobará medidas tales como la reforma
de la ley electoral, banca pública, renta básica, reforma fiscal justa, acabar
con el nepotismo y corrupción en las administraciones de la Junta, etc.
Ante esta situación, IU tiene que
votar en contra de la investidura de Arenas y de Griñán, postulándose como
alternativa. A los partidos mayoritarios no les quedará más remedio, si no
quieren ir a elecciones anticipadas, ponerse de acuerdo para facilitar el
gobierno entre ellos o volver a negociar
con IU el apoyo a la investidura, sin entrar en el gobierno, a cambio de determinadas
concesiones.
En las negociaciones en curso,
una de las opciones que se baraja es precisamente el apoyo a la investidura sin
entrar en el gobierno. Pero sería un error hacerlo sin fuertes
contraprestaciones. Para asegurar su cumplimiento, el apoyo no puede ser para
toda la legislatura. La reforma de la ley electoral, la renta básica y medidas
contra la corrupción, por ejemplo, tienen que ser moneda de cambio para la
investidura. Luego, desde la oposición, IU puede apoyar aquellas medidas que sean
compatibles con su programa y votar en contra de las que no lo sean, al igual
que con los presupuestos de la Junta. Es decir, un tipo de control como el que
se denominó la pinza. En mi opinión, contra el PP o contra el PSOE (o contra
los dos llegado el caso): ese debe ser el posicionamiento político de IU. Ese
es el que espera buena parte de su electorado.
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