Elecciones andaluzas: entre el pueblo andaluz y los mercados.

El próximo día 25 de marzo se celebran elecciones al parlamento andaluz. Si se confirma lo señalado en las encuestas, por primera vez estaría en condiciones de acceder al gobierno andaluz un partido diferente al que gobierna desde aquellas primeras elecciones celebradas en abril del 82, es decir, un partido diferente al PSOE. En efecto, el primer partido de la oposición en la comunidad andaluza y partido que gobierna a nivel estatal, ganará las elecciones autonómicas. Es duda que pueda alcanzar la mayoría absoluta, por lo que en ese caso necesitaría que algún partido apoyara la investidura de Arenas como presidente de la Junta o, también,  que los otros partidos no se pusieran de acuerdo para proponer un candidato alternativo. Pero las preguntas pertinentes son: ¿realmente se va a producir un cambio sustancial en la forma de gobierno? Las políticas que previsiblemente aplique el PP, ¿serán muy diferentes de las aplicadas hasta ahora por el PSOE?

Ambos partidos, uno porque gobierna en Andalucía y hasta hace unos meses en el Gobierno del Estado, tras 8 años de ejercerlo, y el otro, porque es el que actualmente gobierna en él y lleva haciéndolo en varias comunidades autonómicas varias legislaturas consecutivas, tienen posicionamientos políticos de sobra conocidos. En la legislatura pasada, el 90 % de las leyes fueron aprobadas conjuntamente por el PSOE y el PP y la Constitución fue reformada con el apoyo de ambos partidos. En la actual legislatura, hemos de destacar que la reforma del sistema financiero ha sido aprobada por los dos partidos y ambos han aceptado las decisiones tomadas por los órganos de gobierno de la UE de reducción del déficit a la cifra del 5,3 %. Y ello con un claro objetivo. Lo que está en juego es la salida a la crisis estructural del sistema capitalista. En anteriores crisis, como la del 29, la receta aplicada fue de corte keynesiano. Hoy, la que imponen los mercados, es una salida basada en ajustes presupuestarios y la ortodoxia macroeconómica, tal como corresponde a la dominante política de corte neoliberal. Esta salida de la crisis es más radical y está pensada para mantener el dominio del capital a largo plazo sin que decaiga la tasa de ganancia, tendencia decreciente que ha provocado la huída de capitales al sector especulativo y financiero de la economía. Para ello se han impuesto como tarea necesaria la liberación de recursos en manos del Estado a través del sector público y la reducción del valor social de la fuerza de trabajo.

Como puede apreciarse, aquello que se presentaba como obsoleto, el análisis económico-social basado en las contradicción de clases, aparece ahora con toda crudeza; y con una clase social, representada por la oligarquía financiera, que impone sus intereses sin el freno o los límites que las fuerzas políticas de izquierda, los sindicatos y, también, el miedo que antaño suponía la existencia del bloque del Este, han venido ejerciendo. Es bastante probable que la contracción de la economía persista y la crisis se prolongue debido al subconsumo, y que, entonces, se intenten otras políticas económicas de cariz keynesiano. Pero la reducción del valor de la fuerza de trabajo, es decir la debilitación de las condiciones de vida y trabajo, será un objetivo conseguido que se mantendrá en el tiempo.

En esta disyuntiva, el PP y el PSOE, se colocan al lado de la salida que los mercados vienen señalando. Su grado de acuerdo con dicha situación es tal que desde la propia Comisión Europea, el portavoz de Asuntos Económicos Amadeu Altafaj, ha indicado al actual Gobierno español la necesidad de acatar el cumplimiento del déficit como en su día hizo el Gobierno presidido por Zapatero. Y para el recorte del déficit, ambos partidos recurrieron al mismo tipo de medidas. Ninguna proveniente por el lado de aumentar los ingresos. Antes y ahora se ha producido un recorte del gasto público social. Las reducciones operadas hasta ahora, antes por el PSOE y ahora por el PP, más las que vendrán, persiguen los mismos objetivos. Entre ellos, la disminución del sueldo del funcionariado, recortes en los servicios públicos, prolongación de la jornada laboral, aumento de la edad de jubilación, congelación de las pensiones, precarización y flexibilización las relaciones laborales, caída de los salarios, etc. El Gobierno del PP lleva a cabo sus recortes sobre los anteriores introducidos por el PSOE. Entre ambos, el retroceso social, la pérdida de derechos, la disminución del Estado del bienestar, es una palmaria realidad que no permite distingos. Ni siquiera el aparente enfrentamiento respecto a la actual reforma laboral puede hacernos olvidar que el Gobierno del PP lo que ha hecho ha sido incrementar las reformas iniciadas por el PSOE. La sintonía entre ambos es tal que alcanza hasta los extremos de blindar los privilegios de sus dirigentes políticos, como hemos visto recientemente con las medidas aprobadas para que una vez que abandonen sus cargos públicos puedan acceder como directivos de grandes empresas del sector privado. Así, están desembarcando en ellas compartiendo responsabilidades de dirección, políticos como F. González, J Mª  Aznar, o el más reciente de la exministra Elena Salgado, quien dejó el Gobierno el pasado diciembre y va a ser fichada por la filial chilena de Endesa, empresa en la que ya participan Aznar y Roca. Como puede verse, el color político no es un obstáculo para defender los mismos intereses y, evidentemente, ser posteriormente bien recompensado por ello. El sector eléctrico también tiene o ha tenido en sus empresas como directivos o asesores a exministros y cargos públicos como Boyer, Atienza, Ángeles Amador, Narcís Serra, Folgado, etc.

La aplicación de estas políticas económicas al dictado de los mercados y de Bruselas supone que Andalucía, sus recursos naturales, su población, su cultura, quedarán sujetos a las necesidades que imponen los mercados y la división internacional del trabajo. La pérdida de identidad y de valor como comunidad cultural y ecorregión, continuaría un proceso ya en curso. Es el futuro que podríamos esperar si la optimización del beneficio y la eficiencia productiva, que las tecnologías imponen con la globalización de los mercados, siguen decidiendo el devenir de Andalucía en estos próximos años.