En el artículo anterior veíamos
cómo el modelo económico que aplican tanto PP y PSOE es esencialmente
coincidente. Concluíamos que es una apuesta para una salida de la crisis del
capitalismo que mantenga las plusvalías y trate de impedir la caída de la tasa
de ganancia del capital por la vía de degradar, aún más, las condiciones de
vida y trabajo de la población; es decir, de reducir el valor social de la
fuerza de trabajo. Con esta subordinación general a los intereses del capital y
de los mercados, la capacidad de intervención desde cualquier instancia de
decisión del pueblo andaluz, el margen de maniobra, será tan limitada, que las
consecuencias para el medio ambiente, los recursos naturales de Andalucía y la
identidad andaluza, supondrán un incremento del retroceso que se vive en
Andalucía.
Pero las políticas del PSOE y el
PP no son sólo similares por la defensa del modelo económico y las políticas
neoliberales que aplican, sino también en la defensa del orden internacional
dominante. Ambos partidos apuestan por
la inserción del Estado y de Andalucía en la OTAN y el mantenimiento de las
bases americanas en nuestro suelo. Es decir, ambos partidos subordinan la soberanía andaluza a la defensa de los intereses de la
potencia hegemónica, el garante político del modelo de globalización económica
y de los mercados. Asimismo, también han defendido a nivel internacional el
statu quo imperante, según el cual se le sigue negando al pueblo saharaui el
autogobierno de sus territorios y se apoya la ilegal ocupación de Palestina por
el Estado israelí. No ha habido ningún puto de fricción entre ambas fuerzas en
cuanto a política internacional se refiere.
Tampoco existen diferencias
respecto al modelo de democracia y la configuración territorial del Estado, o
la forma monárquica del mismo, que ambos partidos defienden. La ley electoral
favorece claramente los intereses de los dos partidos mayoritarios en contra de
una más adecuada representación de la voluntad popular. Ninguno ha mostrado el menor
interés en recuperar formas de democracia directa, de control de la actividad
política de los profesionales que la ejercen, o de la circulación horizontal de
la información, limitando el poder de los grandes medios de comunicación y
favoreciendo medios alternativos y de internet para la circulación de la
información. En cuanto a la transparencia informativa de las administraciones
públicas, Andalucía y el Estado continúan a la cola europea con la aquiescencia
del PSOE y el PP. Uno y otro han hecho caso omiso de la tardía y limitada ley de acceso a la información de Medio Ambiente que se aprobó a tal fin.
La educación en general es
contemplada por los dos partidos mayoritarios como un sistema de formación de
fuerza de trabajo, técnicos y profesionales, subordinado a las necesidades del
sistema productivo y del capital. Así está recogido en los acuerdos de Lisboa
en el año 2000 y los planes de Bolonia que los desarrollan en lo que a los
estudios universitarios se refiere. Entre ellos sólo aparecen matices en cuanto
al peso de la enseñanza privada, la concertada y el sistema público. Tampoco
tienen diferencias sustanciales en cuanto a la relación Iglesia-Estado: ambos
defienden el Concordato y el modelo de financiación. Han surgido algunas
fricciones, es cierto, en cuanto al grado de acatamiento de las directrices de
la jerarquía eclesiástica. Ello se ha traducido en la polémica en torno a la
denominación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, o la ley de
plazos del derecho al aborto. En el primer caso resulta irrisorio el enfrentamiento por el nombre y
la retirada de entre sus contenidos, en el tema de las formas de familia, el de
las familias constituidas por matrimonios homosexuales. Sería como si de no
mencionar en los libros de texto, en los escasos minutos de la hora semanal en
que se imparte la asignatura en 3º de ESO, esa innegable realidad, dependiera
el futuro de dichas familias. Además de no comprender la realidad del aula
(cuando se trata de formar en competencias, cualquier debate social tiene que
plantearse necesariamente en el aula), es una ingenuidad o puro cinismo reducir
el enfrentamiento a ello. Más importante resulta la oposición realizada a una
ley de plazos para el ejercicio del derecho al aborto. Pero no por ello podemos
hablar de encontrarnos con alternativas políticas diferentes, sino un caso
concreto y de resultado aún incierto.
Lo que sí llama poderosamente la
atención es cómo los medios de comunicación próximos a cada uno de los dos
partidos mayoritarios (y lo son todos), y los periodistas que actúan como voceros en todo tipo
de tertulias, magnifican machaconamente todas las pequeñas diferencias, las
mencionadas y otras, que aparecen en sus respectivos programas para
presentarlos ante la opinión pública como opciones de gobierno alternativas. Y
por supuesto, nada dicen de aquellos otros planteamientos que ofrecen modelos
de gestión que suponen la superación de las políticas seguidas por ambos
partidos, surgidas al dictado de los intereses del capital, los mercados y los
poderes fácticos. En definitiva, se trata de imponer el modelo bipartidista
como lo único realmente existente.
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