Nadie puede
negar el éxito de las movilizaciones del 22-M; no sólo por el número de
ciudadanos/as indignados/as que ese día se dieron cita en Madrid (en lo que ha sido una de las mayores manifestaciones de
la democracia) sino por el alto nivel de participación alcanzado entre
movimientos, asociaciones y fuerzas políticas y sindicales convocantes de las
marchas en las semanas anteriores. Han sido unas prácticas unitarias sin
control de ninguna fuerza política y que han salpicado multitud de comarcas de todos
los territorios del Estado español. Tanto las marchas a pie de las diferentes
columnas (y los actos que organizaban a su paso) como las coordinadoras y
plataformas creadas para promover las marchas, han supuesto un ejercicio de
democracia directa y deliberativa que, aprovechando dicha experiencia, podría
facilitar la construcción de formas organizativas unitarias, estables y desde
abajo.
La
pluralidad de reivindicaciones y la heterogeneidad de sujetos y sensibilidades
expresadas en el movimiento, el hecho de que confluyeran en la consideración de que es
la dignidad humana la que hoy está cuestionada, y que son unas políticas (las
neoliberales) y unos poderes determinados (la troika y el bipartidismo) quienes
quieren reducir el ser humano a mera mercancía, otorgan exponencialmente una
potencialidad al movimiento que podría significar el fin del régimen de la
transición. Es decir, el mismo hilo que iniciara el movimiento 15M, que tiene
su continuidad en las mareas ciudadanas o los movimientos antidesahucios, es la
cadena causal de las marchas por la dignidad. Ya no estamos hablando, estrictamente,
de trabajadores con problemas laboral/sindicales –que también-; sino que más
que eso, apuntan, conjuntamente con los movimientos ciudadanos, a las políticas
y sus responsables desde los niveles más altos de la gestión. Por eso podían
confluir trabajadores de Panrico con vecinos/as de Gamonal, personas
desahuciadas con profesionales de la sanidad, o pensionistas junto a
estudiantes, etc. Evidentemente hablamos de personas, todas ellas ciudadanas
que pertenecen al 80 % de población con los ingresos económicos más bajos.
Aparecen señalados el pacto
social y el pacto político, establecidos al final de la dictadura, como marco político que ha permitido el incremento de las desigualdades económicas y sociales, causas de fondo de la
crisis, y que ha conformado una clase política enquistada en las instituciones que no
tiene más proyecto que el ejecutar las decisiones tomadas por la troika siguiendo los criterios de los mercados financieros. Estos (los pactos) se agotan a la vez que aumenta la percepción ciudadana de que asistimos al final del régimen monárquico y del modelo
bipartidista instaurado desde entonces.
La ciudadanía,
los nuevos sujetos, se percatan con claridad del engaño de la crisis/estafa, de la pérdida
de calidad de la democracia, de la manipulación mediática y de la degradación de
las condiciones de vida y de trabajo, de la propia dignidad. Por eso, las marchas por la dignidad del 22M tienen que prolongarse en el futuro inmediato hasta conseguir otra forma de hacer política, otro modelo de sociedad, de integración
territorial y otro modelo de Europa. Es también, el momento de iniciar un
proceso constituyente y republicano.
Para ello, las
movilizaciones ciudadanas tienen que continuar incrementando su número y
fuerza. El otoño tiene que ser la fecha de nuevas marchas. Pero estas tienen
que estar precedidas de movilizaciones contra los centros de poder: contra los
poderes financieros, económicos, políticos y mediáticos: actos de resistencia
civil no violenta que conlleven el boicot a las empresas y centros más representativos de
cada sector (bolsas, bancos, grandes superficies...), huelgas de consumo energético que provoquen caídas súbitas del
consumo, boicot a los medios de información, etc. Las capitales de provincia y sus centros neurálgicos tienen que ser el objetivo de las movilizaciones antes de las marchas sobre Madrid.
Hemos dicho en numerosas ocasiones que el miedo tiene que cambiar de bando y que no podemos permitir que las élites económicas dirijan la sociedad. Pues esa debe ser la tarea
que los movimientos ciudadanos y alternativos (15M, antidesahucios, mareas,
Frente Cívico, CGT, SAT, etc.) y fuerzas políticas que apoyan la necesidad del empoderamiento
ciudadano para los próximos meses: conseguir que la democracia sea realmente autogobierno del pueblo.
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