Aprovechando la efemérides de la proclamación de la II República, me disponía escribir nuevamente sobre la necesidad de que se abriera un proceso constituyente que supusiera el final del régimen monárquico. A grandes rasgos ya lo había expuesto en la entrada anterior, pero ahora quería insistir en el papel de la monarquía en los momentos actuales. Justo en esos instantes me llega por correo electrónico este artículo del profesor Vicent Navarro, que reflexiona magníficamente sobre ello. Lo transcribo literalmente.
La
monarquía, centro del ‘establishment’ español
Hoy estamos viendo en España, incluyendo en Catalunya,
la crisis más profunda que haya existido desde el momento de la Transición, crisis que
no es sólo financiera y económica, sino también política. La crisis de
legitimidad del sistema representativo es profunda, como muestran varios
indicadores, siendo el más significativo el elevado acuerdo existente entre la
población con el eslogan, enunciado inicialmente por el movimiento 15-M, de que
los políticos que nos gobiernan y constituyen la clase política gobernante “no
nos representan”. Tal pérdida de apoyo popular y cuestionamiento de su
legitimidad, incluye desde la
Corona y el Congreso de los Diputados (y el Parlament de
Catalunya) hasta los distintos componentes del Estado español, sea éste
central, autonómico o local. Contribuyendo a esta situación, existe la protesta
ciudadana, resultado de una mayor y creciente exigencia democrática y
consecuente rechazo a la corrupción, que se percibe que está generalizada entre
la clase política gobernante- Tal rechazo está bien definido en el eslogan,
también del movimiento 15-M, que indica que “no hay pan para tanto chorizo”.
Tal percepción de la existencia de corrupción es extensa y afecta a todas las
instituciones del Estado, desde la
Corona hasta los distintos niveles de la administración
pública, tanto central y autonómica, como local o municipal, percepción de
corrupción que es incluso más acentuada en el mundo financiero y gran
empresarial, cuya excesiva influencia sobre la clase política es una de las
causas de la baja calidad de la democracia española. Un indicador de tal
influencia son las políticas de austeridad, con recortes de derechos sociales y
laborales, impuestas a la población, tanto por el gobierno conservador español,
como por el gobierno conservador catalán, políticas que no tienen ningún apoyo
ni mandato popular, pues no estaban en las propuestas y programas electorales
de los partidos gobernantes.
La Transición inmodélica, causa de la enorme crisis
política
Esta situación de crisis financiera, económica y
política no puede explicarse sin remontarnos a nuestra historia. El presente es
fruto directo del pasado. Y este pasado nos señala los siguientes hechos:
1. La limitada democracia española, que se expresa en
las limitadísimas oportunidades que tiene la ciudadanía en la gobernanza del
país (limitándose a votar cada cuatro años) y en sistemas electorales
escasamente representativos (muy poco proporcionales), es fruto del enorme
dominio que las fuerzas ultraconservadoras tenían sobre el aparato del Estado y
sobre los medios de información y persuasión en el momento de la transición de la Dictadura a la Democracia.
2. Tal proceso fue profundamente inmodélico, pues fue
resultado de un enorme desequilibrio de las fuerzas políticas en aquel proceso.
La nomenclatura procedente del Estado dictatorial (que controlaba todas las
ramas del Estado, desde el ejecutivo al legislativo, así como el judicial,
policial y fuerzas armadas) era enormemente fuerte, y su cúspide era la Monarquía, máxima
autoridad en todas las ramas del Estado. Las izquierdas (que habían liderado el
movimiento democrático) por el contrario, eran débiles y no pudieron canalizar
la enorme protesta popular que había forzado el fin de la dictadura. Tales
fuerzas políticas acababan de salir de prisión y/o habían vuelto del exilio. La
enorme represión del régimen dictatorial (por cada asesinato político cometido
por Mussolini, la dictadura de Franco cometió 10.000) había debilitado tales
partidos políticos hasta entonces clandestinos.
3. Hablar de que la Transición fue
resultado de un consenso entre los herederos de los vencedores y los herederos
de los vencidos de la
Guerra Civil, como Santos Juliá, Javier Pradera y gran número
de intelectuales del establishment mediático español han presentado aquel
proceso es una exagerada idealización de aquella Transición. El primer objetivo
de las izquierdas fue que se permitiera su existencia, aún cuando ello fuera en
situación de desventaja, como así fue. Hablar de consenso entre los herederos
de los vencedores y los herederos de los vencidos, cuando los primeros lo
tenían prácticamente todo y los segundos casi nada, es abusar del término
“consenso”.
4. La
Constitución fue fruto de este desequilibrio. Los mismos
autores que promovieron la definición de aquella Transición como modélica,
defendieron aquella Constitución como ejemplar, “siendo una de las más
avanzadas de las hoy existentes en Europa”, tal como Santos Juliá la definió.
En realidad, tal documento se caracterizó por su insensibilidad social y su
inhabilidad en reconocer el carácter plurinacional del Estado español. Como
consecuencia, España continúa hoy, tras más de treinta años en esta democracia,
con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea de los
Quince, y sin todavía haber admitido que Catalunya, por ejemplo, es una nación.
El “café para todos” es un producto de esta Constitución. Y el Tribunal
Constitucional es un fruto de tal Constitución y del proceso inmodélico que la
creó.
5. La
Transición significó una apertura del Estado, heredado de la
dictadura, altamente desequilibrado, permitiendo la entrada de las izquierdas y
otras fuerzas democráticas en su seno, pero dentro de un contexto en el que las
fuerzas conservadoras tenían una influencia desmesurada en los aparatos del
Estado (tanto a nivel central como autonómico) y en el que los grupos fácticos,
como la banca y la gran patronal, continuaron teniendo un enorme dominio en la
vida política del país. Acaba de publicarse un libro Oligarquía financiera y
poder político en España, escrito por un ex banquero, Manuel Puerto Ducet, que
a pesar de sus obvias limitaciones (presenta al presidente de la compañía
Abertis como un empresario ejemplar –la compañía Abertis debe su supuesto éxito
empresarial precisamente a sus conexiones políticas con los gobiernos conservadores
que han dominado la vida política de Catalunya desde el inicio de la
democracia-) contiene información que, como el autor señala, muestra como los
vencedores de la Guerra
Civil y la nomenclatura del régimen dictatorial continúan
controlando el capital financiero de este país. Lo que la Transición significó
fue la abertura de tal sistema a las izquierdas, con la incorporación de
personalidades de las izquierdas gobernantes en un entramado
financiero-empresarial-político que constituye el establishmentespañol
(incluyendo el catalán) y que controla la vida política y también mediática del
país.
6. El poder de tal establishment se mantiene
predominantemente a través de tres tipos de intervenciones. La primera es el
enorme control de los medios de información y persuasión, tanto públicos como
privados, con clara marginación y discriminación hacia las izquierdas (lo que
ocurre tanto en España como en Catalunya). Esta enorme represión ideológica es
un indicador de su enorme inseguridad. Hoy España (incluyendo Catalunya) es el
país de la Unión Europea
con menor pluralidad ideológica en sus medios, sin prácticamente medios de
izquierda. El establishment español, incluyendo el catalán, es consciente de
que se asienta sobre un volcán potencial, pues las encuestas muestran que la
población española y catalana está más a la izquierda que el establishment,
siendo también el país en la
Unión Europea en el que su población está menos satisfecha
con sus instituciones llamadas representativas, tanto las españolas (incluyendo
las catalanas) como las europeas. De ahí el enorme temor y represión a voces de
izquierdas, pues saben que el potencial de movilización es muy elevado.
El segundo tipo de intervenciones es la represión
económica, creando gran inseguridad entre las clases populares, lo cual
consiguen a través del aumento del desempleo (que crea inseguridad y temor en
toda la población) y el descenso de la protección social.
Y el tercer tipo de intervención es la represión
física y policial que ha aumentado con el gobierno PP. España tiene el mayor
número de policías y el menor número de personas adultas por 10.000 habitantes
trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar de los países de la Unión Europea de los
Quince.
7. La
Monarquía es el centro del establishment y es el que le da
garantías de seguridad. Todos los mecanismos de información de mayor difusión
se movilizan para crear una popularidad de los miembros de la Corona, comenzando por el
Rey, (desde la imagen errónea de que el Monarca haya sido el que ha traído la
democracia a España, a su supuesta accesibilidad y campechanía. En realidad,
gran número de personajes, incluso progresistas, ha sucumbido a esta
percepción, siendo el caso más extremo el de Paul Preston, que en su libro Juan
Carlos. Un Rey del Pueblo describe al Monarca como el Rey del Pueblo. Tal libro
es de un oportunismo denunciable, pues idealiza la imagen del Rey sin
percibirse que la Monarquía
es el centro del establishment español responsable de las enormes limitaciones
de la democracia española. Es incoherente en extremo denunciar, como hace
Preston, el silencio sobre los desaparecidos o “la corrupción masiva que hay en
España, herencia del franquismo” (entrevista a Paul Preston en La Vanguardia 06.04.13) y
a la vez alabar al Rey y a la
Monarquía que ha contribuido en gran manera al silencio sobre
el pasado y a que tal corrupción exista en España. Y no me estoy refiriendo
sólo a los miembros de su familia real, sino a todo el sistema de corrupción
heredado del dominio ultraconservador sobre los aparatos del Estado. Tal
generosidad con el Rey contrasta, por cierto, con la dureza de Paul Preston en
su libro sobre Santiago Carrillo, Zorro Rojo. Conocí a Santiago Carrillo, con
el cual tuve desacuerdos, así como acuerdos. Pero me desagrada en extremo el
oportunismo de Paul Preston, que aparece de nuevo ahora al escribir tal libro,
sólo unas semanas después de su muerte, acusando a tal dirigente comunista de
ser ambicioso en extremo, y de haber alcanzado su deseada prominencia a base de
sacrificar a sus colaboradores. ¿No cree Preston que el Rey fue enormemente
ambicioso, sacrificando a amigos y colaboradores en su deseo de retener el
trono, a costa de fuera quien fuera, incluyendo a su padre? El contraste como
Paul Preston trata al Monarca, idealizándolo, con la manera como analiza al
dirigente comunista Carrillo, demonizándolo, es signo, además de oportunismo
(en sus formas y calendario), de falta de coherencia y rigor. Paul Preston
debería haber sido más riguroso y exigente en su análisis del contexto político
que determinó la existencia de la
Monarquía en España y el papel central que tal institución
juega en la reproducción de las enormes limitaciones que tiene la democracia
española.
Existe hoy un intento muy visible mediáticamente de evitar
el desprestigio total de la institución monárquica, aupando la figura del
Príncipe Felipe para que pueda sustituir al Monarca actual. Los medios de mayor
difusión están trabajando cuarenta y ocho horas al día para promover tal
figura, pues son conscientes de la centralidad que el Rey (que, según la Constitución, es el
jefe de las Fuerzas Armadas) y la
Monarquía, juegan en el entramado de poder que gobierna
nuestro país. Su desaparición significaría el inicio de la pérdida de tal
entramado. De ahí la enorme preocupación por su posible disolución .
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y
Políticas Públicas de la
Universidad Pompeu Fabra
Fuente: www.publico.es
