El paro sigue aumentando a la par que la
crisis continúa. Y si no hay una reacción social que imponga cambios radicales
(salida de la eurozona, empoderamiento de la ciudadanía supeditando la economía a sus necesidades,
formas de democracia directa y deliberativa…), superaremos con creces los 6
millones de parados, y en Andalucía más del 35 % de la población activa en
paro. Entre los colectivos más castigados se encuentran los jóvenes, mujeres, inmigrantes
y las clásicas minorías marginadas.
En las últimas décadas la
ideología dominante ha venido insistiendo en que el sistema garantizaba la
igualdad de oportunidades y que el acceso al mercado laboral dependía de la
formación adecuada de quien a él optaba. Aún hoy día se insiste en ello. Sin
duda, tratan de presentar un criterio de justicia que no deslegitime el
sistema, ya ampliamente cuestionado. Pero la realidad es muy diferente a como
pretenden hacernos ver.
El capital absorbe fuerza de
trabajo para sus necesidades de producción de plusvalor. Y en las fases
ascendentes del ciclo económico, el sistema productivo explota la fuerza de
trabajo que necesita independientemente de la condición de la misma: mujer u
hombre, tenga la piel blanca o negra, sea joven o mayor. Lo único que le
interesa es que se adapte a las necesidades funcionales del sector de que se
trate y que las condiciones de trabajo sean las más favorables para que la tasa
de explotación sea mayor. Por su parte, el trabajador/a asalariado,
aprovechando las necesidades de fuerza de trabajo por el capital, presionará
para que esas condiciones sean lo más elevadas posibles y se inclinarán hacia
los trabajos mejor pagados. Si la presión es elevada y la fuerza de trabajo
disponible es renuente a someterse a salarios y jornada de trabajo en
determinadas condiciones de explotación, entonces la demanda se vuelve hacia
donde esta abunda y pueda aceptar esas condiciones: inmigrantes, jóvenes y
mujeres. Pero cuando llega la fase descendentes del ciclo, situación que
vivimos desde el 2008, y las necesidades de fuerza de trabajo caen en picado,
se expulsa la fuerza de trabajo independientemente de quien sea la persona
agraviada y la situación social, familiar o psicológica en que se encuentra.
El poder político que gestiona
los intereses del capital toma las medidas adecuadas para facilitar el proceso.
Las reformas del mercado laboral, las tomadas por los gobiernos de Zapatero y
de Rajoy, tienden a facilitar el despido abaratando costes y precarizando el
empleo para que se acomode mejor a las fluctuaciones en el sistema productivo.
De esta forma, las empresas capitalistas expulsan la fuerza de trabajo que no
necesitan, sustituyen por otra más barata y en condiciones de tal precariedad
que estos trabajadores/as no puedan exigir una relación laboral más digna. Este
proceso en marcha ha llevado a que, por ejemplo, los denominados “costes
laborales” hayan caído un 10 % mientras que la productividad ha aumentado un 4
% desde que empezó la crisis, lo cual se traduce en el incremento de los
beneficios empresariales; beneficios que ya han superado a los ingresos salariales en la
distribución de la renta. Sólo en el último año, los asalariados habrían
perdido 26.000 millones de euros mientras que los empresarios se han incrementado
en 12.000 millones de euros. Y todo ello, colocando al 30 % de la población
ocupada en trabajadores en situación de pobreza (tras Rumanía y Grecia, somos el
tercer país con el mayor índice de trabajadores en hogares pobres).
Para esta ofensiva del capital (financiero
y productivo) contra la población trabajadora (y que ha contado con la
colaboración de la clase política que los representa y a la que pertenecen) la
patronal de los empresarios, la CEOE, y su anterior presidente como paradigma
(hoy en la cárcel), con su maquinaria de 35.000 liberados (8,5 más de los que
tiene los sindicatos) y los medios de información y persuasión que propagan el
discurso neoliberal en el que se apoyan, han tratado de arrastrar al conjunto
empresarial en esta ofensiva, insistiendo en la conveniencia de abaratar el
despido, precarizar las condiciones de contratación y prolongar la jornada de
trabajo. Es decir, que el lucro y la avaricia personal no encuentren obstáculo
legal alguno (moral no lo han tenido nunca) en el incremento de la tasa de explotación. El resultado es que el monstruo
acaba devorando a sus hijos. Porque si disminuye la población con trabajo y la
capacidad adquisitiva de los salarios, cae la demanda. Y con ella, las propias
empresas.
Y todavía hay quien dice que Marx
ha muerto.
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