La reforma electoral que propone Rajoy tiene que acelerar los proyectos para que la ciudadanía gane los ayuntamientos.

A la iniciativa surgida en Barcelona, Guanyem Barcelona, que tiene como cara visible a la ex portavoz de la PAH, Ada Colau, han seguido otras, como en Madrid el proyecto Municipalia, u otras más recientes y en fase embrionaria en Valladolid, Zaragoza o Málaga. Estas iniciativas, surgidas desde asociaciones y movimientos ciudadanos, plantean como constante la construcción del proyecto desde fórmulas asamblearias y de democracia directa.  El objetivo es conformar candidaturas para ganar las próximas elecciones municipales y colocar la gestión y competencias de los ayuntamientos al servicio de las necesidades de la ciudadanía, haciendo de la ciudad un lugar más habitable, más humano y más sostenible para sus moradores. A estas plataformas y proyectos se han invitado también a las organizaciones políticas que quieran integrarse asumiendo los criterios de democracia asamblearia. Grupos como Podemos, las Cup catalanas, Equo o IU podrían estar mostrando interés, unos con más decisión que otros, pero en cualquier caso a esa una invitación abierta ya están participando a título individual personas vinculadas a dichas fuerzas políticas.

El proceso, incipiente aun, sin embargo ha cobrado una extraordinaria actualidad e importancia de cara a las próximas elecciones a la vista de los planes del Gobierno de reformar la ley para la elección directa de los alcaldes. Aunque esta propuesta no se ha planteado de forma clara, el presidente Rajoy ha declarado que el alcalde tendría que ser el candidato de la lista más votada. Otras dirigentes populares se han inclinado por que se elija en una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Evidentemente, con ella, se trata de cerrar el paso a las fuerzas emergentes y de izquierdas, que con sus pactos podrían hacerse con numerosas alcaldías en las próximas elecciones. Sin duda, el ascenso de Podemos gravita en esta reforma.

Dada la mayoría absoluta del PP y que el PSOE no muestra un posicionamiento claro de rechazo, habrá que considerar la reforma del sistema de elección de alcaldes como previsible para las próximas elecciones. Y es precisamente para ese momento para el que los movimientos ciudadanos, las asociaciones y fuerzas políticas que aspiran a otro modelo de sociedad tienen que estar preparados y dar la respuesta que espera la mayoría social.

Estas primeras iniciativas en marcha tienen que generalizarse en todas las ciudades y, si se plantean con altura de miras, deberían incorporar la misma marca política, una marca que identifique todas estas candidaturas municipales. Sobre todo, pensando en otro escenario posterior (sus repercusiones), el de las próximas elecciones generales (legislativas). Y hoy por hoy, Podemos es la que mejor representa la sensibilidad de la ciudadanía indignada que reclama la superación del régimen bipartidista surgido en la transición. Podría surgir otra marca, también aglutinadora (“Ganemos”), para todas las candidaturas. Pero esta sería la que tendría que presentarse en las próximas generales. En cualquier caso, para esa tarea ya hay un proyecto ilusionante, como es Podemos.

Bien es cierto que la tendencia a favorecer los intereses de la propia capillita (aparatos), las ambiciones personales y la identificación de los militantes con su tradicional organización pueden operar en contra de la participación de las fuerzas políticas en estos  procesos asamblearios. Pero si no lo hacen, se perderá, todas perderán, la ocasión de vencer en algunas ciudades. Y la importancia de estas elecciones municipales, como las movilizaciones, todas, pero especialmente las unitarias en torno a las marchas por la dignidad, en este proceso destituyente iniciado con el 15M, las fuerzas políticas no pueden pasarlas por alto, no pueden pensar que es un acontecimiento político sin más, como no lo hacen desde el poder político. Si organizaciones como IU, Equo, Compromís, etc. no son capaces de asumir que allí donde se planteen estas iniciativas ciudadanas (que debe ser en la mayoría de las ciudades y, después, a nivel del Estado), no pueden competir electoral y políticamente por su cuenta, acabarán siendo residuales en el escenario político y habrán hecho un flaco favor a los/as militantes que a lo largo de su propia historia lucharon por la libertad y la dignidad del ser humano. Y la credibilidad sobre el proyecto emancipatorio que justificó su aparición y su presencia, quedará irreversiblemente dañada.