Seguir construyendo el empoderamiento ciudadano: una tarea que tiene que multiplicar la fuerza mostrada el 22M.

Nadie puede negar el éxito de las movilizaciones del 22-M; no sólo por el número de ciudadanos/as indignados/as que ese día se dieron cita en Madrid (en lo que ha sido una de las mayores manifestaciones de la democracia) sino por el alto nivel de participación alcanzado entre movimientos, asociaciones y fuerzas políticas y sindicales convocantes de las marchas en las semanas anteriores. Han sido unas prácticas unitarias sin control de ninguna fuerza política y que han salpicado multitud de comarcas de todos los territorios del Estado español. Tanto las marchas a pie de las diferentes columnas (y los actos que organizaban a su paso) como las coordinadoras y plataformas creadas para promover las marchas, han supuesto un ejercicio de democracia directa y deliberativa que, aprovechando dicha experiencia, podría facilitar la construcción de formas organizativas unitarias, estables y desde abajo.

La pluralidad de reivindicaciones y la heterogeneidad de sujetos y sensibilidades expresadas en el movimiento, el hecho de que confluyeran en la consideración de que es la dignidad humana la que hoy está cuestionada, y que son unas políticas (las neoliberales) y unos poderes determinados (la troika y el bipartidismo) quienes quieren reducir el ser humano a mera mercancía, otorgan exponencialmente una potencialidad al movimiento que podría significar el fin del régimen de la transición. Es decir, el mismo hilo que iniciara el movimiento 15M, que tiene su continuidad en las mareas ciudadanas o los movimientos antidesahucios, es la cadena causal de las marchas por la dignidad. Ya no estamos hablando, estrictamente, de trabajadores con problemas laboral/sindicales –que también-; sino que más que eso, apuntan, conjuntamente con los movimientos ciudadanos, a las políticas y sus responsables desde los niveles más altos de la gestión. Por eso podían confluir trabajadores de Panrico con vecinos/as de Gamonal, personas desahuciadas con profesionales de la sanidad, o pensionistas junto a estudiantes, etc. Evidentemente hablamos de personas, todas ellas ciudadanas que pertenecen al 80 % de población con los ingresos económicos más bajos.

Aparecen señalados el pacto social y el pacto político, establecidos al final de la dictadura, como marco político que ha permitido el incremento de las desigualdades económicas y sociales, causas de fondo de la crisis, y que ha conformado una clase política enquistada en las instituciones que no tiene más proyecto que el ejecutar las decisiones tomadas por la troika siguiendo los criterios de los mercados financieros. Estos (los pactos) se agotan a la vez que aumenta la percepción ciudadana de que asistimos al final del régimen monárquico y del modelo bipartidista instaurado desde entonces.

La ciudadanía, los nuevos sujetos, se percatan con claridad del engaño de la crisis/estafa, de la pérdida de calidad de la democracia, de la manipulación mediática y de la degradación de las condiciones de vida y de trabajo, de la propia dignidad. Por eso, las marchas por la dignidad del 22M tienen que prolongarse en el futuro inmediato hasta conseguir otra forma de hacer política, otro modelo de sociedad, de integración territorial y otro modelo de Europa. Es también, el momento de iniciar un proceso constituyente y republicano.

Para ello, las movilizaciones ciudadanas tienen que continuar incrementando su número y fuerza. El otoño tiene que ser la fecha de nuevas marchas. Pero estas tienen que estar precedidas de movilizaciones contra los centros de poder: contra los poderes financieros, económicos, políticos y mediáticos: actos de resistencia civil no violenta que conlleven el boicot a las empresas y centros más representativos de cada sector (bolsas, bancos, grandes superficies...), huelgas de consumo energético que provoquen caídas súbitas del consumo, boicot a los medios de información, etc. Las capitales de provincia y sus centros neurálgicos tienen que ser el objetivo de las movilizaciones antes de las marchas sobre Madrid.

Hemos dicho en numerosas ocasiones que el miedo tiene que cambiar de bando y que no podemos permitir que las élites económicas dirijan la sociedad. Pues esa debe ser la tarea que los movimientos ciudadanos y alternativos (15M, antidesahucios, mareas, Frente Cívico, CGT, SAT, etc.) y fuerzas políticas que apoyan la necesidad del empoderamiento ciudadano para los próximos meses: conseguir que la democracia sea realmente autogobierno del pueblo.

A los 75 años del final de la Guerra Civil, la República como forma de Estado es la aspiración consecuente de un demócrata.

                                                                           

Último bando de guerra firmado por el general golpista F. Franco.
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El 1 de abril de 1939 se se dio por finalizada la Guerra Civil iniciada con el golpe de Estado dirigido por el general Franco. Tras el último bando militar (ver foto) sufrimos la larga noche (36 años) de la dictadura franquista. Finalmente, con la desaparición física del dictador en 1975, los acontecimientos parecían anunciar que el régimen vivía sus últimos días. Pero se inició entonces un proceso de transición que en el que, en lo esencial, el viejo dictador había dejado “todo atado y bien atado”. La Monarquía impuesta por el general Franco como forma de Estado dio continuidad a la hegemonía del bando de los ganadores de la fraticida guerra.

Conducida por los sectores que dominaban el aparato de Estado, desde el Movimiento Nacional se produjo el acercamiento hacia las principales fuerzas políticas, organizadas en la débil oposición, para alcanzar un pacto que permitiera unas elecciones homologadas en Europa. A tal fin se introdujeron las reformas necesarias sin que supusieran la ruptura con el régimen fascista anterior. La transición continuó con las elecciones de 1977 y, finalmente, con el referéndum que permitió la aprobación de la Constitución en 1978.

Los sectores sociales dominantes en la anterior etapa continuaron su situación privilegiada en la naciente democracia. La forma Estado tuvo continuidad en la Monarquía centralista, manteniendo el poder oligárquico de las mismas minorías e imponiéndose un escrupuloso silencio sobre la represión y crímenes del pasado. Los aparatos del Estado y el poder judicial permanecieron intactos mientras se consolidaba una partitocracia, apoyada desde la propia constitución y la ley electoral, que permitiría el establecimiento de la clase política que garantizase el statuo quo económico, sin que pudiera desarrollarse el Estado del bienestar tal como había sucedido en los países que entonces conformaban el núcleo central de Europa. Los privilegios de la minoría dominante permanecieron intactos, aumentando su poder y la desigualdad económica en el país desde entonces. La Iglesia católica, aliada del régimen anterior, continuó su intromisión en la esfera del Estado sin apenas revisión.

Herederos de aquella transición, hoy, se vive un panorama desolador en todas las instituciones del Estado, a la par que aumenta la desigualdad social y crece la desafección de la población respecto al poder político. El exceso de poder acumulado por unos pocos, las minorías económicas y financieras (grandes empresas y bancos) y la clase política, ha acabado por sobrepasar los límites que el Estado de derecho impone. Desde el propio monarca y la familia real, pasando por el Gobierno y los representantes parlamentarios, la corrupción amenaza por cualquier esquina. No hay institución sobre la que no recaiga alguna sospecha y en los tribunales se acumulan las imputaciones. Hasta los sindicatos oficiales, que han sido un bastión importante para consolidar una política regresiva hacia las clases trabajadoras, se encuentran entre las instituciones beneficiadas por el Estado y encausadas por posibles corruptelas.

Aquel modelo de transición, y la Constitución resultante, pudo responder a la correlación de fuerzas existentes en aquellos entonces, pero hoy no representan a la mayoría de la población. Sólo una exigua minoría de la actual población viva participó en aquel referéndum que la aprobó. La monarquía, que aparecía escondida en el articulado del texto constitucional, impidiendo que la población pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado, es decir, entre Monarquía o República, carece ya de la escasa legitimidad con la que nació.

En consecuencia, lo que desde la ciudadanía se reclama, con más fuerza cada día, es la apertura de un proceso constituyente y la implantación de la República como forma de Estado. Es decir, dar fin a la continuidad del franquismo prolongado en la transición, en el modelo de sociedad y de Estado configurados desde entonces, para hacer realidad que la democracia sea el autogobierno del pueblo. Y esto es, simplemente, una aspiración de cualquiera que se considere demócrata.