Víctimas y victimarios: una relación que exige reparación y justicia. A propósito de la excarcelación de los etarras tras la anulación de la doctrina Parot.

La relación entre víctimas y victimarios, como toda relación dialéctica, podría ser superada en una nueva síntesis[i]; y esta no puede ser otra que la que suponga reparación y justicia. Pero lo que no resulta fácil es identificar a los actores exclusivamente por su pertenencia en cada uno de esos papeles, como puede apreciarse especialmente en algunos conflictos interétnicos. Otra dificultad añadida sucede cuando se entrecruzan conflictos políticos diversos que pueden distorsionar las causas y las justificaciones que establecen las partes involucradas. Como consecuencia, se complica aún más cualquier avance hacia su resolución.

Grupos de víctimas del terrorismo vasco, en particular de ETA, vienen protagonizando diversas manifestaciones de indignación por la reciente liberación de decenas de terroristas, resultado del acatamiento de la sentencia del tribunal de Derechos Humanos que anulaba la retroactividad de la doctrina Parot. Es decir, que la Justicia española ha tenido que asumir la liberación que correspondía en aplicación del código penal que estaba en vigor en el momento en el que fueron juzgados. Y como toda víctima, también las del terrorismo vasco tienen derecho a la reparación y a que se haga justicia.

Con este, tenemos un ejemplo donde la superación de la relación entre víctimas y victimarios puede complicarse si se entrecruzan otros conflictos políticos. Al pueblo vasco, como a otros pueblos de la península, el Estado franquista y centralista, victimario, le impidió el ejercicio de las libertades y el derecho de autodeterminación, padeciendo la persecución y represión con su secuela de víctimas desde el momento del golpe en el 36 hasta la transición democrática. Las víctimas del franquismo, aún reclaman reparación y justicia. Y el pueblo vasco también.

De la inconclusa superación de este conflicto, surgió el ejercido por el terrorismo etarra. No se puede negar que se han producido avances, como la renuncia a continuar con la violencia por parte de grupo ETA. Sin embargo, los pasos definitivos aún no se ha dado, y las justificaciones para no hacerlo no son admisibles desde el punto de vista político, pero, sobre todo, no lo son del punto de vista moral.

En primer lugar, ni las víctimas del terrorismo etarra tienen la responsabilidad del golpe franquista y del genocidio posterior, ni de que al pueblo vasco no se le reconozca el derecho de autodeterminación. La relación entre víctimas y terrorismo etarra es, por tanto, una consecuencia en la que el uno de los polos de esa relación (víctimas) es ajeno (salvo excepciones) a lo que fue su causa precedente (la dictadura). El error en la justificación del uso de la violencia, en términos políticos, fue pensar que le daban continuidad a la contradicción anterior no superada.

En segundo lugar, y más importante, es que no pueden confundirse el plano de la moral y el de la política. La moral es individual, de uno mismo, y es ante la conciencia de cada cual ante quien hay que responder. La acción política se fundamenta en la moral, y nunca puede ser al revés. La participación y los proyectos políticos surgen porque se tienen criterios acerca de los justo, de la moralidad pública, de los derechos que tienen que protegerse, de los valores que organicen la sociedad. Por tanto, lo primero que hay que preguntarse es por la moralidad, el valor moral de lo que nos disponemos a hacer.

La expresión de la moralidad tiene un máximo y un mínimo: cuanto alguien es capaz de entregar su vida para salvar la de otros, sería el momento máximo de moralidad. El mínimo, sería aquél en que un ser humano es capaz de quitar la vida a otro. Si se acepta que la relación entre víctima y victimario es, antes que nada, una relación moral (y no un mero “efecto colateral” de otro conflicto), el responsable último, cada cual, es quien tiene que responder, ante su propia conciencia, de lo que hizo. Si en ese intradiálogo entre el yo y su conciencia, el victimario asume la responsabilidad de la inmoralidad cometida, no puede escudarse en otros conflictos para reparar el daño y el dolor causado. No puede escudarse en que otros victimarios no lo hayan hecho, ni que las víctimas del franquismo lo exigen y esperan, o que el pueblo vasco no pueda decidir sobre su futuro y sus relaciones con los demás pueblos.

La relación víctima/victimario es una relación individual. Por eso un mismo individuo puede ocupar indistintamente papeles, de víctima o victimario, según con quien establezca la relación. Es esa relación concreta la que el excarcelado etarra (como cualquier otra persona que se encuentre en situación similar) tiene que entender como única: la de la condición de victimario y la de la víctima a la que causó el dolor, al margen de cualquier otra posible. Una vez que el victimario ha cumplido la pena a la que fue sentenciado, tiene que pedir perdón. Y la víctima tiene que aceptar que cumplió la pena que la Justicia le impuso, por muy difícil –y comprensible- que  sea superar el estado emocional que posea. Pero si se ha producido el perdón y la reparación, nadie puede poner impedimentos a la apertura de esa vía para otro horizonte de relaciones humanas.

Es sólo una vía, porque todavía quedan otras víctimas, como las del genocidio franquista, o de otros terrorismos, como el de los aparatos del Estado (GAL), la extrema derecha, GRAPO, etc. Y el proceso de superación también tiene que ser una síntesis basada en la reparación y en la justicia. Pero esta, la de ahora, es una responsabilidad que se les presenta a los presos excarcelados de ETA.

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[i] Perdón por el “hegelianismo”, cuyo sistema filosófico no goza hoy de predicamento alguno.

Desde el PP y el PSOE, desde sus aledaños, llega un mensaje oculto a los centros educativos ante los recortes en Educación y la LOMCE. Algunas claves para entender la huelga.

                                                                                                      

                                                                     

La jornada de huelga contra la LOMCE y en defensa del sistema público, se vivió los días previos en los centros educativos con emociones divididas y maniobras diversas que, en numerosas ocasiones, discurrieron sotto voce. Aún a pesar de ello, en los centros públicos la respuesta alcanzó niveles probablemente nunca antes conocidos en jornadas de huelga; pero no es menos cierto que dejó un cierto sabor agridulce: ¿cómo era posible que con el descontento generalizado la movilización no alcanzase el grado mayoritario que cabía esperar? Se contaba con que no acudiría a la huelga el sector del profesorado receloso del descuento en nómina del día no trabajado. Pero, sobre todo, se lamentó la ausencia de parte del profesorado que había expresado su indignación ante el deterioro de las condiciones laborales y del sistema educativo de forma ostensible. También, en menor medida, sorprendería la asistencia de algunos profesores/as no habituales en otras protestas contra los recortes.

¿Qué sucedía entre bastidores? De qué hablaban aquellas personas, unas conocidas por pertenecer a tal o cual organización sindical, por su proximidad o identificación con alguna de las fuerza políticas mayoritarias, o por pertenecer al equipo directivo? La huelga tenía planteados dos objetivos: por un lado, mostrar el rechazo al proyecto de ley del gobierno, la LOMCE y, por otro, expresar el descontento con los recortes presupuestarios en Educación que se llevan padeciendo desde hace algunos años y que, entre otras consecuencias han supuesto una notable pérdida del poder adquisitivo del profesorado (en torno al 30 %), un aumento de la jornada lectiva y el despido de miles de interinos/as.

Parte del profesorado que habitualmente mantiene cierta identificación con el partido gobernante, el PP, no parecía sentirse especialmente dolida por la LOMCE, al menos no tanto como la mayoría solía expresar. Para ese grupo de profesores/as, la indignación tenía que canalizarse mayormente contra los recortes procedieran de la administración que procedieran, tanto central como autonómica. Y mostraban sus recelos advirtiendo de la manipulación de la huelga por fuerzas sindicales proclives a cierto apoyo al PSOE, tanto en su labor de oposición como en el ejercicio del poder en comunidades por ellos gobernadas, como en Andalucía. El profesorado más afín a las políticas de PSOE, entre ellos buena parte de afiliados/as a los sindicatos UGT y CCOO, ponía el énfasis en la necesidad de centrar las críticas a la LOMCE, tratando de que la jornada de huelga fuese un éxito incontestable.

Entre ambas posturas, otro sector planteaba la necesidad de que ambos objetivos fuesen inseparables y que las movilizaciones continuasen más allá de la huelga, así como que se pudieran potenciar aquellos mecanismos de participación que impidiese la instrumentalización de la huelga por los sindicatos mayoritarios. Los sindicatos minoritarios  como USTEA, CGT y alguno más, se encontraban entre quienes defienden esta postura.

En este panorama, las directrices, aunque no fuesen explícitas, estaban en el debate previo. En las asambleas que se convocaban, a veces, se marcaban territorios, pero se ocultaban las razones de fondo. Finalmente, unos fueron a la huelga, y con eso daban por concluida su respuesta. Otros, que no se sumaron a ella, empiezan a señalar otras movilizaciones en las que la LOMCE ya no tenga el papel protagónico. Y ahora se apunta a la Junta de Andalucía como responsable única del deterioro de los salarios, especialmente por el recorte en los complementos de las pagas extra. Entre ellos siempre aparecen afiliados/as al CSIF, ANPE y otros.

Con este soterrado juego de identificaciones políticas, lo que podía ser una marea incontestable que pusiera contra las cuerdas las políticas educativas desarrolladas por las diferentes administraciones, incluidos los dos últimos gobiernos, se contenía sin alcanzar la dimensión esperada. Pero a pesar de la contención, la marea verde puede seguir creciendo. No será una tarea fácil derribar los diques que la frenan. Sin embargo, la coincidencia en los aspectos principales que influyen en el estado de indignación, podría hacer factible la unidad en el futuro, ponerse de acuerdo hacia dónde y cómo proseguir las movilizaciones. Más allá de las diferencias y de las identificaciones, ese tiene que ser ahora el objetivo y el debate que la marea verde tiene que promover en todos los centros educativos.