La capacidad de una comunidad
autónoma para decidir políticas soberanas siempre está limitada legalmente por lo
aprobado en el parlamento del Estado. Pero también, no debe olvidarse, el
parlamento y el Gobierno están obligados a cumplir el ordenamiento jurídico de
rango superior como es la Constitución y los estatutos de autonomía. No
olvidemos que el Gobierno central se niega a aplicar la disposición 3ª del
Estatuto, que obliga al Estado a invertir en función de la población, lo que
supondría para Andalucía recibir 3.400 millones de deuda acumulada. Y además, en última instancia, es el pueblo el
soberano; y su voz no puede dejar de escucharse, se exprese con las formas que
la democracia permite o, también, con la representación formal del mismo en el
parlamento andaluz.
Dicho esto, nos encontramos con
un proyecto de presupuestos reducido en cuantiosas partidas para atenerse a los
objetivos del déficit impuestos desde el Gobierno central. Estos objetivos
obedecen a las políticas diseñadas por la troika (Comisión Europea, Banco
Central Europeo, Fondo Monetario Internacional) y aceptadas por los partidos
mayoritarios (PP, PSOE) aunque surjan matices en cuanto a la definición de los
objetivos por comunidades autónomas; perjudiciales para Andalucía en este caso.
Pero además, el ajuste
presupuestario se encuentra aún condicionado al haber acudido al fondo de
liquidez de las comunidades autónomas (FLA), del que se recibió la cantidad de
2.133 millones de euros. Por tanto, el margen de maniobra para quien se
proponga una política alternativa al diseño neoliberal, prácticamente no existe.
Hoy, Andalucía, con el nivel de
paro existente (cerca de 1.500.000 personas en paro, con una tasa del 35,4 %),
con cientos de miles de familias bajo el umbral de la pobreza, con el drama de
los desahucios a diario, con la actividad económica en descenso y el cierre de
pequeñas empresas, lo que se necesita en por encima de cualquier otra medida de
carácter económico, es una banca pública que dinamice la actividad. Una banca
sostenida con recursos de la Junta de Andalucía, que atraiga el dinero público
y privado de la comunidad, el que cotidianamente se gestiona y los ahorros. Una
banca fuerte que pueda mover el crédito en la economía familiar y en las
empresas, en los autónomos, en la agricultura, etc., ese dinero que el sector
privado niega pero que sí invierte en la especulación financiera. Pero además,
se necesita rebelarse frente a cualquier imposición central apelando al pueblo;
apelando al espíritu del 4 de diciembre en el que el pueblo andaluz reclamó su
soberanía. Esa es la resistencia que puede hacer de los andaluces/as que seamos
lo que fuimos, y no unas marionetas de Bruselas o Madrid.
Todavía no conocemos en
profundidad las diferentes partidas y aún queda el trámite parlamentario para
introducir mejoras, pero lo que se puede ver en el proyecto no me gusta. Ni me
gustan los recortes en general ni dónde se van a aplicar en particular, ni la
partida destinada al pago de la deuda (más de 3.500 millones de euros, 1.000 de
ellos sólo para intereses), consecuencia de las leyes de estabilidad
presupuestaria y estabilidad financiera así como de la reforma de la
Constitución (art. 135), aprobadas por el PP y el PSOE, y que obligan
prioritariamente al pago de la deuda. En estas condiciones, si no se es capaz
de conseguir nuevos ingresos y una distribución diferente de los mismos, este
proyecto de presupuestos nace para proseguir la senda de crisis que se viene
marcando desde el Gobierno central, siguiendo las instrucciones de Bruselas, y
que hundirá un poco más la ya difícil situación de Andalucía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario