Artículo publicado en Rebelión
Con la aprobación de la LOMCE, el
sistema público de enseñanza quedará tan debilitado que podría ser el principio
de su final de mantenerse la actual relación de fuerzas entre quienes promueven
la ley y sus opositores. Frente al proyecto –que se encuentra en trámite en el
Senado- las principales asociaciones de la comunidad educativa han llamado a la
huelga el 24-10: desde casi todos los sindicatos de enseñantes, a las asociaciones
de padres y madres, sindicatos de estudiantes, asociaciones, marea verde, etc.,
muy diferentes en cada caso, se han puesto de acuerdo uniendo sus voces en
defensa del sistema público de enseñanza; pero, ¿qué respuesta darán los
sectores implicados?
En los últimos años, tanto desde
el Gobierno central como desde los gobiernos autonómicos, han sido brutales los
recortes presupuestarios que afectaron al conjunto del sistema y a los todos
los colectivos implicados: despidos, disminución de salarios, aumento de
jornada lectiva, reducción de becas, encarecimiento de matrículas, etc. Y como
colofón de todo ello es el proyecto de la LOMCE recientemente aprobado en el
Congreso de los diputados por la mayoría parlamentaria del PP. Presumiblemente,
por la arremetida contra el sistema y la cantidad de colectivos afectados, la
huelga debería ser un éxito. Sin embargo, sobre los claustros planea cierto
escepticismo.
Entre los trabajadores/as de la
enseñanza, ciertamente, el descontento es generalizado. Pero dos interrogantes
pesan sobre buena parte de ellos. El primero es que a la pérdida de poder
adquisitivo del colectivo, que se aproxima al 30 % del salario, se une el
descuento en nómina de la jornada de huelga. También, entre un buen número de
profesores/as, se presentan ciertas dudas sobre la eficacia de la huelga.
Habría que decir que, en la mayoría de los casos, lo segundo se emplea como
cortina sobre el verdadero motivo para no secundar la huelga: la pérdida de
dinero que supone la participación.
Puede ser que, excepcionalmente,
haya algún caso en que cobrar un día menos suponga alguna dificultad para la
economía familiar, comprometida con gastos que ajustan en exceso el sueldo
mensual. Pero esa excepcionalidad, la de perder menos de un 0,3 % en términos
anuales, es una ridiculez comparado con el 30 % acumulado de pérdidas que
arrastra el profesorado. Como lo es también comparado con lo que supone la
congelación salarial (el poder adquisitivo cae lo que sube el coste de la vida
(puede ser alrededor del 2,5 %), la eliminación de una paga extraordinaria (un
7 % aproximadamente) o los complementos de las mismas. La respuesta, por tanto,
al enorme deterioro salarial tendría que establecerse con tal rabia, que debería
volver insignificante expresarla a costa de un 0,3 % de incremento de la
pérdida.
Entonces, entre parte de estos trabajadores/as,
se arguye con el conocido mecanismo de formación de preferencias adaptativas (como
en la fábula del zorro y las uvas): “total, como no se va a conseguir nada con
la huelga…”. Es así, porque nunca darán un argumento razonable en el que se
sustentarse. Y la psicología humana encuentra ese viejo mecanismo. Saben que las
conquistas sociales y el Estado de bienestar han sido posibles por decenas de
años de contestación social. Como saben que cuando decae el control y la
vigilancia sobre derechos conquistados, estos se van paulatinamente perdiendo.
Y en situaciones en la que los poderes económicos y financieros, como la
actual, se encuentran fortalecidos y disponen de un poder cono nunca antes en
la historia han tenido, cualquier ajuste de política económica que realicen los
gobiernos en el marco del diseño neoliberal de las estructuras y mercados de la
UE, recaerá sobre el sector al que es más fácil reducir su peso económico: el
sector de los servicios públicos y de los trabajadores/as de los mismos. No se
equilibran cuentas por la vía del aumento de los ingresos con políticas
fiscales progresivas, sino recortando gastos en servicios y salarios de quienes
consienten con su silencio, de quienes una y otra vez callaron cada vez que se
anunciaba un nuevo recorte. Se trata de ir exprimiendo mientras haya aceptación
y silencio.
Nadie ignora que el
desmantelamiento del Estado de bienestar es el objetivo que persiguen los
poderes económicos y financieros. Si las pensiones públicas son un apetitoso
fondo para la especulación, el sistema público de enseñanza, como el sanitario,
son nichos de negocio para los capitales que dejaron atrás el ladrillo y no
acaban de encontrar acomodo en la situación actual (salvo especular con la
deuda). Esto es bien sabido. Y aquí no quedan más alternativas, o resistencia o
el sistema se muere. Y sus actuales profesionales, los trabajadores/as de la
enseñanza y los derechos adquiridos hasta ahora, mueren con él.
Pueden argumentarse variaciones
en la estrategia de resistencia y mostrar la insuficiencia de reducir la
protesta a una jornada de huelga. Hasta ahí la duda razonable. Pero para eso se
promueve el debate y la participación, las asambleas en los centros educativos.
Ese es el momento de que cada cual tendrá que proponer qué continuidad habrá
que darle a la movilización, qué otras acciones son necesarias. Y entonces,
nadie podrá decir, como el zorro de la fábula, que “de todas formas… las uvas
estaban verdes”.
