Legal e ilegal, moral e inmoral. ¿Vale todo contra Monedero? La doble vara de medir.

Las acusaciones sobre la ilegalidad de numerosas medidas tomadas por representantes públicos han sido frecuentes y han alcanzado a prácticamente a todas las instituciones del Estado, desde la Monarquía a los ayuntamientos, y a casi todas las fuerzas políticas que tienen presencia institucional. Como resultado, numerosas denuncias han acabado en los tribunales de justicia con imputados y condenados por delitos (como malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, apropiación indebida, etc.) además de la exigencia de responsabilidades políticas a los autores directos y a los dirigentes que los nombraron para los diferentes cargos desde los que actuaron.

En general, con las sentencias judiciales y, en menor medida, con el señalamiento de las responsabilidades políticas, acompañadas de algunas que otras dimisiones, se han cerrado estos casos. Pero en política siempre hay un más difícil todavía. Sobre todo cuando se trata del linchamiento de alguien que señala el agotamiento de un régimen, el régimen del 78, y la casta que lo ha gestionado. En este caso, los medios de comunicación, todos, adalides de ese régimen que se agota, salen en defensa de la casta y reproducen sistemáticamente el mismo mensaje (repetirlo muchas veces no lo hace verdadero) tratando de desprestigiar a la persona que cuestiona sus privilegios. Ya no se trata de un cargo público ni de alguien cuya actividad haya estado relacionada con las administraciones públicas. La ilegalidad buscada ha girado en torno a la vida profesional del ciudadano y dirigente político de Podemos, Juan Carlos Monedero. Sin embargo, todas ellas han sido desmontadas por él mismo. Ni ocultó dinero en paraísos fiscales ni en cuentas opacas al fisco: los ingresos de su empresa tributaron a hacienda como permite la ley.

En el escarnio que se pretende, se exige el contrato y el contenido del informe elaborado por el que la empresa de Monedero recibió los 425.000 euros. Petición un tanto extraña, pues esos informes, sujetos a confidencialidad, a quien compete hacerlos públicos si consideran que esa información puede ser divulgada es al ALBA, la alianza de varios países latinoamericanos que fue quien los encargó y pagó (que es lo mismo que sucedería con los informes que el asesor P. Arriola elabora para el presidente M. Rajoy -que nadie ha visto ni pedido ver-).

Pero para sorpresa, hemos oído algo hasta ahora desconocido. Ya no se insiste en la ilegalidad, sino en una supuesta inmoralidad. Se achaca que sería inmoral realizar cobros desde una empresa unipersonal y tributar como empresa en vez de hacerlo como rendimientos del trabajo. Se dice (cuestión que Monedero niega) que haciéndolo de esa manera habrá pagado a hacienda una cantidad inferior, y eso sería una inmoralidad. Una ministra señala que incluso esa forma de tributar, si se generalizase, pondría en riesgo los servicios públicos. Increíble. Parecen estar sosteniendo que hay leyes que son inmorales, leyes a las que cualquier ciudadano puede acogerse, como han hecho muchos profesionales, sin que nadie diga nada acerca de cambiarlas. Se ha utilizado, en este caso, para acusar solo al dirigente de Podemos, no a las decenas de miles que tributan a través de empresas unipersonales.

Para evaluar si una acción es inmoral, hay que hacerla desde unos principios o criterios morales. Si el criterio que se utiliza es la contribución a la hacienda pública en función de las rentas para mantener los servicios básicos al conjunto de la población, (el cual se deduciría del principio de la consideración del ser humano como un fin en sí mismo, de la necesidad de preservar su dignidad) el sistema legal impositivo es una gran farsa inmoral; y quienes lo mantienen están obrando, en consecuencia, de forma inmoral. Peor aun, al contribuyente, particulares y empresas, se le ofrecen multitud de posibilidades fiscales a la hora de cumplir sus obligaciones ante la hacienda pública. La inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad, se acoge a las que le son más favorables, y hasta ahora, nadie lo ha considerado una práctica inmoral.

¿Qué es lo decisivo desde el punto de vista moral a la hora de efectuar los pagos a hacienda? La moral pública puede ser positivizada y, entonces, como cualquier otra norma jurídica, es de obligado cumplimiento. Pero si una vez positivizada permite un abanico de posibilidades al contribuyente, entonces es el criterio moral del contribuyente quien tiene que orientarle en la elección. Hay contribuyentes que invierten en una SICAV para apenas pagar impuestos (es legal) y quienes se aplican todas las deducciones posibles. Es de suponer que el Estado puede mantener los servicios públicos con una recaudación sobre ese escenario, escenario que es el que realmente se produce. La inmoralidad del sistema recaudatorio se incrementaría pidiéndole un mayor esfuerzo fiscal, una mayor generosidad llamando a acogerse al tipo de declaración menos favorable al contribuyente de rentas medias (y así mantener el nivel esperado en la recaudación), mientras a las rentas altas se les permiten las medidas de ingeniería fiscal para apenas contribuir. Si el ciudadano Monedero tributa sus trabajos para el ALBA a través de una empresa (y es dudoso que pague menos de esa forma, una vez que haya tributado por los dividendos obtenidos) y los ingresos obtenidos no los dedica a incrementar su patrimonio o al lucro personal, no solo es legal y legítimo, sino acorde a deseables criterios de moralidad pública (la supuesta inmoralidad solo reside en las hipócritas personas que ocultan sus verdaderas intenciones cuando lo acusan). Si a esto le añadimos que los ingresos obtenidos por Monedero tenían como función la participación en un proyecto mediático alternativo al oligopolio informativo existente, no solo no fue inmoral su declaración a Hacienda, sino que la gestión económica de los ingresos que había obtenido tiene un valor añadido: que contribuye positivamente al pluralismo y la libertad, a mejorar la calidad de nuestra democracia. 

El 30 de enero, fecha del aniversario del asesinato de Gandhi, se celebra el día escolar de la no violencia y la paz.

                                                                             

                                                          Manifiesto leído en el IES Guadalentín.

Una vez más se celebra el aniversario de la muerte de Mohatmas Gandhi. En este homenaje queremos recordar y aprender de quien supo ver, con más claridad que ninguna otra persona, que la solución a los inevitables conflictos que surgen de la multiplicidad y complejidad de las relaciones humanas, si se pretende salvaguardar la dignidad humana, pasa inevitablemente por el respeto a la vida, a la vida humana; por lo que no cabe más alternativa para solucionar dichos conflictos que la búsqueda incansable de mecanismos que permitan una solución pacífica de los mismos.

En efecto, si decimos que el momento más elevado de la moralidad  se produce cuando un ser humano es capaz de entregar su vida por salvar la de otro y que la acción moral más repudiable, el momento más bajo de la moralidad, es aquél en el que alguien es capaz de quitar la vida a otro ser humano, nos encontramos que nuestra historia parece estar jalonada de muchos más momentos de este segundo caso que del primero. El siglo XX, con las guerras mundiales, el Gulag soviético, los campos de exterminio nazis, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, la muerte por hambruna en países empobrecidos, pobreza extrema, etc., que parecen prolongarse en este siglo XXI con un sombrío panorama, cuando menos, nos invita a la reflexión. ¿Qué ha pasado? ¿No hemos aprendido nada de las enseñanzas de Gandhi? 

Hemos dicho que el conflicto es inevitable. La ambición humana, la lucha por el poder, la defensa de intereses económicos, la satisfacción de deseos y también, por qué no, la exigencia de derechos, pueden acabar en situaciones conflictivas, colisionando entre sí desde perspectivas que se presentan a sí mismas como legítimas o justificadas. En la defensa de ellas, el recurso a la fuerza es inevitable. Hemos dicho la fuerza, sí la fuerza, pero la fuerza de la razón, la de la palabra, no la razón de la fuerza.

La fuerza de la razón es, en primer lugar, reconocer al otro, al oponente, como un igual, como un ser racional al que se está dispuesto a escuchar, con el que se pretende dialogar; pero también, y en segundo lugar, es hablar con veracidad y con honestidad; por último hacerlo sin coacciones y tratando de que nos entienda. El acuerdo podrá ser posible o no serlo. Pero ese debe ser el camino. La dificultad no debe desesperarnos y dejarnos abandonar al recurso fácil de buscar la superioridad y vencer, el recurso de la violencia. Existen más instrumentos. No sólo los tribunales de justicia propios del Estado de derecho.

En nuestros conflictos cotidianos también puede imponerse la sensatez, la razón. Se pueden arbitrar sistemas de mediación, grupos y personas neutrales ante los que nos comprometemos para acatar las decisiones que establezcan. Ya funcionan en diferentes ámbitos como los profesionales, de la actividad comercial y también empiezan a funcionar en ámbitos escolares; pero tienen que extenderse a todos los ámbitos de la vida social. Se trata de superar la violencia desde los niveles micro, los pequeños, los conflictos que nos surgen a diario, hasta aquellos otros en los que, ya desbordándonos, intervienen grupos sociales o sectores de población, hasta llegar a los propios países o diferentes culturas. Incluso las civilizaciones. Se trata, decíamos, de avanzar hacia la paz perpetua de la que nos hablaba el filósofo ilustrado I. Kant. Es verdad que hablar de relaciones pacíficas en un mundo que parece en guerra permanente puede sonar algo ilusorio, pero el camino de la utopía que nos indicó el filósofo y el propio Gandhi, nos señala el horizonte hacia el que tenemos que avanzar.

El avance hacia ese horizonte serán pasos graduales en la disminución de la violencia y más específicamente de la violencia política, tanto a nivel interno, en la de cada Estado, como en el de las relaciones internacionales. En primer lugar, en nuestro propio país, como en cualquier país, debemos construir una sociedad justa, respetuosa con la multiculturalidad y administrada por un Estado social y democrático de derecho.

Pero la violencia va más allá de las pretensiones en nuestras propias sociedades. No se puede hablar de paz si las necesidades básicas no están cubiertas. Si la distribución de la riqueza impide que haya seres humanos, en cualquier lugar del mundo, que puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus capacidades, ello es otro tipo de violencia, la violencia estructural. Superar la violencia, también en este nivel, significa un reparto de la riqueza tal que, para cualquier persona, en cualquier país, nadie se vea impedido de tener los recursos que le permitan la misma esperanza de vida que en  los países más desarrollados y gozar de las mismas oportunidades que les permitan la puesta en práctica de las propias capacidades.

Por último, también se necesitaría una federación de pueblos libremente constituida y a la que se subordinaran los diferentes estados nacionales a fin de mediar en las diferencias que entre ellos pudieran surgir. Esta federación y sus tribunales, democráticamente constituidos, estarían dotados de poder, en el terreno jurídico, económico y político, suficiente como para dirimir los conflictos interestatales, corrigiendo y superando la actual estructura y funcionamiento de la ONU.

Para solucionar cualquier conflicto, por tanto, es necesaria la fuerza, la fuerza de la razón, que no es pasividad -como decía Gandhi- sino invitando a la palabra, al diálogo, o, llegado el caso, recurriendo a las instancias que arbitren soluciones que obliguen a las partes en conflicto. Pero también, frente a la injusta agresión, estructural o directa, racista o de género, ideológica o de clase, cuando las palabras ya no sirven, es resistencia pacífica, no violenta, resistencia en la denuncia, en difundir la situación, en concitar apoyos, en dar una respuesta colectiva y solidaria, en conseguir que el derecho esté con el débil, con el agredido. Ese fue el mensaje de Gandhi, esa fue su lucha y su vida. Por eso, hoy –y terminamos- lo decimos con él, “no hay caminos para la paz, la paz es el camino”. 

El grito de desesperación de una madre en una tertulia televisiva con miembros del partido gobernante, anuncia el cambio en Grecia.

El día 25 en Grecia empieza el año en que la Europa de los pueblos exige el final de la Europa de los mercaderes. 

La rebelión que lleva gestándose en la ciudadanía europea frente al capital financiero y la troika (CE, FMI, BCE), podría dar un vuelco en las instituciones de algunos países europeos. El día 25 se celebran elecciones en Grecia y, según los sondeos, Syriza podría ser la fuerza más votada. Con ello se iniciaría el año del cambio, el año en que otra visión de Europa, la de los pueblos y la multitud, empiece a tomar el futuro en sus manos poniendo la economía al servicio del ser humano. 

Las razones de ese previsible vuelco en Grecia quedan patentes con la intervención de una madre en un programa de televisión. Era una tertulia a la que asistían representantes del partido gobernante. Hacer clic sobre el enlace

Grito de desesperación de una madre a los gobernantes griegos

Ser un patriota o ser un patriotero

A pesar de que el Gobierno anuncia que 2015 será el año de consolidación de una recuperación que habría comenzado en el 14, la realidad es que en  este año que comienza no habrá ninguna mejoría para la mayor parte de la sociedad, para la multitud y los pueblos del Estado. Porque no me cabe duda que los sectores financieros y económicos pueden ver incrementados sus beneficios, pero no son pueblo ni la multitud que compone la mayoría social. No son pueblo porque el capital no se identifica con ninguna cultura, con ningún ser humano habite donde habite, pertenezca al país que pertenezca. Para el capital todo ser humano es potencial fuerza de trabajo a la que poder explotar, aquí, allá y acullá. El Estado nacional es un instrumento a su servicio, un instrumento para la defensa de sus intereses donde estos se encuentren. Así ha sido desde la constitución de los Estados nacionales. Lo sectores hegemónicos de la burguesía han podido replantear, en ocasiones, el modelo de Estado en función de las conveniencias que, como sector social, más le interesaba. Para ello se apoyarían en vínculos identitarios y culturales con el pueblo que pretendían aglutinar en la estructura de ese Estado. En rigor, para el capital, la patria no es más que el Estado que mejor defiende la generación continua de plusvalías que incrementen su poder económico. Así, sus capitales circularán por todo el mundo, invertirán en aquellos países donde más fácil resulte la explotación de trabajadores/as, especularán con activos financieros procedan de donde procedan, pagarán impuestos donde más ventajas le proporcionen y evadirán sus capitales hacia paraísos fiscales de cualquier continente. El modelo de Estado que sostendrán será siempre aquél que mantenga esos intereses y esa situación privilegiada como clase social.

Sin embargo, la realidad para la multitud y los pueblos ha sido y es otra diferente. Marx dijo que los obreros no tienen patria. En efecto, quien nada posee salvo su fuerza de trabajo, ¿qué puede decir que es suyo? En tanto que poseedor de su fuerza de trabajo, necesita venderla al capitalista a cambio del salario que le proporcione los medios de subsistencia. Y tal cosa hará independientemente del país que se trate. Pero con todo, lo que no se puede negar, ni Marx negó, es la defensa de la cultura, de la tierra y los elementos simbólicos bajo los que ese trabajador/a ha adquirido la identidad como persona. Esa es la raíz necesaria de la que se nutre cualquier ser humano. Y la identidad social compartida por el grupo es lo que configura lo que denominamos pueblo.

Cierto es que en la actualidad han aparecido nuevos sujetos poco o nada vinculados al pueblo y cuya extensión va en aumento. Es la multitud, los muchos que forman singularidades diferentes que no pueden reducirse a la unidad, ni a una identidad única, pero que están conectadas, que forman redes y actúan en común sin perder cada cual la riqueza de su singularidad. Su crecimiento ha sido paralelo a la nueva configuración global del poder político y económico. La multitud es la mayoría social, los excluidos de los ámbitos de decisión y de las instituciones representativas del sistema capitalista.   

En esta situación en la que el ser humano es convertido en una mercancía más, una mercancía productora de riqueza material o intangible, surge la resistencia de la multitud y, también, el derecho de cada pueblo a constituirse como tal, a dotarse de los instrumentos políticos que salvaguarden su condición de personas y de pueblo; el derecho a exigir la libre determinación. Por eso, en la actualidad, cuando el capital ha franqueado todas las barreras humanas, sociales y nacionales, sumiendo en el paro y la pobreza a millones de ciudadanos/as del Estado español, la reclamación del derecho de autodeterminación (social, económico y político) y de otro modelo de Estado, es la reclamación de un patriotismo humano.

Las soflamas sobre la unidad nacional y patrañas similares que los patrioteros alientan, y cuyo papel tan bien representa la Monarquía, esconden los intereses de los sectores económicos dominantes que necesitan de una estructura estatal que mantenga su dominio, su poder de explotación sobre la multitud y los pueblos del Estado, a la vez que defienda sus intereses económicos y privilegios en cualquier país del mundo. Para ellos no hay más patria que sus negocios. Y que el crecimiento y los beneficios económicos continúen instalados en ellos. En definitiva, ese es el trasfondo del patrioterismo dominante, el que se esconde tras el respeto a la bandera y el himno para ocultar el sufrimiento humano, los bajos salarios, el desempleo y la pobreza de la población. Pero 2015 puede ser el año en que la multitud y los pueblos les quiten las máscaras, puede ser el año que empiecen los cambios hacia otro modelo de sociedad.

¿Es conveniente cambiar de coche cuando se va el primero y la meta está próxima? Podemos no puede ni debe sustituirse por ninguna otra marca política.

Se incrementa el debate en el seno de las plataformas municipalistas Ganemos. Un sector de ellas, defendida por miembros de Podemos entre otros colectivos, propone que estas plataformas se configuren como agrupación de electores. Otro sector, fundamentalmente nucleado en torno a IU, propugna que la fórmula jurídica de las mismas sea la de una coalición de partidos.

Las ventajas de una coalición de partidos, siempre que se presentaran en el mayor número posible de municipios, son innegables. Por decirlo resumidamente: los concejales obtenidos computarían para las diputaciones provinciales (con la importancia que tienen para los municipios pequeños municipios) y sus resultados podrían rentabilizarse tanto económicamente como en espacios gratuitos de propaganda electoral. Y lo mismo que una coalición de partidos, como es obvio y esa parece que será la fórmula adoptada por Guanyem Barcelona, sucedería si se presentaran como un partido político. Ninguna de estas ventajas se producirían, o en bastante menor medida, en el caso de una agrupación de electores (computan sólo para el municipio al que se presentan).

Aunque aparentemente la opción de la coalición (o como partido político) posee unas ventajas de las que carece su alternativa, ambas propuestas encubren otro debate de mucho más calado. Descartada la posibilidad de que Podemos sea la fórmula partidaria que formalmente representase a las plataformas Ganemos (no ha sido planteada por ahora y no se avizora en el horizonte), queda la opción de una coalición de partidos. Esta sería una marca política que integraría en su seno a fuerzas políticas como IU, CLI-AS y otras, además de movimientos y asociaciones (aunque de facto se imponga la participación individual con mecanismo de democracia directa). Pero si entre estas fuerzas se encuentra Podemos, la fuerza política cuya hoja de ruta se encamina hacia las próximas elecciones generales con opciones reales de alcanzar la mayoría, integrarse en una coalición con fuerzas políticas cuya identidad ideológica y trayectoria política cuenta con un respaldo minoritario de la población, provocaría entre el electorado una imagen similar a la de sus socios de coalición, mermando considerablemente su progresiva expansión entre los de abajo, entre la mayoría social que no pertenece al decil de los más ricos.     

Peor aún: un escenario con una coalición de partidos, más o menos exitosa en las municipales, dificultaría enormemente una posterior ruptura para unas elecciones autonómicas y generales (que sería difícil de entender en algunos sectores fuertemente identificados con la izquierda). Y el coste mediático de la ruptura repercutiría negativamente en Podemos. Concurrir a las generales con una marca política (Ganemos) diferente a la de Podemos, hoy por hoy, es un favor al régimen bipartidista que sólo un insensato o interesado en su preservación puede desear. No se puede cambiar de marca a un año de las elecciones y con todo (o mucho, por ahora) a favor de.convertirse en la primera fuerza política estatal.

Es previsible que a Podemos traten de ponerle muchos obstáculos, que disminuya su presencia mediática (también durante las campañas electorales) y se incrementen los ataques y difundan todos los bulos posibles. Pero la espiral de simpatía (porque es de necesidad) que ha generado, es dudosa que puedan frenarla. La situación económico-social, política e institucional exige de una fuerza política para superarla, y Podemos se ha presentado como el instrumento capaz de hacerlo. Diluirse ahora en una coalición de partidos, como Ganemos, sería una irresponsabilidad en la que no incurrirá la dirección de Podemos.

La deseable unidad de quienes se oponen al bipartidismo y a las políticas neoliberales tiene que hacerse sin prisas, aunque eso suponga llegar a las próximas generales con varias fuerzas políticas con bastante similitud programática compitiendo entre sí (cada una de ellas posee su propio mensaje y, también, parte de electorado diferente). Pero, ¿qué hacer en las municipales? Las plataformas Ganemos que se constituyan como agrupación de electores (Córdoba) podrán contar con el apoyo de Podemos, como ya han anunciado. Las que se constituyan como coalición (que no podrán evitar ser etiquetadas como marca blanca de IU) o compiten con Podemos (si es que decide concurrir en algún municipio) o con las agrupaciones de electores que cuenten con el respaldo de Podemos (tal vez podría ser el caso de Málaga). La situación, por tanto, no resultará fácil en muchos municipios. Pero el caminos hacia las generales, para Podemos, continuaría con la misma hoja de ruta que le señala como posible fuerza política mayoritaria.  

Algunas razones para que las plataformas “Ganemos” participen bajo el paraguas de una marca política. Podemos se presenta como la alternativa con mayores garantías de éxito.

Los procesos municipalistas que se están generando, tras el pionero Guanyem Barcelona, con el objetivo de conquistar los ayuntamientos para ponerlos al servicio de la ciudadanía, se extienden por varias de las principales ciudades de diferentes comunidades autónomas. La perspectiva de una ruptura con el modelo de ciudad al servicio de las élites y los intereses desarrollistas se vislumbra como algo más que una posibilidad y que podría ser una realidad en las próximas elecciones municipales.

En efecto, se pueden ganar algunas ciudades, y si es ese el objetivo, será necesario que se constituyan agrupaciones de electores (apoyadas por el 1% del censo de cada municipio) surgidas de una confluencia real y con un programa elaborado participativamente por la ciudadanía. A los movimientos ciudadanos y municipalistas que están impulsando el proceso, se tendrían que unir las fuerzas políticas que se oponen al neoliberalismo, pero participando sus miembros individualmente en estas plataformas. Sin embargo, si se pretende que estos procesos de confluencia ciudadana alcancen el nivel de representación institucional (diputaciones y parlamentos autonómicos) y mediática que los sitúen en las mejores condiciones para que en las elecciones generales (legislativas) se pueda poner fin al régimen del 78, el bipartidismo borbónico, la fórmula de las plataformas Ganemos (o con otros nombres) en las principales ciudades, se rebela insuficiente.

Es insuficiente por varios motivos: las agrupaciones de electores no computan conjuntamente para optar a los diputados provinciales que son elegidos según la representación obtenida en los partidos judiciales. Lo cual no sería importante si la presencia de agrupaciones de electores en una misma provincia no fuese significativa. Pero si estas agrupaciones continúan expandiéndose por municipios de la misma provincia, se perdería la posibilidad de tener la presencia institucional y mediática que les correspondería. Y tampoco puede establecerse legalmente una coalición de agrupaciones de electores. Por lo mismo, tampoco pueden ser una fórmula válida para las elecciones autonómicas (tendría que ser una agrupación de electores diferente a las que se constituyan en los municipios).

Si entonces se planteara como fórmula, una vez descartada la coalición de partidos, como así han planteado algunas fuerzas políticas implicadas y movimientos ciudadanos, no parece quedar mejor opción que las plataformas Ganemos, constituidas autónomamente, sean formalmente presentadas e incorporen la marca de una fuerza política. Hoy por hoy, la fuerza emergente que concita las mismas sensibilidades de las plataformas Ganemos, no es otra que Podemos. Y es la fuerza política que puede optar  a que en las próximas generales (noviembre del 15) la ciudadanía indignada desplace del poder a las fuerzas del régimen del 78.

Pero una propuesta de que las plataformas Ganemos se presenten bajo el paraguas de Podemos es difícil que sea asumida. El primer obstáculo sería planteado por las otras fuerzas políticas -como IU-, que no van a aceptar el apoyo a unas plataformas que se presentan con la marca de Podemos. Y también, la reticencia de algunas personas involucradas en los procesos de Ganemos. En este caso, si no se pueden superar estos obstáculos, no quedará más remedio que se configuren como agrupaciones de electores que actúan reducidas al propio municipio. Las elecciones autonómicas se presentarían entonces como un proceso diferente, que aún pudiendo estar sujeto a otro tipo de confluencias (separaciones e integraciones posibles –CUT, EQUO...-), probablemente abordarán por separado las principales fuerzas políticas antineoliberales. Pero por todo ello, habremos perdido una oportunidad inmejorable.

A 78 años de la muerte de Blas Infante, el pueblo andaluz sigue empobrecido y su identidad diluida. Un breve esbozo del pensamiento infantiano.

El 11 de agosto de 1936, Blas Infante fue ejecutado en el km. 4 de la carretera de Carmona por los golpistas. Aquel asesinato se justificaría en una sentencia dictada 4 años después y, en una aberración jurídica, aplicando retroactivamente la ley. Hoy día sigue sin haberse revisado esa ignominia. Que esta reparación no haya sido posible, que los restos de Infante se encuentren en una fosa común del cementerio de S. Fernando, según se supone, es una muestra de la situación de debilidad política y cultural del pueblo andaluz. Y del olvido de lo que fue la obra y el pensamiento de Blas Infante.

¿Cuáles fueron las inquietudes de Blas Infante? En un pasaje de su primera obra, “El ideal Andaluz”, expone lo que le guiará siempre en su quehacer político por el pueblo andaluz: ““Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…” (Infante, 1915)^[i]. Los andaluces, desposeídos a partir del siglo XIII de sus tierras, entraron en la Era Moderna bajo el poder de la nobleza castellana. Desde entonces, los que no fueron expulsados (también con las posteriores de tipo económico), vivieron sumidos en la explotación económica y en la asimilación cultural. Infante sabía que la recuperación de la identidad pasaba por la reapropiación de lo que fueron sus medios de vida. Para que el pueblo andaluz pueda volver a ser ser un pueblo, tendría que disponer de la propia capacidad de producir sus medios de vida, y hacerlo con las características con las que siempre lo ha intentado: proyectando su espíritu. Ninguna de las fórmulas políticas en pugna durante el siglo XX satisfacen el ideal del pueblo andaluz, el ideal de libertad, porque ese ideal, presente en la cultura andaluza desde sus orígenes, solo puede conseguirse cuando la libertad individual coincida con la libertad colectiva del pueblo en una sociedad justa orientada hacia el ideal de humanidad.

Infante continúa elaborando su pensamiento filosófico y político en obras como “La dictadura pedagógica”, la inconclusa obra “Fundamentos de Andalucía” o “El complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía”. La libertad tiene que construirse desde abajo, desde el  individuo al municipio, pasando por la comarca y la provincia, hasta alcanzar el autogobierno como pueblo. La propiedad privada puede ser superada por la propiedad de todos, la propiedad comunal; pero el derecho a la posesión, a la generación de riqueza y a los productos del trabajo, estará a disposición de cada cual y al alcance de todos. Todas las familias jornaleras, los auténticos andaluces que fueron desposeídos, por tanto, tienen derecho a la tierra, al trabajo y la posesión de ella.

El ideal presente en el pueblo andaluz es un ideal de libertad incompatible con el capitalismo y el colectivismo socialista. La cultura andaluza es una cultura de raíz libertaria, humanista y vitalista, como sus abolengos griegos, y cuyo genio ha proporcionado brillantes épocas (Tartesos, Bética, Al-Andalus) en la historia. Derrotado y oculto, el ideal andaluz, de libertad y justicia, podrá aparecer y realizarse surgiendo desde cada individuo, construyendo la democracia con la entrega de los mejores hombres y mujeres en la tarea de formar al pueblo en la paz, la libertad y solidaridad para alcanzar un comunismo afectivo, de seres humanos libres y solidarios, es decir el comunismo libertario.

Si de Castilla proviene el señoritismo parasitario enquistado en la estructura social andaluza: el señorito, cacique o terrateniente que oprime y explota al pueblo andaluz; y si el Estado español, su dominio político y centralista, son la causa del empobrecimiento y anulación político-cultural de Andalucía, entonces España es el problema. En consecuencia, el pueblo andaluz, contra el señoritismo y contra el españolismo, tiene que exigir la autodeterminación, constituirse con la capacidad política para ser dueña de sus propios recursos y decidir por sí misma su propio destino. No para construir una Andalucía cerrada en sí (el nacionalismo andaluz es un nacionalismo antinacionalista), sino para el progreso de los pueblos en el ideal de libertad, el ideal de humanidad que, como sucedió en otros períodos de la historia, emergerá desde las propias raíces culturales de Andalucía.

---

[i] El Ideal Andaluz Ed. Fundación Blas Infante, p.. 80