Ser un patriota o ser un patriotero

A pesar de que el Gobierno anuncia que 2015 será el año de consolidación de una recuperación que habría comenzado en el 14, la realidad es que en  este año que comienza no habrá ninguna mejoría para la mayor parte de la sociedad, para la multitud y los pueblos del Estado. Porque no me cabe duda que los sectores financieros y económicos pueden ver incrementados sus beneficios, pero no son pueblo ni la multitud que compone la mayoría social. No son pueblo porque el capital no se identifica con ninguna cultura, con ningún ser humano habite donde habite, pertenezca al país que pertenezca. Para el capital todo ser humano es potencial fuerza de trabajo a la que poder explotar, aquí, allá y acullá. El Estado nacional es un instrumento a su servicio, un instrumento para la defensa de sus intereses donde estos se encuentren. Así ha sido desde la constitución de los Estados nacionales. Lo sectores hegemónicos de la burguesía han podido replantear, en ocasiones, el modelo de Estado en función de las conveniencias que, como sector social, más le interesaba. Para ello se apoyarían en vínculos identitarios y culturales con el pueblo que pretendían aglutinar en la estructura de ese Estado. En rigor, para el capital, la patria no es más que el Estado que mejor defiende la generación continua de plusvalías que incrementen su poder económico. Así, sus capitales circularán por todo el mundo, invertirán en aquellos países donde más fácil resulte la explotación de trabajadores/as, especularán con activos financieros procedan de donde procedan, pagarán impuestos donde más ventajas le proporcionen y evadirán sus capitales hacia paraísos fiscales de cualquier continente. El modelo de Estado que sostendrán será siempre aquél que mantenga esos intereses y esa situación privilegiada como clase social.

Sin embargo, la realidad para la multitud y los pueblos ha sido y es otra diferente. Marx dijo que los obreros no tienen patria. En efecto, quien nada posee salvo su fuerza de trabajo, ¿qué puede decir que es suyo? En tanto que poseedor de su fuerza de trabajo, necesita venderla al capitalista a cambio del salario que le proporcione los medios de subsistencia. Y tal cosa hará independientemente del país que se trate. Pero con todo, lo que no se puede negar, ni Marx negó, es la defensa de la cultura, de la tierra y los elementos simbólicos bajo los que ese trabajador/a ha adquirido la identidad como persona. Esa es la raíz necesaria de la que se nutre cualquier ser humano. Y la identidad social compartida por el grupo es lo que configura lo que denominamos pueblo.

Cierto es que en la actualidad han aparecido nuevos sujetos poco o nada vinculados al pueblo y cuya extensión va en aumento. Es la multitud, los muchos que forman singularidades diferentes que no pueden reducirse a la unidad, ni a una identidad única, pero que están conectadas, que forman redes y actúan en común sin perder cada cual la riqueza de su singularidad. Su crecimiento ha sido paralelo a la nueva configuración global del poder político y económico. La multitud es la mayoría social, los excluidos de los ámbitos de decisión y de las instituciones representativas del sistema capitalista.   

En esta situación en la que el ser humano es convertido en una mercancía más, una mercancía productora de riqueza material o intangible, surge la resistencia de la multitud y, también, el derecho de cada pueblo a constituirse como tal, a dotarse de los instrumentos políticos que salvaguarden su condición de personas y de pueblo; el derecho a exigir la libre determinación. Por eso, en la actualidad, cuando el capital ha franqueado todas las barreras humanas, sociales y nacionales, sumiendo en el paro y la pobreza a millones de ciudadanos/as del Estado español, la reclamación del derecho de autodeterminación (social, económico y político) y de otro modelo de Estado, es la reclamación de un patriotismo humano.

Las soflamas sobre la unidad nacional y patrañas similares que los patrioteros alientan, y cuyo papel tan bien representa la Monarquía, esconden los intereses de los sectores económicos dominantes que necesitan de una estructura estatal que mantenga su dominio, su poder de explotación sobre la multitud y los pueblos del Estado, a la vez que defienda sus intereses económicos y privilegios en cualquier país del mundo. Para ellos no hay más patria que sus negocios. Y que el crecimiento y los beneficios económicos continúen instalados en ellos. En definitiva, ese es el trasfondo del patrioterismo dominante, el que se esconde tras el respeto a la bandera y el himno para ocultar el sufrimiento humano, los bajos salarios, el desempleo y la pobreza de la población. Pero 2015 puede ser el año en que la multitud y los pueblos les quiten las máscaras, puede ser el año que empiecen los cambios hacia otro modelo de sociedad.

¿Es conveniente cambiar de coche cuando se va el primero y la meta está próxima? Podemos no puede ni debe sustituirse por ninguna otra marca política.

Se incrementa el debate en el seno de las plataformas municipalistas Ganemos. Un sector de ellas, defendida por miembros de Podemos entre otros colectivos, propone que estas plataformas se configuren como agrupación de electores. Otro sector, fundamentalmente nucleado en torno a IU, propugna que la fórmula jurídica de las mismas sea la de una coalición de partidos.

Las ventajas de una coalición de partidos, siempre que se presentaran en el mayor número posible de municipios, son innegables. Por decirlo resumidamente: los concejales obtenidos computarían para las diputaciones provinciales (con la importancia que tienen para los municipios pequeños municipios) y sus resultados podrían rentabilizarse tanto económicamente como en espacios gratuitos de propaganda electoral. Y lo mismo que una coalición de partidos, como es obvio y esa parece que será la fórmula adoptada por Guanyem Barcelona, sucedería si se presentaran como un partido político. Ninguna de estas ventajas se producirían, o en bastante menor medida, en el caso de una agrupación de electores (computan sólo para el municipio al que se presentan).

Aunque aparentemente la opción de la coalición (o como partido político) posee unas ventajas de las que carece su alternativa, ambas propuestas encubren otro debate de mucho más calado. Descartada la posibilidad de que Podemos sea la fórmula partidaria que formalmente representase a las plataformas Ganemos (no ha sido planteada por ahora y no se avizora en el horizonte), queda la opción de una coalición de partidos. Esta sería una marca política que integraría en su seno a fuerzas políticas como IU, CLI-AS y otras, además de movimientos y asociaciones (aunque de facto se imponga la participación individual con mecanismo de democracia directa). Pero si entre estas fuerzas se encuentra Podemos, la fuerza política cuya hoja de ruta se encamina hacia las próximas elecciones generales con opciones reales de alcanzar la mayoría, integrarse en una coalición con fuerzas políticas cuya identidad ideológica y trayectoria política cuenta con un respaldo minoritario de la población, provocaría entre el electorado una imagen similar a la de sus socios de coalición, mermando considerablemente su progresiva expansión entre los de abajo, entre la mayoría social que no pertenece al decil de los más ricos.     

Peor aún: un escenario con una coalición de partidos, más o menos exitosa en las municipales, dificultaría enormemente una posterior ruptura para unas elecciones autonómicas y generales (que sería difícil de entender en algunos sectores fuertemente identificados con la izquierda). Y el coste mediático de la ruptura repercutiría negativamente en Podemos. Concurrir a las generales con una marca política (Ganemos) diferente a la de Podemos, hoy por hoy, es un favor al régimen bipartidista que sólo un insensato o interesado en su preservación puede desear. No se puede cambiar de marca a un año de las elecciones y con todo (o mucho, por ahora) a favor de.convertirse en la primera fuerza política estatal.

Es previsible que a Podemos traten de ponerle muchos obstáculos, que disminuya su presencia mediática (también durante las campañas electorales) y se incrementen los ataques y difundan todos los bulos posibles. Pero la espiral de simpatía (porque es de necesidad) que ha generado, es dudosa que puedan frenarla. La situación económico-social, política e institucional exige de una fuerza política para superarla, y Podemos se ha presentado como el instrumento capaz de hacerlo. Diluirse ahora en una coalición de partidos, como Ganemos, sería una irresponsabilidad en la que no incurrirá la dirección de Podemos.

La deseable unidad de quienes se oponen al bipartidismo y a las políticas neoliberales tiene que hacerse sin prisas, aunque eso suponga llegar a las próximas generales con varias fuerzas políticas con bastante similitud programática compitiendo entre sí (cada una de ellas posee su propio mensaje y, también, parte de electorado diferente). Pero, ¿qué hacer en las municipales? Las plataformas Ganemos que se constituyan como agrupación de electores (Córdoba) podrán contar con el apoyo de Podemos, como ya han anunciado. Las que se constituyan como coalición (que no podrán evitar ser etiquetadas como marca blanca de IU) o compiten con Podemos (si es que decide concurrir en algún municipio) o con las agrupaciones de electores que cuenten con el respaldo de Podemos (tal vez podría ser el caso de Málaga). La situación, por tanto, no resultará fácil en muchos municipios. Pero el caminos hacia las generales, para Podemos, continuaría con la misma hoja de ruta que le señala como posible fuerza política mayoritaria.  

Algunas razones para que las plataformas “Ganemos” participen bajo el paraguas de una marca política. Podemos se presenta como la alternativa con mayores garantías de éxito.

Los procesos municipalistas que se están generando, tras el pionero Guanyem Barcelona, con el objetivo de conquistar los ayuntamientos para ponerlos al servicio de la ciudadanía, se extienden por varias de las principales ciudades de diferentes comunidades autónomas. La perspectiva de una ruptura con el modelo de ciudad al servicio de las élites y los intereses desarrollistas se vislumbra como algo más que una posibilidad y que podría ser una realidad en las próximas elecciones municipales.

En efecto, se pueden ganar algunas ciudades, y si es ese el objetivo, será necesario que se constituyan agrupaciones de electores (apoyadas por el 1% del censo de cada municipio) surgidas de una confluencia real y con un programa elaborado participativamente por la ciudadanía. A los movimientos ciudadanos y municipalistas que están impulsando el proceso, se tendrían que unir las fuerzas políticas que se oponen al neoliberalismo, pero participando sus miembros individualmente en estas plataformas. Sin embargo, si se pretende que estos procesos de confluencia ciudadana alcancen el nivel de representación institucional (diputaciones y parlamentos autonómicos) y mediática que los sitúen en las mejores condiciones para que en las elecciones generales (legislativas) se pueda poner fin al régimen del 78, el bipartidismo borbónico, la fórmula de las plataformas Ganemos (o con otros nombres) en las principales ciudades, se rebela insuficiente.

Es insuficiente por varios motivos: las agrupaciones de electores no computan conjuntamente para optar a los diputados provinciales que son elegidos según la representación obtenida en los partidos judiciales. Lo cual no sería importante si la presencia de agrupaciones de electores en una misma provincia no fuese significativa. Pero si estas agrupaciones continúan expandiéndose por municipios de la misma provincia, se perdería la posibilidad de tener la presencia institucional y mediática que les correspondería. Y tampoco puede establecerse legalmente una coalición de agrupaciones de electores. Por lo mismo, tampoco pueden ser una fórmula válida para las elecciones autonómicas (tendría que ser una agrupación de electores diferente a las que se constituyan en los municipios).

Si entonces se planteara como fórmula, una vez descartada la coalición de partidos, como así han planteado algunas fuerzas políticas implicadas y movimientos ciudadanos, no parece quedar mejor opción que las plataformas Ganemos, constituidas autónomamente, sean formalmente presentadas e incorporen la marca de una fuerza política. Hoy por hoy, la fuerza emergente que concita las mismas sensibilidades de las plataformas Ganemos, no es otra que Podemos. Y es la fuerza política que puede optar  a que en las próximas generales (noviembre del 15) la ciudadanía indignada desplace del poder a las fuerzas del régimen del 78.

Pero una propuesta de que las plataformas Ganemos se presenten bajo el paraguas de Podemos es difícil que sea asumida. El primer obstáculo sería planteado por las otras fuerzas políticas -como IU-, que no van a aceptar el apoyo a unas plataformas que se presentan con la marca de Podemos. Y también, la reticencia de algunas personas involucradas en los procesos de Ganemos. En este caso, si no se pueden superar estos obstáculos, no quedará más remedio que se configuren como agrupaciones de electores que actúan reducidas al propio municipio. Las elecciones autonómicas se presentarían entonces como un proceso diferente, que aún pudiendo estar sujeto a otro tipo de confluencias (separaciones e integraciones posibles –CUT, EQUO...-), probablemente abordarán por separado las principales fuerzas políticas antineoliberales. Pero por todo ello, habremos perdido una oportunidad inmejorable.

A 78 años de la muerte de Blas Infante, el pueblo andaluz sigue empobrecido y su identidad diluida. Un breve esbozo del pensamiento infantiano.

El 11 de agosto de 1936, Blas Infante fue ejecutado en el km. 4 de la carretera de Carmona por los golpistas. Aquel asesinato se justificaría en una sentencia dictada 4 años después y, en una aberración jurídica, aplicando retroactivamente la ley. Hoy día sigue sin haberse revisado esa ignominia. Que esta reparación no haya sido posible, que los restos de Infante se encuentren en una fosa común del cementerio de S. Fernando, según se supone, es una muestra de la situación de debilidad política y cultural del pueblo andaluz. Y del olvido de lo que fue la obra y el pensamiento de Blas Infante.

¿Cuáles fueron las inquietudes de Blas Infante? En un pasaje de su primera obra, “El ideal Andaluz”, expone lo que le guiará siempre en su quehacer político por el pueblo andaluz: ““Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…” (Infante, 1915)^[i]. Los andaluces, desposeídos a partir del siglo XIII de sus tierras, entraron en la Era Moderna bajo el poder de la nobleza castellana. Desde entonces, los que no fueron expulsados (también con las posteriores de tipo económico), vivieron sumidos en la explotación económica y en la asimilación cultural. Infante sabía que la recuperación de la identidad pasaba por la reapropiación de lo que fueron sus medios de vida. Para que el pueblo andaluz pueda volver a ser ser un pueblo, tendría que disponer de la propia capacidad de producir sus medios de vida, y hacerlo con las características con las que siempre lo ha intentado: proyectando su espíritu. Ninguna de las fórmulas políticas en pugna durante el siglo XX satisfacen el ideal del pueblo andaluz, el ideal de libertad, porque ese ideal, presente en la cultura andaluza desde sus orígenes, solo puede conseguirse cuando la libertad individual coincida con la libertad colectiva del pueblo en una sociedad justa orientada hacia el ideal de humanidad.

Infante continúa elaborando su pensamiento filosófico y político en obras como “La dictadura pedagógica”, la inconclusa obra “Fundamentos de Andalucía” o “El complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía”. La libertad tiene que construirse desde abajo, desde el  individuo al municipio, pasando por la comarca y la provincia, hasta alcanzar el autogobierno como pueblo. La propiedad privada puede ser superada por la propiedad de todos, la propiedad comunal; pero el derecho a la posesión, a la generación de riqueza y a los productos del trabajo, estará a disposición de cada cual y al alcance de todos. Todas las familias jornaleras, los auténticos andaluces que fueron desposeídos, por tanto, tienen derecho a la tierra, al trabajo y la posesión de ella.

El ideal presente en el pueblo andaluz es un ideal de libertad incompatible con el capitalismo y el colectivismo socialista. La cultura andaluza es una cultura de raíz libertaria, humanista y vitalista, como sus abolengos griegos, y cuyo genio ha proporcionado brillantes épocas (Tartesos, Bética, Al-Andalus) en la historia. Derrotado y oculto, el ideal andaluz, de libertad y justicia, podrá aparecer y realizarse surgiendo desde cada individuo, construyendo la democracia con la entrega de los mejores hombres y mujeres en la tarea de formar al pueblo en la paz, la libertad y solidaridad para alcanzar un comunismo afectivo, de seres humanos libres y solidarios, es decir el comunismo libertario.

Si de Castilla proviene el señoritismo parasitario enquistado en la estructura social andaluza: el señorito, cacique o terrateniente que oprime y explota al pueblo andaluz; y si el Estado español, su dominio político y centralista, son la causa del empobrecimiento y anulación político-cultural de Andalucía, entonces España es el problema. En consecuencia, el pueblo andaluz, contra el señoritismo y contra el españolismo, tiene que exigir la autodeterminación, constituirse con la capacidad política para ser dueña de sus propios recursos y decidir por sí misma su propio destino. No para construir una Andalucía cerrada en sí (el nacionalismo andaluz es un nacionalismo antinacionalista), sino para el progreso de los pueblos en el ideal de libertad, el ideal de humanidad que, como sucedió en otros períodos de la historia, emergerá desde las propias raíces culturales de Andalucía.

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[i] El Ideal Andaluz Ed. Fundación Blas Infante, p.. 80

La reforma electoral que propone Rajoy tiene que acelerar los proyectos para que la ciudadanía gane los ayuntamientos.

A la iniciativa surgida en Barcelona, Guanyem Barcelona, que tiene como cara visible a la ex portavoz de la PAH, Ada Colau, han seguido otras, como en Madrid el proyecto Municipalia, u otras más recientes y en fase embrionaria en Valladolid, Zaragoza o Málaga. Estas iniciativas, surgidas desde asociaciones y movimientos ciudadanos, plantean como constante la construcción del proyecto desde fórmulas asamblearias y de democracia directa.  El objetivo es conformar candidaturas para ganar las próximas elecciones municipales y colocar la gestión y competencias de los ayuntamientos al servicio de las necesidades de la ciudadanía, haciendo de la ciudad un lugar más habitable, más humano y más sostenible para sus moradores. A estas plataformas y proyectos se han invitado también a las organizaciones políticas que quieran integrarse asumiendo los criterios de democracia asamblearia. Grupos como Podemos, las Cup catalanas, Equo o IU podrían estar mostrando interés, unos con más decisión que otros, pero en cualquier caso a esa una invitación abierta ya están participando a título individual personas vinculadas a dichas fuerzas políticas.

El proceso, incipiente aun, sin embargo ha cobrado una extraordinaria actualidad e importancia de cara a las próximas elecciones a la vista de los planes del Gobierno de reformar la ley para la elección directa de los alcaldes. Aunque esta propuesta no se ha planteado de forma clara, el presidente Rajoy ha declarado que el alcalde tendría que ser el candidato de la lista más votada. Otras dirigentes populares se han inclinado por que se elija en una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Evidentemente, con ella, se trata de cerrar el paso a las fuerzas emergentes y de izquierdas, que con sus pactos podrían hacerse con numerosas alcaldías en las próximas elecciones. Sin duda, el ascenso de Podemos gravita en esta reforma.

Dada la mayoría absoluta del PP y que el PSOE no muestra un posicionamiento claro de rechazo, habrá que considerar la reforma del sistema de elección de alcaldes como previsible para las próximas elecciones. Y es precisamente para ese momento para el que los movimientos ciudadanos, las asociaciones y fuerzas políticas que aspiran a otro modelo de sociedad tienen que estar preparados y dar la respuesta que espera la mayoría social.

Estas primeras iniciativas en marcha tienen que generalizarse en todas las ciudades y, si se plantean con altura de miras, deberían incorporar la misma marca política, una marca que identifique todas estas candidaturas municipales. Sobre todo, pensando en otro escenario posterior (sus repercusiones), el de las próximas elecciones generales (legislativas). Y hoy por hoy, Podemos es la que mejor representa la sensibilidad de la ciudadanía indignada que reclama la superación del régimen bipartidista surgido en la transición. Podría surgir otra marca, también aglutinadora (“Ganemos”), para todas las candidaturas. Pero esta sería la que tendría que presentarse en las próximas generales. En cualquier caso, para esa tarea ya hay un proyecto ilusionante, como es Podemos.

Bien es cierto que la tendencia a favorecer los intereses de la propia capillita (aparatos), las ambiciones personales y la identificación de los militantes con su tradicional organización pueden operar en contra de la participación de las fuerzas políticas en estos  procesos asamblearios. Pero si no lo hacen, se perderá, todas perderán, la ocasión de vencer en algunas ciudades. Y la importancia de estas elecciones municipales, como las movilizaciones, todas, pero especialmente las unitarias en torno a las marchas por la dignidad, en este proceso destituyente iniciado con el 15M, las fuerzas políticas no pueden pasarlas por alto, no pueden pensar que es un acontecimiento político sin más, como no lo hacen desde el poder político. Si organizaciones como IU, Equo, Compromís, etc. no son capaces de asumir que allí donde se planteen estas iniciativas ciudadanas (que debe ser en la mayoría de las ciudades y, después, a nivel del Estado), no pueden competir electoral y políticamente por su cuenta, acabarán siendo residuales en el escenario político y habrán hecho un flaco favor a los/as militantes que a lo largo de su propia historia lucharon por la libertad y la dignidad del ser humano. Y la credibilidad sobre el proyecto emancipatorio que justificó su aparición y su presencia, quedará irreversiblemente dañada.

El 22 de julio de 1969, el dictador Franco anunció a D.Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la jefatura del Estado.

                                                                           

El 22 de julio de 1969, Franco anunció la sucesión en la jefatura del Estado en las Cortes.

"Así, pues, valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que, perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del Régimen, se halla estrechamente vinculado a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos veinte años ha sido perfectamente preparado para la alta misión a que podía ser llamado y que, por otra parte, reúne las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, he decidido proponerle a la Patria como mi sucesor. Esta designación se halla en todo conforme con el carácter de nuestra tradición, gloriosamente representada en los bravos luchadores que durante un siglo se mantuvieron firmes contra la decadencia liberal y frente a la disolución de nuestra Patria por obra del marxismo; asegura la unidad y la permanencia de los Principios del Movimiento Nacional, está en todo conforme con las normas y previsiones de nuestras leyes y en su persona confluyen las dos ramas que en su día determinaron las pugnas sucesorias del siglo pasado.…………………………………………………………………………………………
Ha de quedar claro y bien entendido, ante los españoles de hoy y ante las generaciones futuras, que esta Monarquía es la que con el consenso clamoroso de la Nación fue instaurada con la Ley de Sucesión el 7 de julio de 1947, perfeccionada por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967; Monarquía del Movimiento Nacional continuadora perenne de sus principios e instituciones y de la gloriosa tradición española. Por ello, para cumplir las previsiones sucesorias, se instaurará, en su día, la Corona en la persona que hoy proponemos como sucesor, mediante la aprobación de la Ley a que va a dar lectura el señor Presidente de las Cortes" Fragmento del discurso del dictador ante las Cortes. 

Con la desaparición física del dictador en 1975, los acontecimientos parecían anunciar que el régimen vivía sus últimos días. Pero se inició entonces un proceso de transición para el que, en lo esencial, como el viejo dictador había señalado en su día, "todo estaba atado y bien atado”. La Monarquía impuesta por el general Franco como forma de Estado dio continuidad a la hegemonía del bando de los ganadores de la fraticida guerra.

Conducida por los sectores que dominaban el aparato de Estado, desde el Movimiento Nacional, se produjo el acercamiento hacia las principales fuerzas políticas organizadas en la débil oposición para alcanzar un pacto que permitiera unas elecciones homologadas en Europa. A tal fin se introdujeron las reformas necesarias sin que supusieran la ruptura con el régimen fascista anterior. La transición continuó con las elecciones de 1977 y, finalmente, con el referéndum que permitió la aprobación de la Constitución en 1979.

Los sectores sociales dominantes en la anterior etapa continuaron su situación privilegiada en la naciente democracia. La forma Estado tuvo continuidad en la Monarquía centralista, manteniendo el poder oligárquico de las mismas minorías e imponiéndose un escrupuloso silencio sobre la represión y crímenes del pasado. Los aparatos del Estado y el poder judicial permanecieron intactos mientras se consolidaba una partitocracia, apoyada desde la propia constitución y la ley electoral, que permitiría el establecimiento de la clase política y que garantizase el statuo quo económico sin que pudiera desarrollarse el Estado del bienestar, tal como había sucedido en los países que entonces conformaban el núcleo central de Europa. Los privilegios de la minoría dominante permanecieron intactos, aumentando su poder y la desigualdad económica en el país desde entonces. La Iglesia católica, aliada del régimen anterior, continuó su intromisión en la esfera del Estado sin apenas revisión.

Herederos de aquella transición, hoy, se vive un panorama desolador en todas las instituciones del Estado, a la par que aumenta la desigualdad social y crece la desafección de la población respecto al poder político. El exceso de poder acumulado por unos pocos, las minorías económicas y financieras (grandes empresas y bancos) y la clase política, ha acabado por sobrepasar los límites que el Estado de derecho impone. Desde el propio monarca y la familia real, pasando por el Gobierno y los representantes parlamentarios, la corrupción amenaza por cualquier esquina. No hay institución sobre la que no recaiga alguna sospecha y en los tribunales se acumulan las imputaciones. Hasta los sindicatos oficiales, que han sido un bastión importante para consolidar una política regresiva hacia las clases trabajadoras, se encuentran entre las instituciones beneficiadas por el Estado y encausadas por posibles corruptelas.

Aquel modelo de transición, y la Constitución resultante, pudo responder a la correlación de fuerzas existentes en aquellos entonces, pero hoy no representan a la mayoría de la población. Sólo una exigua minoría de la actual población viva participó en aquel referéndum que la aprobó. La monarquía, que aparecía escondida en el articulado del texto constitucional impidiendo que la población pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado, es decir, entre Monarquía o República, carece ya de la escasa legitimidad con la que nació.

En consecuencia, lo que desde la ciudadanía se reclama con más fuerza cada día, es la apertura de un proceso constituyente y la implantación de la República como forma de Estado. Es decir, dar fin a la continuidad del franquismo prolongado en la transición, en el modelo de sociedad y de Estado configurados desde entonces, para implantar la democracia como autogobierno del pueblo. Esto es, más allá de la identificación ideológica, una aspiración de cualquiera que se considere demócrata.

IU tiene su hoja de ruta, Podemos debe continuar la suya… y los movimientos ciudadanos seguir incrementando su presencia en la sociedad.

                                                                             

Reunión de la Coordinadora Andaluza de las Marchas de la Dignidad del 22M (Humilladero, 1-6 2014)  

Dirigentes políticos y analistas de izquierdas se han pronunciado en los últimos días a favor de una confluencia entre la coalición IU y la emergente fuerza política Podemos. Entre los que se han efectuado declaraciones se encuentran los máximos líderes de estas fuerzas políticas. Ambos han dejado abierta la posibilidad de tal confluencia, pero mientras Pablo Iglesias ha señalado como necesaria un previo acercamiento programático y de acción, Cayo Lara ha dejado claro que IU tiene su propia hoja de ruta. Parece que los dos líderes han enfriado un proceso que en otros ámbitos se contemplaba como tarea urgente. Y las últimas noticias también apuntan en esa dirección: Podemos se está centrando estos días en la extensión territorial y consolidación organizativa de sus círculos; IULVCA anuncia un proceso de primarias abiertas para la elección de su candidato a la Junta de Andalucía. Es decir, para ninguno la confluencia entre ambas organizaciones es la tarea a acometer en estos momentos. Y, contra una opinión bastante extendida entre sectores de la izquierda, creo que aciertan ambos.

IU por la Base, corriente que agrupa en Andalucía a la CUT y otros críticos con la dirección, especialmente en lo referente al pacto con el PSOE en el gobierno de la Junta, también se ha pronunciado en contra del proceso de primarias para la elección del candidato a presidir la Junta. Entiende que dicho proceso es innecesario en unos momentos en los que lo que está planteado es el proceso de confluencia de la izquierda, a quien correspondería, una vez alcanzados los acuerdos, la elección del candidato a la presidencia y la formación de candidaturas. IU por la Base entiende también que al proceso de confluencia de la izquierda se tiene que invitar a otros colectivos políticos y movimientos sociales. Y lo demanda con carácter de urgencia. Aquí, a mi juicio, reside el error.

La confluencia entre la izquierda y entre los de abajo, organizados en asociaciones movimientos ciudadanos y en el sindicalismo alternativo, no puede forzarse por una convocatoria impulsada por las dos principales fuerzas políticas, IU y Podemos. La confluencia, o es real, lo cual quiere decir que viene precedida de compartir movilizaciones y propuestas en prácticamente todos los terrenos, o es simplemente un mero artificio formal que sume colectivos políticos con vistas a un resultado electoral (supuestamente mejor). Si lo que está planteándose en estos momentos entre los que claman la unidad es esto último, se obtendrían varias consecuencias negativas para el proceso de empoderamiento ciudadano:

En primer lugar, los colectivos y movimientos ciudadanos tiene una dinámica propia de extensión y movilizaciones que no puede supeditarse a la agenda electoral. Es en estas movilizaciones donde tiene que producirse la confluencia real entre los de abajo. Y esto tiene que visualizarse en el apoyo comprometido, entre otras, con la marea verde (y las demás), con el movimiento antidesahucios o la coordinadora de las marchas de la dignidad 22M, donde no está claro el compromiso por parte de todas las fuerzas políticas.

En segundo lugar, lo que ha supuesto Podemos, su potencial de crecimiento político, no puede verse frenado en operaciones artificiales. IU por la Base acierta en señalar de dónde tiene que surgir el proyecto para el cambio político y la renovación social, pero esto se tiene que jugar en un proceso donde todas las partes desarrollen sus potencialidades, y ahí no caben las urgencias. Hoy por hoy no se ven límites a la expansión de Podemos; antes al contrario, está sorprendiendo su crecimiento exponencial y la capacidad para integrar personas indignadas que difícilmente se incorporarían a alguna de las fuerzas políticas hasta ahora existentes. Un pacto entre fuerzas políticas en estos momentos sería imponer un corsé a este proyecto ilusionante y del que va a depender, en buena medida, la vía político-institucional para hacer real el poder del pueblo.

En consecuencia, para un futuro inmediato, lo deseable es que cada fuerza diseñe y continúe con sus propios planes de crecimiento. Y los movimientos ciudadanos sigan cada uno de ellos con sus movilizaciones propias, así como, coordinados en el 22M, con las movilizaciones anunciadas para finales de junio y el otoño. Es en ese proceso de empoderamiento donde tiene que producirse la confluencia real que, más adelante, también podría dar lugar a la participación electoral conjunta.