Con la renuncia de Griñán a repetir como candidato de la Junta de Andalucía, ¿se trataría de facilitar el camino a la gran coalición PP-PSOE?

No se esperaba que el presidente de la Junta de Andalucía renunciara públicamente a la posibilidad de acceder a un tercer mandato. Pero más sorpresa ha sido la celeridad con la que se han tomado el proceso que desembocará en la nominación del candidato a la presidencia de la Junta. Será mediante unas elecciones primarias que concluirán a finales de julio. Y ya es público el nombre de la candidata oficialista: la consejera Susana Díaz.

¿Tiene alguna repercusión realmente importante para el pueblo andaluz este hecho?  En principio, este relevo carecería de importancia si nada cambia hasta las próximas elecciones dentro de casi tres años. Pero las prisas en la nominación parecen indicar que sí habrá cambios que afectarán al Gobierno andaluz. Algunos analistas, sin embargo, consideran que la decisión obedecería al interés en adelantarse al resto de las fuerzas políticas con líderes desacreditados (Zoido, PP), poco conocidos (Maillo, IU) o aún por designar (las fuerzas sin representación parlamentaria: UPyD, EQUO…). Pero ¿por qué concederle el plazo de tres años para que preparen y fortalezcan sus respectivos lideratos? Tampoco parce creíble que la renuncia pueda deberse a las consecuencias que podrían derivarse de la investigación judicial de los EREs. No, aquí hay una jugada más de fondo y que sí va tener repercusiones en la gobernanza.

No hace muchos días, el presidente de ATTAC Andalucía, Carlos Martínez, advertía en un artículo publicado en la página de Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista (ver enlace abajo) de la gran coalición que se gestaba entre PP y PSOE. El reciente acuerdo para una posición común ante las instancias europeas, que da continuidad al acuerdo anterior para la reforma de la Constitución, conformaría la fáctica mayoría parlamentaria en política económica y que, plausiblemente, podría producir nuevos consensos en el futuro inmediato. El alcance de los mismos se dilucidará en las próximas semanas/meses.

Aún con ello, todavía sigue en el aire la pregunta de cómo podría afectarle esto a Andalucía. No significaría ningún problema si el gobierno andaluz fuese un colaborador fiel de Madrid. Pero eso no es posible mientras IU sea socio de gobierno del PSOE. Y en ese nuevo escenario que se está consolidando, lo que se precisa es colaboración y obediencia institucional. ¿Qué mejor momento que ahora que al PSOE las encuestas le dan como ganador ante unas hipotéticas elecciones para desprenderse de un incómodo socio? ¿Bastaría un desacuerdo con los presupuestos del 14 para tener la excusa para un adelanto de las elecciones?

Evidentemente, una operación así le supondría un enorme desgaste público y personal al presidente Griñán, que apostó fervientemente por el pacto con IU. Ante ese  panorama, lo más inteligente es retirarse a un segundo plano y que sea otra la persona que dirija los destinos del PSOE.

Por tanto, lo que podría estar gestándose es una vía para desembarazarse de IU del Gobierno andaluz. De esta forma, la contención en la aplicación de las medidas de corte neoliberal que la presencia de IU le obliga, y las otras medidas de cariz progresista que podría demandarle, se verían por fin liberadas.

El problema, entonces, se le plantearía a IU, que, al haber dulcificado algunas políticas (ley sobre la vivienda, contra la exclusión social…) y frenado en buena medida la contestación popular contra el Gobierno de la Junta, sobre todo en el terreno sindical, ha conseguido indirectamente que el PSOE andaluz no reciba la desafección, y consiguiente descenso en intención de voto, que tiene en general en el Estado español. Asimismo, IU habría detenido su propio ascenso electoral, toda vez que buena parte del electorado que podría haberse inclinado hacia la coalición, ahora continuaría mostrando su apoyo al PSOE, a quien identificaría como un partido con políticas netamente diferentes de las aplicadas por el PP  

La tarea que tendrá que acometer el nuevo coordinador de IU es ciertamente compleja. Y veremos con qué margen puede maniobrar en las próximas semanas mientras Valderas mantiene en su discurso la gestión realizada y apostando por la continuidad.

http://cli-as.org/2013/06/16/el-pacto-pp-psoe-o-el-inicio-de-la-gran-coalicion/

Con la reforma de los requisitos para obtener beca, las familias económicamente peor situadas no sólo no tendrán más difícil el acceso a los estudios universitarios, sino que contribuirán a sostener los estudios de las más pudientes.

En el Estado español, desde los años setenta, ha sido una constante la progresiva incorporación a los estudios universitarios de hombres y mujeres pertenecientes a las clases populares. Con mucho esfuerzo por parte de estas familias, conseguían que sus hijos/as obtuviesen títulos universitarios que les permitían competir para casi todo tipo de profesiones. La política de becas ha venido jugando también un papel esencial para facilitar la incorporación de jóvenes de las familias más desfavorecidas.

Hasta que llegó la ofensiva neoliberal. Los sectores dominantes de la población, grandes empresarios, banqueros y políticos conservadores, decidieron reducir las conquistas sociales; y el momento actual, con la crisis como excusa, era el idóneo. No han dejado sin tocar nada del Estado del bienestar. Todos los servicios públicos han visto disminuir su peso. Ahora le ha tocado también el turno al sistema educativo. Para ello se proponen aprobar una nueva reforma que pretende hacer más elitista la Educación y favorecer la enseñanza privada frente a la pública: la LOMCE.

Otro de los elementos con los que juegan es dificultar el acceso a las becas y la expulsión del sistema educativo de miles de jóvenes. Algunas cifras hablan de que durante el curso 2012-13, fueron 35.000 los estudiantes universitarios que habrían perdido la beca. Eso ha sido la consecuencia de subir del 5 al 5,5 la nota media como condición para obtener la beca. Ahora, en un nuevo giro de tuerca, se pretende subir la nota media al 6,5. De conseguirlo, la expulsión del sistema educativo de jóvenes de clases trabajadoras será dramático. Y tremendamente injusto.

El ministro de Educación, Wert, trata de justificar esa medida afirmando que será un estímulo al esfuerzo, a la consecución de un mayor rendimiento académico. Pero eso no es más que un pretexto para incrementar y perpetuar un sistema educativo elitista acorde con el modelo social que propugnan los poderes económicos y políticos. Veamos qué es lo que sucederá en la práctica: el 80% del gasto universitario se sufraga a través de los presupuestos del Estado, cuyos ingresos proceden de los impuestos que pagan todos los ciudadanos/as. Si los estudiantes que no alcancen la media del 6,5 pierden la beca y pertenecen a familias económicamente peor situadas, se verán obligados a abandonar los estudios. En la actual situación de paro y bajos salarios, serán decenas de miles. Y proseguirán en ellos quienes económicamente puedan costeárselos. Pero el 80% de ese gasto seguirá cargándose en los impuestos de las familias cuyos hijos/as tuvieron que abandonar. Es decir, tendrán que seguir económicamente alimentando un sistema que, en la práctica, les impide el acceso.

De un plumazo hacen desaparecer la igualdad de oportunidades. Los estudiantes de las clases altas podrán acceder a todo tipo de titulaciones, a las profesiones mejor remuneradas, a las de mayor relevancia social, y a copar los ámbitos de decisión. A las clases trabajadoras que aspiraban a que sus hijos e hijas accedieran a los estudios universitarios, en buena medida, no les irá quedando más oportunidad que la inserción laboral en sectores peor retribuidos. Y además, sosteniendo económicamente el reparto desigual del sistema. Esto podrán justificarlo como quieran, pero las conquistas de años atrás que fueron reconocidas en la Constitución; es decir, el pomposamente proclamado Estado social y democrático de derecho, no será más que una quimera.

“Presupuestos participativos. Herramientas de democracia real. La experiencia de Peligros”

                                                                       

En el seno de los Seminarios “Miradas al mundo” que organiza el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, van a tener lugar las siguientes sesiones, que serán actos públicos, abiertos a cualquier persona interesada:

“Presupuestos participativos. Herramientas de democracia real. La experiencia de Peligros”. 

Ponentes: Roberto García Jiménez, Alcalde de Peligros y José Antonio Paniagua Guzmán, Concejal de Desarrollo Local, Juventud, Participación y Comunicación.

Miércoles, 19 de junio, 19 h.

Salón de Actos del Centro de Documentación Científica, calle Rector López Argüeta sn (edificio situado junto a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología).

Esta sesión está coorganizada con el Grupo Contenidos UGR-15M.

Cuando se ponen los zorros a guardar las gallinas… el dinero de las pensiones se sirve en bandeja al sector financiero, a las aseguradoras privadas.

                                           

                                                                   

De los doce "expertos", ocho tienen algún tipo de ligazón con los bancos y las entidades aseguradoras.

 

Desde los años 80 del siglo pasado en los que el neoliberalismo como ideología dominante se extendió por Europa, irradiado desde la Gran Bretaña de M. Tatcher, es recurrente entre el sector financiero y la clase política la advertencia de que el sistema público de pensiones se encuentra en situación insostenible. Y ello ha servido para que se realicen diferentes reformas tendentes a disminuir las cantidades que se perciben, bien porque se reduce la cuantía, bien porque se amplían los períodos para su cómputo. O como en la última reforma propiciada por el Gobierno del PSOE, también, dando un salto atrás en tiempo, prolongando la edad de jubilación.

Ahora le tocaba el turno al Gobierno del PP. Y una nueva reforma se cierne sobre la población española. Para ello han reunido a doce “expertos” que les preparen técnicamente la justificación para el nuevo tijeretazo.

El informe que han elaborado tendrá que pasar el trámite parlamentario. Será el pacto de Toledo quien tenga la última palabra. Pero dado el juego de mayorías, no son previsibles cambios sustanciales. Desaparece el IPC como referente para el cálculo de las pensiones e incluirán los ingresos en el sistema y el aumento de la esperanza de vida como una variable computable en el cálculo.

Pero tras el argumento de encontrarnos en un sistema descompensado, según el cual la relación entre personas trabajando (contribuyentes del sistema) y pensionistas con una cada vez mayor esperanza de vida[i], que se estaría desplazando a favor de estas últimas, se ha interpretado como que, proporcionalmente, una menor cantidad de cotizantes y, por tanto, de dinero, tendrían que pagar a un progresivo aumento de personas beneficiarias. Según estos “expertos”, esta situación haría imposible el mantenimiento del sistema así configurado.

Los doce “expertos” convocados ad hoc para emitir el informe que se esperaba, han sido reclutados del entorno de la banca y las entidades aseguradoras. Sólo 4 de ellos no tenían algún tipo de ligazón. De esta forma las conclusiones del informe no podían ser diferentes a las perseguidas.

Con las medidas anteriormente expuestas, el mensaje que se intenta transmitir insistentemente es que cada ciudadano/a complemente su futura pensión suscribiendo pólizas de pensiones con las aseguradoras privadas. Esta recomendación ha sido ampliamente difundida desde los centros de poder, económico, financiero y político, con el beneplácito seguimiento de los medios de comunicación. El bocado de los miles de millones del fondo de pensiones es muy apetitoso para seguir especulando y obteniendo jugosas plusvalías.

Pero tras ella se esconden enormes falacias que no pretenden más que ocultar la verdad. En primer lugar, no es verdad que sean los trabajadores y trabajadoras cotizantes quienes mantienen el sistema de pensiones. La pensión es un derecho que percibe el o la pensionista tras haber cotizado a lo largo de su vida laboral. Por tanto, nadie mantiene su pensión. Ese derecho lo recibe como si hubiera estado cotizando a una aseguradora privada. Pero en este caso lo hace al Estado. Caso diferente es el de las pensiones no contributivas. Estas pensiones no contributivas que otorga el Estado pueden tener como fuente de financiación los impuestos de los que el Estado se nutre para el sostenimiento de los gastos. Es un gasto social que la ciudadanía admite por solidaridad con las personas que no pudieron cotizar a lo largo de su vida por carecer de un trabajo remunerado. Nadie negaría, por ejemplo, esa posibilidad a las numerosas amas de casa que se encuentran en esa situación al llegar a la edad de jubilación.

Hay quienes argumentan que el Estado puede estar utilizando esos fondos destinados a las pensiones para otros gastos y que, llegado el caso, no pudiera hacer frente a sus obligaciones de pago. Pero para estas situaciones, el Estado, dispone de mecanismos para obtener el ingreso necesario, vía impuestos o reducción de otros gastos, antes que hacer dejación de esa obligación previamente asumida con todas la personas que han estado cotizando hasta ese momento. Y es responsabilidad del Estado procurar que la disponibilidad de tesorería sea la adecuada para el número de pensionistas existente en cada momento. Incluso atendiendo a las posibles desviaciones.

Con todo, resulta inadmisible que no haya una política orientada al aumento de las rentas del trabajo. Si estas son las que financian la seguridad social, la mejor política para la buena salud financiera del sistema, sería que aumentaran sus aportaciones. Sin embargo, las políticas  económicas de los últimos años han venido suponiendo un retroceso de la masa salarial respecto a la renta nacional en favor de los excedentes empresariales.

Y mayor falacia es aún pensar que un fondo privado de pensiones sí que puede garantizar ese derecho a la jubilación digna. Si es imposible que, por esencia, un Estado quiebre, no lo es en el caso de un fondo privado. El Estado no tiene por función especular con el dinero recibido para aumentar las plusvalías, objetivo de los fondos privados de pensiones. Por eso, estos fondos, en tiempos de crisis, sí pueden entrar en situación de pérdidas y no poder hacer frente a las obligaciones contraídas con las personas que suscribieron las pólizas de seguros. Ese riesgo, y las condiciones elevadas que imponen las aseguradoras privadas que aspiran a la obtención de beneficios con ellas, se lo podrán permitir las personas de mayor poder adquisitivo, pero no la mayoría de la población. El Estado, por su contra, ni busca la obtención de beneficios ni la especulación con los fondos, sino garantizar el derecho a la jubilación de toda la población.  Por eso el sistema público es un sistema justo y solidario. El ataque contra él por parte de los voceros de la gestión neoliberal al que asistimos estos días, responde únicamente a los intereses y voracidad de la oligarquía financiera, que ve en la gestión de ese ahorro una oportunidad para continuar con sus negocios especulativos, aumentando así el control y poder global de la economía y los mercados.

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[i] El aumento de la esperanza de vida es muy reducido. Pero lo que sí ha sucedido es que al disminuir la tasa de mortalidad infantil, la media de la esperanza de vida del total de la población sí es más alta.

No se cumplen las expectativas del cambio de modelo tras un año de gobierno de la Junta de Andalucía.

El pacto de gobierno suscrito entre PSOE e IU en Andalucía no fue bien recibido por un buen sector de las bases de la coalición de izquierdas. No obstante, se esperaba que la presencia de IU y el compromiso que esta fuerza había suscrito ante el pueblo andaluz, daría como resultado un giro de izquierdas en las políticas que se desarrollarían en la comunidad andaluza.

Pero la decepción empezó bien pronto con los recortes en el gasto público que la Junta tuvo que acometer, en buen medida consecuencia de las políticas dictadas desde el Gobierno central. Se asumieron por un más que dudoso imperativo legal y se renunció a la posibilidad de encontrar otras fórmulas que evitaran los despidos en el sector público. Los recortes se proyectaron en los presupuestos de 2013, yendo aún más lejos con la supresión de los complementos en las pagas extraordinarias de los funcionarios.

Se esperaba que hubieran tomado medidas de resistencia institucional que forzara a los poderes centrales a conceder mayor poder de decisión y margen de maniobra a  la Junta de Andalucía. Teníamos precedentes de otras comunidades como la vasca y la catalana, por más que siempre estuviera pendiendo sobre cualquier medida el posible el recurso ante el Constitucional. Nada de ello se hizo. Se acataron dócilmente las medidas del Gobierno central y se implantaron sin apenas resistencia por parte de una población que, en buena medida, había perdido un catalizador de las protestas al estar implicado en la acción del gobierno. Inauditamente, la región más castigada por el paro y de las más empobrecidas de Europa era de  las que menos resistencia presentaba a las políticas de la troika. Mientras Grecia arde, en Andalucía se toman superfluas medias como la reestructuración presupuestaria para presentar 140 millones de euros como la panacea de la lucha contra la exclusión. Quien tenía que haber sido la vanguardia en las protestas, se limita a políticas de gestos caritativos.

La Junta de Andalucía probó lo más decente que en materia de protección del derecho a la vivienda que se ha hecho en el Estado, continuado con diferentes matices por otras comunidades como la canaria o catalana (CC y CiU respectivamente), similar o menos avanzada a la existente en otros países europeos gobernados por conservadores (Alemania, Holanda...), como si aquí  en Andalucía se avanzara hacia ese modelo de sociedad en el cual no puede haber viviendas desocupadas mientras haya familias que las necesiten. O que dé lugar a que se pierda un derecho, que según la DUDH es inalienable e intransferible, porque se carezca de recursos para pagar la hipoteca. ¿Podía haber hecho más la Junta? ¿Puede la Junta imponer más medidas sobre los bancos que impida que se ejecuten los deshaucios? Es posible que se haya tocado lo máximo que la Constitución permite en materia de expropiación temporal del uso o el establecimiento de tasas impositivas a las viviendas vacías en manos de la banca para preservar el fin social de la vivienda. Pero en cualquier caso, es una medida insuficiente y que no resolverá la gran mayoría de los deshaucios, alentados por la reforma de 2009 que la ministra Chacón (la que apoyaba el presidente Griñán para la secretaría del partido) presentó en el Parlamento en la última legislatura del PSOE.

Podría haberse ampliado con medidas adicionales si previamente se hubiesen  hecho realidad otras promesas electorales como la Reforma fiscal justa, el refuerzo de la Agencia tributaria para combatir el fraude fiscal, o la banca pública. Propuestas que estaban contempladas en el pacto con el pueblo andaluz firmado ante notario.  Estas, como las demás, siguen sin aplicarse. ¿Es pronto un solo año? Para todas sí. Pero algunas, como las  anteriormente expuestas, eran necesarias para el desarrollo de las otras, y se encuentran en estado de hibernación  hipotecando, en consecuencia, el resto del pacto ante el pueblo andaluz.

Por otro lado, se demandaba socialmente la revisión de políticas adoptadas por gobiernos anteriores y el esclarecimiento de las irregularidades del caso de los ERES. No se hizo lo primero, manteniendo, por ejemplo, el llamado Programa de Calidad (o ley del soborno), con una dotación que hubiera sido suficiente para impedir que los 4.500 interinos docentes se hubieran quedado sin trabajo este año. En Educación, como en Sanidad, han proseguido las mismas políticas de antaño incrementadas con algún giro de tuerca más (AGAEVE, ente que ha consumido 20 millones de euros para realizar unas inservibles pruebas de diagnóstico), fusión de hospitales, conciertos y externalización de servicios…). Como tampoco se ha modificado el galimatías de las administraciones paralelas o el esperpento televisivo de Canal Sur. Ni la comisión de los ERES ha resuelto la trama y las responsabilidades políticas, siendo un completo fiasco. La única institución que gozaba de un merecido reconocimiento por la población, el Defensor del Pueblo Andaluz, sin embargo, ha sido cuestionada por los tres grupos políticos del arco parlamentario destituyendo a su presidente, José Chamizo, una de las pocas voces honestas en el ámbito de las administraciones y que ha ejercido en todo momento una encomiable labor en defensa de los sectores de población más desprotegidos.

En el horizonte no se vislumbra un panorama de resistencia antineoliberal. Hoy, a pesar de las declaraciones de banqueros y políticos del PP, las directrices políticas continúan en la misma senda de lo que ha sido la gestión del PSOE en la comunidad andaluza. Y las aspiraciones de quienes pretendían otro modelo de sociedad confiando en que IU podría imprimir su marchamo en la política andaluza, pueden desinflarse. IU no fue apoyada para que se corresponsabilizara de la gestión neoliberal. En esas condiciones, su lugar tendría que estar en el otro lado de la barricada.

La LOMCE es una marcha atrás en la historia que la sociedad nunca asimilará.

                                                                   

La propiedad y gestión de la mezquita de Córdoba es uno de los intolerables privilegios de los que goza la Iglesia católica.

El proyecto de ley aprobado por el Gobierno  recientemente, la LOMCE, contiene una serie de reformas orientadas hacia los modelos educativos de las etapas preconstitucionales. Pudiera ser que durante su tramitación en el Parlamento se acuerden algunas modificaciones, pero tal como ha sido aprobado es un modelo que contiene aspectos próximos a los existentes durante el franquismo y, también, del tardofranquismo cuando se aprobó la ley General de Educación (ley  Villar) en  1970, en vigor hasta la aprobación de la LOGSE (1990). La Ley General de Educación sería modificada parcialmente con la Orden de 28 de julio de 1979 sobre Formación Religiosa en Bachillerato y Formación Profesional.

Algunos aspectos que nos retrotraen a una época a la que la sociedad no querrá regresar:

-          Vuelve la Religión (católica y profesorado nombrado por la Iglesia) como asignatura evaluable. La alternativa (Valores cívicos), aparecerá como asignatura también evaluable.

-         Se implantan reválidas externas al finalizar cada etapa (Primaria, ESO, bachillerato, FP). Entonces funcionaron dos: al finalizar tanto el bachillerato elemental como el bachillerato superior.

-          Disminuye el dinero dedicado a Educación. Del 4, 5 % del PIB por habitante, pasaremos al 3,9 %. Un retroceso que conllevará como consecuencia una masificación en las aulas dificultando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En Filandia, por mencionar uno de los países cuyo sistema educativo suele ponerse como modelo exitoso, es del 7 %.

-          Permite la segregación por sexos, subvencionando a los centros privados que la establezcan.

-          Deja fuera de la gratuidad a la Educación Infantil y al Bachillerato, Grados Medio y Superior de FP, Régimen especial y Universidad.

-          La formación humanística se reduce, incluso más que antaño: el Griego queda como optativa en Humanidades, las Artísticas y Música apartadas a la mínima expresión… Se suprime Educación para la Ciudadanía. La Filosofía, al igual que en la LGE (1970), sólo será materia troncal en un curso de bachillerato, desapareciendo la Ética de 4º de ESO y la Hª de la Filosofía de 2º de bachillerato.

-          Por último, como tras el golpe de Estado del 36, se pretende españolizar el territorio frente a los derechos históricos y culturales de los pueblos del Estado.

¿Permitirá la ciudadanía tal involución? Sería el primer caso en Occidente que tal cosa sucediera. La fractura social no se producirá sólo con el sector de educandos, que tendrán el espejo de sus mayores y de la época inmediatamente anterior donde compararse, sino que contarán con el apoyo de la generación que le precedió. Una población que se ha socializado avanzando en conocimientos científicos y en la reflexión crítica, aceptando la diversidad cultural y la pluralidad moral y religiosa, demandando cada vez más la asunción de la laicidad en asuntos públicos, en la esfera del Estado, como es la Educación, no podrá soportar esa vuelta atrás en el tiempo, un retroceso en Ilustración, una debilitación de la ya de por sí insuficiente racionalidad que estaba en el vigente sistema educativo.

El partido del gobierno, el PP, no podrá evitar aparecer nítidamente como continuador de la obra del dictador Franco. Por eso, aventuro que la manifiesta añoranza del nacional-catolicismo que se destila en la LOMCE, colocará a los gobernantes, más corto que a largo plazo y a pesar de la dureza de los enfrentamientos que se producirán, entre las minorías de nostálgicos que siempre quedan para conmemorar las efemérides de tiempos superados. Su derrota puedo asegurar que está escrita en la LOMCE.

La ruptura entre la ciudadanía y la clase política es una realidad que alterará el sistema político instituido desde la transición.

                                                                   

Como ha sucedido en varios países latinoamericanos y europeos, también en el seno de la sociedad española han surgido diferentes  movimientos ciudadanos al margen de los partidos políticos tradicionales, reivindicando una mayor calidad de la democracia y exigiendo que la economía se ponga al servicio del ser humano.

Pero la necesidad de profundizar en los cambios que se demandan entre los movimientos implicados sitúa, hoy, el debate en la posible conveniencia de alcanzar las instituciones representativas del poder político. No hay duda de que la ciudadanía tiene que ser el grupo de presión mayoritario que frene y se imponga sobre el poder de la banca, de los poderes económicos y políticos, sino que, además, como hizo, por otra parte el propio poder financiero, se trataría de asumir directamente el ejercicio del poder político a partir de la concurrencia en el juego electoral. Y en este contexto, los partidos políticos van quedando al margen.

¿Es una revuelta de la sociedad civil frente al Estado? No responde con exactitud a lo que clásicamente se ha entendido por ambas esferas del espacio público y la relación que entre ellas debía establecerse. En primer lugar, porque si aceptamos que la sociedad civil es el conjunto de mecanismos de coordinación social no dependientes del sistema administrativo estatal, entonces, pueden incluir los pertenecientes a la actividad económica. En la tradición liberal clásica, con A. Smith, primaba la consideración de la sociedad civil como sociedad comercial, en la que los individuos se relacionan persiguiendo su propio interés y el mercado, como lugar de libre intercambio de bienes y servicios (dirigido por la mano invisible), actuaría fomentando el mutuo beneficio. También, desde Hegel, la sociedad civil se ha considerado como la esfera en que los individuos actúan y para satisfacer sus necesidades utilizando a los demás como medios para sus propios fines, integrando la economía, las relaciones laborales, asociaciones gremiales, etc. Si en el primer caso (Smith), el Estado debía preservar el libre funcionamiento de la sociedad civil (basado en la propiedad privada y la economía de mercado), en el segundo (Hegel), el Estado debía intervenir a fin de asegurar las necesidades y el funcionamiento de una sociedad incapaz de organizarse por sí misma y proporcionar el progreso  social. Como vemos, a tenor de estas tradiciones acerca de la sociedad civil, hoy no podría entenderse el enfrentamiento de los movimientos ciudadanos estrictamente como una rebelión de la sociedad civil frente al Estado.

Pero, en segundo lugar, también se ha interpretado la sociedad civil como ámbito diferente de la actividad económica y del Estado, formando un sistema de mediaciones regulado por principios de solidaridad. Ha sido el filósofo alemán J. Habermas uno de los que más ha insistido en considerar la sociedad civil como la trama de relaciones y asociaciones sustentadas por lazos afectivos, identitarios o proyectos comunes (como la familia, las religiones, asociaciones culturales, vecinales, ONGs, etc.), un espacio de cooperación diferente del poder económico y del poder estatal.

Aceptando este sentido, entonces, a lo que asistimos es a una revuelta, no de la sociedad civil, sino desde ella misma. Es en ese espacio público, libre de la coerción estatal y los intereses económicos, donde se está generando una opinión pública independiente basada en la deliberación y participación, y desde la que se trata de controlar el poder político  cuestionando su legitimidad.

Los partidos políticos tradicionales (y los sindicatos oficiales), en la medida que su actividad está fuertemente profesionalizada y sus aparatos forman parte de la clase política institucionalizada, quedan fuera del movimiento emergente de la ciudadanía. Y las fricciones con aquellas fuerzas políticas que asumen en gran parte las reivindicaciones ciudadanas, fundamentalmente las de izquierdas (y ecologistas que han asumido la estructura vertical y burocratizada, previa a la aspirada profesionalización), son inevitables.

Por tanto, rigurosamente, no es la sociedad civil la que se rebela, pero sí desde ella. Desde ella surgen asociaciones, plataformas, mareas, etc., que asumen que el poder económico y político (y la puerta giratoria que lleva de uno a otro) son los causantes de la debilitación de la democracia y el empobrecimiento de la ciudadanía. En estos movimientos, que piden poner fin al modelo democrático surgido en la transición, la configuración de un amplio frente cívico como alternativa de poder, que empieza a gestarse y sentirse como una necesidad, puede ser una realidad en próximas contiendas electorales.