El derecho de autodeterminación y el miedo a la libertad.

En situaciones de crisis del sistema económico-social, como la que vivimos hoy, los consensos sobre los que habían fluctuado las relaciones sociales y políticas se quiebran apareciendo tendencias que larvadamente se mantenían silenciadas. El nacionalismo españolista había acallado la voluntad de los pueblos del Estado que durante la II República reclamaron el reconocimiento de su identidad y el derecho de autodeterminación. Posteriormente, la Constitución monárquica salida del consenso de la transición y la LOAPA,  aprobada tras el intento de golpe de Estado del 23-F, acabaron configurando un modelo de Estado en el que el nacionalismo españolista continuaba su hegemonía bajo el Estado de las autonomías frente a las invocaciones al derecho de autodeterminación esgrimidos por partidos de Cataluña y Euskadi principalmente.

No obstante, el derecho de autodeterminación y el reconocimiento de la identidad no dejó de estar presente, aunque ello no tuviera ninguna traducción política ni tan siquiera, salvo en Euskadi, consiguiera movilizaciones masivas. Pero era cuestión de tiempo. Bastaba que el impulso centralista se debilitase, disminuyera la autoridad y aumentara el desprestigio de la clase política al no dar respuesta a los problemas económicos-sociales y que se perdiese el temor a los poderes fácticos, para que esa fuerza subyacente emergiese en un nuevo escenario: las voces que reclaman su identidad y el derecho de autodeterminación, especialmente en Euskadi y en Cataluña, son mayoritarias y se han expresado masivamente entre la población y los representantes institucionales de cada comunidad. Y no hay marcha atrás.

Con toda lógica, un Estado, cualquier Estado, si quiere poseer legitimidad, tiene que ser el resultado del pacto entre los pueblos que quieran así estar organizados. En la tradición ilustrada, desde Hobbes a Rouseau, los filósofos contractualistas entendieron la legitimidad basada en el contrato entre la ciudadanía y los gobernantes. Un modelo de Estado basado en la imposición por las clases dominantes, que ha sido la práctica histórica del mismo, podrá perdurar en el tiempo, pero nunca gozará de la legitimidad que le otorga el consentimiento de los a él, ciudadanos y pueblos, sometidos.

Pueblos con identidad cultural diferente podrán apostar por un modelo unitario, federal o confederarse. Como también adoptar una andadura propia proclamándose independientes. Pero cualquier opción siempre será el resultado de la decisión de cada pueblo y del pacto resultante. Ese pacto nunca se hizo en el Estado español, y ahora se reclama. Y la reacción del nacionalismo españolista, de derechas o de unas supuestas izquierdas, ocultando la historia real bajo la que ha discurrido la vida de los pueblos, ocultando el legítimo derecho que poseen a la autodeterminación, ha sido la de propagar el miedo entre la población, propagar el temor a un incierto futuro ante lo que esos pueblos puedan decidir; en el fondo, azuzar el miedo a la libertad. Esa reacción tiene consecuencias, y los dirigente de la fuerzas políticas partidarias del nacionalismo español lo saben. 

A principios de los 40 del siglo pasado, el filósofo y psicólogo social frankfurtiano, Erich Fromm,  estudió y publicó la obra “El miedo a la libertad" donde explicaba cómo el ascenso del fascismo (el nazismo hitleriano, en concreto) se producía apoyándose en el temor que sienten sectores de población a verse desprotegidos de sus tradicionales asideros ideológico-políticos, de las seguridades que de pronto aparecen quebrantadas, de encontrarse solos en el nuevo espacio de libertad. Una crisis del sistema como la que padecemos, bien azuzada por el fantasma de la descomposición territorial, son el caldo de cultivo para que surja el temor en quienes se sienten desamparados de la autoridad y de los símbolos que hasta ahora proporcionaban seguridad y orientaba el sentido colectivo de una tranquila existencia. La reacción entonces se vuelve hacia la figura del líder, a quien se invoca en una transferencia de libido, un deseo de fundirse en nuevos vínculos, sometiéndose a ese poder que canalice los impulsos de destrucción hacia “los otros”, los que amenazan la frágil inseguridad que ha resultado la vida cotidiana. El mecanismo de evasión es una llamada al fascismo. El Gobierno, los medios afines y otras magistraturas del Estado parecen emprender esa deriva al autoritarismo, espoleados por dirigentes como el expresidente Aznar, entre otros.

¿Qué población se dejará arrastrar por el miedo a la libertad y caerá en la seducción del líder autoritario? Sin duda aquella que no comprenda que el ejercicio de libertad tiene como límite la libertad de los demás, la igual dignidad que cada ser humano posee. Los derechos humanos son una barrera infranqueable que desde cada cultura, desde cada pueblo del Estado (y desde cada Estado) se tiene que proteger. Da igual el status político que alcance y pacte cada pueblo. Cada individuo tendrá más motivos, y más seguridad, para gozar de las libertades individuales, como es el sentido positivo de libertad, como libertad para, si el espacio de la libertad es además, libertad colectiva y que permita que cada pueblo pueda ejercer el derecho de autodeterminación y decidir democráticamente las formas de gobierno. 

Los profesionales de la política, o la clase política, y la crítica ciudadana.

Los movimientos ciudadanos, surgidos en los dos últimos años, han situado en el centro de sus críticas a “la clase política”, a los profesionales de la política, por constituir una casta más interesada en mantenerse en el poder, en atender sus propios intereses, comunes con los del sector financiero, la banca y la gran empresa, que en el desempeño de las tareas para las cuales fueron elegidos: las de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, en el bien público.

Aunque en un primer momento no todos los “señalados” se dieron por aludidos, tras el movimiento “25S Rodea el Congreso” y, en particular, a raíz del auto del juez Pedraz, ha habido casi unanimidad en despreciar esta crítica negando que los políticos supongan casta o clase alguna, tachando con todo tipo de acusaciones y descalificaciones a los promotores de la misma. Y una vez más han salido con la cantinelas de que tras la crítica se encontraba la extrema derecha, que se perseguían determinados intereses en la despolitización de la sociedad, en el desprestigio de la democracia o que trataban de eludir la responsabilidad de otros poderes sociales en la situación de crisis que vive el país.

En esta práctica unanimidad de todas las opciones políticas, desde la derecha a la izquierda, llama la atención la carencia de argumentos que nieguen la consistencia de las acusaciones, quedando sus respuestas en simples falacias del tipo ad hominem (contra la persona). La realidad, lo que nos muestra, es que quienes se encaraman en las estructuras de poder de los partidos políticos, es decir, en el aparato, tienden a perpetuarse en él y ocupar los espacios de representación política que a ese partido corresponda. No quiere decir que no haya excepciones, que haberlas, háylas, pero esa es la tendencia seguida en estos últimos 30 años.

¿Y qué es lo que permite la endogamia en los partidos? ¿Qué impide la renovación y el control democrático? Por un lado la propia estructura de los partidos, donde las direcciones imponen  la selección de dirigentes en otros escalafones y de candidatos, sin que los afiliados/as y votantes puedan ejercer la elección democrática, directa y con garantías. En los casos de las cúpulas dirigentes, cuando se producen cambios, son debidos fundamentalmente a la rivalidad desde dentro del propio aparato, pero que no van afectar sustancialmente a sus miembros ni van a suponer renovación alguna. Los intentos de renovación desde fuera del propio aparato han acabado en sonoros fracasos, aún cuando alguno de ellos contara con el apoyo de la afiliación (J. Borrell, por ejemplo).

El otro motivo es la escasa intervención de la afiliación y votantes en la elaboración de las diferentes candidaturas. Si además, el sistema electoral está basado en listas bloqueadas y cerradas, el votante no podrá discriminar entre candidatos, de manera que los elegidos serán afines a la dirección y laborarán al servicio de sus aparatos o perteneciendo a ellos. Y mientras no se operen los cambios constitucionales y de la ley electoral, este sistema tiende a perpetuarse.

No puede negarse que el atractivo del poder funcione como un fuerte estímulo y que muchas personas se involucren de manera decidida a esos menesteres. Es legítimo. Pero en política, el ejercicio del poder tiene unos límites: el que impone la ciudadanía, a quien tiene que representar en defensa de los intereses públicos. Ahora bien, si con el paso de los años y las legislaturas, se ve un paulatino retroceso en los derechos ciudadanos, de las conquistas sociales, la desafectación entre la ciudadanía y el poder político está más que justificada, y los controles que permiten hablar de democracia, como el sistema de representación, están fallando.

Pero en el funcionamiento del sistema democrático, y las causas de la separación entre representantes y representados, también se observa que no sólo es el poder lo que mueve a la endogamia de los representantes políticos, sino la conjunción de intereses con las grandes empresas, el sector financiero de la economía y la mayoría de los medios de comunicación. Debido a la competencia que se produce como consecuencia del sistema electoral, los partidos políticos se endeudan con la banca hasta extremos que de ella dependen para su propia supervivencia. De esta manera, los favores mutuos, el trasvase del sector político al financiero y viceversa, y políticas orientadas al beneficio del sector bancario, es práctica corriente.

La trama de intereses mutuos, tras tantos años de ejercicio del poder, político y económico, alcanza a las grandes empresas y, por tanto, al desarrollo de políticas que favorezcan los mismos intereses. A este respecto y sobre la presencia de políticos en el sector energético, independientemente de su color político, puede leerse la entrada del 16 de marzo. Pero también puede servirnos, para ilustrar el grado de confluencia entre las élites, la información reciente, procedente del New York Times, de la que en nuestro país nadie, ningún medio de difusión (prueba de la interdependencia), ha hecho referencia. En otras ocasiones hemos hablado del enorme fraude fiscal existente y cómo, si se persiguiera este delito, habría aflorado tal cantidad de dinero que, llegado el caso, no hubiera sido necesario efectuar los recortes presupuestarios, y menos aún el aplicado a los servicios públicos, para contener el déficit. Pues como decía, el diario NYT publica un reportaje, basado en la información proporcionada por un informático del banco suizo HSBC, según la cual 569 ciudadanos/as de este país tendrían cuentas abiertas sin declarar con fuertes sumas de dinero. ¿Quiénes figuran entre ellos? En el listado aparecen nombres conocidos de banqueros, empresarios y políticos. Y según el diario, esto es una práctica muy común entre grandes familias, empresas y banca; es decir, las élites que nos gobiernan. Nota: he suprimido el listado de políticos porque no se correspondía con lo publicado en NYT y que reproducía una web de donde obtuve la información. Mantendré la supresión hasta tanto no se verifique realmente el nombre de las personas implicadas. 

Este caldo de cultivo, de trama de intereses mutuos y el poder político como fin en sí mismo, explica que la denominada clase política trate de gozar de privilegios (sueldos elevados, dietas, viajes en avión y tren, pensiones…)  que se niegan al resto de la población, y, lo que es más  grave, que los casos de corrupción, corruptelas, nepotismo y redes clientelares sean prácticas generalizadas, desde el más pequeño de los ayuntamientos a las más altas magistraturas del Estado.

Termino con la pregunta con que se inició este artículo: ¿está justificado hablar de clase política? Sin duda, sea cual fuere la respuesta, como han señalado los movimientos 15-M, Frente Cívico Somos Mayoría, 25S Rodea el Congreso, etc., estos profesionales de la política, lo que podemos asumir convencionalmente como clase política, hoy, son un obstáculo para la necesaria regeneración de la democracia, para el establecimiento de una democracia real en la que el pueblo se autogobierne. 

El Gobierno pretende la asimilación cultural de Cataluña, su españolización. Pero, ¿depende la identidad de un pueblo de los poderes políticos? ¿Es éticamente aceptable el asimilismo?

                                                                     

Los grados de identificación de cada ser humano pueden oscilar desde la identidad personal, que es única e irrepetible, a niveles socialmente superiores, simplemente reconociéndose como miembro de la humanidad. Incluso, yendo más lejos, habrá quien se identifique como un ser vivo más entre otros. Pero hablando de esa peculiar condición, la de considerarse ser humano y, en consecuencia, con la exigencia de reconocimiento de la misma dignidad para cada uno de ellos, no se puede olvidar que todos somos socializados en una cultura que nos proporciona una determinada visión del mundo, una eficaz forma de adaptación a nuestro entorno, y una apertura de posibilidades más o menos limitadas para desarrollar nuestra forma y proyecto de vida.

Estos vínculos identitarios compartidos socialmente pueden ser los propios de la comunidad local, o de la comunidad en la que se ha estado integrado a lo largo de generaciones, formando parte de un pueblo con una común historia y experiencias vitales compartidas, generando una identidad social diferente de la sentida en otros pueblos de cultura e historia propias; y ello, incluso, a pesar de haber mantenido estrechas relaciones a lo largo del tiempo. Esa identidad social también puede quedar debilitada en el seno del Estado o los Estados que política y administrativamente organizan la sociedad en la que discurre la vida de los propios pueblos, convirtiéndose el Estado, de la misma forma, en identidad sentida. Así, hay quienes se sienten, más que de tal o cual comunidad cultural, españoles y, también, quienes se sienten europeos.

Nadie podrá objetar el derecho que cada cual posee a la defensa de su identidad personal, sea en sus componentes socio-culturales, socio-políticos y morales o religiosos. ¿Pero qué sucede cuando la identidad social (también la personal) no se corresponde con el aparato del poder político, con el Estado, que ejerce la fuerza hegemonizadora en la sociedad. El conflicto está servido. Pero lo que no puede alegarse es que no se tenga derecho al reconocimiento de esa identidad social, al reconocimiento de la misma frente a la que goza de la protección del aparato de poder.

Pero lo que es más gravemente inadmisible, desde una perspectiva ético-política, es la planificada asimilación de otras culturas para disolver la identidad de esos pueblos. Esos intentos, de los que la etnocentrista historia está plagada de ejemplos y que, particularmente, Andalucía sufrió desde el siglo XIII por la expansión colonizadora europeo-castellana, continuaron para todos los pueblos del Estado desde la Guerra Civil. Con las elecciones de 1977 y la instauración de la democracia, los pueblos en los que no habían desaparecido aún los vínculos con los que se identificaban los miembros de esa comunidad, exigieron el reconocimiento como tales. Y esa exigencia de reconocimiento ha ido en general, aunque desigualmente, en aumento. Pero el poder político ha reaccionado frente a ellos tratando de preservar por encima de todo su particular visión acerca de la identidad nacional (igual a Estado español), extendida también entre amplios sectores de la ciudadanía, la misma que se impuso de forma violenta en la Guerra Civil. En definitiva, aquella que mejor se adaptaba a los intereses de la clase social que resultó triunfadora en aquella contienda.

Para ello nos vuelven estos días, según palabras del ministro de Educación José Ignacio Wert, con la pretensión de españolizar Cataluña, como también lo harán con los demás pueblos que hoy administra el Estado español. Esta operación asimilista, como toda operación fascista, anuladora de la diversidad cultural y el derecho a la emancipación de los pueblos, nos plantea un conflicto que es un paso atrás en lo que hasta ahora ha sido una larga marcha en el reconocimiento de los derechos humanos. En la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce que la “voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”; por tanto, no es la autoridad del Estado, por importantes que sean los apoyos en que este se sustente, quien tiene la capacidad legitimadora para decidir las formas de organización y gobierno del propio pueblo. También la misma declaración reconoce la obligación del Estado a satisfacer los derechos culturales (entre otros) indispensables a la dignidad y libre desarrollo de la personalidad de cada miembro de la sociedad. Así, desde esta perspectiva, cualquier intento asimilista, cualquier intento por debilitar la cultura de un pueblo, se sitúa fuera del marco de la declaración de derechos humanos.

Esta operación impositiva por parte del Estado, del brazo ejecutor del mismo, carece de legitimidad moral y está condenada al enfrentamiento con los pueblos, que como las personas, tienen derecho a no renunciar a aquello que "son", a su identidad. La preservación de la identidad cultural y el derecho de autodeterminación, es un derecho que toda cultura y todo pueblo posee, y en el ejercicio de tales reside la capacidad de ese pueblo, de los individuos que lo componen como miembros de esa sociedad, de organizar la convivencia entre ellos y con los demás pueblos.

El “pijo ácrata” del juez Pedraz, o la clase política que dio continuidad al Estado franquista.

El auto del juez Pedraz, por el que se archiva la denuncia contra los acusados del “25-S Rodea el Congreso”, ha puesto de manifiesto la homogeneidad y conjunción de intereses entre la clase política y, también, de los medios de comunicación (casi todos) que defienden su status y el sistema establecido. Todos al unísono han criticado que el juez haya argumentado, en defensa de la libertad de expresión de las personas concentradas en los alrededores del Congreso, que la protesta se basaba en la “convenida decadencia de la clase política”. Casi nadie, sin embargo, ha entrado en el hecho de la inexistencia de delito alguno como pretendía la policía en su informe. No olvidemos que a las personas citadas se les acusaba de pretender ocupar una de las instituciones del Estado; una falsedad más de las muchas que se han vertido contra el movimiento 25-S.

Ya desde este verano se lanzaron insinuaciones acerca de una supuesta extrema derecha que se encontraría tras los promotores de la iniciativa. El bulo se fue extendiendo con el beneplácito de todas la fuerzas políticas, que veían cómo el apoyo y simpatía que generaba la convocatoria de rodear el Congreso atentaba contra los privilegios que como clase política compartían. Ese bulo, como las acusaciones de golpismo comparando con el 23-F, sembraron confusión entre algunas personas que podían compartir los objetivos del movimiento. No obstante, la convocatoria siguió adelante y ya nadie duda, a pesar de los intentos por minimizar su impacto real, de que fue un éxito.

En efecto, gran parte de la ciudadanía del Estado es consciente de que la clase política, el orden constitucional, la forma de Estado y el modelo de democracia es el resultado de la transición pactada con los sectores aperturistas del franquismo para darle continuidad al Estado autoritario y preservar los intereses de la oligarquía. Pero además, con el desmantelamiento del incipiente y poco desarrollado Estado del bienestar que se está produciendo, al amparo de políticas neoliberales, para financiar la deuda generada por el descomunal negocio ligado al ladrillo y al sector financiero de la economía, se han agudizado las alarmas en la población. El sentimiento de ser considerados una mercancía en manos del capital y de no encontrarse representados por la clase política ha ido en aumento.

Por ello, el llamamiento a la apertura de un proceso constituyente estaba y está destinado a ser ampliamente compartido. Así lo entendieron también los poderes establecidos y así reaccionaron ante el previsible éxito de la convocatoria. No bastó con la infiltración policial entre los movilizados para provocar la excusa de la brutal represión a la que fueron sometidos. Querían más. Querían también que el poder judicial actuara al amparo del poder político con sentencias que desanimaran cualquier movilización en marcha. Pero no pudo ser. Esperaban del juez de turno que fuese fiel a los intereses del régimen y de la clase a la que presumían que representaba.

Y el juez, para sorpresa de muchos, se atiene a los hechos: una concentración pacífica, legal, que se limita a expresar su protesta alrededor de la institución que representa el poder político. Y para sorpresa de la clase política, entiende que esa protesta es consecuencia de un clamor que está en la calle, el de que la clase política no está al servicio del pueblo, que está “en decadencia”. Por tanto, ni hay ningún tipo de delito en lo acontecido en esa concentración y, además, parecen tener motivos sobrados para ella.

El arco parlamentario y las poderes fácticos se sienten dolidos. El pueblo se rebela y el juez entiende los motivos de la protesta. Desde la ultraderecha del sindicato “Manos limpias” (¿No estaba promovida la movilización por la extrema derecha?) a la izquierda, pasando por casi todas las opciones políticas, critican el juicio expresado en el auto. El portavoz del PP en el Congreso, desorientado, no entiende tamaña afrenta de quien consideraba de los suyos, de su clase social, y le reprocha ser un “pijo ácrata”. Curiosamente ningún representante político recuerda que los autos judiciales suelen estar motivados por consideraciones contextuales. Esa es la práctica habitual. Claro que hasta ahora ninguno había señalado a la clase política como causa de la protesta, de la movilización que esperaban que hubiese sido constitutiva de un delito. Y son sus privilegios los que están en juego.

Ladran, luego cabalgamos.

Las movilizaciones del “25 S Rodea el Congreso” y la represión gubernamental ponen de manifiesto la gran quiebra del consenso constitucional. Hoy, aunque no lo sufrimos igual, somos muchas las personas que nos sentimos como tú, Ángel.

                                                                               

Es probable que muchas personas, pertenecientes al 25 % de la población española que vivió y pudo participar en los acontecimientos que rodearon la transición y desembocaron en la aprobación de la Constitución, se sientan con motivos y argumentos para defender el orden económico, social y político surgido de ella. Pero lo cierto es que una gran mayoría (75 % restante) no tiene por qué sentirse identificada. O tal vez sí. Pero habría que preguntarles. Mejor dicho, habría que dejarles ser protagonistas de un proceso similar; es decir, de un proceso constituyente en el que pudieran decidir sobre las mismas cuestiones que antes se decidieron. Cualquier otra consideración no es más que una fuga hacia delante de corte autoritario.

Y eso es lo que se vivió en la jornada del 25S. Cuando a la demanda de apertura de un proceso constituyente y la crítica a unos representantes políticos, elegidos en un sistema cuestionado por ser insuficientemente participativo y, por tanto, democrático, se reduce a la llana y pura represión, la quiebra entre la clase política y el Estado con un sector cada vez más amplio de la sociedad, nos sume en una crisis más profunda que  la crisis económica. Porque ahora de lo que hablamos es de una crisis moral y política.

La respuesta del Gobierno, de las fuerzas políticas que sostienen este modelo de Estado, ha consistido en un juego de guerra contra la más poderosa de todas las armas: la fuerza de razón. Frente a ella, han opuesto la razón de la fuerza. Y para ejecutarla, los estrategas de la guerra urdieron el plan: nos infiltramos entre los pacíficos manifestantes, incitamos a la violencia, provocamos y hostigamos a las fuerzas de orden público, y ya tienen las autoridades la excusa para ordenar la represión, el desalojo violento de los manifestantes de los alrededores del Congreso.

Pero se equivocan si con eso creen que ha ganado el actual modelo de Estado. Porque a ojos del mundo y de los cada vez menos crédulos ciudadanos/as del Estado español, han mostrado su verdadera faz, que es el ejercicio del poder bajo cualquier forma; en este caso, la más cruda, la que lo constituye en esencia: la violencia directa e indiscriminada contra el pueblo.

Porque, en efecto era una parte del pueblo la que pacíficamente se manifestaba. Desde que que anunciaron las movilizaciones, con sobrados argumentos para llevar al Congreso su protesta, el Gobierno y las principales fuerzas políticas iniciaron una calumniosa campaña de descrédito contra los promotores. Era la señal de que, carentes de argumentos, sólo les quedaba el recurso a la violencia, la represión de las movilizaciones.

Pero a la razón no se le puede vencer así. Gandhi murió asesinado por la irracionalidad de quien quiere imponer a toda costa sus criterios; nuestro compañero Ángel, sí nuestro, se encuentra gravemente herido, pero nosotros seguimos pensando que el pueblo tiene derecho a decidir su futuro y que una casta de privilegiados no pueden arrogarse el poder a perpetuidad. Podrán ampararse en el actual orden constitucional para mantenerse, persuadir con el control absoluto de los medios de comunicación y apoyarse en la violencia del Estado, pero nunca tendrán razón. Porque la soberanía reside en el pueblo y es al pueblo a quien compete, en un marco de plenas libertades, decidir sobre las normas que regulen la vida en sociedad. Es decir, es el pueblo, en condiciones de libertad, quien tiene que participar y decidir en un proceso constituyente cómo quiere organizar su vida, qué modelo de sociedad y qué Estado.

Las razones de Gandhi, las razones de Ángel, seguirán siendo más poderosas que toda la violencia que puedan oponer frente a ellas. Ángel, hoy nos sentimos indignados y sufrimos contigo, pero una cosa deben saber: nunca nos vencerán. Dicen que a los sueños no se les puede derrotar, pero nosotros añadimos: ni a los que viven y piensan, porque somos mayoría.

Hay que abrir un proceso constituyente porque la sociedad, diferente de la que vivió la transición, tiene el derecho a opinar y decidir sobre el futuro.

                                                                              

Durante los últimos años de la dictadura se fue gestando una paulatina pérdida de apoyos, por parte de la clase dominante, al moribundo régimen a la vez que se intensificaba la oposición popular en favor de las libertades y la democracia. Una parte de la burguesía, el sector social en el que se había basado la dictadura de Franco, entendió que, para perpetuar una situación acorde a sus intereses económicos y socialmente estable, era necesario pactar con la oposición un modelo de democracia que estuviese homologado en Europa. La oposición democrática, por su parte, aunque iba paulatinamente ganando implantación en la sociedad, no conseguía la presencia mayoritaria necesaria para imponer el modelo rupturista que algunas fuerzas políticas propugnaban.

En aquel contexto, la negociación fue hábilmente dirigida por los aperturistas del régimen negociando con fuerzas políticas de la oposición y anteponiéndose a que las fuerzas populares y representativas de las clases trabajadoras adquiriesen mayor protagonismo e impusieran las tesis de la ruptura democrática con la dictadura. Finalmente, los partidos de izquierda entraron en la negociación y aceptaron el modelo de transición, que no era más que el resultado de la correlación de fuerzas existentes en ese momento. La hegemonía social de la burguesía y de las fuerzas provenientes del franquismo dio lugar, con la vigilante tutela del ejército, a la imposición de la monarquía, al modelo territorial basado en las Autonomías, el Parlamento, la ley de Amnistía y la ley Electoral, la Constitución y el incipiente Estado del bienestar.

Las generaciones que vivieron y pudieron participar en aquellos acontecimientos, fueron las generaciones nacidas antes de los años 60. De esta manera podemos decir que la población española nacida después del 60, así como la nacionalizada procedente de otros países, son generaciones ajenas a aquel proceso de transición. Y esta población, a 2012, supone la mayoría del Estado español.

Ahora bien, la pregunta que nos hacemos hoy, es si lo que nació en una determinada relación de fuerzas y con una población que es minoritaria en la actualidad, conserva la legitimidad para mantenerse en el futuro. Esto es lo que precisamente se está cuestionando desde movimientos tan diversos como el movimiento 15-M, los nacionalismos periféricos, movimientos cívicos, sindicales y otros. Especialmente significativo han sido en las movilizaciones de jornaleros andaluces, del soberanismo catalán o las protestas sindicales en Madrid. En todas ellas podemos encontrar la insuficiencia del marco constitucional para dar la respuesta adecuada a las demandas sociales. Ni el modelo territorial que se reclama, ni el desarrollo del Estado de bienestar, la democracia participativa y el sistema electoral o la autonomía para tomar decisiones en materia económica, están debidamente garantizados en la Constitución; y ni el Estado ni los representantes de la soberanía popular muestran capacidad para ofrecer respuestas válidas a la población.

La monarquía, surgida desde el franquismo para darle continuidad al Estado, no fue sometida a referéndum popular, de manera que el pueblo no ha podido decidir entre otras formas de Estado. Así, por el carácter antidemocrático de la institución, por legitimarse en el propio franquismo y por los privilegios de que goza, también está siendo cuestionada por nuevas generaciones de ciudadanos/as y quienes ya no aceptan la imposición efectuada en el pasado.

Pero también la revisión de este pasado reciente se encuentra con obstáculos producto de la transición. Ni se puede recuperar la memoria de las víctimas del franquismo ni juzgar a los responsables de los delitos cometidos. La historia continúa siendo la historia de los vencedores de la Guerra Civil.

En este contexto, la apertura de un proceso constituyente se torna en una necesidad cada vez más sentida por la población. Así, diversos movimientos ciudadanos tienen convocados para el día 25 de septiembre diversas movilizaciones con este fin, pero que, sin duda, lo más llamativo es la concentración alrededor del Congreso para exigir el nuevo proceso constituyente. En definitiva, se trata de liberar la democracia de las limitaciones con las que nació y de las que ha ido adquiriendo a la sombra de lo poderes fácticos y las instituciones financieras de Europa.

El derecho de autodeterminación es un derecho legítimo. No se puede impedir con razones morales que un pueblo lo ejercite.

                                                                             

Cualquier Estado que no tienda a convertirse en una mera “administración de las cosas, y la más amplia libertad de las personas”, será un obstáculo para la emancipación de los pueblos y las personas. Como bien sabía Blas Infante, el Estado español era un instrumento de Europa y un obstáculo para la libertad del pueblo andaluz, y que los Estados (y las naciones) no son más que instrumentos que pudiendo ser necesarios en un momento histórico, pueden ser superados en otro. Para la emancipación del pueblo andaluz  (no para sí, sino por la Humanidad), sus recursos (la tierra) y la realización del ideal andaluz (enraizado en su cultura), en los años 30, pasaba por el Estado libre de Andalucía, que no era un fin, sino un instrumento necesario para romper con el asimilismo de la cultura europeo-castellana. Infante defendió la necesidad de que desde cada individuo, desde su conciencia, surgiera la aspiración del ideal en un proceso de revolución cultural  pacífico.

Conseguir hoy el autogobierno del pueblo andaluz terminando con siglos de subordinación y dependencia de poderes ajenos a nuestra tierra y a los intereses del pueblo, puede hacerse apostando por el mismo Estado libre que ya preconizara Infante, por un federalismo solidario o por otras fórmulas de autogestión. Pero en cualquier caso, es una decisión que sólo a la población andaluza compete hacerlo.

El modelo de sociedad europea, los Estados nacionales modernos, y el Estado español (todos responden a intereses de sectores privilegiados de la población), ¿son un obstáculo en la emancipación de los pueblos? Esta es la pregunta que tienen que hacerse los pueblos europeos y lo pueblos del Estado español. Y la estrategia hacia el ejercicio de la libertad puede pasar por el derecho de autodeterminación en cualquiera de sus formas. No es un camino fácil tras siglos de imposición ni se puede esperar la aceptación generalizada de la ruptura del marco simbólico bajo el que generaciones han vivido. Tampoco es previsible grandes consensos respecto al diseño de futuro que cada pueblo considere. Casi todos asumimos, por ejemplo, que el pueblo palestino se enfrente al Estado israelí y aspire a un Estado palestino; o que los saharauis pretendan un Estado propio frente al asimilismo marroquí. Pero lo que se entienda por emancipación, tendrán que decidirlo el propio pueblo. Seguramente diferiremos con las fuerzas políticas mayoritarias que representan a los palestinos (Hamás, Fatah, FPLP…); o con el Polisario en el caso saharaui, en muchas cosas; pero el debate (a veces, incomprensiblemente, de forma cruenta) tiene que organizarse entre ellos, y sólo ellos, como pueblo, pueden decidir si constituyen un Estado independiente o se organizan con otros criterios.

Pero, ¿qué sucede si el Estado, haya surgido en una época anterior o es hoy cuando aspira a proclamarse porque el pueblo lo demanda, tiene entre sus objetivos aumentar los privilegios de sus élites económicas y sociales, intereses expansionistas o antisolidarios? Cualquier persona o pueblo que pueda ver denigrada su dignidad, sus condiciones de vida como consecuencia de la acción o formación de un nuevo Estado, tiene la legitimidad y el deber de denunciarlo. Pero también debe impulsar el diálogo con el pueblo que reclama esa autodeterminación. Un diálogo con sentido; es decir, argumentativo, participativo, siguiendo los procedimientos y las condiciones a las que se someten los que participan en el diálogo; a saber: verdad, veracidad, inteligibilidad y corrección moral; que permita alcanzar acuerdos razonables y teniendo en cuenta los intereses de todos los afectados. En definitiva, un diálogo como el que propone la ética discursiva (Apel, Habermas).

Por otro lado, la realidad nos muestra que el ejercicio de la solidaridad, el reconocimiento de la dignidad del ser humano, no es posible sin enfrentamiento (pacífico, no violento) con quien lo obstaculiza. Y precisamente eso es lo que impide el modelo de construcción europea y los Estados nacionales. En este contexto, si un pueblo de la periferia peninsular decide la separación (u otra fórmula) del Estado español porque piensa que así podrá avanzar hacia otro modelo de sociedad donde se respete la dignidad humana y la diversidad cultural (lo 1º debe llevar a lo 2º), no existen razones con cierta legitimidad que se le puedan oponer. Podrán argüirse consideraciones de tipo pragmático, pero no razones de índole moral.

El ejercicio del derecho de autodeterminación, en condiciones en las que nadie, ningún otro ser humano, va ser perjudicado, corresponde al sujeto moral, el individuo que vive en ese pueblo, que se socializa en esa cultura, que en ella adquiere una identidad y desde la que tiene -y comparte- una visión del mundo, y desde la que decide cómo organizarse políticamente y, entonces, como sujeto político, es sólo a él a quien  compete pronunciarse. ¿Quién y cómo, con qué argumentos, puede negarle el ejercicio de ese derecho?