Cuando se ponen los zorros a guardar las gallinas… el dinero de las pensiones se sirve en bandeja al sector financiero, a las aseguradoras privadas.

                                           

                                                                   

De los doce "expertos", ocho tienen algún tipo de ligazón con los bancos y las entidades aseguradoras.

 

Desde los años 80 del siglo pasado en los que el neoliberalismo como ideología dominante se extendió por Europa, irradiado desde la Gran Bretaña de M. Tatcher, es recurrente entre el sector financiero y la clase política la advertencia de que el sistema público de pensiones se encuentra en situación insostenible. Y ello ha servido para que se realicen diferentes reformas tendentes a disminuir las cantidades que se perciben, bien porque se reduce la cuantía, bien porque se amplían los períodos para su cómputo. O como en la última reforma propiciada por el Gobierno del PSOE, también, dando un salto atrás en tiempo, prolongando la edad de jubilación.

Ahora le tocaba el turno al Gobierno del PP. Y una nueva reforma se cierne sobre la población española. Para ello han reunido a doce “expertos” que les preparen técnicamente la justificación para el nuevo tijeretazo.

El informe que han elaborado tendrá que pasar el trámite parlamentario. Será el pacto de Toledo quien tenga la última palabra. Pero dado el juego de mayorías, no son previsibles cambios sustanciales. Desaparece el IPC como referente para el cálculo de las pensiones e incluirán los ingresos en el sistema y el aumento de la esperanza de vida como una variable computable en el cálculo.

Pero tras el argumento de encontrarnos en un sistema descompensado, según el cual la relación entre personas trabajando (contribuyentes del sistema) y pensionistas con una cada vez mayor esperanza de vida[i], que se estaría desplazando a favor de estas últimas, se ha interpretado como que, proporcionalmente, una menor cantidad de cotizantes y, por tanto, de dinero, tendrían que pagar a un progresivo aumento de personas beneficiarias. Según estos “expertos”, esta situación haría imposible el mantenimiento del sistema así configurado.

Los doce “expertos” convocados ad hoc para emitir el informe que se esperaba, han sido reclutados del entorno de la banca y las entidades aseguradoras. Sólo 4 de ellos no tenían algún tipo de ligazón. De esta forma las conclusiones del informe no podían ser diferentes a las perseguidas.

Con las medidas anteriormente expuestas, el mensaje que se intenta transmitir insistentemente es que cada ciudadano/a complemente su futura pensión suscribiendo pólizas de pensiones con las aseguradoras privadas. Esta recomendación ha sido ampliamente difundida desde los centros de poder, económico, financiero y político, con el beneplácito seguimiento de los medios de comunicación. El bocado de los miles de millones del fondo de pensiones es muy apetitoso para seguir especulando y obteniendo jugosas plusvalías.

Pero tras ella se esconden enormes falacias que no pretenden más que ocultar la verdad. En primer lugar, no es verdad que sean los trabajadores y trabajadoras cotizantes quienes mantienen el sistema de pensiones. La pensión es un derecho que percibe el o la pensionista tras haber cotizado a lo largo de su vida laboral. Por tanto, nadie mantiene su pensión. Ese derecho lo recibe como si hubiera estado cotizando a una aseguradora privada. Pero en este caso lo hace al Estado. Caso diferente es el de las pensiones no contributivas. Estas pensiones no contributivas que otorga el Estado pueden tener como fuente de financiación los impuestos de los que el Estado se nutre para el sostenimiento de los gastos. Es un gasto social que la ciudadanía admite por solidaridad con las personas que no pudieron cotizar a lo largo de su vida por carecer de un trabajo remunerado. Nadie negaría, por ejemplo, esa posibilidad a las numerosas amas de casa que se encuentran en esa situación al llegar a la edad de jubilación.

Hay quienes argumentan que el Estado puede estar utilizando esos fondos destinados a las pensiones para otros gastos y que, llegado el caso, no pudiera hacer frente a sus obligaciones de pago. Pero para estas situaciones, el Estado, dispone de mecanismos para obtener el ingreso necesario, vía impuestos o reducción de otros gastos, antes que hacer dejación de esa obligación previamente asumida con todas la personas que han estado cotizando hasta ese momento. Y es responsabilidad del Estado procurar que la disponibilidad de tesorería sea la adecuada para el número de pensionistas existente en cada momento. Incluso atendiendo a las posibles desviaciones.

Con todo, resulta inadmisible que no haya una política orientada al aumento de las rentas del trabajo. Si estas son las que financian la seguridad social, la mejor política para la buena salud financiera del sistema, sería que aumentaran sus aportaciones. Sin embargo, las políticas  económicas de los últimos años han venido suponiendo un retroceso de la masa salarial respecto a la renta nacional en favor de los excedentes empresariales.

Y mayor falacia es aún pensar que un fondo privado de pensiones sí que puede garantizar ese derecho a la jubilación digna. Si es imposible que, por esencia, un Estado quiebre, no lo es en el caso de un fondo privado. El Estado no tiene por función especular con el dinero recibido para aumentar las plusvalías, objetivo de los fondos privados de pensiones. Por eso, estos fondos, en tiempos de crisis, sí pueden entrar en situación de pérdidas y no poder hacer frente a las obligaciones contraídas con las personas que suscribieron las pólizas de seguros. Ese riesgo, y las condiciones elevadas que imponen las aseguradoras privadas que aspiran a la obtención de beneficios con ellas, se lo podrán permitir las personas de mayor poder adquisitivo, pero no la mayoría de la población. El Estado, por su contra, ni busca la obtención de beneficios ni la especulación con los fondos, sino garantizar el derecho a la jubilación de toda la población.  Por eso el sistema público es un sistema justo y solidario. El ataque contra él por parte de los voceros de la gestión neoliberal al que asistimos estos días, responde únicamente a los intereses y voracidad de la oligarquía financiera, que ve en la gestión de ese ahorro una oportunidad para continuar con sus negocios especulativos, aumentando así el control y poder global de la economía y los mercados.

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[i] El aumento de la esperanza de vida es muy reducido. Pero lo que sí ha sucedido es que al disminuir la tasa de mortalidad infantil, la media de la esperanza de vida del total de la población sí es más alta.

No se cumplen las expectativas del cambio de modelo tras un año de gobierno de la Junta de Andalucía.

El pacto de gobierno suscrito entre PSOE e IU en Andalucía no fue bien recibido por un buen sector de las bases de la coalición de izquierdas. No obstante, se esperaba que la presencia de IU y el compromiso que esta fuerza había suscrito ante el pueblo andaluz, daría como resultado un giro de izquierdas en las políticas que se desarrollarían en la comunidad andaluza.

Pero la decepción empezó bien pronto con los recortes en el gasto público que la Junta tuvo que acometer, en buen medida consecuencia de las políticas dictadas desde el Gobierno central. Se asumieron por un más que dudoso imperativo legal y se renunció a la posibilidad de encontrar otras fórmulas que evitaran los despidos en el sector público. Los recortes se proyectaron en los presupuestos de 2013, yendo aún más lejos con la supresión de los complementos en las pagas extraordinarias de los funcionarios.

Se esperaba que hubieran tomado medidas de resistencia institucional que forzara a los poderes centrales a conceder mayor poder de decisión y margen de maniobra a  la Junta de Andalucía. Teníamos precedentes de otras comunidades como la vasca y la catalana, por más que siempre estuviera pendiendo sobre cualquier medida el posible el recurso ante el Constitucional. Nada de ello se hizo. Se acataron dócilmente las medidas del Gobierno central y se implantaron sin apenas resistencia por parte de una población que, en buena medida, había perdido un catalizador de las protestas al estar implicado en la acción del gobierno. Inauditamente, la región más castigada por el paro y de las más empobrecidas de Europa era de  las que menos resistencia presentaba a las políticas de la troika. Mientras Grecia arde, en Andalucía se toman superfluas medias como la reestructuración presupuestaria para presentar 140 millones de euros como la panacea de la lucha contra la exclusión. Quien tenía que haber sido la vanguardia en las protestas, se limita a políticas de gestos caritativos.

La Junta de Andalucía probó lo más decente que en materia de protección del derecho a la vivienda que se ha hecho en el Estado, continuado con diferentes matices por otras comunidades como la canaria o catalana (CC y CiU respectivamente), similar o menos avanzada a la existente en otros países europeos gobernados por conservadores (Alemania, Holanda...), como si aquí  en Andalucía se avanzara hacia ese modelo de sociedad en el cual no puede haber viviendas desocupadas mientras haya familias que las necesiten. O que dé lugar a que se pierda un derecho, que según la DUDH es inalienable e intransferible, porque se carezca de recursos para pagar la hipoteca. ¿Podía haber hecho más la Junta? ¿Puede la Junta imponer más medidas sobre los bancos que impida que se ejecuten los deshaucios? Es posible que se haya tocado lo máximo que la Constitución permite en materia de expropiación temporal del uso o el establecimiento de tasas impositivas a las viviendas vacías en manos de la banca para preservar el fin social de la vivienda. Pero en cualquier caso, es una medida insuficiente y que no resolverá la gran mayoría de los deshaucios, alentados por la reforma de 2009 que la ministra Chacón (la que apoyaba el presidente Griñán para la secretaría del partido) presentó en el Parlamento en la última legislatura del PSOE.

Podría haberse ampliado con medidas adicionales si previamente se hubiesen  hecho realidad otras promesas electorales como la Reforma fiscal justa, el refuerzo de la Agencia tributaria para combatir el fraude fiscal, o la banca pública. Propuestas que estaban contempladas en el pacto con el pueblo andaluz firmado ante notario.  Estas, como las demás, siguen sin aplicarse. ¿Es pronto un solo año? Para todas sí. Pero algunas, como las  anteriormente expuestas, eran necesarias para el desarrollo de las otras, y se encuentran en estado de hibernación  hipotecando, en consecuencia, el resto del pacto ante el pueblo andaluz.

Por otro lado, se demandaba socialmente la revisión de políticas adoptadas por gobiernos anteriores y el esclarecimiento de las irregularidades del caso de los ERES. No se hizo lo primero, manteniendo, por ejemplo, el llamado Programa de Calidad (o ley del soborno), con una dotación que hubiera sido suficiente para impedir que los 4.500 interinos docentes se hubieran quedado sin trabajo este año. En Educación, como en Sanidad, han proseguido las mismas políticas de antaño incrementadas con algún giro de tuerca más (AGAEVE, ente que ha consumido 20 millones de euros para realizar unas inservibles pruebas de diagnóstico), fusión de hospitales, conciertos y externalización de servicios…). Como tampoco se ha modificado el galimatías de las administraciones paralelas o el esperpento televisivo de Canal Sur. Ni la comisión de los ERES ha resuelto la trama y las responsabilidades políticas, siendo un completo fiasco. La única institución que gozaba de un merecido reconocimiento por la población, el Defensor del Pueblo Andaluz, sin embargo, ha sido cuestionada por los tres grupos políticos del arco parlamentario destituyendo a su presidente, José Chamizo, una de las pocas voces honestas en el ámbito de las administraciones y que ha ejercido en todo momento una encomiable labor en defensa de los sectores de población más desprotegidos.

En el horizonte no se vislumbra un panorama de resistencia antineoliberal. Hoy, a pesar de las declaraciones de banqueros y políticos del PP, las directrices políticas continúan en la misma senda de lo que ha sido la gestión del PSOE en la comunidad andaluza. Y las aspiraciones de quienes pretendían otro modelo de sociedad confiando en que IU podría imprimir su marchamo en la política andaluza, pueden desinflarse. IU no fue apoyada para que se corresponsabilizara de la gestión neoliberal. En esas condiciones, su lugar tendría que estar en el otro lado de la barricada.

La LOMCE es una marcha atrás en la historia que la sociedad nunca asimilará.

                                                                   

La propiedad y gestión de la mezquita de Córdoba es uno de los intolerables privilegios de los que goza la Iglesia católica.

El proyecto de ley aprobado por el Gobierno  recientemente, la LOMCE, contiene una serie de reformas orientadas hacia los modelos educativos de las etapas preconstitucionales. Pudiera ser que durante su tramitación en el Parlamento se acuerden algunas modificaciones, pero tal como ha sido aprobado es un modelo que contiene aspectos próximos a los existentes durante el franquismo y, también, del tardofranquismo cuando se aprobó la ley General de Educación (ley  Villar) en  1970, en vigor hasta la aprobación de la LOGSE (1990). La Ley General de Educación sería modificada parcialmente con la Orden de 28 de julio de 1979 sobre Formación Religiosa en Bachillerato y Formación Profesional.

Algunos aspectos que nos retrotraen a una época a la que la sociedad no querrá regresar:

-          Vuelve la Religión (católica y profesorado nombrado por la Iglesia) como asignatura evaluable. La alternativa (Valores cívicos), aparecerá como asignatura también evaluable.

-         Se implantan reválidas externas al finalizar cada etapa (Primaria, ESO, bachillerato, FP). Entonces funcionaron dos: al finalizar tanto el bachillerato elemental como el bachillerato superior.

-          Disminuye el dinero dedicado a Educación. Del 4, 5 % del PIB por habitante, pasaremos al 3,9 %. Un retroceso que conllevará como consecuencia una masificación en las aulas dificultando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En Filandia, por mencionar uno de los países cuyo sistema educativo suele ponerse como modelo exitoso, es del 7 %.

-          Permite la segregación por sexos, subvencionando a los centros privados que la establezcan.

-          Deja fuera de la gratuidad a la Educación Infantil y al Bachillerato, Grados Medio y Superior de FP, Régimen especial y Universidad.

-          La formación humanística se reduce, incluso más que antaño: el Griego queda como optativa en Humanidades, las Artísticas y Música apartadas a la mínima expresión… Se suprime Educación para la Ciudadanía. La Filosofía, al igual que en la LGE (1970), sólo será materia troncal en un curso de bachillerato, desapareciendo la Ética de 4º de ESO y la Hª de la Filosofía de 2º de bachillerato.

-          Por último, como tras el golpe de Estado del 36, se pretende españolizar el territorio frente a los derechos históricos y culturales de los pueblos del Estado.

¿Permitirá la ciudadanía tal involución? Sería el primer caso en Occidente que tal cosa sucediera. La fractura social no se producirá sólo con el sector de educandos, que tendrán el espejo de sus mayores y de la época inmediatamente anterior donde compararse, sino que contarán con el apoyo de la generación que le precedió. Una población que se ha socializado avanzando en conocimientos científicos y en la reflexión crítica, aceptando la diversidad cultural y la pluralidad moral y religiosa, demandando cada vez más la asunción de la laicidad en asuntos públicos, en la esfera del Estado, como es la Educación, no podrá soportar esa vuelta atrás en el tiempo, un retroceso en Ilustración, una debilitación de la ya de por sí insuficiente racionalidad que estaba en el vigente sistema educativo.

El partido del gobierno, el PP, no podrá evitar aparecer nítidamente como continuador de la obra del dictador Franco. Por eso, aventuro que la manifiesta añoranza del nacional-catolicismo que se destila en la LOMCE, colocará a los gobernantes, más corto que a largo plazo y a pesar de la dureza de los enfrentamientos que se producirán, entre las minorías de nostálgicos que siempre quedan para conmemorar las efemérides de tiempos superados. Su derrota puedo asegurar que está escrita en la LOMCE.

La ruptura entre la ciudadanía y la clase política es una realidad que alterará el sistema político instituido desde la transición.

                                                                   

Como ha sucedido en varios países latinoamericanos y europeos, también en el seno de la sociedad española han surgido diferentes  movimientos ciudadanos al margen de los partidos políticos tradicionales, reivindicando una mayor calidad de la democracia y exigiendo que la economía se ponga al servicio del ser humano.

Pero la necesidad de profundizar en los cambios que se demandan entre los movimientos implicados sitúa, hoy, el debate en la posible conveniencia de alcanzar las instituciones representativas del poder político. No hay duda de que la ciudadanía tiene que ser el grupo de presión mayoritario que frene y se imponga sobre el poder de la banca, de los poderes económicos y políticos, sino que, además, como hizo, por otra parte el propio poder financiero, se trataría de asumir directamente el ejercicio del poder político a partir de la concurrencia en el juego electoral. Y en este contexto, los partidos políticos van quedando al margen.

¿Es una revuelta de la sociedad civil frente al Estado? No responde con exactitud a lo que clásicamente se ha entendido por ambas esferas del espacio público y la relación que entre ellas debía establecerse. En primer lugar, porque si aceptamos que la sociedad civil es el conjunto de mecanismos de coordinación social no dependientes del sistema administrativo estatal, entonces, pueden incluir los pertenecientes a la actividad económica. En la tradición liberal clásica, con A. Smith, primaba la consideración de la sociedad civil como sociedad comercial, en la que los individuos se relacionan persiguiendo su propio interés y el mercado, como lugar de libre intercambio de bienes y servicios (dirigido por la mano invisible), actuaría fomentando el mutuo beneficio. También, desde Hegel, la sociedad civil se ha considerado como la esfera en que los individuos actúan y para satisfacer sus necesidades utilizando a los demás como medios para sus propios fines, integrando la economía, las relaciones laborales, asociaciones gremiales, etc. Si en el primer caso (Smith), el Estado debía preservar el libre funcionamiento de la sociedad civil (basado en la propiedad privada y la economía de mercado), en el segundo (Hegel), el Estado debía intervenir a fin de asegurar las necesidades y el funcionamiento de una sociedad incapaz de organizarse por sí misma y proporcionar el progreso  social. Como vemos, a tenor de estas tradiciones acerca de la sociedad civil, hoy no podría entenderse el enfrentamiento de los movimientos ciudadanos estrictamente como una rebelión de la sociedad civil frente al Estado.

Pero, en segundo lugar, también se ha interpretado la sociedad civil como ámbito diferente de la actividad económica y del Estado, formando un sistema de mediaciones regulado por principios de solidaridad. Ha sido el filósofo alemán J. Habermas uno de los que más ha insistido en considerar la sociedad civil como la trama de relaciones y asociaciones sustentadas por lazos afectivos, identitarios o proyectos comunes (como la familia, las religiones, asociaciones culturales, vecinales, ONGs, etc.), un espacio de cooperación diferente del poder económico y del poder estatal.

Aceptando este sentido, entonces, a lo que asistimos es a una revuelta, no de la sociedad civil, sino desde ella misma. Es en ese espacio público, libre de la coerción estatal y los intereses económicos, donde se está generando una opinión pública independiente basada en la deliberación y participación, y desde la que se trata de controlar el poder político  cuestionando su legitimidad.

Los partidos políticos tradicionales (y los sindicatos oficiales), en la medida que su actividad está fuertemente profesionalizada y sus aparatos forman parte de la clase política institucionalizada, quedan fuera del movimiento emergente de la ciudadanía. Y las fricciones con aquellas fuerzas políticas que asumen en gran parte las reivindicaciones ciudadanas, fundamentalmente las de izquierdas (y ecologistas que han asumido la estructura vertical y burocratizada, previa a la aspirada profesionalización), son inevitables.

Por tanto, rigurosamente, no es la sociedad civil la que se rebela, pero sí desde ella. Desde ella surgen asociaciones, plataformas, mareas, etc., que asumen que el poder económico y político (y la puerta giratoria que lleva de uno a otro) son los causantes de la debilitación de la democracia y el empobrecimiento de la ciudadanía. En estos movimientos, que piden poner fin al modelo democrático surgido en la transición, la configuración de un amplio frente cívico como alternativa de poder, que empieza a gestarse y sentirse como una necesidad, puede ser una realidad en próximas contiendas electorales. 

Nuevo ciclo de conferencias del Seminario “Miradas al mundo”, organizado por el Instituto de la Paz y los Conflictos de la UGR.

En el seno de los Seminarios “Miradas al mundo” que organiza el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, van a tener lugar las siguientes próximas sesiones, que serán actos públicos, abiertos a cualquier persona interesada:

“Arte y Transformación Social. Artivismo”. Ponentes: Alfonso Masó Guerri, profesor del Dpto. de Escultura de la UGR y Marta Sánchez Caballero, publicista y colaboradora con movimientos sociales. Miércoles, 8 de mayo, 18 h.

“Reforma del Sistema Electoral del Congreso de los Diputados. Propuesta del Grupo de Investigación en Métodos Electorales de la UGR”. Ponente: Victoriano Ramírez González, director del grupo de investigación en Métodos Electorales de la UGR. Martes, 14 de mayo, a las 18 h.

“Deuda ilegítima: ¿Se debe pagar?” Ponente: Eduardo Garzón Espinosa, economista. Viernes, 17 de mayo, a las 19 h.

Los tres actos tendrán lugar en el Salón de Actos del Centro de Documentación Científica, calle Rector López Argüeta sn, edificio situado junto a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Próximamente, en la página del Instituto de la Paz y los Conflictos debla UGR, en la sección dedicada a los Seminarios “Miradas al mundo” se publicará información más detallada y documentación acerca de estas sesiones.

 (http://www.ugr.es/~eirene/actividades/miradasalmundo.html)

Las tres sesiones están coorganizadas con el Grupo Contenidos UGR-15M (más información sobre este grupo, en

https://n-1.cc/g/acampada-granada:-facultades+facultades:-grupo-contenidos-ugr-15m).

Asimismo, el tercer acto está también coorganizado con la Unidad Cívica Andaluza por la República-Granada (UCAR-Granada) y con el Frente Cívico Somos Mayoría-Granada.

Lleno absoluto del salón de actos de la ETSI en la conferencia del profesor J. Torres. Enlace al vídeo.

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Un accidente de tráfico sufrido por Vicent Navarro, que no supuso nada importante más allá de unos rasguños, impidió que pudiera estar en el acto organizado por la fundación José Saramago ayer día 25. No obstante, las expectativas generadas por la presencia de los conferenciantes se vieron más que colmadas con la excelente e instructiva conferencia de Juan Torres.

Con un lleno absoluto del salón de actos de la escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, y muchas personas que se quedaron sin entrar pero que pudieron seguir la conferencia desde las salas contiguas, el profesor J. Torres analizó la situación económica, las causas de la crisis y el enorme poder de los amos del mundo en esta economía de casino en la  que nos encontramos instalados. Sostuvo que esos puñados de personas, que tienen nombres y apellidos, que imponen la política que interesa al capital financiero, y que la ceguera, de la que también hablaba J. Saramago, impide a la mayoría de la población darse cuenta de que en la profunda desigualdad económica existente, reside la crisis del sistema capitalista. Acusó a nuestros gobernantes, actuales y anteriores, de no defender los intereses nacionales e imponerse a los banqueros, bien representados en las instituciones europeas.

Agotado el modelo de la transición, y ya planteando las alternativas para un empoderamiento de las clases populares, J. Torres propuso la movilización y organización de amplios frentes ciudadanos que se conviertan en alternativa real de gobierno.

Sirva esta breve introducción para escuchar en el siguiente enlace la conferencia, que terminó con el canto del “Grándola Vila Morena”, símbolo de aquel 25 de abril, el de la Revolución de los Claveles, en el que el pueblo portugués acabó con la dictadura militar que padecía.

Conferencia de Juan Torres en Granada el día 25 de abril sobre el terrorismo financiero.

La fundación J. Saramago organiza en Granada una conferencia sobre el terrorismo financiero con los profesores V. Navarro y J. Torres.

                                                                             
                                                                                   

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Han pasado 39 años desde que el 25 de abril buena parte del ejército acudió al socorro del pueblo portugués para, conjuntamente, acabar con una de las últimas dictaduras de la Europa occidental (quedaba la española). Aquella incruenta revolución, donde la ciudadanía recibió a los soldados y capitanes con el hermoso gesto de colocarles un clavel en la boca del fusil, supuso una bocanada de esperanza en los pueblos de la península ibérica acerca un futuro democrático tras década de fascismo. Llegó la democracia a Portugal y, un año más tarde, se iniciaría la transición en el Estado español. Pero las esperanzas se han ido desvaneciendo con el advenimiento de una clase política que se ha puesto al servicio de los intereses de la oligarquía financiera de Europa en un silencioso golpe de Estado propiciado por los mercados sobre los pueblos de la península.

Coincidiendo con la efemérides de la Revolución de los Claveles, de la que el escritor portugués y premio Nobel, José Saramago, fue un entusiasta protagonista, la fundación que lleva su nombre organiza para el día 25 de este mes de abril una conferencia sobre terrorismo financiero. Los conferenciantes serán los profesores Vicent Navarro y Juan Torres. Ambos autores, expertos en lo que podríamos llamar la economía crítica y políticas públicas, con un inusual rigor científico han analizado la actual crisis del capitalismo, sus causas y las políticas alternativas para superar la situación sin que sean los pueblos, las clases populares, quienes paguen por los excesos del capital financiero. Con acierto han señalado cómo las enormes plusvalías generadas en los años de crecimiento económico y la desigual distribución de la renta, concentrada en el reducido sector de los muy ricos, aumentando las diferencias sociales respecto a las clases trabajadoras, son la causa estructural de fondo de la crisis del sistema.

Frente a la ceguera de las políticas neoliberales, basadas en la austeridad y el desmantelamiento del Estado del bienestar como fórmulas para reducir los déficits, así como la reducción directa (además de la diferida, con la pérdida de servicios públicos) del valor de la fuerza de trabajo con las sucesivas reformas laborales, esperando que el aumento de la competitividad pueda albergar alguna salida a la crisis, los profesores Navarro y Torres han advertido del callejón sin salida a que estas políticas nos conducen. Sin demanda interna y sin un sector público que corrija las desigualdades, cualquier hipotética salida de la crisis, será siempre a costa de un enorme empobrecimiento los sectores populares y retrocediendo en conquistas sociales, un regreso años atrás en nuestra historia. Para un crecimiento sostenible, tiene que ser el Estado quien asuma la responsabilidad de recuperar la soberanía frente a las instituciones europeas y el BCE, quien detraiga los recursos necesarios de los sectores económicos y financieros privilegiados para construir otro modelo de sociedad más humano, más social y más sostenible.

Frecuentemente silenciadas las voces críticas con la ortodoxia neoliberal (no serán invitados a las tertulias radiofónicas o televisivas, no publicarán en los grandes medios de difusión -y persuasión-, sus textos pasarán desapercibidos por el oficialismo y la academia…) es una magnífica ocasión, esta que nos brinda la fundación José Saramago, de escuchar lo que estos economistas y profesores comprometidos con su tiempo podrán decirnos sobre el golpe de estado financiero que los pueblos europeos estamos padeciendo.

Vicent Navarro ha sido catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Juan Torres, economista, es escritor y miembro del Consejo Científico de Attac España. Es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Mantiene la página web Ganas de Escribir y coordina la página web dedicada a información económica altereconomia.org.

Ambos autores tiene una amplia bibliografía publicada, incluidas algunas obras escritas conjuntamente (“Los amos del mundo”, “Las armas del terrorismo financiero”), y también con otros autores, como con Alberto Garzón (“Hay alternativas”, libro que se encuentra en formato digital y al que se puede acceder gratuitamente, por ejemplo en http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2011/10/hayalternativas.pdf ).