14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República. El papel de la monarquía en los tiempos actuales (artículo del profesor V. Navarro).

Aprovechando la efemérides de la proclamación de la II República, me disponía escribir nuevamente sobre la necesidad de que se abriera un proceso constituyente que supusiera el final del régimen monárquico. A grandes rasgos ya lo había expuesto en la entrada anterior, pero ahora quería insistir en el papel de la monarquía en los momentos actuales. Justo en esos instantes me llega por correo electrónico este artículo del profesor Vicent Navarro, que reflexiona magníficamente sobre ello. Lo transcribo literalmente.

La monarquía, centro del ‘establishment’ español

día 11.4.13

Vicenç Navarro

Hoy estamos viendo en España, incluyendo en Catalunya, la crisis más profunda que haya existido desde el momento de la Transición, crisis que no es sólo financiera y económica, sino también política. La crisis de legitimidad del sistema representativo es profunda, como muestran varios indicadores, siendo el más significativo el elevado acuerdo existente entre la población con el eslogan, enunciado inicialmente por el movimiento 15-M, de que los políticos que nos gobiernan y constituyen la clase política gobernante “no nos representan”. Tal pérdida de apoyo popular y cuestionamiento de su legitimidad, incluye desde la Corona y el Congreso de los Diputados (y el Parlament de Catalunya) hasta los distintos componentes del Estado español, sea éste central, autonómico o local. Contribuyendo a esta situación, existe la protesta ciudadana, resultado de una mayor y creciente exigencia democrática y consecuente rechazo a la corrupción, que se percibe que está generalizada entre la clase política gobernante- Tal rechazo está bien definido en el eslogan, también del movimiento 15-M, que indica que “no hay pan para tanto chorizo”. Tal percepción de la existencia de corrupción es extensa y afecta a todas las instituciones del Estado, desde la Corona hasta los distintos niveles de la administración pública, tanto central y autonómica, como local o municipal, percepción de corrupción que es incluso más acentuada en el mundo financiero y gran empresarial, cuya excesiva influencia sobre la clase política es una de las causas de la baja calidad de la democracia española. Un indicador de tal influencia son las políticas de austeridad, con recortes de derechos sociales y laborales, impuestas a la población, tanto por el gobierno conservador español, como por el gobierno conservador catalán, políticas que no tienen ningún apoyo ni mandato popular, pues no estaban en las propuestas y programas electorales de los partidos gobernantes.

La Transición inmodélica, causa de la enorme crisis política

Esta situación de crisis financiera, económica y política no puede explicarse sin remontarnos a nuestra historia. El presente es fruto directo del pasado. Y este pasado nos señala los siguientes hechos:

1. La limitada democracia española, que se expresa en las limitadísimas oportunidades que tiene la ciudadanía en la gobernanza del país (limitándose a votar cada cuatro años) y en sistemas electorales escasamente representativos (muy poco proporcionales), es fruto del enorme dominio que las fuerzas ultraconservadoras tenían sobre el aparato del Estado y sobre los medios de información y persuasión en el momento de la transición de la Dictadura a la Democracia.

2. Tal proceso fue profundamente inmodélico, pues fue resultado de un enorme desequilibrio de las fuerzas políticas en aquel proceso. La nomenclatura procedente del Estado dictatorial (que controlaba todas las ramas del Estado, desde el ejecutivo al legislativo, así como el judicial, policial y fuerzas armadas) era enormemente fuerte, y su cúspide era la Monarquía, máxima autoridad en todas las ramas del Estado. Las izquierdas (que habían liderado el movimiento democrático) por el contrario, eran débiles y no pudieron canalizar la enorme protesta popular que había forzado el fin de la dictadura. Tales fuerzas políticas acababan de salir de prisión y/o habían vuelto del exilio. La enorme represión del régimen dictatorial (por cada asesinato político cometido por Mussolini, la dictadura de Franco cometió 10.000) había debilitado tales partidos políticos hasta entonces clandestinos.

3. Hablar de que la Transición fue resultado de un consenso entre los herederos de los vencedores y los herederos de los vencidos de la Guerra Civil, como Santos Juliá, Javier Pradera y gran número de intelectuales del establishment mediático español han presentado aquel proceso es una exagerada idealización de aquella Transición. El primer objetivo de las izquierdas fue que se permitiera su existencia, aún cuando ello fuera en situación de desventaja, como así fue. Hablar de consenso entre los herederos de los vencedores y los herederos de los vencidos, cuando los primeros lo tenían prácticamente todo y los segundos casi nada, es abusar del término “consenso”.

4. La Constitución fue fruto de este desequilibrio. Los mismos autores que promovieron la definición de aquella Transición como modélica, defendieron aquella Constitución como ejemplar, “siendo una de las más avanzadas de las hoy existentes en Europa”, tal como Santos Juliá la definió. En realidad, tal documento se caracterizó por su insensibilidad social y su inhabilidad en reconocer el carácter plurinacional del Estado español. Como consecuencia, España continúa hoy, tras más de treinta años en esta democracia, con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea de los Quince, y sin todavía haber admitido que Catalunya, por ejemplo, es una nación. El “café para todos” es un producto de esta Constitución. Y el Tribunal Constitucional es un fruto de tal Constitución y del proceso inmodélico que la creó.

5. La Transición significó una apertura del Estado, heredado de la dictadura, altamente desequilibrado, permitiendo la entrada de las izquierdas y otras fuerzas democráticas en su seno, pero dentro de un contexto en el que las fuerzas conservadoras tenían una influencia desmesurada en los aparatos del Estado (tanto a nivel central como autonómico) y en el que los grupos fácticos, como la banca y la gran patronal, continuaron teniendo un enorme dominio en la vida política del país. Acaba de publicarse un libro Oligarquía financiera y poder político en España, escrito por un ex banquero, Manuel Puerto Ducet, que a pesar de sus obvias limitaciones (presenta al presidente de la compañía Abertis como un empresario ejemplar –la compañía Abertis debe su supuesto éxito empresarial precisamente a sus conexiones políticas con los gobiernos conservadores que han dominado la vida política de Catalunya desde el inicio de la democracia-) contiene información que, como el autor señala, muestra como los vencedores de la Guerra Civil y la nomenclatura del régimen dictatorial continúan controlando el capital financiero de este país. Lo que la Transición significó fue la abertura de tal sistema a las izquierdas, con la incorporación de personalidades de las izquierdas gobernantes en un entramado financiero-empresarial-político que constituye el establishmentespañol (incluyendo el catalán) y que controla la vida política y también mediática del país.

6. El poder de tal establishment se mantiene predominantemente a través de tres tipos de intervenciones. La primera es el enorme control de los medios de información y persuasión, tanto públicos como privados, con clara marginación y discriminación hacia las izquierdas (lo que ocurre tanto en España como en Catalunya). Esta enorme represión ideológica es un indicador de su enorme inseguridad. Hoy España (incluyendo Catalunya) es el país de la Unión Europea con menor pluralidad ideológica en sus medios, sin prácticamente medios de izquierda. El establishment español, incluyendo el catalán, es consciente de que se asienta sobre un volcán potencial, pues las encuestas muestran que la población española y catalana está más a la izquierda que el establishment, siendo también el país en la Unión Europea en el que su población está menos satisfecha con sus instituciones llamadas representativas, tanto las españolas (incluyendo las catalanas) como las europeas. De ahí el enorme temor y represión a voces de izquierdas, pues saben que el potencial de movilización es muy elevado.

El segundo tipo de intervenciones es la represión económica, creando gran inseguridad entre las clases populares, lo cual consiguen a través del aumento del desempleo (que crea inseguridad y temor en toda la población) y el descenso de la protección social.

Y el tercer tipo de intervención es la represión física y policial que ha aumentado con el gobierno PP. España tiene el mayor número de policías y el menor número de personas adultas por 10.000 habitantes trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar de los países de la Unión Europea de los Quince.

7. La Monarquía es el centro del establishment y es el que le da garantías de seguridad. Todos los mecanismos de información de mayor difusión se movilizan para crear una popularidad de los miembros de la Corona, comenzando por el Rey, (desde la imagen errónea de que el Monarca haya sido el que ha traído la democracia a España, a su supuesta accesibilidad y campechanía. En realidad, gran número de personajes, incluso progresistas, ha sucumbido a esta percepción, siendo el caso más extremo el de Paul Preston, que en su libro Juan Carlos. Un Rey del Pueblo describe al Monarca como el Rey del Pueblo. Tal libro es de un oportunismo denunciable, pues idealiza la imagen del Rey sin percibirse que la Monarquía es el centro del establishment español responsable de las enormes limitaciones de la democracia española. Es incoherente en extremo denunciar, como hace Preston, el silencio sobre los desaparecidos o “la corrupción masiva que hay en España, herencia del franquismo” (entrevista a Paul Preston en La Vanguardia 06.04.13) y a la vez alabar al Rey y a la Monarquía que ha contribuido en gran manera al silencio sobre el pasado y a que tal corrupción exista en España. Y no me estoy refiriendo sólo a los miembros de su familia real, sino a todo el sistema de corrupción heredado del dominio ultraconservador sobre los aparatos del Estado. Tal generosidad con el Rey contrasta, por cierto, con la dureza de Paul Preston en su libro sobre Santiago Carrillo, Zorro Rojo. Conocí a Santiago Carrillo, con el cual tuve desacuerdos, así como acuerdos. Pero me desagrada en extremo el oportunismo de Paul Preston, que aparece de nuevo ahora al escribir tal libro, sólo unas semanas después de su muerte, acusando a tal dirigente comunista de ser ambicioso en extremo, y de haber alcanzado su deseada prominencia a base de sacrificar a sus colaboradores. ¿No cree Preston que el Rey fue enormemente ambicioso, sacrificando a amigos y colaboradores en su deseo de retener el trono, a costa de fuera quien fuera, incluyendo a su padre? El contraste como Paul Preston trata al Monarca, idealizándolo, con la manera como analiza al dirigente comunista Carrillo, demonizándolo, es signo, además de oportunismo (en sus formas y calendario), de falta de coherencia y rigor. Paul Preston debería haber sido más riguroso y exigente en su análisis del contexto político que determinó la existencia de la Monarquía en España y el papel central que tal institución juega en la reproducción de las enormes limitaciones que tiene la democracia española.

Existe hoy un intento muy visible mediáticamente de evitar el desprestigio total de la institución monárquica, aupando la figura del Príncipe Felipe para que pueda sustituir al Monarca actual. Los medios de mayor difusión están trabajando cuarenta y ocho horas al día para promover tal figura, pues son conscientes de la centralidad que el Rey (que, según la Constitución, es el jefe de las Fuerzas Armadas) y la Monarquía, juegan en el entramado de poder que gobierna nuestro país. Su desaparición significaría el inicio de la pérdida de tal entramado. De ahí la enorme preocupación por su posible disolución .

Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

Fuente: www.publico.es

La apertura de un proceso constituyente, y la República como forma de Estado, es la aspiración consecuente de un demócrata.

Este 14 de abril conmemoramos el 82 aniversario de la proclamación la de la 2ª República. Tras el golpe de Estado militar y los tres años de Guerra Civil, sufrimos la larga noche de la dictadura franquista que empezó a morir a finales de 1975 con la desaparición física del dictador. Entonces se inició un proceso de transición    para el que el dictador había dejado “todo atado y bien atado”. La Monarquía impuesta por el general Franco como forma de Estado dio continuidad a la hegemonía del bando de los ganadores de la fraticida guerra.

Conducida por los sectores que dominaban el aparato de Estado, desde el Movimiento Nacional, se produjo el acercamiento hacia las principales fuerzas políticas organizadas en la débil oposición para alcanzar un pacto que permitiera unas elecciones homologadas en Europa. A tal fin se introdujeron las reformas necesarias sin que supusieran la ruptura con el régimen fascista anterior. La transición continuó con las elecciones de 1977 y, finalmente, con el referéndum que permitió la aprobación de la Constitución en 1978.

Los sectores sociales dominantes en la anterior etapa continuaron su situación privilegiada en la naciente democracia. La forma Estado tuvo continuidad en la Monarquía centralista, manteniendo el poder oligárquico de las mismas minorías e imponiéndose un escrupuloso silencio sobre la represión y crímenes del pasado. Los aparatos del Estado y el poder judicial permanecieron intactos mientras se consolidaba una partitocracia, apoyada desde la propia constitución y la ley electoral, que permitiría el establecimiento de la clase política y que garantizase el statuo quo económico sin que pudiera desarrollarse el Estado del bienestar, tal como había sucedido en los países que entonces conformaban el núcleo central de Europa. Los privilegios de la minoría dominante permanecieron intactos, aumentando su poder y la desigualdad económica en el país desde entonces. La Iglesia católica, aliada del régimen anterior, continuó su intromisión en la esfera del Estado sin apenas revisión.

Herederos de aquella transición, hoy, se vive un panorama desolador en todas las instituciones del Estado, a la par que aumenta la desigualdad social y crece la desafección de la población respecto al poder político. El exceso de poder acumulado por unos pocos, las minorías económicas y financieras (grandes empresas y bancos) y la clase política, ha acabado por sobrepasar los límites que el Estado de derecho impone. Desde el propio monarca y la familia real, pasando por el Gobierno y los representantes parlamentarios, la corrupción amenaza por cualquier esquina. No hay institución sobre la que no recaiga alguna sospecha y en los tribunales se acumulan las imputaciones. Hasta los sindicatos oficiales, que han sido un bastión importante para consolidar una política regresiva hacia las clases trabajadoras, se encuentran entre las instituciones beneficiadas por el Estado y encausadas por posibles corruptelas.

Aquel modelo de transición, y la Constitución resultante, pudo responder a la correlación de fuerzas existentes en aquellos entonces, pero hoy no representan a la mayoría de la población. Sólo una exigua minoría de la actual población viva participó en aquel referéndum que la aprobó. La monarquía, que aparecía escondida en el articulado del texto constitucional, impidiendo que la población pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado, es decir, entre Monarquía o República, carece ya de la escasa legitimidad con la que nació.

En consecuencia, lo que desde la ciudadanía se reclama con más fuerza cada día, es la apertura de un proceso constituyente y la implantación de la República como forma de Estado. Es decir, dar fin a la continuidad del franquismo prolongado en la transición, en el modelo de sociedad y de Estado configurados desde entonces, para implantar la democracia como autogobierno del pueblo. Esto es, simplemente, una aspiración de cualquiera que se considere demócrata.

La canciller alemana, Merkel, al servicio de la oligarquía financiera y de los bancos alemanes, trata de poner de rodillas a los pueblos de Europa.

                                                                   

Chipre ha sido la última ficha del dominó caída. El severo plan de rescate para reestructurar la deuda obliga a una quita del 40 % de los depósitos bancarios superiores a 100.000 euros. En esta ocasión, el Memorándum de Entendimiento que firmará Chipre con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a cambio del préstamo de 10.000 millones de euros, seguirá la misma senda neoliberal de los rescates habidos hasta ahora, socializando la deuda privada por deuda pública (se liquida una entidad, se segrega un banco malo y el principal banco del país se queda con el supuesto banco bueno. Pero como también está quebrado, será nacionalizado), recortes del gasto público y privatizaciones, flexibilización de las leyes laborales, aumento de los impuestos indirectos, etc. Pero además, se verá vigilado por el propio organismo, el MEDE, para asegurarse la devolución del préstamo, imponiendo las decisiones de política económica que vayan considerando necesarias para tal fin. Esto puede decirse de muchas maneras, pero no erramos si decimos que es un golpe de Estado financiero. Y los depositantes de ahorros chipriotas, legalmente, no podrán hacer nada para evitar perder en un instante el 40% de sus ahorros,  que pasará a manos de los acreedores de la banca.

La aprobación del tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad supone una pérdida de soberanía por parte de los países que necesitan acudir al rescate. Una vez que la troika (BCE, CE, FMI) ha acordado las condiciones del préstamo, el MEDE será en la práctica quien decida la política económica y fiscal de los países que lo necesiten, con lo que la que la pérdida de derechos sociales, el desmantelamiento del Estado del bienestar y la pauperización de las clases trabajadoras será un hecho. Los dos órganos rectores del Mecanismo, el Consejo de Gobernadores y el Consejo de Administración, sin control ni legitimidad democrática, tomarán las decisiones, y los inspectores de la troika intervendrán de facto en las instituciones del país para hacer cumplir lo establecido en el Memorándum suscrito por los países receptores del préstamo.

En síntesis, el negocio de la banca seguiría e siguiente esquema: La quiebra de los bancos provoca su rescate por los Estados. Estos se endeudan recurriendo a los mercados. Desde allí, los bancos especulan contra sus bonos obteniendo sustanciosos beneficios. Cuando la situación se torna insostenible, como ahora en Chipre, se acude al MEDE, quien impone el desmantelamiento del Estado del bienestar y la pérdida de derechos sociales, empeorando las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía. La banca, a través de su inversión en el MEDE, se beneficia de los intereses de ese rescate y de los negocios que se abren con las privatizaciones del sector público. Y todo decidido desde instancias que escapan al control democrático de la ciudadanía.

Pero este golpe de la oligarquía financiera ha contado con un brazo ejecutor: la canciller alemana A. Merkel. Ante la política alemana se han doblegado los gobiernos europeos poniendo al servicio del sector financiero, fundamentalmente alemán, los intereses económicos de los pueblos europeos. Como sostenía el catedrático Juan Torres en un reciente artículo publicado en la edición digital de El País (de donde fue retirado minutos después en una muestra de los intereses a los que sirve el grupo Prisa): “Merkel se erigió en la defensora de los banqueros alemanes y para ayudarles puso en marcha dos estrategias. Una, los rescates, que vendieron como si estuvieran dirigidos a salvar a los países, pero que en realidad consisten en darle a los gobiernos dinero en préstamos que pagan los pueblos para traspasarlo a los bancos nacionales para que éstos se recuperen cuanto antes y paguen enseguida a los alemanes. Otra, impedir que el BCE cortase de raíz los ataques especulativos contra la deuda de la periferia para que al subir las primas de riesgo de los demás bajara el coste con que se financia Alemania.”

Continúa el artículo: “Merkel, como Hitler, ha declarado la guerra al resto de Europa, ahora para garantizarse su espacio vital económico. Nos castiga para proteger a sus grandes empresas y bancos y también para ocultar ante su electorado la vergüenza de un modelo que ha hecho que el nivel de pobreza en su país  sea el más alto de los últimos 20 años, que el 25% de sus empleados gane menos de 9,15 euros/hora, o que a la mitad de su población le corresponda, como he dicho, un miserable 1% de toda la riqueza nacional”.

Nuestros gobernantes, los gobiernos del PSOE y del PP, de manera indigna, han seguido el juego que Merkel y las instituciones europeas imponían con la misma docilidad que los regímenes colaboracionistas del Tercer Reich. ¿Era esta la Europa que se quería construir? ¿O ha llegado ya el momento de que los pueblos inicien los procesos constituyentes, la rebelión democrática que acabe con la dictadura del Capital y que sea expresión del autogobierno del pueblo? 

¿Quién teme a la Filosofía?

Un nuevo intento desde los poderes del Estado pretende reducir a una presencia testimonial las enseñanzas de la Filosofía, tanto del currículum de secundaria como del bachillerato. Pero además, y como consecuencia de la disminución del número de docentes y de salidas profesionales, los estudios universitarios también se verán extraordinariamente mermados. Y parece que estas propuestas, además de entre las fuerzas políticas mayoritarias, gozan con cierto apoyo social. En ambos casos son los mismos hilos los que tejen ese temor a la Filosofía y, por tanto, a la enseñanza de los saberes filosóficos.

¿Quién teme a la Filosofía?

Entre esas personas siempre están las que son pragmáticas, las que buscan la utilidad y las consecuencias beneficiosas en todo lo que hacen. Impertinentemente, suelen presentarse con la pregunta: “y eso, ¿para qué sirve?”. Un saber que no está al servicio de nada ni de nadie, es un saber inservible.

También hay personas que, instaladas en el realismo ingenuo y asumiendo con indiferencia el mundo que les toca vivir, nunca se preguntan por nada. Para ellas, nada más absurdo que un saber que consiste fundamentalmente en interrogarse acerca de cuanto hay.   

Especialmente abundantes son aquellas personas que se acostumbraron a estar en minoría de edad, a que sean otras quienes dirijan su vida. Sea con normas religiosas, sociales, jurídicas o morales, estas personas gustan de esa cómoda existencia sin tener que asumir desde sí mismas ningún tipo de respuesta. Obviamente, no tienen necesidad de un saber que pueda incomodarles.

Si sucede que los criterios que se imponen en la ardua tarea de existir se reducen al aumento del bienestar material, todo saber que no esté orientado a esa tarea, carecerá de importancia. Para esta conciencia social utilitarista que domina en nuestra cultura, el saber filosófico no deja de ser una cuestión vocacional de personas excéntricas.

A veces hay personas que se preocupan, fundamentalmente en los días finales de su vida, por el significado de su vida y de su muerte. Pero esos momentos de angustia son sólo un instante, y también sólo en algunos casos, de una larga vida sin preguntarse si es posible que la vida o la muerte tengan algún significado. Nada ni nadie que pudiera plantearle tales cuestiones serán de su agrado. No lo será la Filosofía.

Cuántas veces habremos sabido y nos habremos encontrado con personas satisfechas, personas que afirman sentirse a gusto como están. Incluso las hay que, aún más allá, sostienen que es el medio social en el que su vida se desenvuelve el que permite que puedan tener esa plácida existencia. Para estas personas, preguntarse cómo hemos llegado a ser lo que somos, es una molesta pregunta cuya mejor solución es erradicarla. Eso es lo que piensan de la Filosofía.

Es verdad, no lo niego, que los otros se convierten en una fuente de sufrimiento, como también, en menor medida o si se prefiere, más fugazmente, pueden serlo de gozo. Pero quien sabe vivir, sabe adaptarse a esas circunstancias. Significa, por tanto, esfuerzo por comprender al otro. Y un significativo número de personas, hoy en aumento, sin embargo, prefieren concitar sus temores en una parte de los otros, a los que convierten en diferentes. Otros diferentes con los que expiar sus culpas y que actúa como sueño salvífico del infierno en que viven. Pero preguntarse por la existencia real de ese otro diferente, es preguntarse por la consistencia del sueño etnocentrista.

¿Quién teme a la Filosofía? Empezábamos con esa pregunta. Y hemos ido destejiendo algunos trazos: cualquier individuo que se identifique con alguno de los grupos mencionados, que no agotan todos los posibles, tiene sobradas razones para sentir ese temor. ¿Es usted uno de ellos?

Alternativas para construir otro modelo de sociedad: un frente político de fuerzas de izquierda, o un frente ciudadano y político para una democracia real, para una economía al servicio del ser humano.

En el movimiento ciudadano (15M, mareas, plataformas, Frente Cívico, etc) y las fuerzas políticas que apuestan por otro modelo de sociedad diferente al capitalismo, se han producido diferentes iniciativas tendentes a la construcción un frente común de todas ellas para superar la gestión neoliberal del capitalismo, mejorar la calidad de la democracia y avanzar hacia ese otro modelo de sociedad. El interrogante, o la dificultad, que sigo observando en las propuestas que he leído para avanzar hacia ese frente común, con énfasis diferente entre los calificativos de social, ciudadano o político, radica en la indefinición acerca de cómo abordar su constitución; es decir, la forma de llevarlo a cabo. Sobre quién debe componer dicho frente, hay cierto grado de consenso, con alguna fricción en el tratamiento de las cuestiones nacionales. Pero hay dos posiciones antagónicas para aplicarlo. La clásica, que es la más pragmática a corto plazo, sería reunir a todas las fuerzas políticas y sociales en torno a programas compartidos concediendo un peso a cada una de ellas en función de su presencia social; es decir la afiliación o seguidores de los que pudieran hacer gala. Es el modelo que, al menos teóricamente, Izquierda Unida pretendía seguir como coalición. Ampliado ahora a los movimientos ciudadanos y otras fuerzas políticas, en el que IU fuera una fuerza más, es el modelo que más he escuchado por quienes se encuentran preocupados por la respuesta antineoliberal más inmediata, tanto en movilizaciones como a nivel electoral con las próximas europeas.

Un frente político abordado así, en mi opinión tendría los siguientes inconvenientes: la estructura antidemocrática de los partidos, el aparato que los controla así como el poder que ambiciona ese sector instalado (los dirigentes), y la teórica función de vanguardia que cada partido cree poseer. En la competencia interna por el poder dentro del frente, los partidos coparían, se repartirían y dirigirían, dejando a los movimientos de meras comparsas estéticas con poder de atracción. Los movimientos ciudadanos, que de entrada es difícil que se sientan integrados, pero donde se produjera, se alejarían denunciando también la falta de representatividad y de democracia. En cuanto a movimientos, como el 15M, dudo que alguna vez decidan integrarse como una fuerza más entre otras fuerzas, ni tampoco la identificación exclusiva con las fuerzas de izquierda. Menos su manipulación. El 70% de la ciudadanía que hoy asume los planteamientos del 15M no apoyaría un frente hegemonizado por IU. Otro problema, aún no resuelto (a pesar de lo aprobado en la X Asamblea), es que en IU no todos asumen la necesidad de ese frente común, ni siquiera hegemonizado por su fuerza mayoritaria, el PCE, para construir otro modelo de sociedad, toda vez que siguen pensando en que cualquier alternativa de poder pasa por alianzas con el PSOE, partido que hace tiempo olvidó las políticas socialdemócratas para instalarse en el neoliberalismo.

En el otro extremo, el modelo consistiría en que la ciudadanía indignada se organizara, con formas de democracia directa y con participación individual, de manera que las fuerzas políticas no tendrían presencia colectiva sino tan sólo con sus militantes. Este modelo es el que, en principio, parece estar gestándose con el Frente Cívico Somos Mayoría. En principio, los aparatos partidarios parecen tener más recelo que otra cosa frente a la extensión del FCSM, pues es evidente la pérdida de protagonismo y poder que esto les supone; ello es una situación para la que no están preparados, ni históricamente ha sido así salvo hundimiento total de la fuerza política, tal como les pasó al PTE, MC o al PT carrillista, que acabaron integrándose en otros grupos o movimientos.

Sin embargo, no cabe duda que este aglutinamiento desde “abajo” y preservando en todo momento las formas de democracia directa, no tendría especiales obstáculos para ir incorporando a esa mayoría social indignada, esa mayoría que podría hacer valer la soberanía del pueblo. Todo movimiento teme perder su identidad, pero la propuesta de Anguita, tal como está formulada, no conlleva absorción o limitación de actividad de los demás grupos organizados del movimiento ciudadano. Evidentemente, es un proceso lento. Y las prisas ante el deterioro económico, social y político, quizá, demanden fórmulas mixtas, tal vez como las ensayadas en algunos países latinoamericanos (Venezuela, Bolivia, Ecuador…). En mi opinión, estos dos últimos modelos de frente común son las únicas vías que podrían convertirse en alternativa de poder, en ejercicio real de la democracia y soberanía del pueblo frente a los mercados y las oligarquías económico-financieras, supeditando la economía a las necesidades humanas, replanteando decididamente el proceso de construcción europea y dando fin a la unión monetaria.   

La celebración de este día de Andalucía es una muestra de las dificultades para recuperar nuestra identidad cultural y nuestra soberanía como pueblo.

Entre la autocomplacencia de los actos institucionales convocados por la Junta de Andalucía, la esquizofrénica convocatoria de manifestaciones por los partidos que apoyan al Gobierno andaluz, el planteamiento del bloque crítico que ahora, tras las dudas iniciales de algunas fuerzas que lo componen, también acusa al Gobierno andaluz de ser brazo ejecutor de las políticas neoliberales orquestadas desde la troika europea (CE, FMI, BM) y fielmente secundadas por los gobiernos centrales (sean del PSOE o del PP), más ese amplio sector de la población andaluza que parece desorientada, aunque, eso sí, indignada, Andalucía no vivirá un 28F en el que con una sola voz reclame su identidad y soberanía como pueblo.  

No sólo nos jugamos nuestra supervivencia como pueblo. Las políticas neoliberales han disminuido a tales extremos las condiciones de vida y trabajo, recortado el escaso desarrollo del bienestar social y el empobrecimiento de las familias andaluzas está alcanzando niveles tan inhumanamente alarmantes, que no jugamos el futuro inmediato de nuestros hijos e hijas.

¿Qué Andalucía es la que tiene que reivindicarse para recuperar nuestra dignidad y nuestro futuro, para recuperar nuestra identidad como pueblo? El Manifiesto de Córdoba, aprobado recientemente por la constituida Asamblea de Andalucía, lo expone con toda claridad:

23-F: mareas ciudadanas en todo el territorio contra los golpes de Estado. En Granada, a las 5 de la tarde desde la Caleta.

                                                                                         

El día 23 de este mes hará 32 años de la intentona de golpe de Estado. Aquél fue un golpe militar que pretendía acabar con la democracia y el Estado de derecho, con las libertades; es decir, un golpe ilegal utilizando la violencia directa contra las instituciones. Hoy, sin embargo, lo que nos encontramos son diferentes golpes a la democracia y a los derechos ciudadanos, llevados a cabo desde el poder y salvando la legalidad, al menos en apariencia. Nos encontramos con un golpe al derecho universal y gratuito a la sanidad, a la educación, un golpe al derecho a la vivienda, a las pensiones y a todo el sistema de protección social 

Pero la ciudadanía, en los dos últimos años, ha incrementado su indignación expresándose en multitud de movilizaciones protagonizadas por movimientos como el 15M, 25S, stop desahucios, y diversas plataformas o grupos que han ido gestándose por problemas concretos (corralas, afectados por las preferentes, etc.) o al calor de los mismos, como el mismo Frente Cívico Somos Mayoría, en lo que es un constante proceso de empoderamiento de la ciudadanía. También organizaciones sociales y sindicales alejadas del control de los aparatos de  los partidos y conectadas con la indignación de los de abajo, han apoyado y continúan demandando la dignidad del ser humano frente a la reducción como mera mercancía que el capital y los mercados imponen, exigiendo la subordinación de la economía a las necesidades del ser humano y su medio natural.

Y todos los movimientos, todas las mareas ciudadanas, han conseguido confluir en esta significativa fecha para manifestarse en todo el territorio rechazando los golpes de Estado a la democracia, a la soberanía popular y a los derechos ciudadanos. Resumiendo y generalizando las exigencias principales:

1º.- La dignidad del ser humano como fundamento inalienable y la democracia como expresión de su soberanía. Esto necesariamente tiene como consecuencia la apertura de un proceso constituyente, el replanteamiento de la forma de Estado y el modelo territorial, y  la modificación de la ley electoral.

2º.- El rechazo de las políticas impuestas por los mercados y la troika (CE, FMI, BCE), y el control democrático de las decisiones en materia económica. Impago de la deuda ilegítima.

3º.- La defensa del Estado del bienestar y los servicios públicos y de calidad frente a la privatización y su control por los mercados. Incremento de las políticas de protección social, incluyendo el derecho a la vivienda, incorporando medidas como la dación por pago.

4º.- Una banca pública de contenido ético y social. La ciudadanía no tiene que hacerse cargo del saneamiento de los bancos con inyecciones de fondos públicos.

5º.- La democratización del poder político y de los partidos políticos. El fin de los privilegios de la clase política, la corrupción y el tráfico de influencias entre banca, empresas y política.