2013: un año de desesperanza si los pueblos no consiguen doblegar la voluntad de los gobernantes.

                                                                    

ASÍ ES COMO SE CONSIGUE SER LA TERCERA PERSONA MÁS RICA DEL MUNDO. Adquirir una prenda de ropa de las marcas del grupo Inditex que se haya confeccionado en Marruecos supone refrendar un sistema de producción en el que las trabajadoras acumulan hasta 65 horas a la semana detrás de una máquina para cobrar un salario de 178,72 euros mensuales, condiciones laborales que las mantienen «viviendo en situación de pobreza» mientras el fundador del imperio textil, Amancio Ortega, se consolida como la mayor fortuna de España.

A pesar de que el Gobierno anuncia que en el último trimestre podría detenerse la caída de la actividad económica, la realidad es que en  este año que comienza no habrá brotes verdes por ningún lado, al menos no para los pueblos del Estado.  Y lo digo bien claro: pueblos del Estado. Porque no me cabe duda que el sector financiero y el económico ligado a la exportación podrán ver incrementados sus beneficios, pero no son pueblo. No son pueblo porque el capital no se identifica con ninguna cultura, con ningún ser humano habite donde habite, pertenezca al país que pertenezca. Para el capital, todo ser humano es potencial fuerza de trabajo a la que poder explotar, aquí, allá y acullá. El Estado nacional es un instrumento a su servicio, un instrumento para la defensa de sus intereses donde estos se encuentren. Así ha sido desde la constitución de los Estados nacionales. Lo sectores hegemónicos de la burguesía han podido replantear, en ocasiones, el modelo de Estado en función de las conveniencias que como sector social más le interesaba y apoyándose, para conseguir sus objetivos, en supuestas ventajas para los pueblos que pretendían aglutinar en la estructura de ese Estado. En rigor, para el capital, la patria no es más que el Estado que mejor defiende la generación continua de plusvalías que incrementen su poder económico. Así, sus capitales circularán por todo el mundo, invertirán en aquellos países donde más fácil resulte la explotación de trabajadores/as, especularán con activos financieros procedan de donde procedan, pagarán impuestos donde más ventajas le proporcionen y evadirán sus capitales hacia paraísos fiscales de cualquier continente. El modelo de Estado que sostendrán será siempre aquél que mantenga esos intereses y esa situación privilegiada como clase social.

Sin embargo, la realidad para la clases populares ha sido y es otra diferente. Marx dijo que los obreros no tienen patria. En efecto, quien nada posee salvo su fuerza de trabajo, ¿qué puede decir que es suyo? En tanto que poseedor de su fuerza de trabajo, necesita venderla al capitalista a cambio del salario que le proporcione los medios de subsistencia. Y tal cosa hará independientemente del país que se trate. Pero lo que no se puede negar, ni Marx negó, es la defensa de la cultura, de la tierra y los elementos simbólicos bajo los que ese trabajador/a ha adquirido la identidad como persona. Esa es la raíz necesaria de la que se nutre cualquier ser humano. Y la identidad social compartida por el grupo es lo que configura lo que denominamos pueblo.

Frente a quien quiere hacer del ser humano una mercancía más, una mercancía productora de riqueza, surge el derecho del pueblo a constituirse como tal, a dotarse de los instrumentos políticos que salvaguarden su condición de personas y de pueblo, a exigir el derecho de autodeterminación. Por eso, en la actualidad, cuando el capital ha franqueado todas las barreras humanas, sociales y nacionales, sumiendo en el paro y la pobreza a millones de ciudadanos/as del Estado español, la reclamación del derecho de autodeterminación y de otro modelo de Estado, es la reclamación de un patriotismo humano.

Las soflamas sobre la unidad nacional y patrañas similares que los patrioteros alientan, y cuyo papel tan bien representa la Monarquía, esconden los intereses de los sectores económicos dominantes que necesitan de una estructura estatal que mantenga su dominio, su poder de explotación por los pueblos del Estado, a la vez que defiende sus intereses económicos y privilegios en cualquier país del mundo. Para ellos no hay más patria que sus negocios. Y que lo brotes verdes continúen instalados en ellos. Así sucederá en este 2013… si los pueblos no lo impiden.

El frente cívico Somos Mayoría es una esperanza para el empoderamiento de la ciudadanía.

                                                                                  

Desde que J. Anguita lanzara la propuesta de constituir un foro cívico que aglutinase a la ciudadanía indignada, allá por el mes de julio, su crecimiento ha sido impresionante en prácticamente todas las provincias, constituyéndose numerosas asambleas en localidades y comarcas. Hay, sin duda, varios elementos que más allá de la personalidad, de los valores y honestidad moral del promotor, hacen atractivo el proyecto.

El llamamiento de Anguita y la extensión del movimiento se ha producido sobre la base de un clima social y una opinión pública que se siente indignada con la clase política y las élites económicas en general. En este sentido, esa misma opinión pública es la que ha apoyado o mostrado su acuerdo con las movilizaciones del 15M o el 25S Rodea el Congreso. Estrictamente hablando, no es una opinión pública identificada con ninguna opción política; incluida el sector de ella que ha participado en las movilizaciones contra las políticas de austeridad de los gobiernos PSOE y PP. De entre este sector, y también de  personas más proclives a posiciones de izquierda que hoy no se sienten representadas por ninguna de las opciones que se reivindican como tales, han surgido en buena medida las afiliaciones al frente cívico, 

Pero la propuesta del frente cívico no se circunscribe sólo a quienes ya de entrada se etiquetan de izquierdas. Es una llamada a ese 70 % de personas que empiezan a comprender que la mayoría de la población es considerada como mera mercancía en manos del capital (financieros y empresarios) y la clase política. Es decir, que ha comprendido que la sociedad civil es sólo un instrumento de los poderes económicos y del Estado. Y ese llamamiento no lo es para reclamar una ideología, un pensamiento político determinado, ni tampoco espera ningún privilegiado destinatario del mensaje al que la historia reservaría el papel de ponerlo  en práctica. Se trata de esa amplia mayoría social que, independientemente de sus identificaciones políticas, quiere la dignidad del ser humano por encima de los intereses económicos y políticos de las clases dominantes; que la economía y la política se pongan al servicio de las necesidades del ser humano, de su dignidad y de su bienestar. Ese discurso puede parecer más próximo a unas fuerzas políticas que a otras, pero a todas las supera. Porque no se define de ningún color político, sino que trata de buscar el acuerdo ciudadano en torno a los puntos básicos que puedan hacer realidad esas demandas.

Observamos hoy con estupor cómo sectores minoritarios de la población pueden imponer criterios e intereses a través de sus organizaciones y lobbies: banqueros, empresarios, obispos, etc. negocian directamente las políticas que los gobiernos deben seguir. ¿Por qué la mayoría social, por qué la ciudadanía no puede contar con los instrumentos de intervención política para imponer sus propios criterios? Ese es, precisamente, el empoderamiento ciudadano que desde el foro cívico se construye. Por tanto, aunque no es un partido político, sí se trata de una organización para intervenir en política, para que la democracia sea autogobierno del pueblo y sea el pueblo quien decida su futuro.

En Latinoamérica, varios países han mostrado que el empoderamiento ciudadano es posible, que la democracia puede representar a la mayoría frente a los poderes fácticos, que el pueblo puede alcanzar el poder y tomar sus propias decisiones sin neocolonialismos ni fuerzas extranjeras que lo impidan. Y ha sido un proceso en el que los programas políticos se han situado por encima de doctrinas y etiquetas ideológicas. El objetivo: superar el capitalismo, acabar con la explotación del ser humano, recuperar la cultura y dignidad como pueblo.

Este proceso también es posible en el Estado español.  Antes que nada, se exige prescindir de cualquier prejuicio ideológico y definir las propuestas programáticas que conduzcan a tal liberación. La estructura organizativa del foro cívico también tendrá que ser radicalmente democrática, de manera que no sea posible la reproducción endogámica de los aparatos, como sucede en los partidos políticos (causa de la persistencia de la llamada clase política). Yendo aun más lejos, el foro cívico Somos Mayoría está llamado a ser la estructura organizativa que aglutine a cualquier fuerza social o política que aspire a otro modelo de sociedad. Con el incremento de su fuerza, los partidos políticos y las fuerzas sociales, desprestigiadas y carentes de credibilidad ante buena parte de la ciudadanía, si quieren apostar aún por que sea la ciudadanía la protagonista de su futuro, tendrán que aceptar las propuestas aglutinadoras del foro.

Anguita lanzó la idea y es un referente conocido. De otros personajes públicos, de indudable talla moral, también se espera que den ese paso. Algunos ya lo están haciendo y, por supuesto, también muchos hombres y mujeres, aquellos para quienes el interés propio o el poder no representan nada ante el objetivo de una nueva sociedad, una sociedad que acabe con el dominio de las élites económicas y sociales, con el capitalismo, con el modelo desarrollista, y abra por fin una nueva época de hombres y mujeres libres, dueños de sí y de su futuro.

Las élites económico-políticas e ideológicas, y el ministro Wert como paladín, pretenden debilitar los saberes filosóficos de la enseñanza para impedir cualquier atisbo crítico en la ciudadanía.

No es el primer intento de normativizar el pensamiento único. Con Gobiernos anteriores también se intentó. Pero forzados por la contestación, el anterior secretario de Educación en el primer Gobierno presidido por Zapatero, Alejandro Tiana, tuvo que ceder y mantener la presencia de los saberes filosóficos en la enseñanza. Ahora, el Gobierno del PP y su ministro I. Wert vuelven a intentar reducir la presencia de dichos saberes en un 66 %, eliminando la Educación ético-cívica de 4º de ESO y dejando como optativa la Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato. En el borrador de la LOMCE, el saber filosófico como materia común, queda reducido a Filosofía y ciudadanía de 1º de bachillerato.

En un artículo anterior (véase 11-6-12) explicaba cómo la Educación en Europa y en el Estado español, tras los Acuerdos de Lisboa del año 2000 y el plan de Bolonia, se estaba diseñando para cubrir las actuales necesidades del sistema productivo. Pero en el caso español, además, tenemos que sufrir la excepcionalidad de una Ilustración insuficiente que no consiguió superar la presencia de la Iglesia católica en el ámbito del Estado. Al dominio del nacional-catolicismo durante la dictadura, le ha seguido un período marcado por el Concordato que le otorga a la Iglesia católica situaciones de privilegio invadiendo competencias del ámbito público, de los derechos y obligaciones necesarios para regular la vida en común y que son compartidos por toda la ciudadanía. Este ámbito excluye, necesariamente, lo que responde a creencias personales, como son las religiones.

Ambas cuestiones se complementan en la Educación, y más en el borrador de la LOMCE, para conseguir disminuir el sujeto moralmente autónomo que pueda observar la realidad desde la perspectiva crítica que en consecuencia le corresponde. Lo que persigue la LOMCE es seres particulares, microsubjetividades, moralmente heterónomas y alienadas que funcionen como meras mercancías, fuerza de trabajo, al servicio del capital, de los intereses de la oligarquía financiero-empresarial y política. Para ello se fortalece la presencia de la Religión, con su pretensión de colocar fuera del propio ser humano los fines morales (heteronomía), ubicando su realización en un supuesto más allá, a la vez que se hacen desaparecer las asignaturas relacionadas con la dimensión más propiamente humana, aquellas en las que la humanidad es tomada como fin en sí mismo. Nos referimos a la música, a los saberes filosóficos y, también, a los mayores logros que en el terreno del saber científico el ser humano ha podido alcanzar en estos últimos siglos, aunque no siempre con el uso moral adecuado a los fines esenciales del ser humano. Además de las asignaturas de Filosofía y de la Música, también Ciencias del Mundo Contemporáneo desaparece del currículum del bachillerato.

El saber filosófico, desde que surge en la Grecia clásica, estuvo alimentado por dos grandes objetivos: pasión por la verdad y la búsqueda de la felicidad. El análisis y la reflexión teórico-práctica que desde él se formulaba se han enfrentado a una realidad mixtificada a la que, inevitablemente, tenía que interrogar. Frente a esa realidad que se impone y cosifica diluyendo al individuo como mera particularidad heterónoma, el lema kantiano de ¡sapere aude! (¡ten valor de servirte de tu propio entendimiento!) ha sido una incomodidad para el poder establecido, para las élites que han ocupado el lugar privilegiado en las estructuras económicos-sociales y políticas que la sociedad ha configurado en nuestra contemporaneidad. Situar hoy la centralidad del ser humano, de su dignidad, frente al dominio tecnológico y del sistema productivo y el hombre unidimensional resultante (como denunciara Marcuse en los 60 del siglo pasado) conlleva recuperar en un primer plano las preguntas que de él brotan y a él se dirigen en última instancia. Ese es el peligro que las autoridades políticas quieren evitar: que se empiece desde la adolescencia a estimular la reflexión y el interrogante sobre lo que somos o lo que queremos ser, el peligro de ser autónomos, individuos críticos que puedan pensar por sí mismo utilizando la razón.

La ideología de las oportunidades y la incorporación al mercado laboral esconde una realidad más profunda: el capital absorbe fuerza de trabajo, la que necesita; y cuando no le hace falta, la expulsa.

                                                                              

El paro sigue aumentando a la par que la crisis continúa. Y si no hay una reacción social que imponga cambios radicales (salida de la eurozona, empoderamiento de la ciudadanía  supeditando la economía a sus necesidades, formas de democracia directa y deliberativa…), superaremos con creces los 6 millones de parados, y en Andalucía más del 35 % de la población activa en paro. Entre los colectivos más castigados se encuentran los jóvenes, mujeres, inmigrantes y las clásicas minorías marginadas.

En las últimas décadas la ideología dominante ha venido insistiendo en que el sistema garantizaba la igualdad de oportunidades y que el acceso al mercado laboral dependía de la formación adecuada de quien a él optaba. Aún hoy día se insiste en ello. Sin duda, tratan de presentar un criterio de justicia que no deslegitime el sistema, ya ampliamente cuestionado. Pero la realidad es muy diferente a como pretenden hacernos ver.

El capital absorbe fuerza de trabajo para sus necesidades de producción de plusvalor. Y en las fases ascendentes del ciclo económico, el sistema productivo explota la fuerza de trabajo que necesita independientemente de la condición de la misma: mujer u hombre, tenga la piel blanca o negra, sea joven o mayor. Lo único que le interesa es que se adapte a las necesidades funcionales del sector de que se trate y que las condiciones de trabajo sean las más favorables para que la tasa de explotación sea mayor. Por su parte, el trabajador/a asalariado, aprovechando las necesidades de fuerza de trabajo por el capital, presionará para que esas condiciones sean lo más elevadas posibles y se inclinarán hacia los trabajos mejor pagados. Si la presión es elevada y la fuerza de trabajo disponible es renuente a someterse a salarios y jornada de trabajo en determinadas condiciones de explotación, entonces la demanda se vuelve hacia donde esta abunda y pueda aceptar esas condiciones: inmigrantes, jóvenes y mujeres. Pero cuando llega la fase descendentes del ciclo, situación que vivimos desde el 2008, y las necesidades de fuerza de trabajo caen en picado, se expulsa la fuerza de trabajo independientemente de quien sea la persona agraviada y la situación social, familiar o psicológica en que se encuentra.

El poder político que gestiona los intereses del capital toma las medidas adecuadas para facilitar el proceso. Las reformas del mercado laboral, las tomadas por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, tienden a facilitar el despido abaratando costes y precarizando el empleo para que se acomode mejor a las fluctuaciones en el sistema productivo. De esta forma, las empresas capitalistas expulsan la fuerza de trabajo que no necesitan, sustituyen por otra más barata y en condiciones de tal precariedad que estos trabajadores/as no puedan exigir una relación laboral más digna. Este proceso en marcha ha llevado a que, por ejemplo, los denominados “costes laborales” hayan caído un 10 % mientras que la productividad ha aumentado un 4 % desde que empezó la crisis, lo cual se traduce en el incremento de los beneficios empresariales; beneficios que ya han superado a los ingresos salariales en la distribución de la renta. Sólo en el último año, los asalariados habrían perdido 26.000 millones de euros mientras que los empresarios se han incrementado en 12.000 millones de euros. Y todo ello, colocando al 30 % de la población ocupada en trabajadores en situación de pobreza (tras Rumanía y Grecia, somos el tercer país con el mayor índice de trabajadores en hogares pobres).

Para esta ofensiva del capital (financiero y productivo) contra la población trabajadora (y que ha contado con la colaboración de la clase política que los representa y a la que pertenecen) la patronal de los empresarios, la CEOE, y su anterior presidente como paradigma (hoy en la cárcel), con su maquinaria de 35.000 liberados (8,5 más de los que tiene los sindicatos) y los medios de información y persuasión que propagan el discurso neoliberal en el que se apoyan, han tratado de arrastrar al conjunto empresarial en esta ofensiva, insistiendo en la conveniencia de abaratar el despido, precarizar las condiciones de contratación y prolongar la jornada de trabajo. Es decir, que el lucro y la avaricia personal no encuentren obstáculo legal alguno (moral no lo han tenido nunca) en el incremento de la tasa de explotación. El resultado es que el monstruo acaba devorando a sus hijos. Porque si disminuye la población con trabajo y la capacidad adquisitiva de los salarios, cae la demanda. Y con ella, las propias empresas.

Y todavía hay quien dice que Marx ha muerto.  

Plutocracia o aristodemocracia. Tribulaciones de un profesor al explicar en clase el orden moral y la política en Platón.

                                                                               

En la filosofía de Platón ocupa un lugar central una obra de su madurez en la que está contenido lo fundamental de su pensamiento y la dimensión práctica del mismo: la República. En ella expone Platón todo su filosofía, pero es, sin duda, la justicia el tema que le interesaba en este magno estudio. Por eso, parte de sus textos suelen ser de lectura obligatoria entre el alumnado de bachillerato, así como esta obra en su conjunto lo es para el alumnado de la facultad de Filosofía.

Cuando en estos días andamos explicando la filosofía de Platón, y más en concreto, el orden moral y político que propone como modelo de sociedad, necesariamente tenemos que hablar de la justicia en el Estado. Es bien sabido que para suscitar el interés del alumnado, los profesores/as utilizamos referencias actuales que inciten a la contrastación y al debate. En mi caso, la primeras preguntas que suelo hacer en clase, respecto al tema que comento, es la del porqué tiene que haber Estado y dónde reside la legitimidad del mismo. Y nos introducimos en las propuestas de Platón: el Estado tiene como función promover la virtud y la justicia, tanto individualmente como socialmente, y es una condición necesaria para que los ciudadanos/as puedan conseguirse una vida feliz. 

Tras el debate, ya es imposible sustraerse a la crítica de nuestro presente: el fin moral del Estado no existe y este no es más que un simple aparato de poder al servicio de minoritarios sectores de población, sectores económicos y financieros que, además, intervienen o utilizan la representación política para incrementar sus privilegios. Pero la crítica no se agota en la función del Estado. En la división funcional que Platón establecía para el modelo de sociedad, asignaba a los sabios, condición que se alcanzaba tras un largo proceso educativo, el ejercicio de la dirección de la sociedad. Pero para este grupo social, como para los guardianes, Platón incluye también otras medidas de carácter moral para impedir el egoísmo, el lucro personal y la corrupción que puede acompañar el ejercicio del poder: quedan excluidos de las ventajas económicas (1) que pueden disponer otros grupos sociales, como es el de los productores. El poder social y político de los gobernantes, por tanto, se justifica y adquiere legitimidad en el hecho de ser los más dotados (2) para el ejercicio del mismo.

Entonces, mano alzada, la voz inconformista pregunta cómo es posible que en nuestra sociedad no aparezcan los mejores, cómo es posible que sea la oligarquía, que se esconde tras el eufemismo de los mercados, quien ostente el poder global, cómo es posible el poder político actúe movido por intereses económicos. Es cierto, no son las personas que con esfuerzo han alcanzado la formación adecuada, las que tienen la altura moral y humana para promover la virtud y la justicia, las que hoy nos dirigen, sino una decadente clase política que se mantiene a sí misma en un sistema social que favorece a una minoría privilegiada.

Sí, en efecto, la aristodemocracia, las mejores personas para la dirección de la sociedad y la función pedagógica que les corresponde, como también señalara Blas Infante, las que el propio pueblo reconoce entre ellas, se encuentran sustituidas por una plutocracia, por un gobierno de los ricos. ¿Hablamos de política? No, estábamos hablando de Platón.




(1) En concreto, Platón propone que ni puedan acceder a la propiedad privada ni constituir familia propia.

(2) Los sabios o filósofos.

Épocas kitra y épocas kali. La decadencia de la clase política exige la responsabilidad de personalidades de altura moral. Julio Anguita asume el compromiso.

                                                                           

                                                                             

Ortega y Gasset, admirable filósofo de la primera mitad del siglo XX, escribió numerosos ensayos y artículos que contienen una gran carga profética, y que, a día de hoy, no dejan de sorprendernos. En varias de sus obras escribió acerca de la relación entre minorías selectas y masas. Entre ellas, en “España invertebrada”, que inicialmente se publicó como una serie de artículos en el diario el “El Sol” y en “La rebelión de las masas”.

Puede no compartirse con Ortega el análisis que efectúa sobre el papel de las minorías en la formación del Estado español y la ausencia de las mismas en buena parte de su historia. También resulta bastante dudosa la caracterización y composición de esas minorías selectas que tendrían que ejercer la función rectora de la sociedad en todos sus ámbitos; lo cual no impide que se reconozca la importancia y presencia social de los mejores, ciertamente escasa en nuestra historia reciente, y de su influencia relativa (1). Pero lo que es innegable es que el par opuesto que configuraría la estructura de toda sociedad, las masas, han impuesto su dominio por doquier. Ortega ya lo anunció en los años veinte; pero el mismo ha sido una realidad durante los años de la dictadura y el franquismo sociológico que perdura en nuestros días aún con otras formas de gobernanza política.

La masificación de la sociedad, y la imposición de criterios, gustos y caprichos del autosatisfecho hombre masa, no dejan resquicio social sometido a ellos. Todos los ámbitos de la cultura, los medios de comunicación, la ciencia y las actividades profesionales, la economía y la política quedan subsumidos a esa innegable realidad. Y también con ella, las costumbres y la moral. En el conjunto del Estado, como dice Ortega, “ha triunfado el más chabacano aburguesamiento. Lo mismo en las clases elevadas que en las ínfimas… y la masa de los torpes aplasta cualquier intento de mayor firmeza”. A ese estado social han sucumbido la organizaciones surgidas de todas las clases y grupos sociales: partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, etc. El hombre masa, que Ortega describía como el señorito satisfecho, el niño mimado, el bárbaro primitivo o el especialista científico, tiende a imponer dirigentes salidos de su seno que reproducen los mismos esquemas de bajo nivel de moralidad; es decir, políticos que no son más que una prolongación de las masas en la dirigencia política de la sociedad. Por eso, a pesar del incumplimiento de promesas, de las corruptelas, nepotismo y redes clientelares en que incurren durante su gestión, los mismos profesionales de la política continúan insistentemente en el poder, el partidario y el representativo, a pesar de los sucesivos procesos electorales a los que se someten. Pero además, el desarrollo del capitalismo y de la crisis sistémica que padecemos, actúa como correlato del dominio de las masas y la decadencia de la clase política; y sus raíces se hunden en los inicios de la Modernidad y la extensión del cosificado programa racionalista por la vieja Europa.

Ortega creía, a propósito de la distinción en los purana indios de la sucesión de épocas de esplendor (kitra), donde la sociedad estaría dirigida por los mejores, y de épocas decadencia (kali), que el final de la época de decadencia que se vivía en el Estado español podría estar próxima. Pero las minorías calificadas continuaron sin aparecer con fuerza en el escenario social y, en consecuencia, tampoco en el escenario político. Sin embargo, esa tónica general no ha impedido que desde determinados grupos y movimientos, hoy, empiece a cuestionarse el sistema social a la vez que se aprecia la condición subjetiva de hombres y mujeres que por empeño personal, esfuerzo y exigencia, altura moral y carencia de interés, aparezcan como modelos a los que seguir.

Y en esa realidad emergente en que se reconoce y erige a los mejores para el ejercicio la función directora de la sociedad, a personalidades honestas y de integridad personal que ni se dejan arrastrar por lo fácil ni seducir por aquello a que los humanos deseos tienden, surgen personas de altura moral y de integridad personal, honestas y sabias, con dotes especiales para el ejercicio de la política, con formado juicio político sobre los asuntos públicos, como  la figura política de Julio Anguita. Hoy es un referente y catalizador de las minorías que se desligan de la imposición de la masa. Si su ejemplo, el modelo que transmite, se extiende a partir de movimientos como el 15M, 25S, foros cívicos, mesas, etc., podemos estar ante una nueva concepción del quehacer político dirigidos por los mejores hombres y mujeres para la constitución de un nuevos sistema social, una nueva democracia (2). Entonces las masas, la tiranía que ejercen (y la clase la clase política es parte de ella), cederán su lugar a pueblos libres dirigidos hacia el fin moral que legitima la existencia del poder político; es decir, que las circunstancias económicas, sociales y culturales permitan que vida y la libertad sean una realidad sentida y decidida, con autenticidad, en cada individuo y en cada pueblo.

1.- En los próximos días publicaré un estudio sobre el concepto orteguiano de “minoría” en el blog http://perspectivaslibertarias.blogspot.com/

2.- Entre esas personalidades a las que se reclama que ocupen la dirección política de la sociedad, se podría mencionar una larga lista que surgida desde ámbitos diferentes como la economía crítica, la ciencia, el sindicalismo, la banca ética, el cooperativismo, la economía social, la politología, la filosofía, etc. une la misma visión integral del ser humano y de la sociedad que nuestro tiempo necesita. Tal vez otro día se den algunos nombres imprescindibles.

Presupuestos de Andalucía para el 2013: un planteamiento de inicio que se queda en los mismos esquemas de las políticas planteadas por la troika (CE, BCE, FMI).

                                                                             

                                                                             

La capacidad de una comunidad autónoma para decidir políticas soberanas siempre está limitada legalmente por lo aprobado en el parlamento del Estado. Pero también, no debe olvidarse, el parlamento y el Gobierno están obligados a cumplir el ordenamiento jurídico de rango superior como es la Constitución y los estatutos de autonomía. No olvidemos que el Gobierno central se niega a aplicar la disposición 3ª del Estatuto, que obliga al Estado a invertir en función de la población, lo que supondría para Andalucía recibir 3.400 millones de deuda acumulada.  Y además, en última instancia, es el pueblo el soberano; y su voz no puede dejar de escucharse, se exprese con las formas que la democracia permite o, también, con la representación formal del mismo en el parlamento andaluz.

Dicho esto, nos encontramos con un proyecto de presupuestos reducido en cuantiosas partidas para atenerse a los objetivos del déficit impuestos desde el Gobierno central. Estos objetivos obedecen a las políticas diseñadas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional) y aceptadas por los partidos mayoritarios (PP, PSOE) aunque surjan matices en cuanto a la definición de los objetivos por comunidades autónomas; perjudiciales para Andalucía en este caso.

Pero además, el ajuste presupuestario se encuentra aún condicionado al haber acudido al fondo de liquidez de las comunidades autónomas (FLA), del que se recibió la cantidad de 2.133 millones de euros. Por tanto, el margen de maniobra para quien se proponga una política alternativa al diseño neoliberal, prácticamente no existe.

Hoy, Andalucía, con el nivel de paro existente (cerca de 1.500.000 personas en paro, con una tasa del 35,4 %), con cientos de miles de familias bajo el umbral de la pobreza, con el drama de los desahucios a diario, con la actividad económica en descenso y el cierre de pequeñas empresas, lo que se necesita en por encima de cualquier otra medida de carácter económico, es una banca pública que dinamice la actividad. Una banca sostenida con recursos de la Junta de Andalucía, que atraiga el dinero público y privado de la comunidad, el que cotidianamente se gestiona y los ahorros. Una banca fuerte que pueda mover el crédito en la economía familiar y en las empresas, en los autónomos, en la agricultura, etc., ese dinero que el sector privado niega pero que sí invierte en la especulación financiera. Pero además, se necesita rebelarse frente a cualquier imposición central apelando al pueblo; apelando al espíritu del 4 de diciembre en el que el pueblo andaluz reclamó su soberanía. Esa es la resistencia que puede hacer de los andaluces/as que seamos lo que fuimos, y no unas marionetas de Bruselas o Madrid.

Todavía no conocemos en profundidad las diferentes partidas y aún queda el trámite parlamentario para introducir mejoras, pero lo que se puede ver en el proyecto no me gusta. Ni me gustan los recortes en general ni dónde se van a aplicar en particular, ni la partida destinada al pago de la deuda (más de 3.500 millones de euros, 1.000 de ellos sólo para intereses), consecuencia de las leyes de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera así como de la reforma de la Constitución (art. 135), aprobadas por el PP y el PSOE, y que obligan prioritariamente al pago de la deuda. En estas condiciones, si no se es capaz de conseguir nuevos ingresos y una distribución diferente de los mismos, este proyecto de presupuestos nace para proseguir la senda de crisis que se viene marcando desde el Gobierno central, siguiendo las instrucciones de Bruselas, y que hundirá un poco más la ya difícil situación de Andalucía.