Las movilizaciones del “25 S Rodea el Congreso” y la represión gubernamental ponen de manifiesto la gran quiebra del consenso constitucional. Hoy, aunque no lo sufrimos igual, somos muchas las personas que nos sentimos como tú, Ángel.

                                                                               

Es probable que muchas personas, pertenecientes al 25 % de la población española que vivió y pudo participar en los acontecimientos que rodearon la transición y desembocaron en la aprobación de la Constitución, se sientan con motivos y argumentos para defender el orden económico, social y político surgido de ella. Pero lo cierto es que una gran mayoría (75 % restante) no tiene por qué sentirse identificada. O tal vez sí. Pero habría que preguntarles. Mejor dicho, habría que dejarles ser protagonistas de un proceso similar; es decir, de un proceso constituyente en el que pudieran decidir sobre las mismas cuestiones que antes se decidieron. Cualquier otra consideración no es más que una fuga hacia delante de corte autoritario.

Y eso es lo que se vivió en la jornada del 25S. Cuando a la demanda de apertura de un proceso constituyente y la crítica a unos representantes políticos, elegidos en un sistema cuestionado por ser insuficientemente participativo y, por tanto, democrático, se reduce a la llana y pura represión, la quiebra entre la clase política y el Estado con un sector cada vez más amplio de la sociedad, nos sume en una crisis más profunda que  la crisis económica. Porque ahora de lo que hablamos es de una crisis moral y política.

La respuesta del Gobierno, de las fuerzas políticas que sostienen este modelo de Estado, ha consistido en un juego de guerra contra la más poderosa de todas las armas: la fuerza de razón. Frente a ella, han opuesto la razón de la fuerza. Y para ejecutarla, los estrategas de la guerra urdieron el plan: nos infiltramos entre los pacíficos manifestantes, incitamos a la violencia, provocamos y hostigamos a las fuerzas de orden público, y ya tienen las autoridades la excusa para ordenar la represión, el desalojo violento de los manifestantes de los alrededores del Congreso.

Pero se equivocan si con eso creen que ha ganado el actual modelo de Estado. Porque a ojos del mundo y de los cada vez menos crédulos ciudadanos/as del Estado español, han mostrado su verdadera faz, que es el ejercicio del poder bajo cualquier forma; en este caso, la más cruda, la que lo constituye en esencia: la violencia directa e indiscriminada contra el pueblo.

Porque, en efecto era una parte del pueblo la que pacíficamente se manifestaba. Desde que que anunciaron las movilizaciones, con sobrados argumentos para llevar al Congreso su protesta, el Gobierno y las principales fuerzas políticas iniciaron una calumniosa campaña de descrédito contra los promotores. Era la señal de que, carentes de argumentos, sólo les quedaba el recurso a la violencia, la represión de las movilizaciones.

Pero a la razón no se le puede vencer así. Gandhi murió asesinado por la irracionalidad de quien quiere imponer a toda costa sus criterios; nuestro compañero Ángel, sí nuestro, se encuentra gravemente herido, pero nosotros seguimos pensando que el pueblo tiene derecho a decidir su futuro y que una casta de privilegiados no pueden arrogarse el poder a perpetuidad. Podrán ampararse en el actual orden constitucional para mantenerse, persuadir con el control absoluto de los medios de comunicación y apoyarse en la violencia del Estado, pero nunca tendrán razón. Porque la soberanía reside en el pueblo y es al pueblo a quien compete, en un marco de plenas libertades, decidir sobre las normas que regulen la vida en sociedad. Es decir, es el pueblo, en condiciones de libertad, quien tiene que participar y decidir en un proceso constituyente cómo quiere organizar su vida, qué modelo de sociedad y qué Estado.

Las razones de Gandhi, las razones de Ángel, seguirán siendo más poderosas que toda la violencia que puedan oponer frente a ellas. Ángel, hoy nos sentimos indignados y sufrimos contigo, pero una cosa deben saber: nunca nos vencerán. Dicen que a los sueños no se les puede derrotar, pero nosotros añadimos: ni a los que viven y piensan, porque somos mayoría.

Hay que abrir un proceso constituyente porque la sociedad, diferente de la que vivió la transición, tiene el derecho a opinar y decidir sobre el futuro.

                                                                              

Durante los últimos años de la dictadura se fue gestando una paulatina pérdida de apoyos, por parte de la clase dominante, al moribundo régimen a la vez que se intensificaba la oposición popular en favor de las libertades y la democracia. Una parte de la burguesía, el sector social en el que se había basado la dictadura de Franco, entendió que, para perpetuar una situación acorde a sus intereses económicos y socialmente estable, era necesario pactar con la oposición un modelo de democracia que estuviese homologado en Europa. La oposición democrática, por su parte, aunque iba paulatinamente ganando implantación en la sociedad, no conseguía la presencia mayoritaria necesaria para imponer el modelo rupturista que algunas fuerzas políticas propugnaban.

En aquel contexto, la negociación fue hábilmente dirigida por los aperturistas del régimen negociando con fuerzas políticas de la oposición y anteponiéndose a que las fuerzas populares y representativas de las clases trabajadoras adquiriesen mayor protagonismo e impusieran las tesis de la ruptura democrática con la dictadura. Finalmente, los partidos de izquierda entraron en la negociación y aceptaron el modelo de transición, que no era más que el resultado de la correlación de fuerzas existentes en ese momento. La hegemonía social de la burguesía y de las fuerzas provenientes del franquismo dio lugar, con la vigilante tutela del ejército, a la imposición de la monarquía, al modelo territorial basado en las Autonomías, el Parlamento, la ley de Amnistía y la ley Electoral, la Constitución y el incipiente Estado del bienestar.

Las generaciones que vivieron y pudieron participar en aquellos acontecimientos, fueron las generaciones nacidas antes de los años 60. De esta manera podemos decir que la población española nacida después del 60, así como la nacionalizada procedente de otros países, son generaciones ajenas a aquel proceso de transición. Y esta población, a 2012, supone la mayoría del Estado español.

Ahora bien, la pregunta que nos hacemos hoy, es si lo que nació en una determinada relación de fuerzas y con una población que es minoritaria en la actualidad, conserva la legitimidad para mantenerse en el futuro. Esto es lo que precisamente se está cuestionando desde movimientos tan diversos como el movimiento 15-M, los nacionalismos periféricos, movimientos cívicos, sindicales y otros. Especialmente significativo han sido en las movilizaciones de jornaleros andaluces, del soberanismo catalán o las protestas sindicales en Madrid. En todas ellas podemos encontrar la insuficiencia del marco constitucional para dar la respuesta adecuada a las demandas sociales. Ni el modelo territorial que se reclama, ni el desarrollo del Estado de bienestar, la democracia participativa y el sistema electoral o la autonomía para tomar decisiones en materia económica, están debidamente garantizados en la Constitución; y ni el Estado ni los representantes de la soberanía popular muestran capacidad para ofrecer respuestas válidas a la población.

La monarquía, surgida desde el franquismo para darle continuidad al Estado, no fue sometida a referéndum popular, de manera que el pueblo no ha podido decidir entre otras formas de Estado. Así, por el carácter antidemocrático de la institución, por legitimarse en el propio franquismo y por los privilegios de que goza, también está siendo cuestionada por nuevas generaciones de ciudadanos/as y quienes ya no aceptan la imposición efectuada en el pasado.

Pero también la revisión de este pasado reciente se encuentra con obstáculos producto de la transición. Ni se puede recuperar la memoria de las víctimas del franquismo ni juzgar a los responsables de los delitos cometidos. La historia continúa siendo la historia de los vencedores de la Guerra Civil.

En este contexto, la apertura de un proceso constituyente se torna en una necesidad cada vez más sentida por la población. Así, diversos movimientos ciudadanos tienen convocados para el día 25 de septiembre diversas movilizaciones con este fin, pero que, sin duda, lo más llamativo es la concentración alrededor del Congreso para exigir el nuevo proceso constituyente. En definitiva, se trata de liberar la democracia de las limitaciones con las que nació y de las que ha ido adquiriendo a la sombra de lo poderes fácticos y las instituciones financieras de Europa.

El derecho de autodeterminación es un derecho legítimo. No se puede impedir con razones morales que un pueblo lo ejercite.

                                                                             

Cualquier Estado que no tienda a convertirse en una mera “administración de las cosas, y la más amplia libertad de las personas”, será un obstáculo para la emancipación de los pueblos y las personas. Como bien sabía Blas Infante, el Estado español era un instrumento de Europa y un obstáculo para la libertad del pueblo andaluz, y que los Estados (y las naciones) no son más que instrumentos que pudiendo ser necesarios en un momento histórico, pueden ser superados en otro. Para la emancipación del pueblo andaluz  (no para sí, sino por la Humanidad), sus recursos (la tierra) y la realización del ideal andaluz (enraizado en su cultura), en los años 30, pasaba por el Estado libre de Andalucía, que no era un fin, sino un instrumento necesario para romper con el asimilismo de la cultura europeo-castellana. Infante defendió la necesidad de que desde cada individuo, desde su conciencia, surgiera la aspiración del ideal en un proceso de revolución cultural  pacífico.

Conseguir hoy el autogobierno del pueblo andaluz terminando con siglos de subordinación y dependencia de poderes ajenos a nuestra tierra y a los intereses del pueblo, puede hacerse apostando por el mismo Estado libre que ya preconizara Infante, por un federalismo solidario o por otras fórmulas de autogestión. Pero en cualquier caso, es una decisión que sólo a la población andaluza compete hacerlo.

El modelo de sociedad europea, los Estados nacionales modernos, y el Estado español (todos responden a intereses de sectores privilegiados de la población), ¿son un obstáculo en la emancipación de los pueblos? Esta es la pregunta que tienen que hacerse los pueblos europeos y lo pueblos del Estado español. Y la estrategia hacia el ejercicio de la libertad puede pasar por el derecho de autodeterminación en cualquiera de sus formas. No es un camino fácil tras siglos de imposición ni se puede esperar la aceptación generalizada de la ruptura del marco simbólico bajo el que generaciones han vivido. Tampoco es previsible grandes consensos respecto al diseño de futuro que cada pueblo considere. Casi todos asumimos, por ejemplo, que el pueblo palestino se enfrente al Estado israelí y aspire a un Estado palestino; o que los saharauis pretendan un Estado propio frente al asimilismo marroquí. Pero lo que se entienda por emancipación, tendrán que decidirlo el propio pueblo. Seguramente diferiremos con las fuerzas políticas mayoritarias que representan a los palestinos (Hamás, Fatah, FPLP…); o con el Polisario en el caso saharaui, en muchas cosas; pero el debate (a veces, incomprensiblemente, de forma cruenta) tiene que organizarse entre ellos, y sólo ellos, como pueblo, pueden decidir si constituyen un Estado independiente o se organizan con otros criterios.

Pero, ¿qué sucede si el Estado, haya surgido en una época anterior o es hoy cuando aspira a proclamarse porque el pueblo lo demanda, tiene entre sus objetivos aumentar los privilegios de sus élites económicas y sociales, intereses expansionistas o antisolidarios? Cualquier persona o pueblo que pueda ver denigrada su dignidad, sus condiciones de vida como consecuencia de la acción o formación de un nuevo Estado, tiene la legitimidad y el deber de denunciarlo. Pero también debe impulsar el diálogo con el pueblo que reclama esa autodeterminación. Un diálogo con sentido; es decir, argumentativo, participativo, siguiendo los procedimientos y las condiciones a las que se someten los que participan en el diálogo; a saber: verdad, veracidad, inteligibilidad y corrección moral; que permita alcanzar acuerdos razonables y teniendo en cuenta los intereses de todos los afectados. En definitiva, un diálogo como el que propone la ética discursiva (Apel, Habermas).

Por otro lado, la realidad nos muestra que el ejercicio de la solidaridad, el reconocimiento de la dignidad del ser humano, no es posible sin enfrentamiento (pacífico, no violento) con quien lo obstaculiza. Y precisamente eso es lo que impide el modelo de construcción europea y los Estados nacionales. En este contexto, si un pueblo de la periferia peninsular decide la separación (u otra fórmula) del Estado español porque piensa que así podrá avanzar hacia otro modelo de sociedad donde se respete la dignidad humana y la diversidad cultural (lo 1º debe llevar a lo 2º), no existen razones con cierta legitimidad que se le puedan oponer. Podrán argüirse consideraciones de tipo pragmático, pero no razones de índole moral.

El ejercicio del derecho de autodeterminación, en condiciones en las que nadie, ningún otro ser humano, va ser perjudicado, corresponde al sujeto moral, el individuo que vive en ese pueblo, que se socializa en esa cultura, que en ella adquiere una identidad y desde la que tiene -y comparte- una visión del mundo, y desde la que decide cómo organizarse políticamente y, entonces, como sujeto político, es sólo a él a quien  compete pronunciarse. ¿Quién y cómo, con qué argumentos, puede negarle el ejercicio de ese derecho?

La salida de la Eurozona es una necesidad para que el futuro esté en nuestras manos. Con la errática política del Gobierno, nos hundimos en la crisis.

                                                                            

Mientras se saluda la próxima intervención del Banco Central Europeo en la compra de bonos como una gran noticia, casi nada se habla de las condiciones que la troika (CE, BCE, FMI) impondrá para que estas se materialicen. Las hemos comentado en alguna ocasión y no las vamos a repetir. Pero lo cierto es que esas condiciones vendrán reflejados en un Memorándum de Entendimiento que tendrá que firmar el Gobierno y que endurecerá aún más nuestras precarias condiciones de vida.

¿Es necesaria esa intervención del BCE? El Gobierno sostiene que con ello se reducirá la presión sobre la deuda (la prima de riesgo), bajará el interés de los bonos y facilitará el acceso a los mercados financieros. Y puede ser cierto. Pero lo que no aparece por ningún lado son los estudios serios que indiquen que el ajuste que nos van a imponer (condiciones reflejadas en el Memorándum) facilite la salida de la crisis. La reducción del gasto público limitará aun más la demanda. Y sin demanda y sin gasto público, el dinero que recibirán los bancos por la venta al Estado de los activos tóxicos (y que pagaremos los ciudadanos/as) en el llamado banco “malo”, se destinará a pagar a los bancos alemanes y franceses y a la especulación financiera.  Así de claro aparecía la información en los medios haciéndose eco de las palabras del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi:

(…)Draghi ha insistido en que no puede hablarse de “rescate blando” porque la compra de bonos estará sujeta a “estrictas condiciones”. El país beneficiario deberá pedir la activación del fondo de rescate de la UE y firmar un memorándum de entendimiento, cuyo cumplimiento será supervisado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con esto proseguimos encerrados en un bucle que se retroalimenta continuamente mientras la población se hunde más en las ya de por sí difíciles condiciones de vida. En líneas generales, el bucle seguiría el siguiente esquema:

1.- Recortes en gasto público, reducción de salarios y subida de impuestos = peor calidad de vida y menos consumo.

2.- Peor calidad de vida y menos consumo  = menos actividad económica y cierre de negocios.

3.- Menos actividad económica y cierre de negocios = más paro y menos recaudación del Estado.

4.- Más paro y menos recaudación del Estado = más déficit.

5.- Más déficit = vuelta al punto 1.

El próximo rescate será, sin duda, un buen balón de oxígeno para la banca alemana y francesa, pues una vez   saneada la banca española con dinero público, podrá devolverles el dinero que pidió prestado durante los años de la burbuja inmobiliaria. Pero no lo será para la ciudadanía, que verá progresivamente empeoradas sus condiciones de vida y trabajo. Y sin demanda interna, no hay salida a la crisis. En estas condiciones, lo más plausibe sería plantearse el abandono de la eurozona y volver a la peseta (u otra moneda). Se trataría de recuperar la soberanía en materia de política económica (hoy en manos de las instituciones europeas) y sobre el Banco de España, que se pudiera deslindar lo que es deuda ilegítima, renunciando a su pago, a la vez que se dispone de una banca pública. Entonces se podrán aplicar medidas de estímulo al crecimiento y la demanda desde la sostenibilidad y la responsabilidad, potenciando una economía circular a partir de los propios recursos.

Una política orientada a la banca, a los muy ricos, en detrimento de las clases populares.

Las noticias sobre medidas tomadas por el Gobierno que afectan a derechos y a las condiciones materiales de vida de las clases populares, se suceden con un ritmo de vértigo. No habíamos asimilado la fuerte subida del IVA porque su entrada en vigor no se ha producido hasta hoy, 1 de septiembre, y ya nos llegan nuevas y descorazonadoras noticias.

El IVA grava todos los productos independientemente del poder de compra que se posea. Lo mismo da que sea un banquero con ingresos de cientos de millones de euros que un inmigrante de los denominados “irregulares” o “sin papeles”: el producto objeto de compra vale lo mismo para ambos, y ambos pagan los mismos impuestos. Y ya que me he referido al “sin papeles”, comentaré la otra noticia que también hoy entra en vigor y que le afecta directamente: el Gobierno ha decidido excluirlos de la asistencia sanitaria gratuita. Por eso decíamos al principio que también nos llegan noticias sobre recortes de derechos. ¿No era la salud un derecho universal reconocido en la carta de derechos humanos? ¿No está en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, entre otros estatutos de comunidades autónomas? Pues sí; pero además, si la asistencia sanitaria se sufraga con los impuestos de todos, incluidos los que paga el “sin papeles”, es una flagrante discriminación y una agresión a los derechos humanos (y a los derechos fundamentales, los reconocidos en la Constitución) la que se produce con este colectivo de trabajadores/as. Y no olvidemos la generación de riqueza que producen en nuestro país, y no olvidemos la sobreexplotación a la que están expuestos, y no olvidemos lo necesario que son los trabajos que realizan: tareas penosas en la agricultura y en épocas de campaña, chapuzas por horas, cuidados de anciano/as a jornada completa, etc. Sin embargo, los mismos que necesitan de ellos/as, que se aprovechan y explotan, aplauden ahora el que se les niegue el derecho a la asistencia gratuita.

Este tratamiento con los inmigrantes “irregulares” o “sin papeles” contrasta con el otorgado a los bancos y que cada día nos ofrece una sorpresa más. Ayer mismo se acordó la creación de un banco “malo” para que compre los activos tóxicos (viviendas) a los bancos que las poseen. ¿Qué se pretende con ello? Veamos cómo se ha producido la secuencia de hechos que ha llevado al Gobierno a ponerse al servicio de los bancos.

1.- En plena burbuja del ladrillo, los bancos prestan dinero (con su correspondiente interés) a las constructoras. Ganan mucho dinero.

2.- Estalla la crisis, y las constructoras que no han vendido buena parte de las viviendas, entran en quiebra.

3,. El banco que ha prestado a la constructora en quiebra, se queda con las viviendas; pero estas llegan a perder la mitad del valor inicialmente estipulado.

4.-Para que los bancos no sufran pérdidas, el Gobierno crea un banco “malo” con dinero público y compra esas viviendas a un precio razonable.

5.- Ese dinero público es un préstamo que tendremos que pagar la ciudadanía con nuestros impuestos. Lo haremos todos: con más ingresos o con menos, en activo o en paro, con vivienda o los propios desahuciados, con nuestros impuestos.

Los bancos ganaban mucho dinero, y a los que quedaron afectados por la crisis, el Gobierno los ayuda para que continúen ganándolo. El banco “malo”, a su vez, puede vender esos pisos pasado un tiempo y obtener beneficios. Las clases populares, sin embargo, permanecerán con sus condiciones de vida deterioradas.

Esta no ha sido tampoco la última noticia que favorece los intereses de la banca. También hemos sabido este viernes (hay que ponerse a temblar cada vez que llega ese día de la semana, como con los viernes de consejo de ministros de “carácter decisorio” en la época de Franco). El FROB, organismo dependiente del Estado, inyectará 4.500 millones de euros más a Bankia. El Estado, por tanto, es el responsable de ese préstamo. Y tras el Estado, la ciudadanía y nuestros impuestos. Pues ya vamos viendo hacia dónde va el sacrificio (reducción) de nuestros mermados salarios y de la subida del IVA. Y en otro giro de tuerca, la amenaza al pueblo andaluz: los bancos se niegan a suscribir deuda con la Junta de Andalucía y la obligarán a acudir al fondo de liquidez de las comunidades autónomas. A este fondo le prestan los bancos para que él, a su vez, lo preste a las comunidades autónomas. La condición que el Gobierno impondrá para otorgar el préstamo del fondo será que apliquen nuevos ajustes para cumplir escrupulosamente con el arbitrario 1,5 % de déficit acordado también por el Gobierno. Estos ajustes conllevarán nuevas reducciones del gasto público (sanidad, educación, etc.). Otra vez el pueblo andaluz pagará las consecuencias. Mientras, la banca se frota las manos.

La pregunta que se hace necesaria es, entonces, ¿cuándo tendremos en Andalucía una banca pública al servicio de la ciudadanía?, ¿cuándo podremos romper esa tiranía ejercida al unísono entre banca y Gobierno? Otro día comentaré esa propuesta que iba incluida en el programa de IULV-CA, socio en el Gobierno andaluz. 

La dignidad del pueblo andaluz está en juego: las acciones simbólicas emprendidas por Gordillo, Cañamero, el SAT y los andaluces que participan en las marchas por Andalucía son moralmente legítimas y necesitan nuestra solidaridad.

“Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…” (Infante, 1915)1. Esto fue escrito por Blas Infante hace casi un siglo. Desde entonces el desarrollo del capitalismo y las circunstancias históricas han transformado el panorama andaluz. Pero, a pesar de los cambios económico sociales, la estructura de la propiedad de la tierra sigue siendo la misma, permaneciendo como causa de la miseria y exclusión de importantes sectores de población en muchos lugares de Andalucía. No olvidemos que el 55 % de las tierras andaluzas continúan en manos de terratenientes (menos de 6.000 latifundios) que, además, reciben el 80 % de las subvenciones de la Unión Europea, mientras se condena a la población jornalera a vivir de los subsidios agrarios, la emigración o a desplazarse a otros sectores productivos lejos de sus lugares de origen; situaciones que hoy, para mayor gravedad, ya no son posibles por la caída de la construcción y la crisis generalizada en los demás sectores. También, por otro lado, el patrimonio territorial andaluz se ha visto sometido a un desaforado desarrollo urbanístico esquilmador de nuestros recursos, dejando buena parte de él en manos de rentistas y capitalistas interesados en la especulación. Las plusvalías generadas no han repercutido en el desarrollo social y ecológico de Andalucía, y el escaso tejido industrial continúa su declive, así como la agricultura tradicional, sin que las administraciones central y andaluza hayan tomado las iniciativas que revertieran -y reviertan- el proceso de desarrollo del capitalismo. Andalucía sigue teniendo el papel subsidiario de antaño.

En la actualidad, con la crisis sobrevenida por la acumulación de riqueza en un minoritario grupo de población, los muy ricos, que invierten sus capitales en la especulación financiera y en los paraísos fiscales, y la inoperancia de los gobiernos al no aplicar medidas de estímulo a la economía fortaleciendo la demanda y el sector público de la economía, están provocando una alarmante disminución de la actividad productiva. Para compensar la falta de ingresos por la caída de la actividad económica, antes que gravar las rentas más altas y perseguir el fraude fiscal, el Gobierno se propone el ahorro en el gasto desmantelando el Estado del bienestar (salud, educación, dependencia, pensiones…) y reduciendo la protección de los sectores desfavorecidos de la población. Todo ello va dejando tras sí un rastro de empobrecimiento de trabajadores/as, autónomos y pequeños agricultores, con una alarmante situación de paro y de la pobreza (un 22 % en el Estado español), que en Andalucía se está soportando aún más severamente. En el primer trimestre de 2012, uno de cada tres andaluces se encontraba en paro, los desahucios y las situaciones de falta de protección y hambre física continúan multiplicándose conforme pasan las semanas. Y la errática política del Gobierno persiste y anuncia nuevas medidas de austeridad en la senda que le marcan las instituciones financieras europeas, dominadas por un pequeño sector de población constituido por la oligarquía financiera.  

El pueblo andaluz no puede permanecer impasible mientras se degradan sus condiciones de vida y trabajo. En democracia, el pueblo es el soberano. Por tanto, si nuestro sistema lo es, el pueblo está legitimado moralmente para advertir al Gobierno de que no aceptará las decisiones que sólo interesan a los poderes económicos. Y el Gobierno tiene la obligación de respetar y de escuchar. Se le demanda que respete los derechos adquiridos por la población trabajadora y que ponga la economía al servicio del ser humano. Aceptar el memorándum, las condiciones que las instituciones financieras imponen, sin consultar con la ciudadanía y contra la voluntad de los andaluces, es violentar la democracia. Desde que Blas Infante alzara su voz para que el pueblo pudiera disponer de sus recursos, de sus tierras, de su riqueza, para el progreso de Andalucía y de la identidad como pueblo, habrán cambiado algunas cosas, pero en esencia, todavía la explotación, alienación y despojo de nuestros recursos sigue siendo una constante. Por eso, la valiente iniciativa emprendida por sindicalistas del SAT, Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y vecinos y vecinas llegados de otros pueblos andaluces, es un grito de rebeldía que tiene que extenderse por todas las provincias andaluzas reclamando la dignidad, nuestra identidad como pueblo.

1. El Ideal Andaluz Ed. Fundación Blas Infante, p.. 80

El nuevo rescate de la economía, que el Gobierno anunciará en semanas, nos hundirá durante décadas. No debemos permitirlo.

No podemos aceptar que nos impongan las medidas de política económica para que el pueblo, los sectores desfavorecidos de la población, paguen el desfalco que sobre los recursos del país han cometido los sectores pudientes de la población. La huida masiva de capitales, una mayoría de ellos adquiridos en la burbuja inmobiliaria, la evasión de impuestos a los paraísos fiscales por las grandes empresas (30 de las 35 empresas de las que cotizan en el IBEX-35 están involucradas), el fraude fiscal (70.000 millones anuales, la mayoría de grandes empresas), el agujero bancario producido quien ha gestionado por encima de sus posibilidades, la paralización del crédito y la especulación con la deuda, han provocado una situación de crisis (menos ingresos a las arcas públicas) que el Gobierno pretende resolver haciendo que sean los trabajadores/ y empleados públicos, los autónomos y la pequeña empresa quienes tengan que pagar ese inmenso desfalco. Mientras, los muy hipócritas, capitalista, voceros políticos y mediáticos (y algún estúpido creyente del sagrado valor de la riqueza propia) se duelen porque, en una acción simbólica, unos sindicalistas no paguen unos carritos de alimentos para otras familias necesitadas y por valor de unos 400 euros; y ello de la cadena de supermercados de la la tercera persona más rica del país(4.700 millones de euros).

El capital financiero y la oligarquía europea  se ha propuesto acabar con las conquistas sociales obtenidas en Europa tras la 2ª guerra mundial. En esta brutal acometida contra las clases populares, pretenden desmantelar el Estado de bienestar (los servicios públicos como la sanidad, enseñanza, desempleo, pensiones, dependencia, etc.) y reducir el valor de la fuerza de trabajo con salarios miserables y prolongando la jornada laboral. Cuentan con la complicidad y docilidad de muchos gobiernos europeos. Y los que no le sirven, los cambian utilizando el poder que poseen.

El autor de “El Capital” proponía hace cerca de 150 años que los trabajadores tienen que confederar sus cabezas e imponer una barrera infranqueable contra los intentos del capital, cuya sed vampiresca por extraer plusvalor a los trabajadores no posee límites, por reducir las condiciones materiales de vida de la población trabajadora incluso más allá de lo necesario para su propia supervivencia. Hoy lo vivimos con intensidad. En pocas semanas van a intentar poner al pueblo de rodillas, y utilizarán los medios de información y persuasión por ellos controlados para que el nuevo rescate sea aceptado por la población sufriente. Mentirán sobre las causas y eximirán de responsabilidad a la alta burguesía y al sector financiero, con la corresponsabilidad política de los últimos gobiernos  Disminuirán los efectos de ese nuevo recorte y mentirán sobre la duración de las política de austeridad. Pero la verdad la sufriremos durante años, tal vez décadas. ¿Exagero? Si la contracción de la economía prosigue durante los próximos 5-6 años (consecuencia del ajuste que aprobarán, al que necesariamente continuarán otros) y si la caída acumulada del PIB desde que empezó la crisis alcanzara un 15 %[i] (hasta 2018, más los -3,1 desde el 2009), ¿cuánto tiempo vamos tardar en recuperar los niveles de renta del 2008? Si no lo remediamos, nos adentraremos en los años treinta.

Pero estas hipótesis tienen un defecto: parten de la existencia un pueblo adormecido. Y la realidad pudiera ser otra.

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[i] En Grecia, desde que comenzó la crisis el PIB ha caído un 14 %, y este año se calcula que lo haga entre un 7 y un 9 %.