La concentración de la riqueza en pocas manos es la causa de la crisis y de la pobreza masiva. Algunos datos.

                                                                                 

10 personas más ricas del mundo de 2012
Puesto	Nombre	Patrimonio neto (USD)	Edad	Residencia
1	Carlos Slim	69.000 millones de dólares	72	México
2	Bill Gates	61.000 millones de dólares	56	Estados Unidos
3	Warren Buffett	44.000 millones de dólares	81	Estados Unidos
4	Bernard Arnault	41.000 millones de dólares	63	Francia
5	Amancio Ortega	37.500 millones de dólares	75	España
6	Lawrence Ellison	36.000 millones de dólares	67	Estados Unidos
7	Eike Batista	30.000 millones de dólares	55	Brasil
8	Stefan Persson	26.000 millones de dólares	64	Suecia
9	Li Ka-shing	25.500 millones de dólares	83	España
10	Karl Albrecht	25.400 millones de dólares	92	Alemania

                    Los españoles/as más ricos del mundo 2012 (Revista Forbes)

Nombre	Patrimonio  mil $	Ranking mundial	Empresa /sector
1º Amancio Ortega	37.500	5º	Inditex
2º Isaak Andic	4 800	221º	Mango
3º Juan Roig	4.700	223º	Mercadona
4º Rosalía Mera	4.500	232º	Inditex
5º Daniel Badenes	2.800	418º	Glencore
6º  Manuel Jové	2.600	464º	Fadesa
7º Alicia Koplowitz	2.600	512º	FCC
8º Juan Abelló	2.000	634º	Sacyir
9º Esther Koplowitz	1.600	804º	ACS
10º Florentino Pérez	1.600	804º	ACS
11º Enrique Bañuelos	1.500	854º	Astroc
12º J. Mª Aristrain	1.100	1075º	ArcelorMistral
13º Emilio Botín	1.100	1075º	Santander
14º Alberto Alcocer	1.000	1153º	ACS
15º Albero Cortina	1.000	1153º	ACS
16º Gabriel Escámez	1.000	1153	Meliá

Además de estos, podríamos señalar otros datos, como que 250 familias tienen concentrado el 49 % del PIB mundial; es decir, la mitad de toda la riqueza del mundo. Pero, frente a estos datos sobre la riqueza a nivel mundial o en el Estado español, preferiero señalar aquellos otros referidos a nuestra situación económica. Por ejemplo: la tasa de pobreza existente en el Estado español  (un 22 %) es la más alta de la Unión Europea, solo superada por Rumanía y Letonia, y existen más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza  y exclusión social -según el informe de Cáritas- con 600.000 hogares sin ingreso alguno, ni salarial, ni social, un 35% más que en 2008. Existen, pues, 600.000 razones para defender acciones que sean un revulsivo de la conciencia social, que generen el debate sobre la desigualdad económica y social (razón en última instancia de la crisis actual), que muestren que lo realmente delictivo y socialmente criminal es la política de gobiernos como el del PP, y antes del PSOE, y negocios como el de las grandes superficies Mercadona o Carrefour, la banca (preferentes, desahucios, sobresueldos, especulación...) y las empresas y rentistas que evaden el pago de los impuestos; en definitiva, todo lo que ha contribuido a que se haya concentrado la riqueza en varios puñados de empresas y familias.

Algunas acciones contra la pobreza, como las llevadas a cabo por Sánchez Gordillo y miembros del SAT, pueden parecernos meramente testimoniales e, incluso, ilegales. Pero la inmoralidad del sistema, la ilegitimidad de los poderes decisorios (las instituciones financieras europeas) y la ilegalidad con que opera buena parte del capital financiero con el consentimiento de la clase política, obligan a dar respuestas proporcionadas. Y al igual que Ghandi, Martin Luther King y, en general, todas las luchas sociales contra la exclusión, por los derechos y la dignidad del ser humano, en numerosas ocasiones desbordan el marco legal establecido.

Así, el clamor levantado por estas últimas acciones, empieza a dar tímidos resultados: ha conseguido hacer recapacitar al Gobierno en su decisión de anular la ayuda de los 400 euros a parados que han agotado las prestaciones por desempleo. Algo es algo. Pero hasta que no se llegue a conseguir una renta básica para todas las familias, se encuentren en la situación laboral que se encuentren, las movilizaciones tienen que continuar. Por imperativo moral.

La deuda no es pública: son las grandes empresas quien la tienen contraída .

¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades? ¿Quién ha adquirido la deuda de la que se tiene que responsabilizar toda la ciudadanía? Esta pregunta que muchas personas se hacen es respondida por el Gobierno de forma miserable achacándosela a las administraciones públicas, que se han extendido ofertando numerosos servicios públicos y a “los españoles, porque todos hemos vivido por encima de nuestra posibilidades”. En consecuencia, el Estado, asumiría la responsabilidad de crear las condiciones para su devolución y para un funcionamiento equilibrado de la economía del país, procediendo a la política de recortes del gasto público y poniendo límites al endeudamiento.

Pero tras todo esto se esconden varias mentiras: del total de deuda a finales de 2011 (4,3 billones de euros), la deuda de las administraciones públicas representaba sólo el 19,1%; siendo la deuda privada, contraída por empresas y familias, el 80,9%. Por tanto, podemos decir que la deuda que ha repercutido en el bienestar de toda la población, la deuda pública, es muy pequeña en relación a la privada; y además ha venido descendiendo desde 2004. Así que quienes repetidamente argumentan con la excesiva extensión de los servicios públicos como responsables de la deuda, mienten descaradamente.

Centrándonos en la deuda privada, la que está formada por la deuda de las familias y la de las empresas, la deuda de las familias representaba solo el 25,5%, mientras que la deuda empresarial alcanzaba el 74,5%. Por lo que podemos decir que la deuda de las familias, la de los hogares, es sólo de un tercio de la deuda de las empresas; o sea, que son las empresas la que han contraído la mayoría de la deuda privada. Pero, ¿qué empresas?. Pues el 95 % de la deuda empresarial la poseen las empresas de más de 250 trabajadores/as, las grandes empresas. Si además pensamos en que el porcentaje de esas empresas sobre el total de las mismas es menor del 0,15 %, entenderemos entonces que sólo unos puñados de empresas son las que se han excedido acaparando la deuda empresarial, y la mayor parte de la deuda privada, que es muy superior a la deuda pública.

¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades? Esa minoría empresarial, ese grupo de personas pertenecientes a la élite económica del país. Y si alguien quiere argumentar que existe un problema de deuda, debe dejar claro que no es un problema generado por los ciudadano/as ni por la extensión de los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, ayudas a la dependencia, desempleo…), sino por la desmesurada ambición de unos grandes capitalistas, de familias muy ricas, movidos por exclusivos intereses en negocios con el ladrillo y en otros países. Cualquier otra responsabilidad sobre la deuda es una mentira dicha para ocultar la realidad, para ocultar a ese pequeño sector de la población responsable de ella y, además, una excusa para convencer a la ciudadanía de la necesidad de aceptar la política de recortes.

“¡Europa, no: Andalucía!”, escribía Blas Infante. La agresión del Gobierno, siguiendo los dictados de las instituciones europeas, sólo nos deja la insumisión y la unidad del pueblo andaluz como respuesta.

Blas Infante, en su libro “la verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía”, explicaba la situación política en el horizonte emancipatorio del pueblo andaluz de los convulsos años treinta. Tras su desencanto con el Gobierno centralista del Estado, que rechazaba una y otra vez las aspiraciones del pueblo andaluz, el acceso a sus recursos y la soberanía política, el ideal universalista que ya el propio lema expresa “Andalucía por sí, para España y la Humanidad”, comprendió Infante que España se había convertido en un instrumento de Europa, la Europa uniformada y robotizada que había hecho del ser humano una pieza de máquina, que había impuesto la barbarie de la standarización y del ser humano movido por el consumo y el dinero. Y Andalucía no era eso. Europa es el racionalismo, el dominio y control técnico de la naturaleza y la sociedad, la Europa de los mercaderes y de las finanzas. Pero Andalucía es pensar y sentir. “Si el pensamiento sentimental no es el motor de la razón, ¿a dónde va el ser humano?”, se preguntaba Infante. En esas condiciones, de antes y premonitoriamente actuales, Infante entendió que sólo con el autogobierno era posible la realización del ideal andaluz, el ideal de libertad.[i]

Cuando aún no se ha conseguido ese autogobierno, una nueva agresión se cierne contra el pueblo andaluz. El Gobierno central impone unos límites a la deuda andaluza que, en la práctica, supondrán no disponer de una financiación de 2.700 millones de euros durante los próximos presupuestos andaluces. Es decir, una cantidad similar al recorte presupuestario de este ejercicio para Andalucía. La fórmula aplicada obliga a Andalucía a que su deuda máxima sea el 13,2% de su PIB para 2013, un 1,9% menos de lo previsto. Bastante menos que para otras comunidades. Y ese esfuerzo adicional que supone esa cifra obligará a sustanciales recortes que, ya el presidente de la Junta advierte, recaerán en el gasto social público andaluz.

¿Por qué hemos llegado a esa situación? Los dos partidos que han hegemonizado la política del Estado (PP,PSOE), asumiendo las políticas neoliberales, apoyaron y firmaron el Pacto de estabilidad y crecimiento con los países de la zona euro y reformaron la Constitución para obligar por ley el cumplimiento de los objetivos de déficit. También ambos partidos apoyaron los mecanismos de ayuda financiera que la troika (CE, BCE, FMI) puso en marcha, estando obligados a aceptar las condiciones que imponen para acceder a sus recursos. Una vez incorporado el Estado a este marco financiero, el margen de maniobra disponible es limitado. Aún así, el Gobierno podría haber aliviado la carga de la deuda de las comunidades, reduciendo su propio déficit y ampliando el de las comunidades, habida cuenta del mayor peso que soportan estas en el sostenimiento de los servicios públicos.

En cualquier caso, el hecho es que el Gobierno obliga a esa sustancial reducción de la deuda andaluza o amenaza con la intervención de la comunidad. La Junta pretende una última negociación antes de que esta reducción de la deuda se apruebe en el Consejo de ministros. Pero lo extrañamente sorprendente es que la consejera de Hacienda no supiera la propuesta gubernamental antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se entiende, porque el presidente de la Junta se había reunido con el presidente del Gobierno poco antes y, según parece, con bastante grado de acuerdo; y menos aún, cuando el propio gobierno catalán (sin reuniones previas, que se sepa), no acudió porque ya sabía lo que se iba a aprobar. ¿Es sincera su sorpresa, como la de Griñán?

Poco se puede esperar del PSOE andaluz y de que su rechazo a esta agresión a la comunidad andaluza vaya más allá de interponer los recursos anunciados (al Constitucional y a la vía contencioso-administrativa) y las declaraciones públicas. Pero si se albergan más esperanzas de su socio de gobierno. De IULV-CA se espera que la llamada a la rebelión empiece por las instituciones y se convierta en el abanderado de las movilizaciones del pueblo andaluz en defensa de su dignidad, de su identidad como pueblo. Andalucía no quiere, no puede ser sólo Europa, como decía Blas Infante. IULV-CA, tiene que proponer un referéndum, obligando a su socio de gobierno, para que el pueblo se pronuncie si quiere ser un instrumento de los mercados financieros o quiere decidir su propio futuro. También desde el gobierno andaluz tiene que empezar a hacerse otra política diferente, al servicio del ser humano. Una banca andaluza tiene que ponerse en marcha para que el dinero andaluz, el dinero que aquí se genera, en nuestra tierra se quede; que esa banca pueda ser el motor de las iniciativas que surjan (públicas y privadas) para que Andalucía sea ella misma. El gobierno andaluz tiene que poner en marcha todas las posibilidades que ofrece el estatuto de autonomía, aunque el enfrentamiento con el Gobierno central esté servido. Si el gobierno andaluz no es capaz de luchar por la identidad andaluza, por ese ideal de libertad, IULV-CA tiene que abandonar a los socios que se prestaron al juego que hoy padecemos.

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[i] Un análisis más extenso estoy realizando en el blog http://perspectivaslibertarias.blogspot.com.es/

Antes que cualquier imperativo legal está el imperativo moral, el que sostiene que no podemos colaborar en la aplicación de medidas que empeoren las condiciones materiales de vida de la población.

Diferenciando entre la actividad propia del funcionariado y la de quienes ejercen  responsabilidades políticas, podemos decir que el funcionariado no puede  tomar decisiones políticas; se limita a ejecutar unas tareas al servicio de una administración pública y se encuentra organizado en una gradación jerarquizada, opera siempre dentro de un marco normativo-legal y está supeditado a instancias políticas, en las que reside la capacidad decisoria. Eso es lo que le corresponde hacer a cualquier persona en tanto que funcionaria. Pudiera suceder que le generase problemas de conciencia el tener que ejecutar determinadas medidas que afectaran a la dignidad o que repercutiesen negativamente en las condiciones de vida de usuarios/as de dicha administración. Esta situación conflictiva, la de tener que aplicar algo con lo que no se está de acuerdo, es difícil, por no decir que imposible, el que pueda resolverla esa persona en tanto que funcionaria. Pero nada le impide que, en calidad de ciudadana, haga todo lo posible por cambiar el marco legal en el que tiene que desenvolverse su actividad como funcionaria. De esta forma podría encontrar una salida satisfactoria a los problemas de conciencia que le ocasiona el ejercicio de su actividad laboral. En condiciones extremas de vulneración grave de la dignidad humana, bien es cierto que también cabe, y a veces es una necesidad moral, el hacer dejación de la función; es decir, el negarse a ejecutar las medidas a las que le obligan, y atenerse a las consecuencias que ello conlleva.

Pero en el ámbito de lo político, el de la participación pública, es una actividad voluntaria que tiene por objetivo la toma de decisiones en los órganos de poder para la gestión del espacio de lo público, y que afectan al conjunto de la comunidad. En última instancia, de las decisiones políticas que cada representante político tome, no hay más responsable moral que la persona de cada cual, y es ante su conciencia ante quien tiene que rendir cuentas. Bien es cierto que, en el ejercicio de la actividad política, se pueden tomar decisiones de consecuencias, a veces, no fáciles de discernir desde el punto de vista moral. Pero no hay duda de otras muchas de ellas. Cuando se anuncian medidas de recortes presupuestarios que van a afectar gravemente a los sectores más desfavorecidos de la población, las decisiones que toman los representantes políticos pueden no acarrearle ningún problema de conciencia, incluso pueden producirle cierta malévola alegría su aprobación; respondiendo con un “¡qué se jodan!” o aplaudiendo de forma complacida y sonriente. Algún político, sin duda mostrando mayor sensibilidad, no puede evitar dejar caer unas lágrimas (o sollozar abiertamente) mientras anuncia dichas medidas. En cualquier caso, tampoco estaba obligada (y me refiero a la ministra italiana) a aprobarlas y antepuso otros criterios ajenos a los que su conciencia parecía dictarle.

Cierto es que, en la presentación parlamentaria de las últimas medidas de ajuste, no podíamos esperar algo diferente de los representantes políticos que lo visualizado a través de las cámaras televisivas. A nadie ha sorprendido el sádico exabrupto de la pija niña de papá, ni la reacción de sus compañeros y compañeras de bancada, unidos todos por los mismos intereses. Tampoco nos sorprende las cambiantes actitudes de la mayoría de muchos de estos representantes políticos según se esté en el gobierno o en la oposición. Ahora en esta última situación, mostraban caras serias mientras se anunciaban las medidas de recorte que hace un año, cuando gobernaban, aprobaron disciplinadamente. En cualquier caso, la función autocrítica de la conciencia, o remordimiento, no parece por ahora estar presente en ellos cuando nadie ha evidenciado el más mínimo sentimiento de culpabilidad ni ha mostrado público arrepentimiento. Tanta homogeneidad no deja de causar extrañeza.

Por otro lado, era lógico, porque está contenido en los principios teóricos que sustentan la fuerzas políticas de la izquierda real, que fuese visible el enfado de los diputados/as pertenecientes a ellas (pertenecientes al grupo de Izquierda Plural) y, en consecuencia, votaran en contra o se ausentaran de la votación. Esa actitud es éticamente irreprochable, por cuanto se han negado a participar o colaborar en la aprobación de medidas contrarias a derechos básicos que afectan a las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Pero diputados de fuerzas políticas que en el Congreso se opusieron a los recortes, han tenido una postura diferente en el parlamento andaluz.

A veces no resolvemos con claridad qué es lo que debemos hacer; es decir, el sentido positivo del imperativo moral. Por ejemplo, el dilema que se le presentó a los diputados y diputadas de IU en Andalucía acerca de si debían apoyar y entrar en un gobierno de coalición con el PSOE. Puedo admitir que obrando de buena fe creyeran que, en términos políticos, era lo más aceptable para lo que esta fuerza política defiende para Andalucía. Sin embargo esto es más dudoso desde una perspectiva moral. Y una política que no se fundamente en criterios morales es una mera técnica de dominio. Pero admito las dudas respecto a la respuesta que podría darse sobre el acuerdo con el PSOE: alguien podría ingenuamente suponer que este partido abandonaría el neoliberalismo en el que estaba instalado o, también, que tuviera un insuficiente juicio político acerca de las consecuencias de ese acuerdo. Pero si no siempre es fácil encontrar la respuesta acerca de lo que se debe hacer, de lo que sea lo justo, es menos difícil comprender qué se tiene por injusto, qué no debemos hacer. Es lo que el filósofo Javier Muguerza denominara el imperativo de la disidencia: decir que no a cualquier acto que suponga una  agresión, una degradación de la dignidad humana, de los derechos en la que esta se expresa. Y resulta bastante comprensible que entendamos por injusto el que sean los sectores desfavorecidos, los salarios directos o diferidos en forma de servicios públicos (sanidad, enseñanza, dependencia, paro, pensiones…) de la población quienes tengan que pagar los desequilibrios producidos entre los ingresos y gastos del Estado. En consecuencia, la actitud de quien se espera que se comporte de manera éticamente irreprochable, es la de negarse a dar su aprobación a las medidas de recorte, el plan de ajuste, que conlleva las consecuencias antedichas.

Antes explicaba la sustancial diferencia entre el funcionariado y los representantes políticos. El funcionariado tiene que actuar por imperativo legal en el ejercicio de su función, aunque no en tanto que ciudadano/a (la distinción kantiana entre uso privado y uso público de la razón). Pero no es el caso del representante político. Este no está sometido a ningún imperativo legal que le obligue a dar su aprobación a una ley u otra. El recorte presupuestario para Andalucía vendrá decidido por el Gobierno central, pero el acatamiento y aprobación del mismo es responsabilidad de cada parlamentario/a de Andalucía. Excusarse con que se aceptan los recortes por “imperativo legal” es renunciar a la condición de representante político para asumir la de funcionario. Significa limitarse a ejecutar las decisiones que en otras instancias se toman, sean de Madrid o de Bruselas. Pero no es sólo su deserción como político, tarea para la que fue democráticamente elegido, sino que, y es lo más grave, pretende dimitir de su condición como sujeto moral. Por encima de cualquier ley, está la conciencia de cada cual, de su capacidad para decidir acerca acciones morales, de poder decir que no a la aprobación de medidas que atentan a la dignidad humana. Ese es el representante político al que aspirábamos y… esperamos. 

Las clases trabajadoras necesitan una coalición de fuerzas de resistencia antineoliberal. En Andalucía tiene que producirse la clarificación de las fuerzas políticas que pueden conformar la coalición.

El Gobierno central está decidido a aplicar las medidas de política neoliberal que Bruselas impone al dictado de los mercados financieros. Por ello viene asumiendo las instrucciones que recibe de la troika para facilitar el acceso a los fondos de rescate y cumplir con los objetivos del déficit señalados. Estas medidas, en síntesis, consisten en la reducción del Estado del bienestar; es decir, la disminución del peso de los servicios públicos y su progresiva privatización, la liberalización del mercado laboral y el aumento de la imposición indirecta (subidas del IVA) que grava el consumo de la población. Los mercados, los bancos alemanes y franceses, los fondos que operan a través de ellos, y también los bancos españoles, exigen estas medidas para garantizarse el retorno de sus beneficios y capitales resultado de las inversiones financieras durante la burbuja inmobiliaria y en la especulación con la deuda. Además, aprovechando la sumisión y complicidad del Gobierno imponen una vieja aspiración de las élites económicas: la introducción de medidas económicas y políticas tendentes a la reducción del valor de la fuerza de trabajo que mantenga en el tiempo la tasa de plusvalor, los beneficios, a pesar de la disminución de la actividad económica.

El argumento falazmente utilizado es “que no hay dinero en las arcas públicas”, ocultando el hecho de que el fraude fiscal de los grandes capitalistas es suficiente para equilibrar las cuentas sin recurrir a los recortes del gasto  (para ello sólo tienen que aplicar el plan propuesto por el sindicato de subinspectores de hacienda, comentado en la entrada del día 11-7). También se niegan a aumentar los ingresos con una recaudación directa y progresiva sobre los rendimientos del capital, las grandes fortunas y las rentas elevadas. O lo que debería hacerse por imperativo moral: negarse al pago de la deuda ilegítima, o dejar caer las cajas y bancos a los que se inyecta dinero público. ¿Por qué no lo hacen? Porque entonces actuarían contra los intereses de los sectores pudientes de la población, sectores a los que pertenecen y a los que representan. Ese, y no otro, es el motivo de la amnistía fiscal que premia a los evasores fiscales y refuerza el fraude. Pero también podrían los gobernantes aumentar la recaudación con políticas de estímulo al crecimiento y, no se olvide, la deuda del Estado está aún en mejores condiciones que en la mayoría de los países europeos.

A las oleadas de recortes, desde los aplicados por el Gobierno del PSOE y los dos sucesivos del Gobierno del PP, nuevas exigencias llegan desde las instituciones financieras y empresariales: se piden recortes millonarios en las pensiones, y el Círculo de Empresarios plantea la privatización de la sanidad y la educación; unos apetitosos sectores con los que hacer nuevos negocios, de enriquecerse a costa de la salud y la formación de las clases populares. En definitiva, son las clases trabajadoras las que están pagando con sus salarios (directo y diferido, a través de los servicios públicos) e impuestos al sector financiero de la economía la crisis de crecimiento que ellos ocasionaron al acaparar el valor de la riqueza generada y, también como producto de la especulación de un reducido sector de población constituido por la oligarquía financiera.

Pero esta apuesta por el empobrecimiento generalizado para que las élites puedan continuar acumulando riqueza, tiene un punto débil para la economía en su conjunto y para sus propósitos: la economía no puede crecer porque no hay demanda por la caída progresiva del consumo de las clases trabajadoras, tanto por la disminución salarial como por el aumento del paro y el empleo precario. Sin crecimiento, los beneficios empresariales y financieros no podrán mantenerse exclusivamente con la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ya que esta tiene un límite: el que supone la resistencia a reducir el nivel de lo que se consideran las necesidades básicas socialmente establecidas. Y esta barrera se ha tocado.

Lo que puede esperarse desde el momento que se alcanza el límite de las necesidades humanas, es la indignación y la protesta generalizada. Y las fuerzas políticas que se sitúen al lado del sufrimiento de los pueblos, contra las políticas neoliberales, tendrán que ofrecer alternativas de resistencia y de gobierno. Tiene que constituirse una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales donde IU tendría que asumir el papel dinamizador. Pero antes es necesario que clarifique su relación con otras fuerzas que están fuera de la resistencia antineoliberal; es decir, su vacilante atadura con el PSOE. Tiene que hacerlo en Andalucía y sus dirigentes andaluces y estatales asumir el error de haber prestado apoyo al gobierno del PSOE en la Junta.

IULV-CA se ha visto arrastrada en la aplicación de políticas de ajuste desde el Gobierno de la Junta. Con justificaciones inverosímiles sobre imperativos legales, ha facilitado la introducción de los recortes entre la población trabajadora andaluza. Pero tras el último recorte del Gobierno, sostiene IULV-CA que ya no son necesarias esas medidas de la Junta, planteando una parcial marcha atrás. ¿Desapareció el imperativo legal? ¿Es que la eliminación de la paga extraordinaria de los empleados/as públicos va a computar entre los 2.500 millones que la Junta tenía que recortar? Esas dudas aún no han sido despejadas. En cualquier caso, la resistencia antineoliberal no tiene que asumir ningún plan de ajuste, sea impuesto por Bruselas o por Madrid. Y si desde el gobierno de la Junta hay que tener lealtad institucional sin ofrecer resistencia, entonces ese no es el lugar natural de IU y tendría que abandonar el pacto de gobierno. Cada día que pase en esa esquizofrénica situación, irá a peor para la formación. En unos meses, en cuanto las encuestas le sean favorables, el PSOE adelantará las elecciones e IULV-CA no podrá presentarse de nuevo ante los andaluces/as con un programa de nítido enfrentamiento a la política neoliberal.

Aún no es tarde si se produce el cambio de orientación que tanto demandan sus propias bases: IULV-CA tiene que estar impulsando y ampliando la resistencia del pueblo andaluz, practicando la insumisión en las instituciones y movilizando en la calle y los centros de trabajo. Hay signos de que la dirección podría reconsiderar la situación. Esperamos que, por el bien del pueblo andaluz, porque lo necesita, IULV-CA sea la fuerza política que contribuya a la construcción de otro modelo de sociedad. 

Los gobiernos se empeñan en eludir la responsabilidad de de los grandes capitalistas y el sector financiero de la economía culpando al gasto público. Estas erráticas políticas de austeridad, profundizadas por el Gobierno de Rajoy, nos hundirán aún más en la recesión.

  

Los gobiernos utilizan a los trabajadores/as de las administraciones públicas, desempleado/as, dependientes y pensionistas como coartada para eludir las responsabilidades adquiridas por el sector financiero de la economía y de los grandes capitalistas que, en los años de crecimiento económico y de la burbuja inmobiliaria, incrementaron sus fortunas notablemente Repiten machaconamente que el Estado no tiene dinero para sostener el gasto y que el cumplimiento de los objetivos del déficit les impide endeudarse.  O sea, en primer lugar, culpan a los objetivos del déficit que ellos mismo han negociado y fijado con las instituciones de la UE, objetivos que podrían no haber establecido desarrollando en su lugar políticas económicas orientadas al crecimiento económico que, a su vez, permitieran aumentar la recaudación impositiva, equilibrando por esa vía las cuentas del Estado.

En segundo lugar, se culpa al Estado del bienestar, a los servicios públicos, de un gasto insostenible. Lo dicen argumentando que su excesivo peso se incrementó alegremente en el pasado y, hoy, no se disponen de los recursos para su mantenimiento. Tampoco es verdad, porque el desarrollo del Estado de bienestar en nuestro país es muy inferior, en términos de PIB por habitante, a la media de la UE-15. Por tanto, no está sobredimensionado, antes al contrario, aún habría que extenderlo bastante más para alcanzar las cotas de los países más avanzados, como es el caso de los países nórdicos. Pero además se olvida que en los años de crecimiento económico, los sectores más pudientes de la población aumentaron espectacularmente sus ganancias; especialmente los muy ricos. El sector financiero de la economía, la banca, los fondos de inversión, las promotoras inmobiliarias y grandes constructoras se enriquecieron especulando con el ladrillo. Los profesionales de la política (del PP, PSOE, CiU y PNV principalmente) y de los negocios, se intercambiaron papeles en un continuo trasvase desde la política a la banca y a las empresas del sector energético, y a la inversa, con sueldos de escándalo. Si alguien vivió por encima del crecimiento real de la economía fueron las personas que se enriquecieron brutalmente y las pertenecientes a ese entramado político y financiero. Por tanto, si las cuentas no cuadran porque los ingresos son insuficientes, es a ese sector al que hay que pedirle responsabilidades, exigirles el esfuerzo impositivo para mantener el gasto público.

En tercer lugar, nos anuncia el Gobierno un recorte de 65.000 millones de euros, que más los 30.000 anteriores, se acercan a la cuantía de los fondos solicitados para el rescate a la banca. Eso es exactamente lo que la troika ha impuesto como condición para otorgar el dinero del rescate: que esa cantidad se reduzca del gasto público. ¿Por qué? Porque además de liberar paulatinamente lo que hasta ahora era espacio público para que la iniciativa privada pueda introducirse (ampliando sectores para hacer negocio, como la sanidad, educación, dependencia…), gracias a esos recortes, el Estado podrá cumplir con los compromisos de pago de intereses de la deuda, de la anterior y de la ahora comprometida con el rescate a la banca. Pero, además, no se olvide, el organismo que finalmente se responsabilizará del dinero prestado a la banca, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), se nutre de aportaciones de diferentes países. El Estado español tendrá que avalar a este fondo la cantidad de 83.325,9 millones. Esto quiere decir que, finalmente, lo que la banca necesita, saldrá de la reducción de los salarios públicos, desempleados/as, dependientes, pensionistas, usuario/as de los servicios públicos y ciudadanía en general por la subida del IVA.

Se quedaron atrás otras medidas: se procedió a la amnistía fiscal, de manera que los evasores fiscales han podido blanquear el dinero, en bastantes casos obtenido por negocios ilícitos, sin pagar a Hacienda como el resto de los mortales. Pero aún más, sigue defraudándose una cifra de alrededor de 60.000 millones de euros al año. El sindicato de subinspectores de Hacienda elaboró un plan según el cual podría aflorar ese dinero con resultados desde este mismo año (Véase cuadro de arriba). Pero la intencionalidad del Gobierno no parece ser la de que el Estado sea mantenido con los impuestos de todas la personas con ingresos. El mensaje implícito es el  de defrauda, que luego llega la amnistía fiscal. ¿Quiénes se encontrarán entre los que defraudan, entre los que se llevan el dinero a los paraísos fiscales. Seguro que no las personas que viven de su salario.

Los resultados de estas erráticas políticas de austeridad, iniciadas por Zapatero y continuadas empecinadamente por el Gobierno de Rajoy nos hundirán aún más en la crisis. Porque reduciendo la capacidad adquisitiva de las familias por el aumento del IVA, por la reducción salarial de trabajadore/as que cobran del Estado, pensionistas y parados, el consumo caerá drásticamente. Y sin consumo no hay producción. Los ingresos del Estado disminuirán en consecuencia. ¿Y entonces? Vuelta a empezar… y la recesión cada vez será más profunda.

Otras políticas podrían aplicarse si la voluntad de quienes ocupan el poder político fuese otra, si no actuaran en función de los intereses inmediatos de la oligarquía financiera, de las instituciones que, a su servicio, dirigen los destinos europeos.

Para los interesados, cuelgo el enlace del libro “Hay alternativas” de los profesores A. Garzón, J. Torres y V. Navarro.

http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2011/10/hayalternativas.pdf

Un ejercicio de democracia directa sería que el pueblo andaluz decidiera en referéndum si acepta el plan de ajuste. IULV-CA tendría que consultar a sus bases, además, sobre la idoneidad de continuar con el pacto de gobierno.

El movimiento 15-M surgió desde la sociedad civil, fundamentalmente, por la indignación que produce el que las grandes decisiones políticas se tomen siguiendo los designios de fuerzas ajenas a la democracia. Entre ellas se encuentran los mercados financieros y la troika (CE, BCE, FMI). Pero desde las primeras protestas, la degradación de la calidad de la democracia ha ido en aumento.  A la reforma de la Constitución le han seguido la firma de acuerdos como el MEDE o la petición del rescate financiero que, entre otros aspectos, deja que importantes decisiones en materia de política económica sean tomadas por poderes financieros sin legitimidad democrática. Esa cesión de soberanía del Estado español hacia instituciones europeas aumenta, aun más, el alejamiento de la población respecto a los representantes políticos que lo han permitido. Por ello, junto a la exigencia de no ser tratados como mercancías, la demanda de la calidad de la democracia sigue estando presente en la mayoría de la población.

Los gobiernos están tomando decisiones que, según ellos, les vienen impuestas. En el caso del Gobierno central, por Bruselas; el Gobierno andaluz, porque le obliga el Gobierno central. Y a todos, los mercados financieros. ¿Y cuándo se le pregunta al pueblo acerca de lo que quiere? Se aplican políticas de austeridad que afectan a las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población, se reduce el gasto público disminuyendo la calidad de los servicios público a la par que se inyectan fuertes sumas de dinero a la banca, y ningún representante político plantea qué opina el pueblo que lo eligió y al que dice representar.

En Andalucía se abrió un camino de esperanza con el ascenso de IULV-CA y su conversión en fuerza determinante para el ejercicio de gobierno. En su programa contemplaba la introducción de diversas medidas conducentes a la mejora de la calidad de la democracia. Evidentemente, al no ser fuerza mayoritaria, no se le puede exigir que todas y cada una de ellas se implanten en los primeros cien días de gobierno. Pero cuando las medidas que se toman son del calado como el plan de ajuste aprobado por el Gobierno andaluz, la consulta al pueblo  tiene que hacerse. Una fuerza política que presuma de integridad moral, de coherencia y honestidad, debe promover un referéndum para que sean los andaluces y andaluzas quienes decidan si aceptan ese plan de ajuste, los recortes a sus condiciones de trabajo y la calidad de los servicios públicos.

No esperamos gran cosa del resto de las fuerzas políticas, pero sí de IULV-CA. El ejercicio de democracia deliberativa y directa, como ha venido defendiendo el movimiento 15-M y que IULV-CA tiene asumido, tiene que convertirse en práctica habitual; empezando por las propias decisiones internas. Las bases tendría que contar con canales permanentes de participación y decisión. Hoy en día, las sedes de la organización y la extensión de internet, pueden facilitar enormemente la participación de las bases. La democracia digital, por tanto, puede empezar a ejercitarse en el seno de la organización; sin que tampoco tenga por qué ir en detrimento de la estructura organizativa, que sigue siendo necesaria. Pero lo cierto es que aquellas decisiones políticas que afectan a toda la ciudadanía en aspectos básicos, no deben quedar en manos de poderes extraños a la democracia y ser asumidas, exclusivamente, por un puñado de representantes. Por ello, pienso que IULV-CA tiene la obligación moral de plantear, con carácter inmediato, una consulta en la que las bases decidan sobre el plan de ajuste y sobre la conveniencia de seguir con el pacto de gobierno. Asimismo, siendo consecuente con los principios defendidos y asumidos programáticamente, debe promover que el pueblo andaluz sea consultado, mediante referéndum, acerca del plan de ajuste. Ambas consultas, ante las bases y ante el pueblo, marcarían el camino para avanzar en la calidad de nuestra democracia, para construir   una fuerza política con la que aspirar a otro modelo de sociedad.