Mudamos y unificamos contenidos

Este blog dejará de estar activo. A partir de ahora sólo estará operativo el blog perspectivas y prácticas libertarias, que recibirá y unificará los contenidos de ambos.

III. Centralidad y moderación programática

Continuación de las entradas anteriores (publicadas el día 4 y 7 de mayo)

III.- Centralidad y moderación programática

A pesar de que el propio Pablo Iglesias ha explicado recientemente (artículo del diario  Público 20-4) que la centralidad que Podemos pretende ocupar no es el centro ideológico, las acusaciones sobre deriva hacia posiciones de centro de Podemos realizadas por miembros de IU es continua. La centralidad, cierto es, supone asumir las preocupaciones mayoritarias instaladas en la mayoría social. Estas preocupaciones fueron puestas de manifiesto por el movimiento 15M y tenían entonces un respaldo mayoritario de la población. Si hubiera que señalar sus principales ideas fuerza, ellas serían: la reivindicación de la dignidad humana poniendo la economía al servicio del ser humano, acabar con los privilegios de la clase política y hacer realidad la democracia. Los contenidos de estas aspiraciones, que es lo que puede figurar en los programas políticos, pueden ser más radicales o tener un carácter más gradualista, pero esos contenidos señalan claramente la centralidad de la disputa política. La centralidad es, por tanto, la canalización política del consenso surgido entre la multitud y las clases trabajadoras que ocupan la mayoría social, los de abajo. Así, frente al eje derecha-izquierda cuyos límites se encuentran difuminados y sus espacios ocupados por el centro ideológico, ahora la confrontación política se establece entre las élites, representada por la casta, y los de abajo, a lo que políticamente quiere representar Podemos.

Pero en paralelo también se acusa de moderación programática como prueba del centrismo. Y esa acusación proveniente de quien ha gobernado recientemente en Andalucía aplicando medidas de corte neoliberal, resulta sorprendente. Es verdad que algunas medidas que se defendieron desde Podemos hace tiempo ya no están incorporadas programáticamente (aunque eso no puede decirlo quien nunca las ha defendido, como la Renta Básica Universal). Pero no es menos cierto que los programas electorales, si se quiere romper con las actitudes demagógicas de los partidos tradicionales, tienen que ajustarse a lo realizable en una legislatura (4 años) y en el marco de las competencias de la institución que se trate. En eso consiste la responsabilidad política. Otros lo han denominado críticamente “resultadismo”.

Un tema bien diferente de lo realizable en el marco de una legislatura en un municipio o comunidad autónoma, sería plantear modelos productivos y de sociedad a los que se aspiran. Ese es otro debate que, sin duda, está presente en buena parte de la organización de Podemos y del que se irán tomando decisiones a medida que avance y se consolide el proyecto. Pero ni que decir tiene que la dignidad humana y el equilibrio en las relaciones con la naturaleza nucleará el ideario hacia el que se orientará la acción política futura de Podemos.  

II. La carencia de ideología

Continuación de la entrada anterior (publicada el día 4 de mayo)

II.- Carencia de ideología:

Este concepto no puede utilizarse alegremente como tan a menudo se hace por sus variados significados, no siempre posibles de discernir contextual y pragmáticamente. Algunos pretenden utilizarlo como sinónimo de referente teórico-político. Así, la identificación derechas, izquierdas, liberal, republicano, marxista, etc. y las  familias a las que han dado lugar estas tradiciones, serían la “ideología”. Pues en ese sentido, dado lo contradictorio de sus interpretaciones y errática puesta en práctica, lo más sensato es la carencia de ella.

Como la acusación proveniente de IU es que Podemos no se declara ni de izquierdas ni marxista, Podemos carece de ideología. Pero que algunos marxistas digan esto, parece con ello que olvidan el significado de ideología en el propio Marx. Para nuestro autor, la ideología es una falsa conciencia de la realidad, alienante y mistificadora, determinada por la estructura económica, y a ella habría que oponer el conocimiento científico. En ese sentido, si de lo que se trata es de cambiar una realidad político-social en la que la mayoría de la población está sufriendo las consecuencias de la crisis y han empeorado sus condiciones de vida, si se trata de dar fin a las políticas neoliberales y de desarrollar el Estado de bienestar,  de superar el régimen del 78 y hacer realidad la democracia, no hace falta una identificación ideológica, sino de dotarse de los dispositivos y la estrategia adecuada que permitan la consecución de esos objetivos. 

Pero además de dispositivos y estrategia, es evidente que esto presupone que se tienen determinadas ideas acerca de la justicia y modelos de sociedad que se persiguen. Este es otro de los significados del concepto ideología, ya alejado de cualquier determinismo económico y con cierto grado de autonomía. En este sentido nos referimos al conjunto de ideas que impulsan a la acción, a la transformación de la realidad. ¿Por qué, en consecuencia, debería pensarse que los hombres y mujeres de Podemos no tienen ideología? Preocupados por la degradación de la dignidad del ser humano y partiendo de tradiciones de pensamiento diferentes, como puedan ser el marxismo, republicanismo, cristianismo, ecologismo, libertarismo, etc., se puede confluir en la defensa de esa dignidad expresada en los derechos humanos.

Aunque han sido varios los autores que ejercen de referencia teórica en los dirigentes de Podemos (Gramsci, Laclau, Boaventura de Sousa…) parece que algunos dirigentes de IU quieren la adscripción en alguno de los –ismos tradicionales de matriz marxiana y, por tanto, la identificación como organización de izquierdas. Pero cuando se trata de  que la ciudadanía indignada, la multitud y las clases trabajadoras adquieran el empoderamiento y hegemonía para el ejercicio real del poder político que permita la transformación de la realidad, lo que se necesitan son los conocimientos que las ciencias sociales, económicas y políticas hoy posibilitan. Y para ello no es necesaria la adscripción a holismo ideológico alguno. En las ciencias experimentales, las teorías se consideran válidas si sirven para predecir y resolver problemas indistintamente quiénes hayan sido sus formuladores. Los dispositivos para transformar una realidad social y política son diferentes a las ciencias experimentales, porque el objeto, con la complejidad e inexatitud que supone, ahora trata de seres humanos, de estructuras sociales y del poder. Pero de nada vale seguir aplicando obcecadamente teorías basadas en análisis de épocas y sociedades diferentes y que han mostrado sus insuficiencias.

Como decía Foucault, ningún historiador tiene por qué declararse marxista, pero difícilmente puede estudiar historia sin hacerlo desde la teoría de marxiana, al igual que el físico no necesita citar a Newton cuando investiga sobre un problema de su área de conocimiento. Cuando se trata del poder político, todas las aportaciones teóricas tienen que tenerse en cuenta si sirven para el objetivo emancipatorio perseguido. Y para eso no es necesaria la adscripción -siempre excluyente- a ninguna ideología (para quien guste de ese concepto) o teoría política.

(Continuaremos en unos días)

Las críticas desde la izquierda a Podemos: una irresponsabilidad para el empoderamiento ciudadano y la superación del régimen del 78 (I. La confluencia)

Si un partido se propone dar fin al régimen del 78, el modelo socio-político y económico surgido de la transición, es normal que reciba la hostilidad de las fuerzas políticas y poderes que apoyaron dicho régimen. Por tanto, la envestida mediática y política contra Podemos era previsible. En un enfrentamiento enormemente desigual para Podemos, con escasos recursos y contando con apoyos solo en medios digitales, incluso abandonado de algunos programas televisivos que le habían dado un tratamiento favorable, podía entreverse una pérdida de simpatías por parte de sectores de población de menor cultura política y capacidad crítica, como parece estar sucediendo.

Lo que no era tan previsible es que las fuerzas de la izquierda que parecían  cuestionar el régimen del 78 –o al menos, algunos sectores de las mismas-, se lanzaran también en esa campaña para desgastar a Podemos. Me estoy refiriendo a miembros de IU, de las fuerzas integradas en la coalición, y personas cercanas a ella. Ello se está produciendo de forma pública y notoria desde que las encuestas empiezan a señalar un descenso en la intención de voto a Podemos, como sucede también con la propia IU. La consigna mil veces repetida y dirigida hacia Podemos es que tiene que cambiar de estrategia y confluir en una coalición. Veamos el sentido de estas propuestas:

1.- Confluencia

Los llamamientos hacia una confluencia, hacia la formación de una coalición tipo Syriza que integrara a todas las fuerzas de izquierda, en rigor, IU y Podemos, a la que habría que sumar Equo, se justificaría por el aumento de la fuerza y el atractivo electoral. Pero no se realiza ningún análisis o explicación que pueda corroborar tal cosa. Es más, hoy Podemos es la única marca que está en condiciones y tiene la fuerza suficiente para intentar ganar unas elecciones. IU está en declive y su discurso político, extraño a los planteamientos de Podemos, es más una rémora que restaría apoyos al proyecto de Podemos. IU aúna unas prácticas políticas, fruto de sus experiencias en gobiernos autonómicos, de colaboración con el PSOE y enquistamiento institucional a la vez que una identificación con idearios de muy escasa aceptación entre la población. Que IU sea percibido como una fuerza política que aspira a mantener al PSOE y que algunos de sus dirigentes puedan ser acusados de casta, es consecuencia de la línea política de la coalición. Para Podemos sería un lastre tener a estos compañeros de viaje.

Por otro lado, gran parte de los miembros de IU saben que la única posibilidad de sobrevivir y tener cierta presencia institucional es concurriendo electoralmente junto a Podemos (siempre y cuando obtengan una buena cuota dentro de esa coalición). Sobre la base de ese escenario, resulta incomprensible que traten de desgastar a Podemos con el aumento de sus críticas. Más sentido tienen las de aquellos dirigentes (especialmente de IU Madrid, pero también presentes en toda la organización) empeñados en mantener a IU como fuerza autónoma y que, por tanto, quieren competir con Podemos en el mismo caladero de votos. Pero aplicar la condición de adversario político a quien teóricamente no lo es también jugará en contra de sus expectativas.  

(Continuaremos en breve)

Legal e ilegal, moral e inmoral. ¿Vale todo contra Monedero? La doble vara de medir.

Las acusaciones sobre la ilegalidad de numerosas medidas tomadas por representantes públicos han sido frecuentes y han alcanzado a prácticamente a todas las instituciones del Estado, desde la Monarquía a los ayuntamientos, y a casi todas las fuerzas políticas que tienen presencia institucional. Como resultado, numerosas denuncias han acabado en los tribunales de justicia con imputados y condenados por delitos (como malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, apropiación indebida, etc.) además de la exigencia de responsabilidades políticas a los autores directos y a los dirigentes que los nombraron para los diferentes cargos desde los que actuaron.

En general, con las sentencias judiciales y, en menor medida, con el señalamiento de las responsabilidades políticas, acompañadas de algunas que otras dimisiones, se han cerrado estos casos. Pero en política siempre hay un más difícil todavía. Sobre todo cuando se trata del linchamiento de alguien que señala el agotamiento de un régimen, el régimen del 78, y la casta que lo ha gestionado. En este caso, los medios de comunicación, todos, adalides de ese régimen que se agota, salen en defensa de la casta y reproducen sistemáticamente el mismo mensaje (repetirlo muchas veces no lo hace verdadero) tratando de desprestigiar a la persona que cuestiona sus privilegios. Ya no se trata de un cargo público ni de alguien cuya actividad haya estado relacionada con las administraciones públicas. La ilegalidad buscada ha girado en torno a la vida profesional del ciudadano y dirigente político de Podemos, Juan Carlos Monedero. Sin embargo, todas ellas han sido desmontadas por él mismo. Ni ocultó dinero en paraísos fiscales ni en cuentas opacas al fisco: los ingresos de su empresa tributaron a hacienda como permite la ley.

En el escarnio que se pretende, se exige el contrato y el contenido del informe elaborado por el que la empresa de Monedero recibió los 425.000 euros. Petición un tanto extraña, pues esos informes, sujetos a confidencialidad, a quien compete hacerlos públicos si consideran que esa información puede ser divulgada es al ALBA, la alianza de varios países latinoamericanos que fue quien los encargó y pagó (que es lo mismo que sucedería con los informes que el asesor P. Arriola elabora para el presidente M. Rajoy -que nadie ha visto ni pedido ver-).

Pero para sorpresa, hemos oído algo hasta ahora desconocido. Ya no se insiste en la ilegalidad, sino en una supuesta inmoralidad. Se achaca que sería inmoral realizar cobros desde una empresa unipersonal y tributar como empresa en vez de hacerlo como rendimientos del trabajo. Se dice (cuestión que Monedero niega) que haciéndolo de esa manera habrá pagado a hacienda una cantidad inferior, y eso sería una inmoralidad. Una ministra señala que incluso esa forma de tributar, si se generalizase, pondría en riesgo los servicios públicos. Increíble. Parecen estar sosteniendo que hay leyes que son inmorales, leyes a las que cualquier ciudadano puede acogerse, como han hecho muchos profesionales, sin que nadie diga nada acerca de cambiarlas. Se ha utilizado, en este caso, para acusar solo al dirigente de Podemos, no a las decenas de miles que tributan a través de empresas unipersonales.

Para evaluar si una acción es inmoral, hay que hacerla desde unos principios o criterios morales. Si el criterio que se utiliza es la contribución a la hacienda pública en función de las rentas para mantener los servicios básicos al conjunto de la población, (el cual se deduciría del principio de la consideración del ser humano como un fin en sí mismo, de la necesidad de preservar su dignidad) el sistema legal impositivo es una gran farsa inmoral; y quienes lo mantienen están obrando, en consecuencia, de forma inmoral. Peor aun, al contribuyente, particulares y empresas, se le ofrecen multitud de posibilidades fiscales a la hora de cumplir sus obligaciones ante la hacienda pública. La inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad, se acoge a las que le son más favorables, y hasta ahora, nadie lo ha considerado una práctica inmoral.

¿Qué es lo decisivo desde el punto de vista moral a la hora de efectuar los pagos a hacienda? La moral pública puede ser positivizada y, entonces, como cualquier otra norma jurídica, es de obligado cumplimiento. Pero si una vez positivizada permite un abanico de posibilidades al contribuyente, entonces es el criterio moral del contribuyente quien tiene que orientarle en la elección. Hay contribuyentes que invierten en una SICAV para apenas pagar impuestos (es legal) y quienes se aplican todas las deducciones posibles. Es de suponer que el Estado puede mantener los servicios públicos con una recaudación sobre ese escenario, escenario que es el que realmente se produce. La inmoralidad del sistema recaudatorio se incrementaría pidiéndole un mayor esfuerzo fiscal, una mayor generosidad llamando a acogerse al tipo de declaración menos favorable al contribuyente de rentas medias (y así mantener el nivel esperado en la recaudación), mientras a las rentas altas se les permiten las medidas de ingeniería fiscal para apenas contribuir. Si el ciudadano Monedero tributa sus trabajos para el ALBA a través de una empresa (y es dudoso que pague menos de esa forma, una vez que haya tributado por los dividendos obtenidos) y los ingresos obtenidos no los dedica a incrementar su patrimonio o al lucro personal, no solo es legal y legítimo, sino acorde a deseables criterios de moralidad pública (la supuesta inmoralidad solo reside en las hipócritas personas que ocultan sus verdaderas intenciones cuando lo acusan). Si a esto le añadimos que los ingresos obtenidos por Monedero tenían como función la participación en un proyecto mediático alternativo al oligopolio informativo existente, no solo no fue inmoral su declaración a Hacienda, sino que la gestión económica de los ingresos que había obtenido tiene un valor añadido: que contribuye positivamente al pluralismo y la libertad, a mejorar la calidad de nuestra democracia. 

El 30 de enero, fecha del aniversario del asesinato de Gandhi, se celebra el día escolar de la no violencia y la paz.

                                                                             

                                                          Manifiesto leído en el IES Guadalentín.

Una vez más se celebra el aniversario de la muerte de Mohatmas Gandhi. En este homenaje queremos recordar y aprender de quien supo ver, con más claridad que ninguna otra persona, que la solución a los inevitables conflictos que surgen de la multiplicidad y complejidad de las relaciones humanas, si se pretende salvaguardar la dignidad humana, pasa inevitablemente por el respeto a la vida, a la vida humana; por lo que no cabe más alternativa para solucionar dichos conflictos que la búsqueda incansable de mecanismos que permitan una solución pacífica de los mismos.

En efecto, si decimos que el momento más elevado de la moralidad  se produce cuando un ser humano es capaz de entregar su vida por salvar la de otro y que la acción moral más repudiable, el momento más bajo de la moralidad, es aquél en el que alguien es capaz de quitar la vida a otro ser humano, nos encontramos que nuestra historia parece estar jalonada de muchos más momentos de este segundo caso que del primero. El siglo XX, con las guerras mundiales, el Gulag soviético, los campos de exterminio nazis, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, la muerte por hambruna en países empobrecidos, pobreza extrema, etc., que parecen prolongarse en este siglo XXI con un sombrío panorama, cuando menos, nos invita a la reflexión. ¿Qué ha pasado? ¿No hemos aprendido nada de las enseñanzas de Gandhi? 

Hemos dicho que el conflicto es inevitable. La ambición humana, la lucha por el poder, la defensa de intereses económicos, la satisfacción de deseos y también, por qué no, la exigencia de derechos, pueden acabar en situaciones conflictivas, colisionando entre sí desde perspectivas que se presentan a sí mismas como legítimas o justificadas. En la defensa de ellas, el recurso a la fuerza es inevitable. Hemos dicho la fuerza, sí la fuerza, pero la fuerza de la razón, la de la palabra, no la razón de la fuerza.

La fuerza de la razón es, en primer lugar, reconocer al otro, al oponente, como un igual, como un ser racional al que se está dispuesto a escuchar, con el que se pretende dialogar; pero también, y en segundo lugar, es hablar con veracidad y con honestidad; por último hacerlo sin coacciones y tratando de que nos entienda. El acuerdo podrá ser posible o no serlo. Pero ese debe ser el camino. La dificultad no debe desesperarnos y dejarnos abandonar al recurso fácil de buscar la superioridad y vencer, el recurso de la violencia. Existen más instrumentos. No sólo los tribunales de justicia propios del Estado de derecho.

En nuestros conflictos cotidianos también puede imponerse la sensatez, la razón. Se pueden arbitrar sistemas de mediación, grupos y personas neutrales ante los que nos comprometemos para acatar las decisiones que establezcan. Ya funcionan en diferentes ámbitos como los profesionales, de la actividad comercial y también empiezan a funcionar en ámbitos escolares; pero tienen que extenderse a todos los ámbitos de la vida social. Se trata de superar la violencia desde los niveles micro, los pequeños, los conflictos que nos surgen a diario, hasta aquellos otros en los que, ya desbordándonos, intervienen grupos sociales o sectores de población, hasta llegar a los propios países o diferentes culturas. Incluso las civilizaciones. Se trata, decíamos, de avanzar hacia la paz perpetua de la que nos hablaba el filósofo ilustrado I. Kant. Es verdad que hablar de relaciones pacíficas en un mundo que parece en guerra permanente puede sonar algo ilusorio, pero el camino de la utopía que nos indicó el filósofo y el propio Gandhi, nos señala el horizonte hacia el que tenemos que avanzar.

El avance hacia ese horizonte serán pasos graduales en la disminución de la violencia y más específicamente de la violencia política, tanto a nivel interno, en la de cada Estado, como en el de las relaciones internacionales. En primer lugar, en nuestro propio país, como en cualquier país, debemos construir una sociedad justa, respetuosa con la multiculturalidad y administrada por un Estado social y democrático de derecho.

Pero la violencia va más allá de las pretensiones en nuestras propias sociedades. No se puede hablar de paz si las necesidades básicas no están cubiertas. Si la distribución de la riqueza impide que haya seres humanos, en cualquier lugar del mundo, que puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus capacidades, ello es otro tipo de violencia, la violencia estructural. Superar la violencia, también en este nivel, significa un reparto de la riqueza tal que, para cualquier persona, en cualquier país, nadie se vea impedido de tener los recursos que le permitan la misma esperanza de vida que en  los países más desarrollados y gozar de las mismas oportunidades que les permitan la puesta en práctica de las propias capacidades.

Por último, también se necesitaría una federación de pueblos libremente constituida y a la que se subordinaran los diferentes estados nacionales a fin de mediar en las diferencias que entre ellos pudieran surgir. Esta federación y sus tribunales, democráticamente constituidos, estarían dotados de poder, en el terreno jurídico, económico y político, suficiente como para dirimir los conflictos interestatales, corrigiendo y superando la actual estructura y funcionamiento de la ONU.

Para solucionar cualquier conflicto, por tanto, es necesaria la fuerza, la fuerza de la razón, que no es pasividad -como decía Gandhi- sino invitando a la palabra, al diálogo, o, llegado el caso, recurriendo a las instancias que arbitren soluciones que obliguen a las partes en conflicto. Pero también, frente a la injusta agresión, estructural o directa, racista o de género, ideológica o de clase, cuando las palabras ya no sirven, es resistencia pacífica, no violenta, resistencia en la denuncia, en difundir la situación, en concitar apoyos, en dar una respuesta colectiva y solidaria, en conseguir que el derecho esté con el débil, con el agredido. Ese fue el mensaje de Gandhi, esa fue su lucha y su vida. Por eso, hoy –y terminamos- lo decimos con él, “no hay caminos para la paz, la paz es el camino”. 

El grito de desesperación de una madre en una tertulia televisiva con miembros del partido gobernante, anuncia el cambio en Grecia.

El día 25 en Grecia empieza el año en que la Europa de los pueblos exige el final de la Europa de los mercaderes. 

La rebelión que lleva gestándose en la ciudadanía europea frente al capital financiero y la troika (CE, FMI, BCE), podría dar un vuelco en las instituciones de algunos países europeos. El día 25 se celebran elecciones en Grecia y, según los sondeos, Syriza podría ser la fuerza más votada. Con ello se iniciaría el año del cambio, el año en que otra visión de Europa, la de los pueblos y la multitud, empiece a tomar el futuro en sus manos poniendo la economía al servicio del ser humano. 

Las razones de ese previsible vuelco en Grecia quedan patentes con la intervención de una madre en un programa de televisión. Era una tertulia a la que asistían representantes del partido gobernante. Hacer clic sobre el enlace

Grito de desesperación de una madre a los gobernantes griegos

Ser un patriota o ser un patriotero

A pesar de que el Gobierno anuncia que 2015 será el año de consolidación de una recuperación que habría comenzado en el 14, la realidad es que en  este año que comienza no habrá ninguna mejoría para la mayor parte de la sociedad, para la multitud y los pueblos del Estado. Porque no me cabe duda que los sectores financieros y económicos pueden ver incrementados sus beneficios, pero no son pueblo ni la multitud que compone la mayoría social. No son pueblo porque el capital no se identifica con ninguna cultura, con ningún ser humano habite donde habite, pertenezca al país que pertenezca. Para el capital todo ser humano es potencial fuerza de trabajo a la que poder explotar, aquí, allá y acullá. El Estado nacional es un instrumento a su servicio, un instrumento para la defensa de sus intereses donde estos se encuentren. Así ha sido desde la constitución de los Estados nacionales. Lo sectores hegemónicos de la burguesía han podido replantear, en ocasiones, el modelo de Estado en función de las conveniencias que, como sector social, más le interesaba. Para ello se apoyarían en vínculos identitarios y culturales con el pueblo que pretendían aglutinar en la estructura de ese Estado. En rigor, para el capital, la patria no es más que el Estado que mejor defiende la generación continua de plusvalías que incrementen su poder económico. Así, sus capitales circularán por todo el mundo, invertirán en aquellos países donde más fácil resulte la explotación de trabajadores/as, especularán con activos financieros procedan de donde procedan, pagarán impuestos donde más ventajas le proporcionen y evadirán sus capitales hacia paraísos fiscales de cualquier continente. El modelo de Estado que sostendrán será siempre aquél que mantenga esos intereses y esa situación privilegiada como clase social.

Sin embargo, la realidad para la multitud y los pueblos ha sido y es otra diferente. Marx dijo que los obreros no tienen patria. En efecto, quien nada posee salvo su fuerza de trabajo, ¿qué puede decir que es suyo? En tanto que poseedor de su fuerza de trabajo, necesita venderla al capitalista a cambio del salario que le proporcione los medios de subsistencia. Y tal cosa hará independientemente del país que se trate. Pero con todo, lo que no se puede negar, ni Marx negó, es la defensa de la cultura, de la tierra y los elementos simbólicos bajo los que ese trabajador/a ha adquirido la identidad como persona. Esa es la raíz necesaria de la que se nutre cualquier ser humano. Y la identidad social compartida por el grupo es lo que configura lo que denominamos pueblo.

Cierto es que en la actualidad han aparecido nuevos sujetos poco o nada vinculados al pueblo y cuya extensión va en aumento. Es la multitud, los muchos que forman singularidades diferentes que no pueden reducirse a la unidad, ni a una identidad única, pero que están conectadas, que forman redes y actúan en común sin perder cada cual la riqueza de su singularidad. Su crecimiento ha sido paralelo a la nueva configuración global del poder político y económico. La multitud es la mayoría social, los excluidos de los ámbitos de decisión y de las instituciones representativas del sistema capitalista.   

En esta situación en la que el ser humano es convertido en una mercancía más, una mercancía productora de riqueza material o intangible, surge la resistencia de la multitud y, también, el derecho de cada pueblo a constituirse como tal, a dotarse de los instrumentos políticos que salvaguarden su condición de personas y de pueblo; el derecho a exigir la libre determinación. Por eso, en la actualidad, cuando el capital ha franqueado todas las barreras humanas, sociales y nacionales, sumiendo en el paro y la pobreza a millones de ciudadanos/as del Estado español, la reclamación del derecho de autodeterminación (social, económico y político) y de otro modelo de Estado, es la reclamación de un patriotismo humano.

Las soflamas sobre la unidad nacional y patrañas similares que los patrioteros alientan, y cuyo papel tan bien representa la Monarquía, esconden los intereses de los sectores económicos dominantes que necesitan de una estructura estatal que mantenga su dominio, su poder de explotación sobre la multitud y los pueblos del Estado, a la vez que defienda sus intereses económicos y privilegios en cualquier país del mundo. Para ellos no hay más patria que sus negocios. Y que el crecimiento y los beneficios económicos continúen instalados en ellos. En definitiva, ese es el trasfondo del patrioterismo dominante, el que se esconde tras el respeto a la bandera y el himno para ocultar el sufrimiento humano, los bajos salarios, el desempleo y la pobreza de la población. Pero 2015 puede ser el año en que la multitud y los pueblos les quiten las máscaras, puede ser el año que empiecen los cambios hacia otro modelo de sociedad.

¿Es conveniente cambiar de coche cuando se va el primero y la meta está próxima? Podemos no puede ni debe sustituirse por ninguna otra marca política.

Se incrementa el debate en el seno de las plataformas municipalistas Ganemos. Un sector de ellas, defendida por miembros de Podemos entre otros colectivos, propone que estas plataformas se configuren como agrupación de electores. Otro sector, fundamentalmente nucleado en torno a IU, propugna que la fórmula jurídica de las mismas sea la de una coalición de partidos.

Las ventajas de una coalición de partidos, siempre que se presentaran en el mayor número posible de municipios, son innegables. Por decirlo resumidamente: los concejales obtenidos computarían para las diputaciones provinciales (con la importancia que tienen para los municipios pequeños municipios) y sus resultados podrían rentabilizarse tanto económicamente como en espacios gratuitos de propaganda electoral. Y lo mismo que una coalición de partidos, como es obvio y esa parece que será la fórmula adoptada por Guanyem Barcelona, sucedería si se presentaran como un partido político. Ninguna de estas ventajas se producirían, o en bastante menor medida, en el caso de una agrupación de electores (computan sólo para el municipio al que se presentan).

Aunque aparentemente la opción de la coalición (o como partido político) posee unas ventajas de las que carece su alternativa, ambas propuestas encubren otro debate de mucho más calado. Descartada la posibilidad de que Podemos sea la fórmula partidaria que formalmente representase a las plataformas Ganemos (no ha sido planteada por ahora y no se avizora en el horizonte), queda la opción de una coalición de partidos. Esta sería una marca política que integraría en su seno a fuerzas políticas como IU, CLI-AS y otras, además de movimientos y asociaciones (aunque de facto se imponga la participación individual con mecanismo de democracia directa). Pero si entre estas fuerzas se encuentra Podemos, la fuerza política cuya hoja de ruta se encamina hacia las próximas elecciones generales con opciones reales de alcanzar la mayoría, integrarse en una coalición con fuerzas políticas cuya identidad ideológica y trayectoria política cuenta con un respaldo minoritario de la población, provocaría entre el electorado una imagen similar a la de sus socios de coalición, mermando considerablemente su progresiva expansión entre los de abajo, entre la mayoría social que no pertenece al decil de los más ricos.     

Peor aún: un escenario con una coalición de partidos, más o menos exitosa en las municipales, dificultaría enormemente una posterior ruptura para unas elecciones autonómicas y generales (que sería difícil de entender en algunos sectores fuertemente identificados con la izquierda). Y el coste mediático de la ruptura repercutiría negativamente en Podemos. Concurrir a las generales con una marca política (Ganemos) diferente a la de Podemos, hoy por hoy, es un favor al régimen bipartidista que sólo un insensato o interesado en su preservación puede desear. No se puede cambiar de marca a un año de las elecciones y con todo (o mucho, por ahora) a favor de.convertirse en la primera fuerza política estatal.

Es previsible que a Podemos traten de ponerle muchos obstáculos, que disminuya su presencia mediática (también durante las campañas electorales) y se incrementen los ataques y difundan todos los bulos posibles. Pero la espiral de simpatía (porque es de necesidad) que ha generado, es dudosa que puedan frenarla. La situación económico-social, política e institucional exige de una fuerza política para superarla, y Podemos se ha presentado como el instrumento capaz de hacerlo. Diluirse ahora en una coalición de partidos, como Ganemos, sería una irresponsabilidad en la que no incurrirá la dirección de Podemos.

La deseable unidad de quienes se oponen al bipartidismo y a las políticas neoliberales tiene que hacerse sin prisas, aunque eso suponga llegar a las próximas generales con varias fuerzas políticas con bastante similitud programática compitiendo entre sí (cada una de ellas posee su propio mensaje y, también, parte de electorado diferente). Pero, ¿qué hacer en las municipales? Las plataformas Ganemos que se constituyan como agrupación de electores (Córdoba) podrán contar con el apoyo de Podemos, como ya han anunciado. Las que se constituyan como coalición (que no podrán evitar ser etiquetadas como marca blanca de IU) o compiten con Podemos (si es que decide concurrir en algún municipio) o con las agrupaciones de electores que cuenten con el respaldo de Podemos (tal vez podría ser el caso de Málaga). La situación, por tanto, no resultará fácil en muchos municipios. Pero el caminos hacia las generales, para Podemos, continuaría con la misma hoja de ruta que le señala como posible fuerza política mayoritaria.  

Algunas razones para que las plataformas “Ganemos” participen bajo el paraguas de una marca política. Podemos se presenta como la alternativa con mayores garantías de éxito.

Los procesos municipalistas que se están generando, tras el pionero Guanyem Barcelona, con el objetivo de conquistar los ayuntamientos para ponerlos al servicio de la ciudadanía, se extienden por varias de las principales ciudades de diferentes comunidades autónomas. La perspectiva de una ruptura con el modelo de ciudad al servicio de las élites y los intereses desarrollistas se vislumbra como algo más que una posibilidad y que podría ser una realidad en las próximas elecciones municipales.

En efecto, se pueden ganar algunas ciudades, y si es ese el objetivo, será necesario que se constituyan agrupaciones de electores (apoyadas por el 1% del censo de cada municipio) surgidas de una confluencia real y con un programa elaborado participativamente por la ciudadanía. A los movimientos ciudadanos y municipalistas que están impulsando el proceso, se tendrían que unir las fuerzas políticas que se oponen al neoliberalismo, pero participando sus miembros individualmente en estas plataformas. Sin embargo, si se pretende que estos procesos de confluencia ciudadana alcancen el nivel de representación institucional (diputaciones y parlamentos autonómicos) y mediática que los sitúen en las mejores condiciones para que en las elecciones generales (legislativas) se pueda poner fin al régimen del 78, el bipartidismo borbónico, la fórmula de las plataformas Ganemos (o con otros nombres) en las principales ciudades, se rebela insuficiente.

Es insuficiente por varios motivos: las agrupaciones de electores no computan conjuntamente para optar a los diputados provinciales que son elegidos según la representación obtenida en los partidos judiciales. Lo cual no sería importante si la presencia de agrupaciones de electores en una misma provincia no fuese significativa. Pero si estas agrupaciones continúan expandiéndose por municipios de la misma provincia, se perdería la posibilidad de tener la presencia institucional y mediática que les correspondería. Y tampoco puede establecerse legalmente una coalición de agrupaciones de electores. Por lo mismo, tampoco pueden ser una fórmula válida para las elecciones autonómicas (tendría que ser una agrupación de electores diferente a las que se constituyan en los municipios).

Si entonces se planteara como fórmula, una vez descartada la coalición de partidos, como así han planteado algunas fuerzas políticas implicadas y movimientos ciudadanos, no parece quedar mejor opción que las plataformas Ganemos, constituidas autónomamente, sean formalmente presentadas e incorporen la marca de una fuerza política. Hoy por hoy, la fuerza emergente que concita las mismas sensibilidades de las plataformas Ganemos, no es otra que Podemos. Y es la fuerza política que puede optar  a que en las próximas generales (noviembre del 15) la ciudadanía indignada desplace del poder a las fuerzas del régimen del 78.

Pero una propuesta de que las plataformas Ganemos se presenten bajo el paraguas de Podemos es difícil que sea asumida. El primer obstáculo sería planteado por las otras fuerzas políticas -como IU-, que no van a aceptar el apoyo a unas plataformas que se presentan con la marca de Podemos. Y también, la reticencia de algunas personas involucradas en los procesos de Ganemos. En este caso, si no se pueden superar estos obstáculos, no quedará más remedio que se configuren como agrupaciones de electores que actúan reducidas al propio municipio. Las elecciones autonómicas se presentarían entonces como un proceso diferente, que aún pudiendo estar sujeto a otro tipo de confluencias (separaciones e integraciones posibles –CUT, EQUO...-), probablemente abordarán por separado las principales fuerzas políticas antineoliberales. Pero por todo ello, habremos perdido una oportunidad inmejorable.

A 78 años de la muerte de Blas Infante, el pueblo andaluz sigue empobrecido y su identidad diluida. Un breve esbozo del pensamiento infantiano.

El 11 de agosto de 1936, Blas Infante fue ejecutado en el km. 4 de la carretera de Carmona por los golpistas. Aquel asesinato se justificaría en una sentencia dictada 4 años después y, en una aberración jurídica, aplicando retroactivamente la ley. Hoy día sigue sin haberse revisado esa ignominia. Que esta reparación no haya sido posible, que los restos de Infante se encuentren en una fosa común del cementerio de S. Fernando, según se supone, es una muestra de la situación de debilidad política y cultural del pueblo andaluz. Y del olvido de lo que fue la obra y el pensamiento de Blas Infante.

¿Cuáles fueron las inquietudes de Blas Infante? En un pasaje de su primera obra, “El ideal Andaluz”, expone lo que le guiará siempre en su quehacer político por el pueblo andaluz: ““Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…” (Infante, 1915)^[i]. Los andaluces, desposeídos a partir del siglo XIII de sus tierras, entraron en la Era Moderna bajo el poder de la nobleza castellana. Desde entonces, los que no fueron expulsados (también con las posteriores de tipo económico), vivieron sumidos en la explotación económica y en la asimilación cultural. Infante sabía que la recuperación de la identidad pasaba por la reapropiación de lo que fueron sus medios de vida. Para que el pueblo andaluz pueda volver a ser ser un pueblo, tendría que disponer de la propia capacidad de producir sus medios de vida, y hacerlo con las características con las que siempre lo ha intentado: proyectando su espíritu. Ninguna de las fórmulas políticas en pugna durante el siglo XX satisfacen el ideal del pueblo andaluz, el ideal de libertad, porque ese ideal, presente en la cultura andaluza desde sus orígenes, solo puede conseguirse cuando la libertad individual coincida con la libertad colectiva del pueblo en una sociedad justa orientada hacia el ideal de humanidad.

Infante continúa elaborando su pensamiento filosófico y político en obras como “La dictadura pedagógica”, la inconclusa obra “Fundamentos de Andalucía” o “El complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía”. La libertad tiene que construirse desde abajo, desde el  individuo al municipio, pasando por la comarca y la provincia, hasta alcanzar el autogobierno como pueblo. La propiedad privada puede ser superada por la propiedad de todos, la propiedad comunal; pero el derecho a la posesión, a la generación de riqueza y a los productos del trabajo, estará a disposición de cada cual y al alcance de todos. Todas las familias jornaleras, los auténticos andaluces que fueron desposeídos, por tanto, tienen derecho a la tierra, al trabajo y la posesión de ella.

El ideal presente en el pueblo andaluz es un ideal de libertad incompatible con el capitalismo y el colectivismo socialista. La cultura andaluza es una cultura de raíz libertaria, humanista y vitalista, como sus abolengos griegos, y cuyo genio ha proporcionado brillantes épocas (Tartesos, Bética, Al-Andalus) en la historia. Derrotado y oculto, el ideal andaluz, de libertad y justicia, podrá aparecer y realizarse surgiendo desde cada individuo, construyendo la democracia con la entrega de los mejores hombres y mujeres en la tarea de formar al pueblo en la paz, la libertad y solidaridad para alcanzar un comunismo afectivo, de seres humanos libres y solidarios, es decir el comunismo libertario.

Si de Castilla proviene el señoritismo parasitario enquistado en la estructura social andaluza: el señorito, cacique o terrateniente que oprime y explota al pueblo andaluz; y si el Estado español, su dominio político y centralista, son la causa del empobrecimiento y anulación político-cultural de Andalucía, entonces España es el problema. En consecuencia, el pueblo andaluz, contra el señoritismo y contra el españolismo, tiene que exigir la autodeterminación, constituirse con la capacidad política para ser dueña de sus propios recursos y decidir por sí misma su propio destino. No para construir una Andalucía cerrada en sí (el nacionalismo andaluz es un nacionalismo antinacionalista), sino para el progreso de los pueblos en el ideal de libertad, el ideal de humanidad que, como sucedió en otros períodos de la historia, emergerá desde las propias raíces culturales de Andalucía.

---

[i] El Ideal Andaluz Ed. Fundación Blas Infante, p.. 80

La reforma electoral que propone Rajoy tiene que acelerar los proyectos para que la ciudadanía gane los ayuntamientos.

A la iniciativa surgida en Barcelona, Guanyem Barcelona, que tiene como cara visible a la ex portavoz de la PAH, Ada Colau, han seguido otras, como en Madrid el proyecto Municipalia, u otras más recientes y en fase embrionaria en Valladolid, Zaragoza o Málaga. Estas iniciativas, surgidas desde asociaciones y movimientos ciudadanos, plantean como constante la construcción del proyecto desde fórmulas asamblearias y de democracia directa.  El objetivo es conformar candidaturas para ganar las próximas elecciones municipales y colocar la gestión y competencias de los ayuntamientos al servicio de las necesidades de la ciudadanía, haciendo de la ciudad un lugar más habitable, más humano y más sostenible para sus moradores. A estas plataformas y proyectos se han invitado también a las organizaciones políticas que quieran integrarse asumiendo los criterios de democracia asamblearia. Grupos como Podemos, las Cup catalanas, Equo o IU podrían estar mostrando interés, unos con más decisión que otros, pero en cualquier caso a esa una invitación abierta ya están participando a título individual personas vinculadas a dichas fuerzas políticas.

El proceso, incipiente aun, sin embargo ha cobrado una extraordinaria actualidad e importancia de cara a las próximas elecciones a la vista de los planes del Gobierno de reformar la ley para la elección directa de los alcaldes. Aunque esta propuesta no se ha planteado de forma clara, el presidente Rajoy ha declarado que el alcalde tendría que ser el candidato de la lista más votada. Otras dirigentes populares se han inclinado por que se elija en una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Evidentemente, con ella, se trata de cerrar el paso a las fuerzas emergentes y de izquierdas, que con sus pactos podrían hacerse con numerosas alcaldías en las próximas elecciones. Sin duda, el ascenso de Podemos gravita en esta reforma.

Dada la mayoría absoluta del PP y que el PSOE no muestra un posicionamiento claro de rechazo, habrá que considerar la reforma del sistema de elección de alcaldes como previsible para las próximas elecciones. Y es precisamente para ese momento para el que los movimientos ciudadanos, las asociaciones y fuerzas políticas que aspiran a otro modelo de sociedad tienen que estar preparados y dar la respuesta que espera la mayoría social.

Estas primeras iniciativas en marcha tienen que generalizarse en todas las ciudades y, si se plantean con altura de miras, deberían incorporar la misma marca política, una marca que identifique todas estas candidaturas municipales. Sobre todo, pensando en otro escenario posterior (sus repercusiones), el de las próximas elecciones generales (legislativas). Y hoy por hoy, Podemos es la que mejor representa la sensibilidad de la ciudadanía indignada que reclama la superación del régimen bipartidista surgido en la transición. Podría surgir otra marca, también aglutinadora (“Ganemos”), para todas las candidaturas. Pero esta sería la que tendría que presentarse en las próximas generales. En cualquier caso, para esa tarea ya hay un proyecto ilusionante, como es Podemos.

Bien es cierto que la tendencia a favorecer los intereses de la propia capillita (aparatos), las ambiciones personales y la identificación de los militantes con su tradicional organización pueden operar en contra de la participación de las fuerzas políticas en estos  procesos asamblearios. Pero si no lo hacen, se perderá, todas perderán, la ocasión de vencer en algunas ciudades. Y la importancia de estas elecciones municipales, como las movilizaciones, todas, pero especialmente las unitarias en torno a las marchas por la dignidad, en este proceso destituyente iniciado con el 15M, las fuerzas políticas no pueden pasarlas por alto, no pueden pensar que es un acontecimiento político sin más, como no lo hacen desde el poder político. Si organizaciones como IU, Equo, Compromís, etc. no son capaces de asumir que allí donde se planteen estas iniciativas ciudadanas (que debe ser en la mayoría de las ciudades y, después, a nivel del Estado), no pueden competir electoral y políticamente por su cuenta, acabarán siendo residuales en el escenario político y habrán hecho un flaco favor a los/as militantes que a lo largo de su propia historia lucharon por la libertad y la dignidad del ser humano. Y la credibilidad sobre el proyecto emancipatorio que justificó su aparición y su presencia, quedará irreversiblemente dañada.

El 22 de julio de 1969, el dictador Franco anunció a D.Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la jefatura del Estado.

                                                                           

El 22 de julio de 1969, Franco anunció la sucesión en la jefatura del Estado en las Cortes.

"Así, pues, valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del Príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que, perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del Régimen, se halla estrechamente vinculado a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos veinte años ha sido perfectamente preparado para la alta misión a que podía ser llamado y que, por otra parte, reúne las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, he decidido proponerle a la Patria como mi sucesor. Esta designación se halla en todo conforme con el carácter de nuestra tradición, gloriosamente representada en los bravos luchadores que durante un siglo se mantuvieron firmes contra la decadencia liberal y frente a la disolución de nuestra Patria por obra del marxismo; asegura la unidad y la permanencia de los Principios del Movimiento Nacional, está en todo conforme con las normas y previsiones de nuestras leyes y en su persona confluyen las dos ramas que en su día determinaron las pugnas sucesorias del siglo pasado.…………………………………………………………………………………………
Ha de quedar claro y bien entendido, ante los españoles de hoy y ante las generaciones futuras, que esta Monarquía es la que con el consenso clamoroso de la Nación fue instaurada con la Ley de Sucesión el 7 de julio de 1947, perfeccionada por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967; Monarquía del Movimiento Nacional continuadora perenne de sus principios e instituciones y de la gloriosa tradición española. Por ello, para cumplir las previsiones sucesorias, se instaurará, en su día, la Corona en la persona que hoy proponemos como sucesor, mediante la aprobación de la Ley a que va a dar lectura el señor Presidente de las Cortes" Fragmento del discurso del dictador ante las Cortes. 

Con la desaparición física del dictador en 1975, los acontecimientos parecían anunciar que el régimen vivía sus últimos días. Pero se inició entonces un proceso de transición para el que, en lo esencial, como el viejo dictador había señalado en su día, "todo estaba atado y bien atado”. La Monarquía impuesta por el general Franco como forma de Estado dio continuidad a la hegemonía del bando de los ganadores de la fraticida guerra.

Conducida por los sectores que dominaban el aparato de Estado, desde el Movimiento Nacional, se produjo el acercamiento hacia las principales fuerzas políticas organizadas en la débil oposición para alcanzar un pacto que permitiera unas elecciones homologadas en Europa. A tal fin se introdujeron las reformas necesarias sin que supusieran la ruptura con el régimen fascista anterior. La transición continuó con las elecciones de 1977 y, finalmente, con el referéndum que permitió la aprobación de la Constitución en 1979.

Los sectores sociales dominantes en la anterior etapa continuaron su situación privilegiada en la naciente democracia. La forma Estado tuvo continuidad en la Monarquía centralista, manteniendo el poder oligárquico de las mismas minorías e imponiéndose un escrupuloso silencio sobre la represión y crímenes del pasado. Los aparatos del Estado y el poder judicial permanecieron intactos mientras se consolidaba una partitocracia, apoyada desde la propia constitución y la ley electoral, que permitiría el establecimiento de la clase política y que garantizase el statuo quo económico sin que pudiera desarrollarse el Estado del bienestar, tal como había sucedido en los países que entonces conformaban el núcleo central de Europa. Los privilegios de la minoría dominante permanecieron intactos, aumentando su poder y la desigualdad económica en el país desde entonces. La Iglesia católica, aliada del régimen anterior, continuó su intromisión en la esfera del Estado sin apenas revisión.

Herederos de aquella transición, hoy, se vive un panorama desolador en todas las instituciones del Estado, a la par que aumenta la desigualdad social y crece la desafección de la población respecto al poder político. El exceso de poder acumulado por unos pocos, las minorías económicas y financieras (grandes empresas y bancos) y la clase política, ha acabado por sobrepasar los límites que el Estado de derecho impone. Desde el propio monarca y la familia real, pasando por el Gobierno y los representantes parlamentarios, la corrupción amenaza por cualquier esquina. No hay institución sobre la que no recaiga alguna sospecha y en los tribunales se acumulan las imputaciones. Hasta los sindicatos oficiales, que han sido un bastión importante para consolidar una política regresiva hacia las clases trabajadoras, se encuentran entre las instituciones beneficiadas por el Estado y encausadas por posibles corruptelas.

Aquel modelo de transición, y la Constitución resultante, pudo responder a la correlación de fuerzas existentes en aquellos entonces, pero hoy no representan a la mayoría de la población. Sólo una exigua minoría de la actual población viva participó en aquel referéndum que la aprobó. La monarquía, que aparecía escondida en el articulado del texto constitucional impidiendo que la población pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado, es decir, entre Monarquía o República, carece ya de la escasa legitimidad con la que nació.

En consecuencia, lo que desde la ciudadanía se reclama con más fuerza cada día, es la apertura de un proceso constituyente y la implantación de la República como forma de Estado. Es decir, dar fin a la continuidad del franquismo prolongado en la transición, en el modelo de sociedad y de Estado configurados desde entonces, para implantar la democracia como autogobierno del pueblo. Esto es, más allá de la identificación ideológica, una aspiración de cualquiera que se considere demócrata.

IU tiene su hoja de ruta, Podemos debe continuar la suya… y los movimientos ciudadanos seguir incrementando su presencia en la sociedad.

                                                                             

Reunión de la Coordinadora Andaluza de las Marchas de la Dignidad del 22M (Humilladero, 1-6 2014)  

Dirigentes políticos y analistas de izquierdas se han pronunciado en los últimos días a favor de una confluencia entre la coalición IU y la emergente fuerza política Podemos. Entre los que se han efectuado declaraciones se encuentran los máximos líderes de estas fuerzas políticas. Ambos han dejado abierta la posibilidad de tal confluencia, pero mientras Pablo Iglesias ha señalado como necesaria un previo acercamiento programático y de acción, Cayo Lara ha dejado claro que IU tiene su propia hoja de ruta. Parece que los dos líderes han enfriado un proceso que en otros ámbitos se contemplaba como tarea urgente. Y las últimas noticias también apuntan en esa dirección: Podemos se está centrando estos días en la extensión territorial y consolidación organizativa de sus círculos; IULVCA anuncia un proceso de primarias abiertas para la elección de su candidato a la Junta de Andalucía. Es decir, para ninguno la confluencia entre ambas organizaciones es la tarea a acometer en estos momentos. Y, contra una opinión bastante extendida entre sectores de la izquierda, creo que aciertan ambos.

IU por la Base, corriente que agrupa en Andalucía a la CUT y otros críticos con la dirección, especialmente en lo referente al pacto con el PSOE en el gobierno de la Junta, también se ha pronunciado en contra del proceso de primarias para la elección del candidato a presidir la Junta. Entiende que dicho proceso es innecesario en unos momentos en los que lo que está planteado es el proceso de confluencia de la izquierda, a quien correspondería, una vez alcanzados los acuerdos, la elección del candidato a la presidencia y la formación de candidaturas. IU por la Base entiende también que al proceso de confluencia de la izquierda se tiene que invitar a otros colectivos políticos y movimientos sociales. Y lo demanda con carácter de urgencia. Aquí, a mi juicio, reside el error.

La confluencia entre la izquierda y entre los de abajo, organizados en asociaciones movimientos ciudadanos y en el sindicalismo alternativo, no puede forzarse por una convocatoria impulsada por las dos principales fuerzas políticas, IU y Podemos. La confluencia, o es real, lo cual quiere decir que viene precedida de compartir movilizaciones y propuestas en prácticamente todos los terrenos, o es simplemente un mero artificio formal que sume colectivos políticos con vistas a un resultado electoral (supuestamente mejor). Si lo que está planteándose en estos momentos entre los que claman la unidad es esto último, se obtendrían varias consecuencias negativas para el proceso de empoderamiento ciudadano:

En primer lugar, los colectivos y movimientos ciudadanos tiene una dinámica propia de extensión y movilizaciones que no puede supeditarse a la agenda electoral. Es en estas movilizaciones donde tiene que producirse la confluencia real entre los de abajo. Y esto tiene que visualizarse en el apoyo comprometido, entre otras, con la marea verde (y las demás), con el movimiento antidesahucios o la coordinadora de las marchas de la dignidad 22M, donde no está claro el compromiso por parte de todas las fuerzas políticas.

En segundo lugar, lo que ha supuesto Podemos, su potencial de crecimiento político, no puede verse frenado en operaciones artificiales. IU por la Base acierta en señalar de dónde tiene que surgir el proyecto para el cambio político y la renovación social, pero esto se tiene que jugar en un proceso donde todas las partes desarrollen sus potencialidades, y ahí no caben las urgencias. Hoy por hoy no se ven límites a la expansión de Podemos; antes al contrario, está sorprendiendo su crecimiento exponencial y la capacidad para integrar personas indignadas que difícilmente se incorporarían a alguna de las fuerzas políticas hasta ahora existentes. Un pacto entre fuerzas políticas en estos momentos sería imponer un corsé a este proyecto ilusionante y del que va a depender, en buena medida, la vía político-institucional para hacer real el poder del pueblo.

En consecuencia, para un futuro inmediato, lo deseable es que cada fuerza diseñe y continúe con sus propios planes de crecimiento. Y los movimientos ciudadanos sigan cada uno de ellos con sus movilizaciones propias, así como, coordinados en el 22M, con las movilizaciones anunciadas para finales de junio y el otoño. Es en ese proceso de empoderamiento donde tiene que producirse la confluencia real que, más adelante, también podría dar lugar a la participación electoral conjunta.

Se hace necesario construir desde abajo, desde la ciudadanía indignada, la alternativa al bipartidismo.

                                                                             

En las recientes elecciones europeas las fuerzas políticas que se oponen a las políticas neoliberales y la troika han conseguido un importante ascenso. La suma de sus votos es percibida desde los poderes económicos, políticos y mediáticos como una amenaza real a la hegemonía neoliberal ejercida desde los años 80. Pero también, a su vez, desde la izquierda y ante la división del voto, han surgido voces que piden la unidad de cara a futuros compromisos electorales; se trataría de darle continuidad e incrementar dicho ascenso.

Sin embargo, nada nos permite pensar que una coalición de todas esas fuerzas hubiera cosechado el resultado alcanzado por separado; aunque es cierto que, con circunscripciones provinciales –como en unas legislativas o autonómicas-, tampoco se debilitaría tanto el resultado como sería previsible de concurrir en solitario. Pero, volviendo a la supuesta coalición, no parece muy real su consecución a corto plazo ni, tal vez, deseable. No porque sea malo que fuerzas como IU, Podemos, Primavera Europea y fuerzas soberanistas (Los pueblos deciden, Esquerra…)  y otras que no alcanzaron representación (Partido X, Movimiento RED, Recortes Cero…) o que no se presentaron ni pidieron el voto para nadie (CUP de Cataluña, la Asamblea Andaluza…) puedan conformar ese frente, sino porque no es lo que los movimientos ciudadanos y la ciudadanía indignada vienen reclamando, al menos planteado así. Es decir, que en la ciudadanía indignada, entre esa mayoría de población que expresaba su apoyo al 15M o el casi 90 % que rechaza las políticas aplicadas por los dos últimos gobiernos (según las encuesta del CIS), lo que no se plantea como deseable expectativa es una suma de etiquetas políticas existentes. Un proceso negociado y dirigido por los respectivos aparatos acabaría en un reparto de cuotas de poder, midiendo la representatividad utilizando los resultados obtenidos en las europeas. Esto conllevaría que los movimientos ciudadanos y el movimiento libertario quedaran al margen, y que la ciudadanía en general contemplaría como un espectáculo más, tal vez necesario, pero no muy diferente a la percepción que se tiene de la política y los profesionales que la ejercen.

Si la negociación se plantease con la posibilidad abierta a la participación de los movimientos ciudadanos organizados (como sucedió con “Suma…”), las dificultades que presentarían los aparatos de los partidos, especialmente el PCE (mayoritario en IU), no pronostica que pueda establecerse una fórmula de consenso, pues es sabida su oposición al establecimiento de primarias. Y mientras no haya elecciones primarias para todos los ámbitos de representación, las asociaciones y movimientos no se involucrarán en el proceso. No hace falta recordar que la democracia directa y el poder de la asamblea es una consigna central en todos ellos

En cuanto a las dificultades programático políticas, no parece que nadie, salvo la dirección de IU, acepte el ignominioso pacto con el PSOE en la Junta de Andalucía. Ganar el poder para derrotar a la troika y al bipartidismo, es un objetivo que no pasa por ser corresponsables en la aplicación de las políticas neoliberales ni ser apoyo de alguno de los partidos que las defienden. La política de oposición total al bipartidismo en todas las instituciones del Estado no está entre los planteamientos de los actuales dirigentes de IU.

La tarea no es fácil, pero fraguar el contrapoder ciudadano, que hoy se siente como una necesidad, tiene que ser en un proceso que surja desde abajo y con mecanismos de democracia directa. Para ello la ciudadanía indignada tiene que continuar organizándose en asociaciones, movimientos y mareas. De la solidez, de la fuerza que adquiera, va a depender que las fuerzas políticas antineoliberales se integren en ese proceso capaz de derrotar el modelo bipartidista. Y aquí no puede haber repartos ni decisiones desde arriba, desde los aparatos partidarios, sino funcionamiento asambleario. Tampoco catecismos ni etiquetas ideológico políticas. Ese es el papel  que les corresponde al Frente Cívico, al 15M, a las asambleas ciudadanas, movimientos antideshaucios, mareas, sindicalismo alternativo y otros. La fuerza política emergente, Podemos, parece haber entendido esa realidad. Pues ese camino tienen que recorrerlo las demás, todas las fuerzas que quieran comprometerse con la necesidad de tomar el control de las decisiones políticas, conseguir las mayorías necesarias para hacer realidad la dignidad del ser humano y la democracia como autogobierno del pueblo.

La ciudadanía indignada y la izquierda real ante las elecciones europeas. Algunos equívocos y errores de interpretación sobre la diversidad de propuestas.

                                                                           

Manifestación del 22M

Las encuestas pronostican un bajo porcentaje de participación en las próximas elecciones europeas así como una intención directa de voto a los dos grandes partidos también bajísimo. Aún a pesar de ello, entre los dos superarían holgadamente la mayoría entre el total de votantes una vez que se cocinan los datos (proyectando otras variables). Pero lo que también reflejan las encuestas es que la fractura entre la ciudadanía y los gobernantes continúa, ya que el porcentaje de la ciudadanía que valora negativamente al gobierno y al principal partido de la oposición se aproximaría al 90%.

Esta situación ha propiciado que entre surjan numerosas candidaturas que pretenden representar a esa ciudadanía indignada en este proceso electoral; pero también por el que se hayan levantado voces de alarma. ¿No era posible que la indignación se tradujera en una sola candidatura? No, no era posible y no lo será en un futuro próximo. Fundamentalmente por dos razones: la primera porque las fuerzas políticas que poseen una matriz identitaria no van a renunciar a ella ni a la estrategia que le es consecuente; pero también, y en segundo lugar, por las aspiraciones personales de quienes se perpetúan en los aparatos de estas fuerzas políticas. Y todo ello se mantendrá a menos que una poderosa ola de indignación ciudadana los saque de su letargo, forzando su integración en una fuerza plural mayor que sea capaz de albergar todas las sensibilidades políticas en su seno. Hoy no aparece en el horizonte tal posibilidad.

¿Va en perjuicio de la expresión político institucional esa diversidad de opciones que pretenden recoger el voto indignado en las europeas? Contra lo que algunos sostienen, no necesariamente. El problema no reside en la pluralidad, sino en la abstención. No porque en sí esta sea una mala decisión política, sino porque si esta proviene del sector de población indignada, las candidaturas que pretenden este voto, obviamente, pierden buena parte de su base electoral. Y aquí, en la abstención, pueden suceder dos cosas: que la abstención sea activa, como propugnan sectores del 15M y del movimiento libertario (como en CGT, CNT, etc.), grupos como la Asamblea de Andalucía y otros; o que la abstención se reduzca a no votar ese día sin más, no incorporándose o dando continuidad a los movimientos ciudadanos y las movilizaciones que impulsan. La primera forma de abstención, más sensata y razonable, puede plantearse como una forma alternativa de empoderamiento ciudadano.

No obstante, para quienes consideran necesaria la participación político-institucional, la abstención en general no deja de ser un inconveniente que, sin embargo, no parece ocupar las centralidades de las fuerzas que reclaman el voto de la ciudadanía indignada. Y lo incomprensible que estamos viviendo estos días (en los movimientos y organizaciones, en las redes y, menos, en los medios), es la disputa del voto de entre el sector de población que se inclina por votar a alguna de esas candidaturas, a saber: la Izquierda Plural, Podemos, Los Pueblos Deciden, Primavera Europea, L' Esquerra pel dret a decidir, Movimiento Red, Partido X, Recortes Cero, etc. Es incomprensible, y un error, porque al ser candidaturas de todo el territorio estatal, los únicos restos que se perderían serían los de las candidaturas que no obtuvieran ningún diputado/a. Y las encuestas dan posibilidad de conseguirlos a bastantes de ellas. Por tanto, lo deseable desde el punto de vista de la población indignada que piensa en la necesidad de estar presentes en el Parlamento Europeo, es que saquen al menos 1 diputado el máximo de candidaturas de las que pueden representarla, pues no se duda en la colaboración posterior para enfrentarse a la troika y las políticas neoliberales. Sólo los tres mencionados en último lugar parecen con escasa posibilidad de alcanzar el europarlamentario. Sus potenciales electores, aunque sean un reducido número, sí que podrían plantearse elegir otras opciones similares antes de que sus votos quedaran sin representación.

Por tanto, el mensaje en la semana que queda de campaña, lejos de dirigirse contra las fuerzas políticas que reclaman el voto de los de abajo, de acusaciones contra sus dirigentes, métodos o símbolos, tiene el reto en esa mitad del electorado que por ahora no parece dispuesta a participar en las elecciones. Si el proceso de empoderamiento ciudadano, si la consecución de la democracia como autogobierno del pueblo, pasa por que ese sector de población tenga voz institucional en estas elecciones europeas, a él habrá que dirigirse. Lo demás es simplemente ganarse unos cuantos votos y asegurarse la elección de determinado diputado/a o, con otras palabras, de buscarse el sillón. Nada más lejos de lo que reclama la ciudadanía indignada.

Seguir construyendo el empoderamiento ciudadano: una tarea que tiene que multiplicar la fuerza mostrada el 22M.

Nadie puede negar el éxito de las movilizaciones del 22-M; no sólo por el número de ciudadanos/as indignados/as que ese día se dieron cita en Madrid (en lo que ha sido una de las mayores manifestaciones de la democracia) sino por el alto nivel de participación alcanzado entre movimientos, asociaciones y fuerzas políticas y sindicales convocantes de las marchas en las semanas anteriores. Han sido unas prácticas unitarias sin control de ninguna fuerza política y que han salpicado multitud de comarcas de todos los territorios del Estado español. Tanto las marchas a pie de las diferentes columnas (y los actos que organizaban a su paso) como las coordinadoras y plataformas creadas para promover las marchas, han supuesto un ejercicio de democracia directa y deliberativa que, aprovechando dicha experiencia, podría facilitar la construcción de formas organizativas unitarias, estables y desde abajo.

La pluralidad de reivindicaciones y la heterogeneidad de sujetos y sensibilidades expresadas en el movimiento, el hecho de que confluyeran en la consideración de que es la dignidad humana la que hoy está cuestionada, y que son unas políticas (las neoliberales) y unos poderes determinados (la troika y el bipartidismo) quienes quieren reducir el ser humano a mera mercancía, otorgan exponencialmente una potencialidad al movimiento que podría significar el fin del régimen de la transición. Es decir, el mismo hilo que iniciara el movimiento 15M, que tiene su continuidad en las mareas ciudadanas o los movimientos antidesahucios, es la cadena causal de las marchas por la dignidad. Ya no estamos hablando, estrictamente, de trabajadores con problemas laboral/sindicales –que también-; sino que más que eso, apuntan, conjuntamente con los movimientos ciudadanos, a las políticas y sus responsables desde los niveles más altos de la gestión. Por eso podían confluir trabajadores de Panrico con vecinos/as de Gamonal, personas desahuciadas con profesionales de la sanidad, o pensionistas junto a estudiantes, etc. Evidentemente hablamos de personas, todas ellas ciudadanas que pertenecen al 80 % de población con los ingresos económicos más bajos.

Aparecen señalados el pacto social y el pacto político, establecidos al final de la dictadura, como marco político que ha permitido el incremento de las desigualdades económicas y sociales, causas de fondo de la crisis, y que ha conformado una clase política enquistada en las instituciones que no tiene más proyecto que el ejecutar las decisiones tomadas por la troika siguiendo los criterios de los mercados financieros. Estos (los pactos) se agotan a la vez que aumenta la percepción ciudadana de que asistimos al final del régimen monárquico y del modelo bipartidista instaurado desde entonces.

La ciudadanía, los nuevos sujetos, se percatan con claridad del engaño de la crisis/estafa, de la pérdida de calidad de la democracia, de la manipulación mediática y de la degradación de las condiciones de vida y de trabajo, de la propia dignidad. Por eso, las marchas por la dignidad del 22M tienen que prolongarse en el futuro inmediato hasta conseguir otra forma de hacer política, otro modelo de sociedad, de integración territorial y otro modelo de Europa. Es también, el momento de iniciar un proceso constituyente y republicano.

Para ello, las movilizaciones ciudadanas tienen que continuar incrementando su número y fuerza. El otoño tiene que ser la fecha de nuevas marchas. Pero estas tienen que estar precedidas de movilizaciones contra los centros de poder: contra los poderes financieros, económicos, políticos y mediáticos: actos de resistencia civil no violenta que conlleven el boicot a las empresas y centros más representativos de cada sector (bolsas, bancos, grandes superficies...), huelgas de consumo energético que provoquen caídas súbitas del consumo, boicot a los medios de información, etc. Las capitales de provincia y sus centros neurálgicos tienen que ser el objetivo de las movilizaciones antes de las marchas sobre Madrid.

Hemos dicho en numerosas ocasiones que el miedo tiene que cambiar de bando y que no podemos permitir que las élites económicas dirijan la sociedad. Pues esa debe ser la tarea que los movimientos ciudadanos y alternativos (15M, antidesahucios, mareas, Frente Cívico, CGT, SAT, etc.) y fuerzas políticas que apoyan la necesidad del empoderamiento ciudadano para los próximos meses: conseguir que la democracia sea realmente autogobierno del pueblo.

A los 75 años del final de la Guerra Civil, la República como forma de Estado es la aspiración consecuente de un demócrata.

                                                                           

Último bando de guerra firmado por el general golpista F. Franco.
(Hacer clik sobre la foto para ampliar)

 

El 1 de abril de 1939 se se dio por finalizada la Guerra Civil iniciada con el golpe de Estado dirigido por el general Franco. Tras el último bando militar (ver foto) sufrimos la larga noche (36 años) de la dictadura franquista. Finalmente, con la desaparición física del dictador en 1975, los acontecimientos parecían anunciar que el régimen vivía sus últimos días. Pero se inició entonces un proceso de transición que en el que, en lo esencial, el viejo dictador había dejado “todo atado y bien atado”. La Monarquía impuesta por el general Franco como forma de Estado dio continuidad a la hegemonía del bando de los ganadores de la fraticida guerra.

Conducida por los sectores que dominaban el aparato de Estado, desde el Movimiento Nacional se produjo el acercamiento hacia las principales fuerzas políticas, organizadas en la débil oposición, para alcanzar un pacto que permitiera unas elecciones homologadas en Europa. A tal fin se introdujeron las reformas necesarias sin que supusieran la ruptura con el régimen fascista anterior. La transición continuó con las elecciones de 1977 y, finalmente, con el referéndum que permitió la aprobación de la Constitución en 1978.

Los sectores sociales dominantes en la anterior etapa continuaron su situación privilegiada en la naciente democracia. La forma Estado tuvo continuidad en la Monarquía centralista, manteniendo el poder oligárquico de las mismas minorías e imponiéndose un escrupuloso silencio sobre la represión y crímenes del pasado. Los aparatos del Estado y el poder judicial permanecieron intactos mientras se consolidaba una partitocracia, apoyada desde la propia constitución y la ley electoral, que permitiría el establecimiento de la clase política que garantizase el statuo quo económico, sin que pudiera desarrollarse el Estado del bienestar tal como había sucedido en los países que entonces conformaban el núcleo central de Europa. Los privilegios de la minoría dominante permanecieron intactos, aumentando su poder y la desigualdad económica en el país desde entonces. La Iglesia católica, aliada del régimen anterior, continuó su intromisión en la esfera del Estado sin apenas revisión.

Herederos de aquella transición, hoy, se vive un panorama desolador en todas las instituciones del Estado, a la par que aumenta la desigualdad social y crece la desafección de la población respecto al poder político. El exceso de poder acumulado por unos pocos, las minorías económicas y financieras (grandes empresas y bancos) y la clase política, ha acabado por sobrepasar los límites que el Estado de derecho impone. Desde el propio monarca y la familia real, pasando por el Gobierno y los representantes parlamentarios, la corrupción amenaza por cualquier esquina. No hay institución sobre la que no recaiga alguna sospecha y en los tribunales se acumulan las imputaciones. Hasta los sindicatos oficiales, que han sido un bastión importante para consolidar una política regresiva hacia las clases trabajadoras, se encuentran entre las instituciones beneficiadas por el Estado y encausadas por posibles corruptelas.

Aquel modelo de transición, y la Constitución resultante, pudo responder a la correlación de fuerzas existentes en aquellos entonces, pero hoy no representan a la mayoría de la población. Sólo una exigua minoría de la actual población viva participó en aquel referéndum que la aprobó. La monarquía, que aparecía escondida en el articulado del texto constitucional, impidiendo que la población pudiera pronunciarse sobre la forma de Estado, es decir, entre Monarquía o República, carece ya de la escasa legitimidad con la que nació.

En consecuencia, lo que desde la ciudadanía se reclama, con más fuerza cada día, es la apertura de un proceso constituyente y la implantación de la República como forma de Estado. Es decir, dar fin a la continuidad del franquismo prolongado en la transición, en el modelo de sociedad y de Estado configurados desde entonces, para hacer realidad que la democracia sea el autogobierno del pueblo. Y esto es, simplemente, una aspiración de cualquiera que se considere demócrata.