viernes, 24 de agosto de 2012

La dignidad del pueblo andaluz está en juego: las acciones simbólicas emprendidas por Gordillo, Cañamero, el SAT y los andaluces que participan en las marchas por Andalucía son moralmente legítimas y necesitan nuestra solidaridad.



“Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…” (Infante, 1915)1. Esto fue escrito por Blas Infante hace casi un siglo. Desde entonces el desarrollo del capitalismo y las circunstancias históricas han transformado el panorama andaluz. Pero, a pesar de los cambios económico sociales, la estructura de la propiedad de la tierra sigue siendo la misma, permaneciendo como causa de la miseria y exclusión de importantes sectores de población en muchos lugares de Andalucía. No olvidemos que el 55 % de las tierras andaluzas continúan en manos de terratenientes (menos de 6.000 latifundios) que, además, reciben el 80 % de las subvenciones de la Unión Europea, mientras se condena a la población jornalera a vivir de los subsidios agrarios, la emigración o a desplazarse a otros sectores productivos lejos de sus lugares de origen; situaciones que hoy, para mayor gravedad, ya no son posibles por la caída de la construcción y la crisis generalizada en los demás sectores. También, por otro lado, el patrimonio territorial andaluz se ha visto sometido a un desaforado desarrollo urbanístico esquilmador de nuestros recursos, dejando buena parte de él en manos de rentistas y capitalistas interesados en la especulación. Las plusvalías generadas no han repercutido en el desarrollo social y ecológico de Andalucía, y el escaso tejido industrial continúa su declive, así como la agricultura tradicional, sin que las administraciones central y andaluza hayan tomado las iniciativas que revertieran -y reviertan- el proceso de desarrollo del capitalismo. Andalucía sigue teniendo el papel subsidiario de antaño.

En la actualidad, con la crisis sobrevenida por la acumulación de riqueza en un minoritario grupo de población, los muy ricos, que invierten sus capitales en la especulación financiera y en los paraísos fiscales, y la inoperancia de los gobiernos al no aplicar medidas de estímulo a la economía fortaleciendo la demanda y el sector público de la economía, están provocando una alarmante disminución de la actividad productiva. Para compensar la falta de ingresos por la caída de la actividad económica, antes que gravar las rentas más altas y perseguir el fraude fiscal, el Gobierno se propone el ahorro en el gasto desmantelando el Estado del bienestar (salud, educación, dependencia, pensiones…) y reduciendo la protección de los sectores desfavorecidos de la población. Todo ello va dejando tras sí un rastro de empobrecimiento de trabajadores/as, autónomos y pequeños agricultores, con una alarmante situación de paro y de la pobreza (un 22 % en el Estado español), que en Andalucía se está soportando aún más severamente. En el primer trimestre de 2012, uno de cada tres andaluces se encontraba en paro, los desahucios y las situaciones de falta de protección y hambre física continúan multiplicándose conforme pasan las semanas. Y la errática política del Gobierno persiste y anuncia nuevas medidas de austeridad en la senda que le marcan las instituciones financieras europeas, dominadas por un pequeño sector de población constituido por la oligarquía financiera.  

El pueblo andaluz no puede permanecer impasible mientras se degradan sus condiciones de vida y trabajo. En democracia, el pueblo es el soberano. Por tanto, si nuestro sistema lo es, el pueblo está legitimado moralmente para advertir al Gobierno de que no aceptará las decisiones que sólo interesan a los poderes económicos. Y el Gobierno tiene la obligación de respetar y de escuchar. Se le demanda que respete los derechos adquiridos por la población trabajadora y que ponga la economía al servicio del ser humano. Aceptar el memorándum, las condiciones que las instituciones financieras imponen, sin consultar con la ciudadanía y contra la voluntad de los andaluces, es violentar la democracia. Desde que Blas Infante alzara su voz para que el pueblo pudiera disponer de sus recursos, de sus tierras, de su riqueza, para el progreso de Andalucía y de la identidad como pueblo, habrán cambiado algunas cosas, pero en esencia, todavía la explotación, alienación y despojo de nuestros recursos sigue siendo una constante. Por eso, la valiente iniciativa emprendida por sindicalistas del SAT, Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y vecinos y vecinas llegados de otros pueblos andaluces, es un grito de rebeldía que tiene que extenderse por todas las provincias andaluzas reclamando la dignidad, nuestra identidad como pueblo.

1. El Ideal Andaluz Ed. Fundación Blas Infante, p.. 80

domingo, 19 de agosto de 2012

El nuevo rescate de la economía, que el Gobierno anunciará en semanas, nos hundirá durante décadas. No debemos permitirlo.



No podemos aceptar que nos impongan las medidas de política económica para que el pueblo, los sectores desfavorecidos de la población, paguen el desfalco que sobre los recursos del país han cometido los sectores pudientes de la población. La huida masiva de capitales, una mayoría de ellos adquiridos en la burbuja inmobiliaria, la evasión de impuestos a los paraísos fiscales por las grandes empresas (30 de las 35 empresas de las que cotizan en el IBEX-35 están involucradas), el fraude fiscal (70.000 millones anuales, la mayoría de grandes empresas), el agujero bancario producido quien ha gestionado por encima de sus posibilidades, la paralización del crédito y la especulación con la deuda, han provocado una situación de crisis (menos ingresos a las arcas públicas) que el Gobierno pretende resolver haciendo que sean los trabajadores/ y empleados públicos, los autónomos y la pequeña empresa quienes tengan que pagar ese inmenso desfalco. Mientras, los muy hipócritas, capitalista, voceros políticos y mediáticos (y algún estúpido creyente del sagrado valor de la riqueza propia) se duelen porque, en una acción simbólica, unos sindicalistas no paguen unos carritos de alimentos para otras familias necesitadas y por valor de unos 400 euros; y ello de la cadena de supermercados de la la tercera persona más rica del país(4.700 millones de euros).

El capital financiero y la oligarquía europea  se ha propuesto acabar con las conquistas sociales obtenidas en Europa tras la 2ª guerra mundial. En esta brutal acometida contra las clases populares, pretenden desmantelar el Estado de bienestar (los servicios públicos como la sanidad, enseñanza, desempleo, pensiones, dependencia, etc.) y reducir el valor de la fuerza de trabajo con salarios miserables y prolongando la jornada laboral. Cuentan con la complicidad y docilidad de muchos gobiernos europeos. Y los que no le sirven, los cambian utilizando el poder que poseen.

El autor de “El Capital” proponía hace cerca de 150 años que los trabajadores tienen que confederar sus cabezas e imponer una barrera infranqueable contra los intentos del capital, cuya sed vampiresca por extraer plusvalor a los trabajadores no posee límites, por reducir las condiciones materiales de vida de la población trabajadora incluso más allá de lo necesario para su propia supervivencia. Hoy lo vivimos con intensidad. En pocas semanas van a intentar poner al pueblo de rodillas, y utilizarán los medios de información y persuasión por ellos controlados para que el nuevo rescate sea aceptado por la población sufriente. Mentirán sobre las causas y eximirán de responsabilidad a la alta burguesía y al sector financiero, con la corresponsabilidad política de los últimos gobiernos  Disminuirán los efectos de ese nuevo recorte y mentirán sobre la duración de las política de austeridad. Pero la verdad la sufriremos durante años, tal vez décadas. ¿Exagero? Si la contracción de la economía prosigue durante los próximos 5-6 años (consecuencia del ajuste que aprobarán, al que necesariamente continuarán otros) y si la caída acumulada del PIB desde que empezó la crisis alcanzara un 15 %[i] (hasta 2018, más los -3,1 desde el 2009), ¿cuánto tiempo vamos tardar en recuperar los niveles de renta del 2008? Si no lo remediamos, nos adentraremos en los años treinta.

Pero estas hipótesis tienen un defecto: parten de la existencia un pueblo adormecido. Y la realidad pudiera ser otra.


[i] En Grecia, desde que comenzó la crisis el PIB ha caído un 14 %, y este año se calcula que lo haga entre un 7 y un 9 %.

miércoles, 15 de agosto de 2012

La concentración de la riqueza en pocas manos es la causa de la crisis y de la pobreza masiva. Algunos datos.



                                                                                 
10 personas más ricas del mundo de 2012
Puesto
Nombre
Edad
Residencia
1
69.000 millones de dólares Decreciente
72
2
61.000 millones de dólares Creciente
56
3
44.000 millones de dólares Decreciente
81
4
41.000 millones de dólares Creciente
63
5
37.500 millones de dólares Creciente
75
6
36.000 millones de dólares Decreciente
67
7
30.000 millones de dólares Creciente
55
8
26.000 millones de dólares Creciente
64
9
25.500 millones de dólares Creciente
83
10
25.400 millones de dólares Creciente
92



                    Los españoles/as más ricos del mundo 2012 (Revista Forbes)

Nombre
Patrimonio  mil $
Ranking mundial
Empresa /sector
1º Amancio Ortega
37.500
Inditex

  2º Isaak Andic
  4 800
221º
Mango

  3º Juan Roig
  4.700
223º
Mercadona

  4º Rosalía Mera
  4.500
232º
Inditex

  5º Daniel Badenes
  2.800
418º
Glencore

  6º  Manuel Jové
  2.600
464º
Fadesa

  7º Alicia Koplowitz
  2.600
512º
FCC
  8º Juan Abelló
  2.000
634º
Sacyir
  9º Esther Koplowitz
  1.600
804º
ACS
10º Florentino Pérez
  1.600
804º
ACS
11º Enrique Bañuelos
  1.500
854º
Astroc
12º J. Mª Aristrain
  1.100
1075º
ArcelorMistral
13º Emilio Botín
  1.100
1075º
Santander
14º Alberto Alcocer
  1.000
1153º
ACS
15º Albero Cortina
  1.000
1153º
ACS
16º Gabriel Escámez
  1.000
1153
Meliá



Además de estos, podríamos señalar otros datos, como que 250 familias tienen concentrado el 49 % del PIB mundial; es decir, la mitad de toda la riqueza del mundo. Pero, frente a estos datos sobre la riqueza a nivel mundial o en el Estado español, preferiero señalar aquellos otros referidos a nuestra situación económica. Por ejemplo: la tasa de pobreza existente en el Estado español  (un 22 %) es la más alta de la Unión Europea, solo superada por Rumanía y Letonia, y existen más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza  y exclusión social -según el informe de Cáritas- con 600.000 hogares sin ingreso alguno, ni salarial, ni social, un 35% más que en 2008. Existen, pues, 600.000 razones para defender acciones que sean un revulsivo de la conciencia social, que generen el debate sobre la desigualdad económica y social (razón en última instancia de la crisis actual), que muestren que lo realmente delictivo y socialmente criminal es la política de gobiernos como el del PP, y antes del PSOE, y negocios como el de las grandes superficies Mercadona o Carrefour, la banca (preferentes, desahucios, sobresueldos, especulación...) y las empresas y rentistas que evaden el pago de los impuestos; en definitiva, todo lo que ha contribuido a que se haya concentrado la riqueza en varios puñados de empresas y familias.

Algunas acciones contra la pobreza, como las llevadas a cabo por Sánchez Gordillo y miembros del SAT, pueden parecernos meramente testimoniales e, incluso, ilegales. Pero la inmoralidad del sistema, la ilegitimidad de los poderes decisorios (las instituciones financieras europeas) y la ilegalidad con que opera buena parte del capital financiero con el consentimiento de la clase política, obligan a dar respuestas proporcionadas. Y al igual que Ghandi, Martin Luther King y, en general, todas las luchas sociales contra la exclusión, por los derechos y la dignidad del ser humano, en numerosas ocasiones desbordan el marco legal establecido.

Así, el clamor levantado por estas últimas acciones, empieza a dar tímidos resultados: ha conseguido hacer recapacitar al Gobierno en su decisión de anular la ayuda de los 400 euros a parados que han agotado las prestaciones por desempleo. Algo es algo. Pero hasta que no se llegue a conseguir una renta básica para todas las familias, se encuentren en la situación laboral que se encuentren, las movilizaciones tienen que continuar. Por imperativo moral.


jueves, 9 de agosto de 2012

La deuda no es pública: son las grandes empresas quien la tienen contraída .



¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades? ¿Quién ha adquirido la deuda de la que se tiene que responsabilizar toda la ciudadanía? Esta pregunta que muchas personas se hacen es respondida por el Gobierno de forma miserable achacándosela a las administraciones públicas, que se han extendido ofertando numerosos servicios públicos y a “los españoles, porque todos hemos vivido por encima de nuestra posibilidades”. En consecuencia, el Estado, asumiría la responsabilidad de crear las condiciones para su devolución y para un funcionamiento equilibrado de la economía del país, procediendo a la política de recortes del gasto público y poniendo límites al endeudamiento.

Pero tras todo esto se esconden varias mentiras: del total de deuda a finales de 2011 (4,3 billones de euros), la deuda de las administraciones públicas representaba sólo el 19,1%; siendo la deuda privada, contraída por empresas y familias, el 80,9%. Por tanto, podemos decir que la deuda que ha repercutido en el bienestar de toda la población, la deuda pública, es muy pequeña en relación a la privada; y además ha venido descendiendo desde 2004. Así que quienes repetidamente argumentan con la excesiva extensión de los servicios públicos como responsables de la deuda, mienten descaradamente.
Centrándonos en la deuda privada, la que está formada por la deuda de las familias y la de las empresas, la deuda de las familias representaba solo el 25,5%, mientras que la deuda empresarial alcanzaba el 74,5%. Por lo que podemos decir que la deuda de las familias, la de los hogares, es sólo de un tercio de la deuda de las empresas; o sea, que son las empresas la que han contraído la mayoría de la deuda privada. Pero, ¿qué empresas?. Pues el 95 % de la deuda empresarial la poseen las empresas de más de 250 trabajadores/as, las grandes empresas. Si además pensamos en que el porcentaje de esas empresas sobre el total de las mismas es menor del 0,15 %, entenderemos entonces que sólo unos puñados de empresas son las que se han excedido acaparando la deuda empresarial, y la mayor parte de la deuda privada, que es muy superior a la deuda pública.
¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades? Esa minoría empresarial, ese grupo de personas pertenecientes a la élite económica del país. Y si alguien quiere argumentar que existe un problema de deuda, debe dejar claro que no es un problema generado por los ciudadano/as ni por la extensión de los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, ayudas a la dependencia, desempleo…), sino por la desmesurada ambición de unos grandes capitalistas, de familias muy ricas, movidos por exclusivos intereses en negocios con el ladrillo y en otros países. Cualquier otra responsabilidad sobre la deuda es una mentira dicha para ocultar la realidad, para ocultar a ese pequeño sector de la población responsable de ella y, además, una excusa para convencer a la ciudadanía de la necesidad de aceptar la política de recortes.

miércoles, 1 de agosto de 2012

“¡Europa, no: Andalucía!”, escribía Blas Infante. La agresión del Gobierno, siguiendo los dictados de las instituciones europeas, sólo nos deja la insumisión y la unidad del pueblo andaluz como respuesta.



Blas Infante, en su libro “la verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía”, explicaba la situación política en el horizonte emancipatorio del pueblo andaluz de los convulsos años treinta. Tras su desencanto con el Gobierno centralista del Estado, que rechazaba una y otra vez las aspiraciones del pueblo andaluz, el acceso a sus recursos y la soberanía política, el ideal universalista que ya el propio lema expresa “Andalucía por sí, para España y la Humanidad”, comprendió Infante que España se había convertido en un instrumento de Europa, la Europa uniformada y robotizada que había hecho del ser humano una pieza de máquina, que había impuesto la barbarie de la standarización y del ser humano movido por el consumo y el dinero. Y Andalucía no era eso. Europa es el racionalismo, el dominio y control técnico de la naturaleza y la sociedad, la Europa de los mercaderes y de las finanzas. Pero Andalucía es pensar y sentir. “Si el pensamiento sentimental no es el motor de la razón, ¿a dónde va el ser humano?”, se preguntaba Infante. En esas condiciones, de antes y premonitoriamente actuales, Infante entendió que sólo con el autogobierno era posible la realización del ideal andaluz, el ideal de libertad.[i]

Cuando aún no se ha conseguido ese autogobierno, una nueva agresión se cierne contra el pueblo andaluz. El Gobierno central impone unos límites a la deuda andaluza que, en la práctica, supondrán no disponer de una financiación de 2.700 millones de euros durante los próximos presupuestos andaluces. Es decir, una cantidad similar al recorte presupuestario de este ejercicio para Andalucía. La fórmula aplicada obliga a Andalucía a que su deuda máxima sea el 13,2% de su PIB para 2013, un 1,9% menos de lo previsto. Bastante menos que para otras comunidades. Y ese esfuerzo adicional que supone esa cifra obligará a sustanciales recortes que, ya el presidente de la Junta advierte, recaerán en el gasto social público andaluz.

¿Por qué hemos llegado a esa situación? Los dos partidos que han hegemonizado la política del Estado (PP,PSOE), asumiendo las políticas neoliberales, apoyaron y firmaron el Pacto de estabilidad y crecimiento con los países de la zona euro y reformaron la Constitución para obligar por ley el cumplimiento de los objetivos de déficit. También ambos partidos apoyaron los mecanismos de ayuda financiera que la troika (CE, BCE, FMI) puso en marcha, estando obligados a aceptar las condiciones que imponen para acceder a sus recursos. Una vez incorporado el Estado a este marco financiero, el margen de maniobra disponible es limitado. Aún así, el Gobierno podría haber aliviado la carga de la deuda de las comunidades, reduciendo su propio déficit y ampliando el de las comunidades, habida cuenta del mayor peso que soportan estas en el sostenimiento de los servicios públicos.

En cualquier caso, el hecho es que el Gobierno obliga a esa sustancial reducción de la deuda andaluza o amenaza con la intervención de la comunidad. La Junta pretende una última negociación antes de que esta reducción de la deuda se apruebe en el Consejo de ministros. Pero lo extrañamente sorprendente es que la consejera de Hacienda no supiera la propuesta gubernamental antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se entiende, porque el presidente de la Junta se había reunido con el presidente del Gobierno poco antes y, según parece, con bastante grado de acuerdo; y menos aún, cuando el propio gobierno catalán (sin reuniones previas, que se sepa), no acudió porque ya sabía lo que se iba a aprobar. ¿Es sincera su sorpresa, como la de Griñán?

Poco se puede esperar del PSOE andaluz y de que su rechazo a esta agresión a la comunidad andaluza vaya más allá de interponer los recursos anunciados (al Constitucional y a la vía contencioso-administrativa) y las declaraciones públicas. Pero si se albergan más esperanzas de su socio de gobierno. De IULV-CA se espera que la llamada a la rebelión empiece por las instituciones y se convierta en el abanderado de las movilizaciones del pueblo andaluz en defensa de su dignidad, de su identidad como pueblo. Andalucía no quiere, no puede ser sólo Europa, como decía Blas Infante. IULV-CA, tiene que proponer un referéndum, obligando a su socio de gobierno, para que el pueblo se pronuncie si quiere ser un instrumento de los mercados financieros o quiere decidir su propio futuro. También desde el gobierno andaluz tiene que empezar a hacerse otra política diferente, al servicio del ser humano. Una banca andaluza tiene que ponerse en marcha para que el dinero andaluz, el dinero que aquí se genera, en nuestra tierra se quede; que esa banca pueda ser el motor de las iniciativas que surjan (públicas y privadas) para que Andalucía sea ella misma. El gobierno andaluz tiene que poner en marcha todas las posibilidades que ofrece el estatuto de autonomía, aunque el enfrentamiento con el Gobierno central esté servido. Si el gobierno andaluz no es capaz de luchar por la identidad andaluza, por ese ideal de libertad, IULV-CA tiene que abandonar a los socios que se prestaron al juego que hoy padecemos.


[i] Un análisis más extenso estoy realizando en el blog http://perspectivaslibertarias.blogspot.com.es/